¿Deberíamos declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a CEOE?

A tenor de la continua labor de zapa realizada por la patronal CEOE, defensora del recorte de nuestros salarios y condiciones laborales, los consumidores/trabajadores tal vez deberíamos declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a esta organización patronal. Para no tener que lamentarnos por ser cornudos y apaleados, la postura lógica sería rechazar todo producto made in Spain que no llevase la etiqueta de garantía social: esta empresa no pertenece a CEOE

Un boicot es el castigo o coerción aplicado sobre un individuo, empresa, administración pública o país con ánimo de infligir un quebranto pecuniario o moral mediante sistemático rechazo de relaciones sociales o comerciales.

El primero en sufrir los efectos de este tipo de acción fue Charles Cunningham Boycott, un administrador de tierras inglés que extorsionaba a los campesinos de Irlanda con bajos jornales. En 1880, Charles Parnell, líder de los autonomistas irlandeses, instó a los trabajadores a expresar su protesta sin recurrir a la violencia. Boycott fue sometido a un completo aislamiento hasta que cedió en sus métodos. El periodista norteamericano Redpath, que seguía de cerca las protestas, tomó el nombre del administrador para denominar la que, a la sazón, era un novedosa forma de acción directa.

La eficacia del boicot se puso de manifiesto al ser adoptada por Gandhi, quien daba ejemplo hilando en su propia rueca, para mostrar al movimiento independentista de la India la forma en que podían ser boicoteadas sin violencia las fábricas textiles británicas. Más recientemente, diversos movimientos civiles han promovido iniciativas de boicot a la compra de productos de determinadas empresas. Entre ellas Shell, por su decisión de hundir una plataforma petrolífera en el mar del Norte; Nestlé, por la venta de sucedáneos de la leche materna en el tercer mundo; Burguer King, por la deforestación de América Central propiciada por la extensión de las granjas de cría del ganado cuya carne acaba convertida en hamburguesas; Solvay, por la fabricación de envases del peligroso PVC; Nike, Reebok, Adidas y Fila, por las degradantes condiciones laborales que rigen en las fábricas asiáticas que producen para estas marcas, en las que trabajan niños por un jornal de miseria.

¿Deberíamos también los consumidores/trabajadores de España declarar el boicot a los productos fabricados por los empresarios que han recortado nuestros salarios y condiciones laborales?

Aquí, los empresarios se quejan de la falta de consumo interno debido a la crisis económica. Esto es no entender la imposibilidad de estar a la vez repicando y en el coro. Reducir salarios y aumentar el consumo es la cuadratura del círculo. Pero la gran patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no deja escapar la oportunidad de echar al vuelo las campanas de sus proclamas neoliberales. 

Ya en 2009, anunciando su intención de aprovechar la crisis para someter a los trabajadores, CEOE proponía reducir las prestaciones por desempleo y su duración para "no trasladar a la gente el mensaje de tomárselo con calma", ya que ello puede "condenar a un paro perpetuo", según la patronal. Eran los tiempos en que presidía CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que propugnaba una maravillosa fórmula de progreso: "trabajar más y cobrar menos". Se refería, por supuesto, a los demás.

George Grosz:

Ferrán, que prosperaba en los negocios gracias a los favores políticos recibidos del Partido Popular madrileño liderado por Esperanza Aguirre, resultó ser un tipo poco recomendable como empresario, como demuestran sus estrepitosos fracasos en la gestión de empresas (Air Comet, Aerolíneas Argentinas, Viajes Marsans). Para colmo, además de tener deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y Cajamadrid, no dudó en dejar de pagar los sueldos a los trabajadores de sus empresas en crisis. Hoy está en la cárcel.

Ahora, es el Gobierno del PP el encargado de efectuar la tarea destructiva de la cohesión social aplicando el programa de CEOE. Incansable, la patronal reclama más demoliciones del edificio: su responsable de relaciones laborales, José de la Cavada, ha criticado los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar. De la Cavada ha asegurado que el Estatuto de los Trabajadores "se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".

Este José de la Cavada es también el autor de la genial idea de crear un nuevo "contrato de inserción" para jóvenes menores de 30 años, con una duración de entre seis meses prorrogable a un año, sin indemnización por despido y exento de cotización a la Seguridad Social. Y por supuesto, con una remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Tan indecente proposición es una muestra más de que la gran polvareda levantada sobre las pensiones públicas oculta, en realidad, intereses privados inconfesables. Si los jóvenes trabajan sin cotizar será una perfecta vía para arruinar el sistema público de pensiones. Fomentando de paso la precariedad futura de quienes no tengan cotizado un período suficiente para generar derecho a recibir pensión.

El actual presidente de CEOE, Juan Rosell, acaba de afirmar que la reforma de pensiones firmada entre el Gobierno y los agentes sociales en el año 2011 es insuficiente para garantizar el futuro del sistema. Rosell señaló que cuando se firmó esa reforma "creímos que sería suficiente, pero nos equivocamos".
          
A ustedes no sé, pero a mí hace tiempo que se me quitaron las ganas de consumir productos españoles. En la medida en que ello me sea posible, volveré a hacerlo exclusivamente con aquellos que lleven la etiqueta: "esta empresa no pertenece a CEOE".