Por la equiparación de la pensión mínima contributiva al Salario Mínimo Interprofesional

Diversos colectivos de jubilados activistas se han movilizado —a través de marchas y acciones de protesta— ante la inacción de la clase política para dotar de estabilidad al sistema público de pensiones. Una cuestión clave en el que el interés social y la razón de Estado debería primar sobre el empeño de los líderes políticos en ponerse zancadillas unos a otros olvidando sus deberes con la sociedad. 

Junto a la revalorización de las pensiones conforme al coste real de la vida, otra de las principales reivindicaciones de los pensionistas es lograr la equiparación de la pensión mínima contributiva al salario mínimo interprofesional (SMI). Hay razones obvias para ello, y es que tanto esta prestación como su derivada de viudedad deben entenderse como un salario en diferido. Y una evidencia palpable es que, a la hora de realizar la declaración de la renta, la pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo. Luego, de cara al Fisco, no hay ninguna diferencia conceptual entre los ingresos por pensión de un jubilado y los del salario de un trabajador en activo. 

El elemental principio de justicia social que inspira tanto el SMI como las pensiones mínimas es que su cuantía suponga la capacidad para hacer frente a los gastos básicos que permitan a la persona perceptora llevar una existencia digna. Y esto no es una simple opinión, sino el acuerdo de convivencia manifestado en la Constitución Española, que dispone en su Artículo 50:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

En 2019, la cuantía de las pensiones contributivas mínimas para una persona mayor de 65 años, individual o viuda, es de 677,40 euros mensuales. ¿Garantiza esa cantidad la suficiencia económica? Dado el actual coste de la vida, la respuesta es: rotundamente, no. Esa cuantía se encuentra ya a gran distancia del actual SMI, que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez situó en 900 euros mensuales. 

Las pensiones no son un gasto

Cuando se habla de pensiones hay que dejar de referirse a ellas como un ‘gasto'. Pues los pensionistas no hacen desaparecer su dinero del conjunto de la economía del país arrojándolo por un sumidero entrópico. Eso, en todo caso, es lo que hacen los evasores de impuestos, ya sean particulares o grandes corporaciones. Por el contrario, en el caso de los jubilados, el dinero de sus pagas es devuelto al sistema económico circular en forma de consumo inmediato: comenzando por la alimentación y mantenimiento del hogar y terminando, en los casos que pueden permitírselo, en actividades de ocio. 
   
Y si no, pregunten a los profesionales de la hostelería, siempre deseosos de recibir la visita de los jubilados a sus establecimientos. Pregunten también al oligopolio de suministradores de gas y electricidad que pasa puntualmente los recibos de la energía a todos los hogares, aunque en las viviendas de jubilados más humildes sufran la pobreza energética.

No, tristes voceros del neoliberalismo: dejad de contar cuentos macabros. Las pensiones no son un gasto sino una forma eficaz de redistribución de la riqueza nacional. Una redistribución solidaria, puesto que durante los momentos más crudos de la última crisis originada por la delincuencia financiera, a menudo, la pensión del abuelo era el único ingreso que había en muchos hogares. Una redistribución escasa cuando en la caja de reparto sólo entran las aportaciones de los trabajadores, cada vez peor pagados. 

En contraste, los principales depósitos donde se acumula la riqueza nacional [grandes empresas nacionales y multinacionales, monopolios energéticos y sectores financieros] no contribuyen en absoluto a la caja de las pensiones. Y tan sólo en un porcentaje muy pequeño al mantenimiento de los presupuestos generales del Estado.

Afirman los críticos con la subida de las pensiones mínimas que ello implica erosionar el carácter contributivo del sistema. Ya que el principio bismarkiano del mismo es que a cada cual se le pagará una cuantía acorde a lo que contribuido. Principio que sería sostenible en un escenario ideal en el que hubiera las mismas oportunidades para todas las personas que aspiran a participar en el juego económico.

