martes, 18 de marzo de 2025

Vendrán más años malos y nos harán más ciegos

De parabel der blinden  La parábola de los ciegos. Pieter Brueghel el Viejo (1568) 


En otro tiempo yo creía que «entender» quería decir bastante más de lo que a mí me pasaba cuando en verdad estaba entendiendo igual que los demás, y como eso no me bastaba para satisfacer lo que yo pensaba que sería «entender», creía que yo no había entendido y que los que decían que habían entendido habían visto una luz mucho más clara y unas figuras mucho más nítidas que yo. Al cabo de los años empecé a sospechar que cuando los demás dicen que entienden en realidad están viendo ese vago resplandor, esos contornos de humo, esas difuminadas sombras que yo nunca habría osado antaño designar como «entender».
 (Rafael Sánchez Ferlosio) 


Abro los ojos al nuevo día y, de inmediato, quedan cegados ante la oleada de horror que impregna las noticias que escucho a través del pequeño transistor que me sirve como ventana al mundo: el ejército de Israel ha efectuado un nuevo bombardeo sin previo aviso sobre la Franja de Gaza. Según los primeros recuentos muertos superan ya los 400, mientras que hay más de 660 heridos, y muchas personas aún bajo los escombros. La mayoría de las víctimas, según Hamás, son mujeres y niños, y en las imágenes que llegan de la Franja pueden verse a muchas personas correr hacia los hospitales cargando a niños heridos o inmóviles en pijama.

El ataque de Israel se produjo por sorpresa en plena negociación para la segunda fase de la tregua y la excusa fue que Hamás no había devuelto a los rehenes que todavía retiene, siendo justo ese aspecto el punto a negociar. “Esto es solo el principio”, dijo Benjamín Netanyahu, que prometió incrementar los ataques.

Este ataque se ampara en la total aquiescencia de Estados Unidos de América. Un país que ha sentado en el máximo sillón de mando a ese acaudalado gánster de peluca anaranjada, cuya política se inspira en el ruido y la furia, que días antes del ataque y entre otros muchos despropósitos anunció su intención de expulsar a la castigada población palestina para convertir la Franja en un lujoso complejo turístico. 

"Dejadlos: son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo". (Mateo 15,14) Esa parábola del Evangelio es la que inspira el cuadro de Bruegel, así como el título del libro Vendrán más años malos y nos haremos más ciegos. En el que Rafael Sánchez Ferlosio recoge una selección de aforismos, pensamientos y relatos breves, no exentos de ácida crítica a los convencionalismos que solemos aceptar para convencernos de que entendemos esa historia general de la infamia que es la historia política del mundo.




jueves, 13 de febrero de 2025

Núñez Feijóo y la piedra de la necedad

 

Jheronimus van Aken, El Bosco. La extracción de la piedra de la locura (fragmento), Museo del Prado, Madrid.



La extracción de la piedra de la locura era una supuesta operación quirúrgica realizada durante la Edad Media. Un rito simbólico que consistía en la extirpación de una piedra que causaba la necedad en el hombre, la suprema estupidez. La actitud de Alberto Núñez Feijóo, votando en contra y a favor de la misma cosa deja en el aire la duda de si ha tropezado dos veces con la misma piedra o si el tropiezo se debe a que alberga en su cabeza la piedra de la necedad

El reciente desempeño parlamentario de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y de sus acólitos más cercanos, votando en contra del Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre (ómnibus) presentado por el Gobierno, ya lo calificamos aquí como una demostración de sinvergonzonería política, compartida con el resto de las derechas patrióticas de charanga y banderita. 

Tras el derrumbe del decreto, el desconcierto en el Gobierno de Sánchez duró unos días. Los necesarios para que, Junts, la facción independentista de esta trinidad de sinvergüenzas, tuviera ocasión de efectuar su correspondiente numerito circense de cara a la galería exhibiendo su escasa envergadura política. Porque la musculatura que Junts, en su día, no tuvo para aguantar más de cinco minutos escasos la proclama de independencia de Cataluña, la compensa ahora utilizando los siete votos que tiene en el Parlamento de España aprovechando la menor ocasión para convertir el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo en un teatro de variedades donde su portavoz actúa con indisimulada vocación de vedette.

