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De parabel der blinden La parábola de los ciegos. Pieter Brueghel el Viejo (1568) |
martes, 18 de marzo de 2025
Vendrán más años malos y nos harán más ciegos
jueves, 13 de febrero de 2025
Núñez Feijóo y la piedra de la necedad
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Una persona estúpida es la que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.
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Todas las medidas incluidas en el nuevo Real Decreto-ley
Mantiene la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos
Como novedad, Sánchez avanzó que se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior, que es la "creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos".
Bono social y prohibición para interrumpir suministros
El nuevo decreto ley también incluye la extensión de los descuentos adicionales del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, y el mantenimiento un año más de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.
Ingreso Mínimo y Salario Mínimo
Además, se recupera la subida del 9% para el ingreso mínimo vital (IMV) y la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 (1.134 euros brutos mensuales) a la espera de que se concrete la nueva subida para 2025 en las negociaciones entre Trabajo y agentes sociales.
Prohibición de despidos por el coste energético
Se amplía la prohibición de despidos para aquellas empresas que se beneficien de ayudas directas por la subida de los costes energéticos.
Revalorización de las pensiones
La norma contempla la revalorización de las pensiones para 2025. En concreto, las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado suben un 2,8% en 2025; mientras que las mínimas aumentan cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizan un 9%.
La norma aprobada incluye también la aplicación de la cuota de solidaridad desde 2025, el aumento de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes, y la subida de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 9,1% y las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizan también en un 6%, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.
Ayudas al transporte público
Tras la aprobación del nuevo decreto, el Gobierno vuelve a activar los descuentos de hasta el 50% en el transporte autonómico y la gratuidad de los autobuses estatales y los servicios de cercanías/media distancia de Renfe, hasta el próximo mes de junio. También volverán a estar disponibles los abonos gratuitos de los trenes de cercanías y media distancia, así como de los autobuses de largo recorrido con las mismas condiciones en las que se estaban comercializando, cuya compra no se ha podido realizar en la última semana.
Además, se reactivará la venta de los abonos de los servicios Avant con rebajas del 50%, que se mantendrán hasta diciembre de 2025, mientras que los cercanías de Cantabria y Asturias y el transporte público terrestre de Canarias y Baleares será gratis durante todo el año.
Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, los Avant entre Ourense y A Coruña y las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca continuarán siendo gratuitas durante el primer semestre del año.
Los sistemas públicos de alquiler de bicicleta se mantienen dentro de las bonificaciones del transporte público con un 50% de descuento en los abonos.
Por otra parte, el Estado seguirá subvencionando un 30% de un descuento mínimo de un 50% en el transporte autonómico, corriendo el otro 20% a cuenta de las comunidades, en el caso de Madrid hasta el 30% que decidió el gobierno regional para alcanzar un descuento total del 60% en los abonos mensuales.
A partir de julio y para todo el segundo semestre del año, estos descuentos regionales pasarán a ser del 40%, financiado en partes iguales (20%) por Estado y comunidad, mientras que se creará un abono mensual único para todo el país de 20 euros para todas las redes de cercanías.
Prórroga del escudo antiopas
El nuevo decreto contempla la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, el llamado escudo 'antiopas'.
La suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con el objetivo de proteger determinados sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público.
Esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones. Se trata de una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
El palacete del PNV
Este nuevo decreto mantiene también la cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi y entregado al régimen franquista.
Ayudas a afectados por la DANA y La Palma
En el texto se extienden hasta finales de junio las ayudas dirigidas a la reconstrucción de La Palma por la erupción del volcán y se recogen además las ayudas para los afectados por la DANA que asoló Valencia y otros puntos del territorio. Se confirman así la inclusión de cuantías para municipios, hogares
Las medidas que se quedan fuera de este nuevo decreto
Lo que queda fuera del decreto son todas las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, así como las relativas a ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.
Tampoco se ha incluido "la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico" de Cataluña.
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Carlo M. Cipolla es el autor de Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que resume de la siguiente manera:
1ª Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo.
2ª La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona.
3ª Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.
4ª Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que, en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta como un costosísimo error.
Corolario: El estúpido es más peligroso que el malvado.
miércoles, 22 de enero de 2025
Una trinidad de sinvergüenzas echa por tierra la revalorización de la paga de 9,3 millones de pensionistas
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Die Skatspieler, Otto Dix, 1920 |
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martes, 31 de diciembre de 2024
Felipe VI : "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social” ¿Entonces, a qué esperamos?
