¿Se promulgará una amnistía para los grandes delincuentes del Reino de España?

Los fastos de la inminente entronización del príncipe de Asturias como sucesor de Juan Carlos I conllevan el riesgo añadido de que se promulgue una amnistía que saque de la cárcel a los grandes delincuentes financieros y declare sobreseídas las causas pendientes contra el resto de facinerosos de altos vuelos.

George Grosz (1893-1959)

Existe un general consenso en que el respeto de las normas del tráfico rodado en las carreteras del Reino de España redunda en el bienestar público. Por supuesto que hay personas de escaso espíritu cívico que se saltan a la torera estas normas, siendo sancionados por ello si la infracción es detectada por los agentes encargados de velar por su cumplimiento. Con relativa cercanía en el tiempo, dos de estos infractores han sido personas de gran relevancia en las altas esferas del Establecimiento, es decir, el meollo del Orden Establecido.

La primera fue, como es público y notorio, Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo, destacada figura del Partido Popular, expresidenta de la Comunidad de Madrid y activa propagadora de la fe neoliberal. Aparcó su coche en mitad del carril bus en plena Gran Vía madrileña y cuando los agentes de movilidad acudieron a denunciarla, se dio vergonzosamente a la fuga con su vehículo. Su caso está en manos del correspondiente juzgado.

El siguiente infractor de relumbre ha sido nada menos que un magistrado del Tribunal Constitucional. El juez Enrique López, muy próximo al PP, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana, descubriéndose que iba literalmente borracho como una cuba. Requerida la  presencia de un equipo de atestados de la Policía Municipal se le realizaron siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este "cortaba el soplido sin motivo aparente". Por lo que los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test. Que arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro.

El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que "que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro". En el caso de Aguirre, si el incidente se tramita como delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad, como pide la acusación particular, podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de prisión. 

Tenemos, por otro lado, a un convicto amigo de la condesa y también del Rey en la cárcel: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la gran patronal CEOE, condenado a varios años de cárcel por estafa. Al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que también está entre rejas al igual que el cabecilla de la red Gürtel por orden del juez que investiga una gigantesca trama de corrupción. Cerca de un centenar de banqueros imputados en malversación de los dineros depositados por los clientes de sus respectivas entidades. Y por si fuera poco, Cristina hija del abdicado monarca, a la que Hacienda le ha descubierto grandes cantidades de dinero no declarado y que se encuentra al filo de ser imputada, como lo está ya su esposo, Iñaki Urdangarín, en un caso de apropiación indebida de fondos públicos.  
 

Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas, el rey Juan Carlos y Arturo Fernández. Foto: La Celosía

Pese a las nutridas protestas en la calle contra la continuidad de la monarquía y a favor de la república, un sistema de gobierno más higiénico, el Régimen ha organizado un rápido proceso de sucesión de Juan Carlos I por su hijo Felipe de Borbón. Un proceso relámpago, casi una blitzkrieg contra el pueblo, para sentar al heredero en el trono antes de que, con la llegada de los calores caniculares, el Establecimiento cierre por vacaciones confiando en aplacar así el malestar de la opinión pública. Pero nos queda una duda añadida, y es la de si, coincidiendo con los fastos de la entronización, se promulgará una ley de amnistía que saque de la cárcel a los mencionados delincuentes y declare sobreseídas las causas contra el resto de facinerosos de altos vuelos.