El debate parlamentario pierde así el necesario rigor y resulta lo más parecido a una función del Teatro Chino de Manolita Chen destinada a provocar la autosatisfacción de los más irredentos seguidores de esa formación atada a la supervivencia del fugitivo héroe de Waterloo. En esta ocasión, el numerito circense de Junts consistió en una simulación de negociación 'in extremis' con el Gobierno para que este aprobara un nuevo decreto con un texto pactado que, en la práctica, era casi idéntico al anterior, pues recogía 29 de las medidas que ya incluia el decreto que fue tumbado en la sesión parlamentaria. Además, Junts añadió una guinda a su habitual postureo exigiendo que el l Congreso tramite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Lo que viene a ser como si no hubiera nada, cual reza el estrambote del soneto cervantino:

Y luego, incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.

Pues, como ya es sabido por aquellos que entienden los entresijos de la mecánica parlamentaria, aunque tal proposición llegue a debatirse, el resultado no es vinculante para el presidente del Gobierno.

Una vez más, Alberto Núñez Feijóo, en su obsesiva persecución del sueño húmedo de la caída definitiva de Sánchez, pensó que había llegado el momento decisivo. Y no dudó en sumar los votos del Partido Popular a los del circo indepe y a los de la repulsiva derecha de Vox creyendo que así tenía acorralado al presidente del Gobierno. Ensoñación que se desvaneció como lágrimas en la lluvia pocos días después cuando, tras el acuerdo del Gobierno con los del teatro chino, el acorralado resultó ser el propio Feijóo. Porque desde las baronías territoriales le hicieron ver que votar en contra de la revalorización de las pensiones no queda nada bien ante ese potente sector electoral compuesto por las personas jubiladas. 

El 12 de febrero, 22 días después de aquella funesta sesión, el Congreso aprobó con una amplia mayoría (315 votos a favor frente a los 33 de Voz en contra y una abstención) un nuevo decreto que engloba las principales medidas del escudo social del fracasado primer decreto ómnibus. Entre sus principales medidas el nuevo decreto contempla la revalorización de las pensiones para 12 millones de personas, la prórroga de las subvenciones al transporte público y ayudas para los damnificados por la dana y el volcán de la Palma.

Ahora sí, justo cuando los votos de su grupo no eran necesarios, puesto que el Gobierno tenía los apoyos suficientes, Núñez Feijóo decidió votar a favor de la iniciativa del Gobierno. Y lo más chusco del asunto es que este decreto vuelve a incluir una peculiar medida que no tiene nada que ver con el escudo social: la devolución al PNV del palacete de París que fue incautado por la Gestapo al Gobierno vasco y que hoy alberga el Instituto Cervantes. Precisamente, este edificio fue el gran argumento que esgrimió el PP para votar en contra del decreto ómnibus inicial, llegando a tachar al PNV de "aprovechategui" y calificando la cesión como un "regalo" del Gobierno a sus socios.

Dejemos a los estudiosos de la psique humana la tarea de explicar los íntríngulis del mecanismo cognitivo que inspiran este absurdo comportamiento del líder de la oposición. Pues votando en segunda instancia lo que no quiso hacer en la primera se dejó pelos en la gatera, al quedar en suspenso medidas como el cuantioso adelanto de dinero por parte del Gobierno central a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, que reclamaban tal adelanto. Por no hablar del descontento causado en el sector del automóvil ya que igualmente decayó la prórroga del plan Moves que incentiva la adquisición de vehículos eléctricos.

Una persona estúpida es la que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.

Dejo al buen juicio del lector apreciar si es de aplicación al caso este enunciado que forma parte del célebre estudio sobre Las leyes fundamentales de la estupidez humana, de Carlo M. Cipolla. El viejo proverbio de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra admite, al menos como hipótesis, que el hombre que tropieza con la misma piedra es el hombre cuya cabeza alberga la piedra de la necedad. 


_____________________________________________
Todas las medidas incluidas en el nuevo Real Decreto-ley 

Medidas antidesahucios
Mantiene la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos
Como novedad, Sánchez avanzó que se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior, que es la "creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos".

Bono social y prohibición para interrumpir suministros
El nuevo decreto ley también incluye la extensión de los descuentos adicionales del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, y el mantenimiento un año más de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.

Ingreso Mínimo y Salario Mínimo
Además, se recupera la subida del 9% para el ingreso mínimo vital (IMV) y la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 (1.134 euros brutos mensuales) a la espera de que se concrete la nueva subida para 2025 en las negociaciones entre Trabajo y agentes sociales.

Prohibición de despidos por el coste energético
Se amplía la prohibición de despidos para aquellas empresas que se beneficien de ayudas directas por la subida de los costes energéticos.

Revalorización de las pensiones
La norma contempla la revalorización de las pensiones para 2025. En concreto, las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado suben un 2,8% en 2025; mientras que las mínimas aumentan cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizan un 9%.

