La Renta de Ciudadanía como indemnización por el coste social de la crisis

A los costes sociales de la última crisis del capitalismo local, hay que añadir que la ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias, bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de fracking... Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional. Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para reivindicar un Ingreso Ciudadano. Aunque Podemos renuncie a empoderar a la gente y se conforme ahora con algo tan viejuno como el humillante artefacto del ingreso de inserción.

El listado de ayudas, socorros y rescates al tinglado fnanciero y gran empresariado del país es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo aroma. Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de contratos de la Administración.  

Un recentísimo ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez. 

Esta compañía ha recibido ya esa astronómica indemnización por el fracaso de la planta de almacenamiento de gas Castor cuya operación empezó a causar terremotos en las costas de Tarragona y Castellón debido a las deficiencias de ingeniería y construcción de la obra. Esta astronómica cantidad se irá repercutiendo en la tarifa del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Todo un canto al revés al tan cacareado riesgo empresarial que glorifica la iniciativa privada.

Esta última 'estafa legal' —estafa política y moral legalmente instrumentada— del Gobierno coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre la oportunidad de instaurar una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Debate incentivado en la opinión pública por Podemos, el recién nacido partido político cuyos líderes han agitado la bandera del ingreso ciudadano como forma de ganar popularidad en la opinión pública. Vean si no, este vídeo en el que Pablo Iglesias junior explica, con aparente convicción, principios idénticos a los que llevamos defendiendo desde hace muchos años desde el Observatorio de Attac y la Red de Renta Básica.

El renuncio de Iglesias según Peridis en El País.

No obstante, Podemos acaba de descartar la Renta Básica de su programa de gobierno. Lo cual era previsible tras encomendar la redacción del mismo a los economistas Viçens Navarro y Juan Torres, ambos manifiestamente opuestos al ingreso universal. En su lugar, proponen algo tan viejuno como ¡una renta de inserción! para quienes no tengan trabajo. Lo que implica, a la postre, situar al desempleado bajo la eterna sospecha de holgazanería y convertirlo en víctima propicia para ese afán de vigilar y castigar al que tan aficionada es la derecha pura y dura. 

Aparte de las habituales truculencias con que los voceros del Orden Establecido denostan la RBC, no faltan en este debate quienes opinan que el ingreso garantizado sólo serviría para apuntalar el capitalismo impidiendo avanzar hacia el socialismo. Opinión muy respetable que se derrumba ante un pequeño detalle: ahora mismo, el socialismo ni está ni se le espera. 

No sólo no estamos en vías de construcción de una sociedad organizada de acuerdo a un modelo de socialismo. Antes bien, huelga recordar que nos hallamos bajo el aplastante dominio de un capitalismo sin trabas. Sin que haya una fuerza de izquierda capaz de hacerle contrapeso. Ni siquiera como la encarnada en su día por la socialdemocracia coherente con el Estado del Bienestar, a la que Podemos declara imitar.

Más allá de los apriorismos ideológicos, la realidad es que vivimos en una sociedad con una elevadísima tasa de desempleo y, lo que es todavía mucho peor, con una gran masa de trabajadores pobres. Es decir, un precariado sometido al más absoluto dominio por parte de los empleadores. 

Al creciente sector de ciudadanos que se encuentran sometidos a las servidumbres del desempleo, la precariedad y la pobreza le importan poco las especulaciones de salón sobre si la implantación de la RBC desembocaría en el fortalecimiento aún más de un capitalismo desenfrenado. Y yo, que vengo de ese mundo, lo que sé es que, aquí y ahora, con una RBC cuya cuantía fuera de un céntimo por encima del umbral de pobreza, dejaría de haber pobres y working poors en nuestra sociedad. Y, por tanto, aumentaría la libertad real de las personas, o sea, de su derecho a decidir. Expresión que está de moda hoy referida a una abstracción nacionalista, no al derecho universal de las personas de carne y hueso a decidir qué hacer hoy, mañana, pasado, con su vida. 

¿Por qué una renta de ciudadanía no ha de significar progreso? ¿Acaso reivindicar un ingreso mínimo es tan diferente de exigir servicios de Salud y Educación públicos? Hablamos, claro está, de una renta de ciudadanía, no de esa humillante renta de inserción ante la cual se ha rendido las propuestas de Podemos. Una renta de inserción condicionada es un factor de servidumbre, un artefacto de dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno. Es el Sistema el que ha fallado y es, pues, al Sistema, a quien corresponde indemnizar al ciudadano a cuenta de los daños causados por la avería.  

