El movimiento 25S, convocante de una acción para rodear el Congreso de los Diputados, ha conseguido un objetivo indirecto: El rodeo ha sido efectuado por casi 1.500 agentes antidisturbios que están apostados en sus inmediaciones formando hasta tres "anillos" o filtros de seguridad en un perímetro de 500 metros. Por fortuna, los émulos del general Pavía no intervienen en esta operación.
Los promotores de la convocatoria del 25-S en Madrid no tuvieron precisamente una idea feliz al escoger el lema Ocupa el Congreso para denominar una acción consistente en rodear, pacíficamente y sin armas, el edificio de las Cortes. Una propuesta insólita, que cuenta con la legitimidad de la acción pacífica, pero bastante naif. En efecto, pensar que una gran manifestación es la vía para conseguir, según pretenden los convocantes, un nuevo proceso constituyente, supone una gran ingenuidad.
Casi tanta como el lema escogido. Es obvio que ocupar el Congreso no puede realizarse de forma pacífica, ni por sorpresa, como la okupación de locales abandonados. Sin embargo, el verbo de marras ha dado pie para que el Gobierno y su entorno se hayan lanzado a realizar de declaraciones truculentas. Como la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, comparando el 25-S al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Cospedal, cuya portentosa estupidez política aumenta en la misma medida en que su acción gobernante destruye los servicios públicos de salud de Castilla la Mancha, ha rizado el rizo de la utilización torticera del término 'ocupación'. Que tiene en España unas indeseables connotaciones. Pues las dos únicas ocasiones en que el Parlamento ha sido invadido por elementos ajenos ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad. Fuerzas que teóricamente tienen la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Gobierno.
Casi tanta como el lema escogido. Es obvio que ocupar el Congreso no puede realizarse de forma pacífica, ni por sorpresa, como la okupación de locales abandonados. Sin embargo, el verbo de marras ha dado pie para que el Gobierno y su entorno se hayan lanzado a realizar de declaraciones truculentas. Como la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, comparando el 25-S al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Cospedal, cuya portentosa estupidez política aumenta en la misma medida en que su acción gobernante destruye los servicios públicos de salud de Castilla la Mancha, ha rizado el rizo de la utilización torticera del término 'ocupación'. Que tiene en España unas indeseables connotaciones. Pues las dos únicas ocasiones en que el Parlamento ha sido invadido por elementos ajenos ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad. Fuerzas que teóricamente tienen la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Gobierno.
La guardia civil entra en el Congreso por orden del general Pavía. Xilografía de M. Vierge procedente de L´Illustration: journal universel. Paris: J. Dubachet.
El 8 de enero de 1874 el Capitán General de Castilla, Manuel Pavía, apoyado por la derecha monárquica, dio un golpe de Estado penetrando en el hemiciclo de las Cortes seguido de fuerzas de la Guardia Civil. Emilio Castelar, presidente de la I República había dimitido al perder la votación de confianza por lo que Nicolás Salmerón, presidente de las Cortes, ordenó realizar una votación para elegir al nuevo jefe del poder ejecutivo. El general Pavía, para evitar que los federalistas tomen el poder, moviliza dos compañías de infantería, una batería de montaña y otras dos compañías de la guardia civil. Con esta tropa llega al Congreso conminando a Salmerón a la disolución de la sesión de Cortes y al desalojo del edificio en cinco minutos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.
El 23 de febrero de 1981 nuevamente la Benemérita institución tuvo un triste protagonismo en la historia de la Transición. Unos 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron, armas en mano, en el Congreso de los Diputados. Interrumpiendo la votación de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Un intento de golpe de Estado que se vio frustrado porque la mayoría de las Fuerzas Armadas, aunque con ciertas vacilaciones, se mantuvo fiel al orden constitucional.
La distancia que guardan estos hechos, llevados a cabo mosquetón en mano, con las manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento 'Ocupa el Congreso' son palmarias. Lo que tampoco está demasiado claro es el alcance de la supuesta 'desobediencia civil' que se persigue en esta acción. Hay una clásica definición de desobediencia civil, expresada por Hugo Adam Bedau, y que John Rawls, figura de referencia en la esfera jurídica anglosajona, adopta en su clásico libro Teoría de la Justicia:
Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.
Hasta ahora, en España no ha habido otras expresiones concretas de desobediencia civil que la de los jóvenes insumisos al servicio militar que, coherentes con sus ideas, acabaron dando con sus huesos en la cárcel en el período comprendido entre 1984 y 2001. Año en que el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido, que no abolido, a través del Real Decreto 247/2001.
Vivimos en un momento en que la gente, azotada por los efectos de una triple crisis —económica, política e institucional— desconfía del actual sistema de representación política. La jornada del 25-S será otra de las muchas expresiones del descontento popular que vienen produciéndose a partir de las simbólicas acampadas del 15-M. Sin embargo, no apunta todavía una alternativa política. Han sido demasiados años en los que la mayoría de la 'gente' participó en la burbuja económica o miró para otro lado y dejó hacer a los políticos profesionales. Lo cual se refleja en la inexperiencia de los movimientos que tratan de recuperar esa acción civil por medio de la cual la 'gente', ese agregado ambiguo, se transforma en 'ciudadanía'. O sea, personas conscientes de sus derechos y también de sus deberes políticos.
La distancia que guardan estos hechos, llevados a cabo mosquetón en mano, con las manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento 'Ocupa el Congreso' son palmarias. Lo que tampoco está demasiado claro es el alcance de la supuesta 'desobediencia civil' que se persigue en esta acción. Hay una clásica definición de desobediencia civil, expresada por Hugo Adam Bedau, y que John Rawls, figura de referencia en la esfera jurídica anglosajona, adopta en su clásico libro Teoría de la Justicia:
Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.
Hasta ahora, en España no ha habido otras expresiones concretas de desobediencia civil que la de los jóvenes insumisos al servicio militar que, coherentes con sus ideas, acabaron dando con sus huesos en la cárcel en el período comprendido entre 1984 y 2001. Año en que el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido, que no abolido, a través del Real Decreto 247/2001.
Vivimos en un momento en que la gente, azotada por los efectos de una triple crisis —económica, política e institucional— desconfía del actual sistema de representación política. La jornada del 25-S será otra de las muchas expresiones del descontento popular que vienen produciéndose a partir de las simbólicas acampadas del 15-M. Sin embargo, no apunta todavía una alternativa política. Han sido demasiados años en los que la mayoría de la 'gente' participó en la burbuja económica o miró para otro lado y dejó hacer a los políticos profesionales. Lo cual se refleja en la inexperiencia de los movimientos que tratan de recuperar esa acción civil por medio de la cual la 'gente', ese agregado ambiguo, se transforma en 'ciudadanía'. O sea, personas conscientes de sus derechos y también de sus deberes políticos.
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