La norma aprobada incluye también la aplicación de la cuota de solidaridad desde 2025, el aumento de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes, y la subida de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 9,1% y las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizan también en un 6%, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.

Ayudas al transporte público
Tras la aprobación del nuevo decreto, el Gobierno vuelve a activar los descuentos de hasta el 50% en el transporte autonómico y la gratuidad de los autobuses estatales y los servicios de cercanías/media distancia de Renfe, hasta el próximo mes de junio. También volverán a estar disponibles los abonos gratuitos de los trenes de cercanías y media distancia, así como de los autobuses de largo recorrido con las mismas condiciones en las que se estaban comercializando, cuya compra no se ha podido realizar en la última semana.
Además, se reactivará la venta de los abonos de los servicios Avant con rebajas del 50%, que se mantendrán hasta diciembre de 2025, mientras que los cercanías de Cantabria y Asturias y el transporte público terrestre de Canarias y Baleares será gratis durante todo el año.
Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, los Avant entre Ourense y A Coruña y las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca continuarán siendo gratuitas durante el primer semestre del año.
Los sistemas públicos de alquiler de bicicleta se mantienen dentro de las bonificaciones del transporte público con un 50% de descuento en los abonos.
Por otra parte, el Estado seguirá subvencionando un 30% de un descuento mínimo de un 50% en el transporte autonómico, corriendo el otro 20% a cuenta de las comunidades, en el caso de Madrid hasta el 30% que decidió el gobierno regional para alcanzar un descuento total del 60% en los abonos mensuales.
A partir de julio y para todo el segundo semestre del año, estos descuentos regionales pasarán a ser del 40%, financiado en partes iguales (20%) por Estado y comunidad, mientras que se creará un abono mensual único para todo el país de 20 euros para todas las redes de cercanías.

Prórroga del escudo antiopas
El nuevo decreto contempla la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, el llamado escudo 'antiopas'.

La suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con el objetivo de proteger determinados sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público.

Esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones. Se trata de una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

El palacete del PNV
Este nuevo decreto mantiene también la cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi y entregado al régimen franquista.


Ayudas a afectados por la DANA y La Palma
En el texto se extienden hasta finales de junio las ayudas dirigidas a la reconstrucción de La Palma por la erupción del volcán y se recogen además las ayudas para los afectados por la DANA que asoló Valencia y otros puntos del territorio. Se confirman así la inclusión de cuantías para municipios, hogares

Las medidas que se quedan fuera de este nuevo decreto

Lo que queda fuera del decreto son todas las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, así como las relativas a ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.

Tampoco se ha incluido "la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico" de Cataluña.


_________________

Carlo M. Cipolla es el autor de Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que resume de la siguiente manera:

1ª Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo.

2ª La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona.

3ª Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.

4ª Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que, en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta como un costosísimo error.

Corolario: El estúpido es más peligroso que el malvado.

 



miércoles, 22 de enero de 2025

Una trinidad de sinvergüenzas echa por tierra la revalorización de la paga de 9,3 millones de pensionistas

 

Die Skatspieler, Otto Dix, 1920



Una ola de sinvergonzonería recorre España. Es la ola donde se entremezclan la mala sangre de los falsos valentones de Vox, la estupidez de Junts y el miserabilismo moral del Partido Popular, esa trinidad de derechas que no ha tenido el menor escrúpulo en derribar un decreto del Gobierno repleto de medidas económicas y sociales, entre ellas algunas de tanto impacto como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público.

Las caras de júbilo de los miembros de esa trinidad de sinvergüenzas tras derrotar la propuesta del Gobierno denotan su absoluta falta de escrúpulos, pues, tras la sucia jugada con la que, una vez más, pretenden zancadillear a Pedro Sánchez, se encuentra la realidad de los grupos sociales más vulnerables.

9,3 millones de pensionistas dejarán de percibir el incremento de sus pagas destinado a compensar la inflación del 2,8%. Tampoco los beneficiarios del ingreso mínimo vital, a quienes se les incrementaba un 9% esta modestísima prestación, percibirán esta mejora. Asimismo, resultan perjudicados los usuarios del transporte público, principalmente jóvenes, que gozaban de los abonos rebajados.

Poca sensibilidad cabía esperar de esos populistas de Vox cuya única forma de estar en política consiste en agitar ese espantajo en que han convertido la bandera nacional con sus bulos. Tampoco era esperable un ápice de coherencia en Junts, la formación que alcanzó el mayor grado en la escala de la estupidez al declarar la independencia de Cataluña… durante cinco minutos. Sin embargo, pese a los reiterados vaivenes que viene dando Núñez Feijóo desde que asumió el liderazgo del Partido Popular, desde la experiencia como partido de Gobierno hubiera sido normal haber antepuesto los intereses de esos 9,3 millones de pensionistas a los de la gresca parlamentaria del día a día.