Pero esa visión del paraíso se derrumba ante uno de los ejemplos más recientes sobre la falta de oportunidades: las consecuencias de la Gran Recesión. Uno de los principales motivos por el que muchos pensionistas cobran hoy cuantías mínimas es que, al estallar la crisis en 2008, se vieron afectados por el desempleo en los años previos a la jubilación, Los millares de trabajadores arrojados al paro en tales circunstancias se vieron asimismo desposeídos de la posibilidad de ejercer su acción contributiva al sistema público de pensiones. Produciéndose el consiguiente deterioro en su carrera de cotizaciones a la Seguridad Social y su reflejo fatal en una pensión de cuantía mucho más baja de la que habrían obtenido si hubieran podido seguir trabajando. 

Esta circunstancia constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.

Por ello, los legisladores, en lugar de mirar con desconfianza a determinados colectivos, sobre todo si son los más humildes, deberían actuar en el marco de las propuestas de John Rawls uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX y uno de los autores referentes en el análisis de la teoría de la justicia y los problemas de acción pública derivados de la búsqueda de una mayor equidad en las sociedades.

Tomo verbatim de la investigadora Natalia Millán Acevedo, la exposición resumida de una de las ideas más sugerentes de Rawls para entender el concepto de la justicia: su provocadora idea sobre "el velo de la ignorancia".

Rawls plantea que una sociedad justa no puede definirse bajo alguna forma de presión como pueden ser el miedo o la inseguridad. Con objeto de superar este inconveniente, se propone que en la fase de diseño de políticas los individuos deberían ignorar el papel que ocupan en la sociedad, el grupo al que pertenecen y su situación de partida. Así, desde esta posición se podrán establecer normas realmente equitativas y justas dado que las personas intentarán promover una posición favorable para todos los grupos de la sociedad (dado que éstas no saben a cual grupo pertenecen). A juicio de Rawls, el "velo de la ignorancia" asegura que cada persona debe tener en cuenta la posible situación de cualquier otra; y en tanto está obligado a considerar todas las posibles situaciones como potencialmente propias, su elección será racional y justa. (N.Millán Acevedo)

En consecuencia, los parlamentarios de las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados deberían trabajar al margen de intereses concretos y narcisismos de última generación para alcanzar un pacto de Estado en virtud del cual la cuantía de las pensiones mínimas contributiva y de viudedad sea equiparada al SMI. Quedando, a partir de ese momento, indexada al SMI a efectos de aplicación automática de futuros incrementos del mismo.

De esta manera, en caso de que se produzca una nueva crisis o desaceleración económica, como la que algunos círculos vaticinan, uno de los sectores de población más débil, como es de los perceptores de pensiones mínimas, quedaría en mejores condiciones para afrontarla. 
  
Una consideración final: este pacto debería ser suscrito por la totalidad de los 350 escaños del hemiciclo de las Cortes, ya que el compromiso moral y político de cumplir con un mandato constitucional que evite la pobreza de millones de personas se supone que debería estar por encima de rivalidades e intereses partidistas. 

Pese a lo que me llega del panorama político, escribo esto para que, al menos, el pesimismo de la inteligencia no enturbie el optimismo de la voluntad. 

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Pensiones mínimas en 2019 (cuantías mensuales)

Jubilación
Titular con 65 años o más: En modalidad con cónyuge a cargo, 835,80 euros. Sin cónyuge, 677,40 euros. Con cónyuge no a cargo 642,90 euros.
Titular menor de 65 años: En modalidad con cónyuge a cargo, 783,60 euros. Sin cónyuge, 633,70 euros. Con cónyuge no a cargo 599 euros.

Viudedad
Titular con 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65%: 677,40 euros.
Titular con cargas familiares: 783,60 euros.
Titular con edad entre 60 y 64 años: 633,70 euros.
Titular con menos de 60 años: 513,10 euros.