El 26,5 % de la población española, unos 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.Según la investigación, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa.Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo.La situación es, un año más, peor para las mujeres. Los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.Algunos indicadores alertan también sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de la población (48,7%), además, presenta dificultades para llegar a fin de mes.Las familias monoparentales, en la cuerda flojaSegún el informe, la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes ha afectado muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se ha traducido en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9%.Concretamente, unos 2,3 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES ha señalado que no hay menores pobres sin hogares pobres y ha insistido en que nacer en una familia vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.Para la red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022. Además, la gran mayoría de ellos (el 80,7%), están encabezados por una mujer.El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a esas familias, pues el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. La pobreza energética, de hecho, ha alcanzado máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.
En 2018, gobernando el PP, el importe del SMI se situaba en 735 euros mensuales. A partir de entonces, los sucesivos Gobiernos de coalición progresista encabezados por Pedro Sánchez, en negociación con los agentes sociales, han incrementado, año a año, el SMI hasta alcanzar los 1.134 euros (15.876 euros brutos anuales) en los que se situó en 2024, con la oposición de la patronal CEOE.
¿Cuál es la explicación de que, con una revalorización acumulada del 54 % no se hayan cumplido las catastróficas profecías de la derecha, incluida la del gobernador del Banco de España? La explicación es tan sencilla que nadie ganará el Nobel de Economía por ello. En la segunda década del siglo XX, el empresario Henry Ford I, que no era precisamente un visionario de izquierdas, adoptó unilateralmente la decisión de pagar a los obreros de sus fábricas de automóviles una retribución mínima de cinco dólares diarios. Pues, como él mismo se preguntó con lógica inapelable: "¿De otra forma ¿quién compraría mis coches?"
Poner dinero en manos de los sectores de población más desfavorecidos no sólo es una medida de interés social. También lo es desde el punto de vista económico, pues esos sectores verán aumentado su poder adquisitivo y, como sostiene un empírico adagio de la economía: "un euro en el bolsillo del pobre compra más que en el bolsillo del rico".
Por lo tanto, es obligación de este Gobierno seguir incrementando las prestaciones sobre las que puede actuar de forma directa. Y no sólo el SMI, sino también las pensiones mínimas contributivas que perciben unos tres millones de jubilados, cuya cuantía se encuentra a gran distancia del SMI, al que, por un evidente sentido de justicia, deberían equipararse. En 2025, la pensión mínima contributiva queda fijada en 830 € mensuales.
martes, 22 de octubre de 2024
Ventajas del terraplanismo para la integridad de España
jueves, 11 de julio de 2024
De vuelta del infierno gracias a la Sanidad Pública
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Inferno, canto 32 Ilustración de Gustavo Doré, 1861 |
Breve crónica de una experiencia personal en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Princesa. Uno de los centros de la Sanidad Pública madrileña cuyos profesionales sanitarios realizan un magnífico desempeño pese a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno regional del Partido Popular.
—Servicio
de emergencias, dígame.
Una voz femenina responde con tono sosegado y profesional al otro lado del número de teléfono al que, por fin, he tenido la osadía de llamar: el 112. Una iniciativa que me ha llevado algo de tiempo tomar ante la duda de si era estrictamente necesario hacerlo. Recurrir a estos servicios no debe hacerse a la ligera, como esos excursionistas domingueros que, a la primera de cambio y sin un incidente de gravedad real, tan sólo porque un miembro del grupo va muy fatigado o porque se han despistado en la ruta, en lugar de tratar de resolver el problema por sí mismos, lo primero que hacen es tirar de móvil, provocando la entrada en acción de costosos servicios públicos de rescate.
Cuando me decidí a llamar al 112 yo no estaba en ningún sendero del monte. Me hallaba, en todo caso «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita.» [En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida], como rezan los versos con los que Dante Alighieri principia su Divina Commedia; (Inferno, I canto, vv.1-3).
En efecto, desde hacía una semana me parecía estar transitando por un camino que conducía hacia el infierno. Llevaba días arrostrando los síntomas de lo que creía era tan solo un potente catarro, con la esperanza de encontrar alivio y partir hacia La Valle Verde o valle de Pineta. Un singular espacio pirenaico que en esos días finales de la primavera se muestra en todo su esplendor cuando los neveros están en fusión y las aguas del Ibón de Marboré se descuelgan violentas en forma de grandes cascadas, dando lugar al nacimiento del Cinca. Incluso parte del equipo y provisiones de excursión estaban ya el maletero del coche.