En definitiva, no todos los políticos son iguales, como pretende hacernos creer el cuñadismo-trumpismo galopante que circula por las redes. Pero, a la vista está, que algunos políticos sí son mucho más sinvergüenzas que otros. Y desde nuestra sensatez los pensionistas deberíamos hacérselo pagar.

Medidas del "escudo social" que no han entrado en vigor por culpa de la trinidad de la derecha

1- Revalorización de las pensiones del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas.

2- Subida del ingreso mínimo en un 9%.

3- Suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.

4- Ayudas al transporte: prórroga de hasta el 30 de junio de 2025 de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. Los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantendrían vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

5- Prórroga de la prohibición de cortes de suministro a los consumidores vulnerables hasta finales de año.

6- Prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025 mientras no se establece la nueva cuantía para el próximo año.

7- Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas.

8- Paquete de ayudas por la dana.

9- Deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos.

10- Ayuda a la compra de bicis eléctricas.

11- Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos



martes, 31 de diciembre de 2024

Felipe VI : "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social” ¿Entonces, a qué esperamos?




En su tradicional discurso de Navidad, el Rey Felipe VI, señaló que "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social". Afirmación que, en boca del jefe del Estado, significa la constatación oficial de los datos que se desprenden del XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

No acostumbro a escuchar el tradicional discurso de Navidad del Rey. Y no lo digo para alardear de republicanismo, sino por el tedio que me produce esta función. "¿Cuándo dejaremos de analizar los discursos de Navidad del rey como si fueran textos bíblicos?", se pregunta el escritor Juan José Millás, en medio de aluvión de críticas y aplausos que, como todos los años, provoca la intervención del monarca. "Son inevitablemente, y como el decorado desde el que habla, de cartón piedra", concluye Millás: "Puras patochadas. ¿Quién recuerda lo que dijo el año pasado?".

No obstante, y dado que Felipe VI, aparte de Rey es también el jefe del Estado, aunque nos ahorremos el tostón en directo, no está de más hojear en la prensa el resumen de la real pieza oratoria. No vaya a ser que se nos escape algún aspecto que de alguna forma nos concierna.

"España es un gran país". Pese a haber pronunciado esta frase en multitud de ocasiones, el Rey ha querido este 24 de diciembre volver a remarcar que España es una nación "modélica" en el desarrollo democrático. Y, aunque con precaución porque "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", Felipe VI ha dedicado un momento a señalar el futuro "prometedor" del país al observar el comportamiento de la economía en términos de "crecimiento, empleo y exportaciones".

Resalto la frase: "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", ya que, si lo afirma el jefe del Estado, significa la constatación oficial de lo señalado en el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). A grandes rasgos, estas son sus principales conclusiones.

El 26,5 % de la población española, unos 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Según la investigación, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa.

Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo.

La situación es, un año más, peor para las mujeres. Los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Algunos indicadores alertan también sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de la población (48,7%), además, presenta dificultades para llegar a fin de mes.

Las familias monoparentales, en la cuerda floja

Según el informe, la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes ha afectado muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se ha traducido en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9%.

Concretamente, unos 2,3 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES ha señalado que no hay menores pobres sin hogares pobres y ha insistido en que nacer en una familia vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.

Para la red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022. Además, la gran mayoría de ellos (el 80,7%), están encabezados por una mujer.

El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a esas familias, pues el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. La pobreza energética, de hecho, ha alcanzado máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

Estas cifras de la pobreza contrastan con la bondad de los datos macroeconómicos, que muestran una inusitada fortaleza de la economía española. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional ha duplicado en el último año el del conjunto de Estados miembros, con un 3,4% frente al 1,7% de la media. Y si descendemos más al detalle, observaremos que las ventas de coches nuevos en 2024 han superado el millón de unidades por primera vez desde 2019.

El corolario de estas cifras es muy claro: un país con un aceptable grado de riqueza nacional donde, al mismo tiempo, un nutrido sector de la población se halla en situación de pobreza, es un país donde existe la desigualdad. Una desigualdad social en la distribución de la riqueza que es impropia de un Estado moderno, como España, miembro destacado del grupo de países que integran la Unión Europea.

Los partidarios de la Renta Básica Universal, creemos que la aplicación de la misma eliminaría, por definición, la situación de pobreza. No obstante, y puesto que en el momento actual no hay ningún partido político que contemple esa medida en sus programas, al menos debemos aspirar a que el Gobierno lleve a cabo una firme acción con las herramientas de política social a su alcance.