Frente a inserción, insurgencia. A la ciudadanía perjudicada y no indemnizada le asiste el legítimo derecho a la rebelión. 

En su Preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho "a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión". Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta.

Si los empresarios tienen un plan para crear empleo ¿cómo es que no lo han aplicado ya?

En octubre, el paro creció en 79.154 personas respecto a septiembre. En total, hay 4.526.804 personas inscritas en las oficinas de desempleo. Cifra que supera la que Mariano Rajoy encontró al llegar al Gobierno. Y a todo esto, la gran patronal del Ibex dice ahora que tiene un plan para crear 2, 3 millones de empleos. Si esto es posible ¿por qué no lo han puesto en práctica? Al fin y al cabo, ellos son los creadores de empleo según la doctrina neoliberal

El cinismo de las élites, ya sean políticas o empresariales, no parece tener límite. La gran patronal, tanto la de los empresarios corruptos incrustados en la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la que para obtener beneficios le basta ser monopolística y explotadora de recursos materiales y humanos, defiende por principio que el Estado no debe inmiscuirse en sus asuntos. Salvo, eso sí, en lo que respecta a los métodos represivos sobre el trabajador: leyes precarizadoras del contrato laboral y acción policial en caso de protesta.

George Grosz: Los pilares de la sociedad, 1926

Esa patronal paga sueldos suculentos a los teóricos de sus laboratorios de ideas y a muchos columnistas de la prensa salmón para que difundan una de las ideas fuerza del neoliberalismo: "el Estado debe abstenerse de toda acción política de fomento del empleo, porque el empleo lo creamos nosotros, los empresarios". 

Uno de esos laboratorios de ideas o think tank es el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), sostenido por las 18 mayores empresas españolas. Entre sus ideólogos se encuentran los máximos responsables de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar. Entidad esta última que acaba de celebrar su XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Alicante, bajo los auspicios de notables autoridades, como el Rey, el presidente del Gobierno y Sonia Castedo, la doblemente imputada alcaldesa de la ciudad mediterránea.

Esta distinguida grey se descuelga ahora con el feliz anuncio de que tienen un plan a través del cual sería posible crear empleo. Así lo afirma en su informe 'España 2018', un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.

Y la pregunta que haría el observador socrático es: si ese plan es posible, y si los empresarios son, según la doctrina imperante, los creadores de empleo ¿por qué no lo han puesto ya en práctica? ¿Por qué no han hecho ya uso de su prerrogativa doctrinal y contratado, a través de sus empresas, a esos dos millones largos de personas. Porque no sólo no lo han hecho, sino que ahora vuelven la mirada hacia el tan criticado Estado pretendiendo situar la pelota sobre su tejado.
 
Entre otras medidas, le piden al Gobierno que combata con denuedo y eficacia la economía sumergida. No, no hablan de las cuentas que muchos empresarios tienen en paraísos fiscales, sino de los parados sospechosos de trabajar en la economía negra. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

Y es aquí de nuevo cuando el observador se queda atónito: si estos dirigentes del CEC son capaces de identificar el número de empleos sumergidos es porque conocen a los empleadores que fomentan este tipo de prácticas. Luego son los empresarios los que deberían empezar por limpiar sus casas  y regularizar los contratos de estos empleados ocultos. Porque el primer interesado en huir de las trampas del desempleo y disponer de un contrato de trabajo "en blanco" es el propio trabajador. Que vería así reconocidos, entre otros, sus derechos de jornada, vacaciones remuneradas, indemnización en caso de despido y, por supuesto, su cotización a la Seguridad Social generadora, a futuro, del salario diferido de jubilación. 

Y sigo insistiendo en que los consumidores deberíamos declarar un boicot a las empresas de CEOE por su continua labor de zapa de los cimientos del tejido social, propugnando continuos recortes de nuestros salarios y condiciones laborales. Así como a las multinacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon, British American Tobacco o McGraw-Hill, que desvían beneficios a Luxemburgo para no tributar en España