En materia de empleo, al Gobierno del PP no se le ha ocurrido mejor cosa que animar a la población a desempeñar el dudoso oficio de chivato. Una pedagogía política absolutamente negativa. Pues, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal, debe hacerlo acudiendo ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.
Vaya por delante que en este cuaderno no se defiende el fraude, ya sea éste moral, ético o político. Pero el actual Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, no tiene la menor legitimidad moral o política para pedir que los ciudadanos, amparados en el anonimato, denuncien los fraudes en materia laboral de los que tengan conocimiento. Y mucho menos si se refieren a fraudes en la percepción de las cada vez más exiguas prestaciones por contingencia de desempleo.
Es lo que acaba de hacer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al invitar a la población a practicar el chivatazo ciudadano, entrando en la página web del Ministerio y rellenando un formulario de forma anónima. Cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos, a informar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sin necesidad de aportar ningún dato personal, según defiende la ministra.
Este Gobierno no tiene legitimidad para pedir esa colaboración ciudadana porque ha incumplido todas sus promesas en materia social. No tiene legitimidad porque ha cometido un atentado contra la moral pública promulgando una indecente amnistía a los delincuentes fiscales. No tiene legitimidad porque sus miembros pertenecen a una formación política, el Partido Popular, que ha amparado a un tesorero apodado Luis el cabrón, de apellido Bárcenas, reconocido evasor fiscal, actualmente en prisión por orden judicial. A este demonio familiar, el Partido Popular le ha recompensado con un suculento salario pagado, según la balbuceante declaración de Cospedal, utilizando una modalidad absolutamente fraudulenta: la simulación de contrato en diferido.
Además, estoy harto de que continuamente me hagan ofertas para trabajar sin cobrar: desde el becariato indefinido hasta los autoservicios (gasolineras, grandes superficies y cajeros automáticos). Harto de que apelen a mi conciencia ecológica para que sea un ciudadano ejemplar y trabaje clasificando mis residuos urbanos no en beneficio del medio ambiente, sino de los fabricantes de envases. Y puesto que pago una tasa municipal de basuras, como ya tengo dicho, si pago no separo. ¿Acaso no estamos en una economía de mercado?
Por si fuera poco, pretende ahora este Gobierno que desempeñe el dudoso oficio de chivato, también sin cobrar por ello. Pues no, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal acude ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Salvo en contadísimos casos que implican riesgo grave para el denunciante, caso de las mujeres maltratadas, denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.
Además ¿quién podría sentirse moralmente legitimado para denunciar a una persona desempleada que intentara buscarse la vida para complementar los 426 € del subsidio con algún trabajillo irregular? ¿Quién puede sostener que con esa cantidad se puede vivir? Si algo debo denunciar, y lo hago públicamente, es la baja catadura moral, el cinismo y la sinvergonzonería de los dirigentes del Partido Popular que durante muchos años se lo están "llevando crudo". Complementando las retribuciones que recibían del Congreso o del Senado con sobresueldos que, para esquivar el régimen de incompatibilidades de las Cámaras, preciben en concepto de "gastos de representación". Y no estamos hablando de cuatro duros. Según la contabilidad de Bárcenas, Javier Arenas recibió en dos décadas 1,1 millones de euros del partido; Álvarez Cascos casi 600.000 y la inefable Cospedal 478.000.
De todas formas, ya que el buzón está creado, podemos darle una utilización práctica. Saturándolo con denuncias del propio Gobierno que fomenta la pauperización de la sociedad. Un ejemplo para rellenar el formulario:
Ministerio de la Precarización del Empleo
Agustín de Betancourt, 4.
28071, Madrid
Bombeo de rentas del trabajo hacia el capital
Los cambios legales introducidos por el Gobierno del Partido Popular han degradado el sistema de protección al desempleo hasta el punto de que la proporción de parados que reciben algún tipo de ayuda y prestación ha caído hasta el 62%. Esto significa un fraude político y moral en toda regla. Ya que el Artículo 41 de la Constitución Española dispone que:
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
Claro como el agua de Jaca y habría que tener sombrero para quitárselo. Esta camarilla solo puede apelar a gente de la misma bajeza moral que a ellos les caracteriza.
ResponderEliminarhttp://economia.elpais.com/economia/2013/08/24/empleo/1377370312_809579.html
ResponderEliminarEl hallazgo la semana pasada de que en un solo hotel familiar de cuatro estrellas de Calvià (Mallorca) más de un tercio de la plantilla eran becarios ha desatado un tsunami en Baleares sobre el papel de los contratos en prácticas. La polémica, en este caso, no se refiere a las condiciones de los 33 estudiantes, que procedían de escuelas de hostelería europeas y se ajustaban a los horarios. Sino a la filosofía que esto esconde: sustituir los asalariados de la hostelería por mano de obra low cost con la excusa de la formación. El sindicato CC OO investiga otros 50 casos en Mallorca.
Un experimentado inspector de Trabajo de Baleares relata bajo anonimato las carencias del sistema de control. “Nos tienen haciendo inspecciones a chiringuitos, hamaqueros y mercadillos, en lugar de ir a por los hoteles, donde son muy comunes las medias jornadas ficticias”, sentencia este funcionario que asegura que “nunca” ha recibido instrucciones políticas.
Los sindicatos reclaman a Empleo más efectivos para combatir el fraude. Sostienen que los 34 inspectores y 23 subinspectores, que en el primer semestre del año afloraron 426 empleos irregulares en Baleares, resultan “insuficientes”. “El problema es que algunos se van de vacaciones en agosto”, se queja Manuel Pelarda, de UGT. Su sindicato alertó el pasado año del caso de un hotel de cinco estrellas en Pollensa que acogía a 14 “falsos becarios”, aprendices rumanos, que cobraban 350 euros por extenuantes jornadas.