En aras de bien común, lo deseable sería un gran acuerdo de Estado, un pacto de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, para tomar medidas destinadas a equilibrar esa desigualdad social. Algo que parece imposible a la vista de la actitud de acoso y derribo del Gobierno por parte de la derecha. En concreto, con un Partido Popular que, desde que pasó a la oposición, se ha opuesto sistemáticamente a toda mejora en las prestaciones sociales. Desde la subida de las pensiones hasta la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

En concreto, el debate sobre el SMI es un perfecto ejemplo de las falacias con las que el entramado (político, empresarial y mediático) de la derecha española se opone a reducir la desigualdad social. En todas y cada una de las ocasiones en que el actual Gobierno ha incrementado su cuantía se han escuchado auténticas truculencias que auguraban un gran desastre para el empleo y pronosticaban el hundimiento de la economía nacional. 

En 2018, gobernando el PP, el importe del SMI se situaba en 735 euros mensuales. A partir de entonces, los sucesivos Gobiernos de coalición progresista encabezados por Pedro Sánchez, en negociación con los agentes sociales, han incrementado, año a año, el SMI hasta alcanzar los 1.134 euros (15.876 euros brutos anuales) en los que se situó en 2024, con la oposición de la patronal CEOE.

¿Cuál es la explicación de que, con una revalorización acumulada del 54 % no se hayan cumplido las catastróficas profecías de la derecha, incluida la del gobernador del Banco de España? La explicación es tan sencilla que nadie ganará el Nobel de Economía por ello. En la segunda década del siglo XX, el empresario Henry Ford I, que no era precisamente un visionario de izquierdas, adoptó unilateralmente la decisión de pagar a los obreros de sus fábricas de automóviles una retribución mínima de cinco dólares diarios. Pues, como él mismo se preguntó con lógica inapelable: "¿De otra forma ¿quién compraría mis coches?"

Poner dinero en manos de los sectores de población más desfavorecidos no sólo es una medida de interés social. También lo es desde el punto de vista económico, pues esos sectores verán aumentado su poder adquisitivo y, como sostiene un empírico adagio de la economía: "un euro en el bolsillo del pobre compra más que en el bolsillo del rico".  

Por lo tanto, es obligación de este Gobierno seguir incrementando las prestaciones sobre las que puede actuar de forma directa. Y no sólo el SMI, sino también las pensiones mínimas contributivas que perciben unos tres millones de jubilados, cuya cuantía se encuentra a gran distancia del SMI, al que, por un evidente sentido de justicia, deberían equipararse. En 2025, la pensión mínima contributiva queda fijada en 830 € mensuales. 


martes, 22 de octubre de 2024

Ventajas del terraplanismo para la integridad de España




Conforme al principio de Brandolini, la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para generarlas. Sin embargo, en lo referente a las cuestiones patrias, el terraplanismo evita un considerable desperdicio de esa energía. En estos cruciales momentos en que, según los partidos y la prensa de derechas, España está (una vez más) a punto de romperse, la planicidad de la Tierra supone una gran ventaja. Pues, en caso de ruptura, los fragmentos se quedarán en el mismo lugar en el que estaban, mientras que, de ser cierta la esfericidad del planeta, tal como sostienen las ciencias convencionales, esos trozos de españolidad caerían fatalmente, dispersándose parte de la esencia hispana en el vacío interestelar.


La ley de la variedad requerida o también conocida como ley de Ashby (William Ross Ashby, 1956), establece que cuanto mayor sea la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de alteraciones posibles que deben ser controladas. Dentro del complejo mundo de las interacciones sociales humanas, las denominadas "teorías de la conspiración" ilustran muy bien esas alteraciones que perturban el normal funcionamiento del sistema.

Veamos algunas de las teorías conspirativas de mayor calado: la Covid (la epidemia fue creada por farmacéuticas para introducir una vacuna con microchips de control); el gran reinicio (el plan de recuperación económica elaborado por el Foro Económico Mundial en respuesta a la pandemia de la covid-19 es, en realidad, un plan de control global de la población); la tiranía verde (la crisis climática es un bulo creado por la industria verde para recortar derechos y libertades); el gran reemplazo (un plan oculto para que la población cristiana europea sea reemplazada por árabes, norteafricanos y subsaharianos)

Entre las teorías conspirativas más extravagantes cabe señalar la de los chemstrails (apoyándose en las estelas de condensación que dejan en la atmósfera las aeronaves a gran altura, afirma que el Gobierno utiliza los aviones comerciales para esparcir gases destinados a influir en las personas por "razones siniestras"; algo similar a la que afirma que el Gobierno emite algún tipo de mensajes enmascarados en las señales de televisión para controlar la mente de las personas.

