El ministerio de Trabajo vulnera la Constitución al impedir que los desempleados viajen al extranjero

Suena extraño en un país democrático. Pero las cosas son así: un desempleado que se encuentre percibiendo una prestación por desempleo no está autorizado por la Administración a permanecer fuera de las fronteras del Estado español por más de 15 días. Lo cual supone una clara vulneración del Artículo 14 de la Constitución: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razon de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Un día cualquiera, el ciudadano Pérez se presentó en una Oficina de Atención e Información de la Seguridad Social cuyo funcionamiento es bastante eficaz. Tras un tiempo de espera tan discreto que apenas dio para leer un par de páginas de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, en la pantalla electrónica brilló su número de turno junto a la indicación de la mesa donde sería atendido por una correctísima funcionaria.

- Buenos días, vengo a solicitar las tarjetas de asistencia sanitaria europea para mi mujer y para mí. Al efecto de ser atendidos, en caso de necesidad, en viaje de vacaciones por territorios de la Unión Europea.

- Muy bien, permítame sus tarjetas de la Seguridad Social

Tras teclear un rato en su terminal informática, la funcionaria le hace entrega de una sóla tarjeta.

- Aquí tiene, esta es la tarjeta de su esposa. La de usted no podemos expedirla dado que, al ser perceptor del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, no puede desplazarse al extranjero sin autorización previa del INEM. O sea, que deberá acudir a la oficina del INEM a la que usted esté adscrito y pedir alli dicho permiso.

Las oficinas del INEM son de apariencia mucho más cutre que las del resto de la Administración, incluido el guardia de seguridad privada cuyo pantalón rojo le confiere cierto aspecto circense. Procurando hacer abstracción de la deplorable estética, el ciudadano Pérez se persona en la Oficina donde le entregan un impreso de solicitud de autorización de salida al extranjero en el que se especifica que el tiempo maximo es de 15 días. Según la letra pequeña del impreso:

"El SPPE le informa que puede salir ocasionalmente al extranjero por un período máximo de 15 días naturales acumulados dentro de un año natural, sin que ello suponga la suspensión del derecho [a percibir la prestación]. En caso de acumular salidas al extranjero por un período superior a los 15 días autorizados, se procederá a suspender la prestación por desempleo de la que es usted beneficiario, tendiendo la citada salida consideración de traslado de residencia al extranjero a los efectos de la posible reanudación. Asimismo se le informa que deberá presentarse en esta Oficina el primer día hábil siguiente a aquel en que se cumpla el período máximo de 15 días desde la fecha en que se autorizó su salida al extranjero"

El ciudadano Pérez, desempleado de larguísima y estructural duración, que ahora frisa los 61 años, hace memoria. La última vez que precisó de una autorización del Estado para viajar al extranjero, fue allá por el año 1969, estando a la sazón en puertas de incorporarse a las filas del servicio militar obligatorio. Eran tiempos de dictadura franquista. Ahora, el ciudadano Pérez, en una supuesta democracia, es forzado a formar, en su lugar, descanso, en las filas del Ejército Industrial de Reserva.

Pues resulta que una "circunstancia personal o social", como es la circunstancia del desempleo, le impide gozar de la igualdad ante la ley. Viendo vulnerado su derecho constitucional a "entrar y salir libremente de España" (Art. 19) ve amenazada incluso la estabilidad conyugal, pues no podría acompañar en vacaciones a su esposa, que por suerte todavía dispone de un empleo.

¿Qué tropelía es esta? ¿Que sentido tiene esta absurda norma administrativa que repugna al ordenamiento constitucional? Sencillamente, satisfacer ese desmedido afán de la Administración por controlar a toda persona que se halle en situación de inferioridad de condiciones. Para mayor información, léase la obra Vigilar y castigar, del sociólogo francés Michel Foucault.