La noche de San Juan no fue demasiado mágica para mí. A decir verdad, resultó más bien demoníaca. Un test de antígenos de farmacia arrojó un resultado positivo en Covid. El martes 25 recupero de algún cajón el olvidado pulsímetro de pinza que sólo utilizo en las cada vez más contadas excursiones de montaña: marca una frecuencia cardíaca de 135 en reposo y muy baja saturación. Intento la misión imposible de hablar telefónicamente con un médico del centro de salud, pero el notable deterioro de la Asistencia Primaria en la Comunidad madrileña se evidencia en el bucle sin salida del robot telefónico que atiende la llamada sin proporcionar solución alguna. Me planteo acudir por mi cuenta al servicio de urgencias de mi hospital de referencia. Pero la disnea aumenta y, por fin, un punto de lucidez ilumina mi mente, hago caso a la familia y detengo el camino hacia el infierno marcando en mi teléfono las tres cifras: 112.
—Servicio de emergencias, dígame.
A partir de ahí, la comunicación se desarrolla de forma muy sencilla. Describo mi problema, mi identificación y domicilio, toman nota de los datos asegurándome que en breve acudirá un recurso asistencial. Antes de media hora llegan dos sanitarios que me acompañan hasta la ambulancia en la que, nada más subir, comienzan a aplicarme oxígeno mientras con el clásico despliegue de luces y sirenas me trasladan al hospital de la Princesa. Al parecer, según le comenta el médico a mi mujer, he llegado muy justo y llegan a considerar la posibilidad de intubarme. Diagnóstico: neumonía bilateral por Covid. Acto seguido me ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Durante seis días permanezco internado en un módulo de dicha unidad, envuelto en una maraña de conexiones al aparataje clínico: vías intravenosas, sondas, electrodos de monitorización, amén de la permanente mascarilla de ventilación mecánica no invasiva (por fortuna, descartaron la intubación) a través de la cual me llega el oxígeno que mis pulmones son incapaces de obtener por sí mismos. Al cabo de ese periodo me trasladan a una habitación aislada donde, de manera progresiva, voy recuperando la capacidad respiratoria autónoma.
El internamiento en la UCI es una situación personal no demasiado cómoda, pero tampoco es cosa de andarse con melindres habida cuenta de que también supone un privilegio de los que vivimos en el primer mundo. Pienso en las escasas oportunidades sanitarias de la mayor parte de la población del planeta. Si un incidente similar lo hubiera sufrido un habitante de alguno de los países africanos a los que yo me he permitido el lujo de viajar, ese habría sido el final de su trayectoria vital.
Estas personas ni siquiera tienen la posibilidad de viajar a mi país. Y no sólo por falta de recursos materiales, sino por las políticas contra el derecho humano a la libre circulación de las personas impuesta por los países más desarrollados. Entre ellos España, donde los patrióticos adalides del Partido Popular piden desplegar buques de la Armada para frenar la navegación, casi a la deriva, de los frágiles cayucos donde gente desesperada huye del hambre, de las sequías, de las guerras.
La Sanidad Pública es, sin duda, la joya de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Tarde o temprano, quien más quien menos, padecemos algún tipo de dolencia que precisa atención médica. En algunos casos, con delicadas intervenciones clínicas. Por ello resulta asombrosa la estúpida ceguera de esos millones de votantes que han contribuido a colocar en la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, la más descarada representante de los enemigos de la sanidad pública. Que, entre otras frivolidades, le ha concedido una distinción madrileña —por supuesto, no en mi nombre— a ese desgreñado tipo argentino que va pregonando a los cuatro vientos la destrucción de los servicios públicos y la justicia social.
Por suerte, mi estancia en la UCI nada tuvo que ver con esos dramáticos momentos que pacientes y sanitarios tuvieron que afrontar en el momento álgido de la pandemia del Covid19. Cuando faltaron medios de toda índole, desde respiradores a elementos de protección de personal sanitario, como las imprescindibles mascarillas cuyo suministro se convirtió en una perfecta oportunidad de negocio, no siempre limpio, para muchos desaprensivos. Algunos de ellos cercanos al entorno personal de la presidenta.
Y no olvidemos que, tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados protocolos de la vergüenza.
Mi peripecia clínica tuvo su colofón al décimo día, en el que fui dado de alta. En el momento de recibirla expresé al equipo médico mi reconocimiento por el excelente trabajo realizado. Es su obligación, dirán algunos, pero lo realmente meritorio es que los profesionales sanitarios continúen realizándolo con la eficacia requerida, pese a las creciente inestabilidad laboral que padece el sector a causa de los sucesivos recortes presupuestarios. Recortes efectuados por un gobierno cuya presidenta jalea las consignas neoliberales resumidas en la figura de la motosierra que el argentino Miley esgrime contra los servicios públicos.
domingo, 19 de mayo de 2024
Recortar en sanidad es un acto criminal
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Sergio Pérez EFE |
Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores.
Sólo
uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación,
viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno
para que callara lo que vio. Años después, al ser interpelada en la Asamblea por estas muertes, Ayuso las justificó con una mezcla de cinismo y crueldad: "Se iban a morir igual"