Pero la conclusión más increíble del sondeo que el centro estadounidense de análisis Public Policy Polling realiza cada dos años al concluir cada ciclo electoral, es que el 4% de los consultados no duda en afirmar que Estados Unidos es gobernado por lagartos extraterrestres disfrazados de personas, como en la popular serie de televisión V. Y recientemente, la representante republicana Marjorie Taylor Greene ha sugerido que los huracanes están siendo creados de forma artificial y dirigidos contra los votantes de Trump… ¡usando láseres!

No se olvide que entre los votantes de Trump abundan los creyentes en la teoría QAnon (una cábala satánica y pedófila quiere controlar el mundo). La doctrina general de QAnon es que el "estado profundo", una supuesta red secreta de élites globales con su propia agenda política, maneja los asuntos mundiales. Esta red está integrada por una camarilla secreta de adoradores del diablo dedicados al secuestro en masa de niños

Sin duda, la teoría conspirativa más surrealista es la que afirma que la Tierra, nuestro planeta, es plana. Lilia Lemoine, diputada electa en Argentina por el partido La libertad avanza, liderado por Milei, es una ardiente defensora de esta visión: “¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda?”; por esa razón no hay vuelos comerciales sobre el océano Pacífico. Gracias a sus méritos científicos, Lemoine fue nombrada primera secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara de Diputados. Pero no solo afirma que la tierra es plana; tampoco cree que el hombre haya llegado nunca a la luna, otra conspiración en la que, como en tantas otras, están envueltas sectas secretas que pretenden dominar el mundo, y controlarnos.

España no se libra de sus propias teorías conspirativas, en general creadas por grupos de ultraderecha que la derecha con posibilidades de gobernar no tiene el menor reparo en asumir.

Por ejemplo, el lanzado a raíz de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta unidad, que depende del Ministerio de Defensa, se creó en octubre de 2005 con el objetivo de "intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos" en supuestos de "grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas". Entre estos casos se incluyen las emergencias declaradas de interés general, los riesgos naturales o tecnológicos, los incendios forestales, los atentados terroristas y cualquier otro que decida la Presidencia del Gobierno.

Pues bien, la UME nació bajo sospecha en cuanto a los motivos de su puesta marcha, debido a la campaña alimentada por la prensa de derechas que llegó a sembrar la sospecha de que se trataba de la guardia pretoriana del entonces presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. Según llegaron a vaticinar algunos, merced a esa fuerza armada, pretendía perpetuarse en el poder atrincherándose en el palacio de la Moncloa.

La otra gran teoría de la conspiración en versión carpetovetónica predice la ruptura de la sacrosanta nación española. "España se rompe" es la consigna que anuncian, un día sí y otro también, los partidos políticos de la oposición, la patronal y los altavoces mediáticos sostenidos por ellos. Según ellos España se ha roto en varias ocasiones: por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI); por la legalización del matrimonio homosexual; por la declaración de independencia de Cataluña durante cinco minutos y por el posterior indulto —ampliado ahora en forma de amnistía— a los responsables de aquel ridículo episodio.

En 2013, el matemático italiano Alberto Brandolini apuntó lo que ya es conocido como el principio Brandolini: la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para generarlas. 

En este sentido, el terraplanismo viene a ahorrarnos un considerable desperdicio de energía. Ya que, en estos cruciales momentos en que España está (una vez más) a punto de romperse, la planicidad de la Tierra supone una gran ventaja. Pues, al romperse, los fragmentos se quedan en el mismo lugar en el que estaban, mientras que, de ser cierta la esfericidad del planeta, tal como sostienen las ciencias convencionales, esos trozos de españolidad caerían fatalmente, dispersándose parte de la esencia hispana en el vacío interestelar.




jueves, 11 de julio de 2024

De vuelta del infierno gracias a la Sanidad Pública

 

Inferno, canto 32 Ilustración de Gustavo Doré, 1861

Breve crónica de una experiencia personal en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Princesa. Uno de los centros de la Sanidad Pública madrileña cuyos profesionales sanitarios realizan un magnífico desempeño pese a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno regional del Partido Popular.   

—. . . 

—Servicio de emergencias, dígame.

