Una huelga general es tan política como lo son las causas del mal que pretende frenar. Política es la decisión de cargar la cuenta de la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos. Políticas son las subidas de los impuestos a los de abajo; los recortes en las prestaciones sociales, en la sanidad, en la educación. Política es permitir los desahucios de miles de familia y la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Y política es la obscena privatización que el PP pretende hacer de los hospitales madrileños.
Tras haber depredado los servicios públicos madrileños, la condesa de la mamandurria sostiene que las huelgas generales se deberían prohibir. Muy mal deben andar los fundamentos del liberalismo patrio, versión casposa, para que su principal portaestandarte en vez de predicar libertades postule prohibiciones. ¿Qué liberal auténtico se atrevería a negar mi libertad de hacer huelga, ya sea esta laboral, política o mediopensionista?
Una huelga general es política cuando las causas del mal que pretende frenar son también políticas. Porque política es la decisión de cargar los platos rotos por la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos con subidas de impuestos, recortes de las prestaciones. Y política es la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Esencialmente, la política del Partido Popular, al que pertenece la castiza vampiresa política, consiste en castigar a los ciudadanos en vez de castigar a los banqueros. Como sería lo lógico.
Y también política, cómo no, es la obscena maniobra a través de la cual el Gobierno regional madrileño pretende poner en manos privadas algo tan esencial como la salud de la población. Una depredación en toda regla del patrimonio público de los madrileños, a la que sólo cabe poner freno con una decidida acción política ciudadana. Y la huelga general, forma parte esa acción política.
Ahora, PP y PSOE, los dos elementos del binomio bipartidista que se alterna en el gobierno gracias a una ley electoral viciada, dicen que van a atenuar los procedimientos de desahucio. Eso es una decisión tan política como políticamente indecente ha sido su actitud de mirar para otro lado mientras miles de familias han sido puestas en la calle por culpa de las estratagemas bancarias.
Adam Smith, al que los liberales y otras hierbas adyacentes consideran su profeta, advirtió de una situación realmente perniciosa. Aunque en su liberalismo embrionario no consideraba adecuado prohibirla. Dice el escocés que:
Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias.
Contra los que conspiran contra el bienestar público, el 14-N las personas decentes haremos uso de nuestra libertad para ejercitar el derecho a la huelga. Quienes todavía tienen empleo, dando ejemplo de compromiso al asumir el descuento de ese día en un salario cada vez más mermado. Los que están fuera del ámbito laboral, apoyando la huelga con una abstención del consumo en esa fecha, procurando asimismo no utilizar, salvo urgencia justificada, los servicios públicos de sanidad, educación o transporte.
Ante la convocatoria de huelga general el próximo 14-N, la ciudadanía española —que en su mayoría vive o necesita de un empleo asalariado para vivir— se enfrenta a un gran dilema: O sucumbir al miedo y buscar mil y una disculpas para no secundar la huelga o recuperar la conciencia de clase y defender las conquistas sociales logradas a través de las luchas históricas del movimiento obrero. En aras de la concisión, valga lo que ya escribí con ocasión de la anterior convocatoria del 29-M.
Ven a respirar y respira.
Una huelga general es política cuando las causas del mal que pretende frenar son también políticas. Porque política es la decisión de cargar los platos rotos por la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos con subidas de impuestos, recortes de las prestaciones. Y política es la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Esencialmente, la política del Partido Popular, al que pertenece la castiza vampiresa política, consiste en castigar a los ciudadanos en vez de castigar a los banqueros. Como sería lo lógico.
Y también política, cómo no, es la obscena maniobra a través de la cual el Gobierno regional madrileño pretende poner en manos privadas algo tan esencial como la salud de la población. Una depredación en toda regla del patrimonio público de los madrileños, a la que sólo cabe poner freno con una decidida acción política ciudadana. Y la huelga general, forma parte esa acción política.
Ahora, PP y PSOE, los dos elementos del binomio bipartidista que se alterna en el gobierno gracias a una ley electoral viciada, dicen que van a atenuar los procedimientos de desahucio. Eso es una decisión tan política como políticamente indecente ha sido su actitud de mirar para otro lado mientras miles de familias han sido puestas en la calle por culpa de las estratagemas bancarias.
Adam Smith, al que los liberales y otras hierbas adyacentes consideran su profeta, advirtió de una situación realmente perniciosa. Aunque en su liberalismo embrionario no consideraba adecuado prohibirla. Dice el escocés que:
Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias.
Contra los que conspiran contra el bienestar público, el 14-N las personas decentes haremos uso de nuestra libertad para ejercitar el derecho a la huelga. Quienes todavía tienen empleo, dando ejemplo de compromiso al asumir el descuento de ese día en un salario cada vez más mermado. Los que están fuera del ámbito laboral, apoyando la huelga con una abstención del consumo en esa fecha, procurando asimismo no utilizar, salvo urgencia justificada, los servicios públicos de sanidad, educación o transporte.
Ante la convocatoria de huelga general el próximo 14-N, la ciudadanía española —que en su mayoría vive o necesita de un empleo asalariado para vivir— se enfrenta a un gran dilema: O sucumbir al miedo y buscar mil y una disculpas para no secundar la huelga o recuperar la conciencia de clase y defender las conquistas sociales logradas a través de las luchas históricas del movimiento obrero. En aras de la concisión, valga lo que ya escribí con ocasión de la anterior convocatoria del 29-M.
Ven a respirar y respira.
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