Una voz femenina responde con tono sosegado y profesional al otro lado del número de teléfono al que, por fin, he tenido la osadía de llamar: el 112. Una iniciativa que me ha llevado algo de tiempo tomar ante la duda de si era estrictamente necesario hacerlo. Recurrir a estos servicios no debe hacerse a la ligera, como esos excursionistas domingueros que, a la primera de cambio y sin un incidente de gravedad real, tan sólo porque un miembro del grupo va muy fatigado o porque se han despistado en la ruta, en lugar de tratar de resolver el problema por sí mismos, lo primero que hacen es tirar de móvil, provocando la entrada en acción de costosos servicios públicos de rescate.  

Cuando me decidí a llamar al 112 yo no estaba en ningún sendero del monte. Me hallaba, en todo caso «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita.» [En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida], como rezan los versos con los que Dante Alighieri principia su Divina Commedia; (Inferno, I canto, vv.1-3).

En efecto, desde hacía una semana me parecía estar transitando por un camino que conducía hacia el infierno. Llevaba días arrostrando los síntomas de lo que creía era tan solo un potente catarro, con la esperanza de encontrar alivio y partir hacia La Valle Verde o valle de Pineta. Un singular espacio pirenaico que en esos días finales de la primavera se muestra en todo su esplendor cuando los neveros están en fusión y las aguas del Ibón de Marboré se descuelgan violentas en forma de grandes cascadas, dando lugar al nacimiento del Cinca. Incluso parte del equipo y provisiones de excursión estaban ya el maletero del coche.

La noche de San Juan no fue demasiado mágica para mí. A decir verdad, resultó más bien demoníaca. Un test de antígenos de farmacia arrojó un resultado positivo en Covid. El martes 25 recupero de algún cajón el olvidado pulsímetro de pinza que sólo utilizo en las cada vez más contadas excursiones de montaña: marca una frecuencia cardíaca de 135 en reposo y muy baja saturación. Intento la misión imposible de hablar telefónicamente con un médico del centro de salud, pero el notable deterioro de la Asistencia Primaria en la Comunidad madrileña se evidencia en el bucle sin salida del robot telefónico que atiende la llamada sin proporcionar solución alguna. Me planteo acudir por mi cuenta al servicio de urgencias de mi hospital de referencia. Pero la disnea aumenta y, por fin, un punto de lucidez ilumina mi mente, hago caso a la familia y detengo el camino hacia el infierno marcando en mi teléfono las tres cifras: 112.

Servicio de emergencias, dígame. 

A partir de ahí, la comunicación se desarrolla de forma muy sencilla. Describo mi problema, mi identificación y domicilio, toman nota de los datos asegurándome que en breve acudirá un recurso asistencial. Antes de media hora llegan dos sanitarios que me acompañan hasta la ambulancia en la que, nada más subir, comienzan a aplicarme oxígeno mientras con el clásico despliegue de luces y sirenas me trasladan al hospital de la Princesa. Al parecer, según le comenta el médico a mi mujer, he llegado muy justo y llegan a considerar la posibilidad de intubarme. Diagnóstico: neumonía bilateral por Covid. Acto seguido me ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante seis días permanezco internado en un módulo de dicha unidad, envuelto en una maraña de conexiones al aparataje clínico: vías intravenosas, sondas, electrodos de monitorización, amén de la permanente mascarilla de ventilación mecánica no invasiva (por fortuna, descartaron la intubación) a través de la cual me llega el oxígeno que mis pulmones son incapaces de obtener por sí mismos. Al cabo de ese periodo me trasladan a una habitación aislada donde, de manera progresiva, voy recuperando la capacidad respiratoria autónoma.

El internamiento en la UCI es una situación personal no demasiado cómoda, pero tampoco es cosa de andarse con melindres habida cuenta de que también supone un privilegio de los que vivimos en el primer mundo. Pienso en las escasas oportunidades sanitarias de la mayor parte de la población del planeta. Si un incidente similar lo hubiera sufrido un habitante de alguno de los países africanos a los que yo me he permitido el lujo de viajar, ese habría sido el final de su trayectoria vital.

Estas personas ni siquiera tienen la posibilidad de viajar a mi país. Y no sólo por falta de recursos materiales, sino por las políticas contra el derecho humano a la libre circulación de las personas impuesta por los países más desarrollados. Entre ellos España, donde los patrióticos adalides del Partido Popular piden desplegar buques de la Armada para frenar la navegación, casi a la deriva, de los frágiles cayucos donde gente desesperada huye del hambre, de las sequías, de las guerras.    

La Sanidad Pública es, sin duda, la joya de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Tarde o temprano, quien más quien menos, padecemos algún tipo de dolencia que precisa atención médica. En algunos casos, con delicadas intervenciones clínicas. Por ello resulta asombrosa la estúpida ceguera de esos millones de votantes que han contribuido a colocar en la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, la más descarada representante de los enemigos de la sanidad pública. Que, entre otras frivolidades, le ha concedido una distinción madrileña —por supuesto, no en mi nombre— a ese desgreñado tipo argentino que va pregonando a los cuatro vientos la destrucción de los servicios públicos y la justicia social. 

Por suerte, mi estancia en la UCI nada tuvo que ver con esos dramáticos momentos que pacientes y sanitarios tuvieron que afrontar en el momento álgido de la pandemia del Covid19. Cuando faltaron medios de toda índole, desde respiradores a elementos de protección de personal sanitario, como las imprescindibles mascarillas cuyo suministro se convirtió en una perfecta oportunidad de negocio, no siempre limpio, para muchos desaprensivos. Algunos de ellos cercanos al entorno personal de la presidenta. 

Y no olvidemos que, tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados protocolos de la vergüenza. 

Mi peripecia clínica tuvo su colofón al décimo día, en el que fui dado de alta. En el momento de recibirla expresé al equipo médico mi reconocimiento por el excelente trabajo realizado. Es su obligación, dirán algunos, pero lo realmente meritorio es que los profesionales sanitarios continúen realizándolo con la eficacia requerida, pese a las creciente inestabilidad laboral que padece el sector a causa de los sucesivos recortes presupuestarios. Recortes efectuados por un gobierno cuya presidenta jalea las consignas neoliberales resumidas en la figura de la motosierra que el argentino Miley esgrime contra los servicios públicos. 




domingo, 19 de mayo de 2024

Recortar en sanidad es un acto criminal

                                                                                                                                     Sergio Pérez EFE


Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal.
 
Una multitudinaria manifestación recorrió hoy el centro de la capital en señal de protesta por el creciente deterioro de los servicios públicos de salud de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 18.000 personas, según fuentes de la delegación de Gobierno, partieron en cuatro columnas correspondientes a los puntos cardinales para confluir en la emblemática plaza de la Cibeles.
 
El millón de pacientes en lista de espera, la falta de pediatras o los centros de salud sin médicos de urgencias son algunos de los aspectos más sangrantes de la pésima gestión sanitaria del gobierno presidido por Isabel Ayuso. Entre las consignas coreadas por los participantes cabe destacar la que encabeza este post: recortar en sanidad es un acto criminal. Máxime cuando esos recortes se realizan a costa de privatizar las prestaciones.

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender su actividad siempre que sean coherentes, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta otra entrada del blog. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta entrada del blog.

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores.

Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio. Años después, al ser interpelada en la Asamblea por estas muertes, Ayuso las justificó con una mezcla de cinismo y crueldad: "Se iban a morir igual" 

La plataforma ciudadana a favor de la sanidad pública resume sus reivindicaciones en este decálogo:

1. Hay 1.003.721 pacientes en las listas de espera, más de 15% del total de la población de la Comunidad de Madrid.

2. La inversión del Gobierno en sanidad pública es de 1.468 euros anuales por cada madrileño, un 30% menos que la media de las Comunidades Autónomas.

3. El número de pediatras ha disminuido un 30% en los tres últimos años, según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

4. El número de camas hospitalarias ha descendido un 11% en las últimas dos décadas, hasta las 12.240, aun cuando la población ha crecido por encima del 30%.

5. El promedio de camas de urgencias en Madrid y en España es de 3 por cada 1.000 habitantes, un 33% menos que la media de la UE de 4,5 camas por cada 1.000 habitantes.

6. El 40% de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) no tienen médico.

7. El 35% de los Servicios de Atención Rural (SAR) también carece de médico, según un estudio de campo realizado por la plataforma vecinal convocante.

8. Falta personal de enfermería: de los 4.024 que había en 2007, bajó a 3.486 en 2022, un 13% menos, según cifras del Ministerio de Sanidad.

9. Madrid destina el 10% del presupuesto autonómico de Sanidad a la atención primaria, frente al 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10. Cobro de 500 euros a los estudiantes de FP por hacer las prácticas en el campo sanitario. (*)





(*) CCOO de Madrid, a través de su Federación de Enseñanza, ha realizado reiteradas denuncias sobre el cobro de 500 euros por las prácticas al alumnado de Formación Profesional (FP) en su rama sanitaria. Sin embargo, el Gobierno regional «no ha puesto fin a esta exigencia de pago», denuncian. Por eso el sindicato ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que intervenga.