Las críticas al [proyecto de] aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte de los sectores más reaccionarios del país, gobernador del Banco de España incluído, constituyen el más claro exponente de la ideología que sostiene las políticas socialmente depredadoras llevadas a cabo durante la última década.
Siguiendo la estela de las diatribas lanzadas por los líderes de los partidos de la derecha nacional contra la anunciada subida del salario mínimo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha criticado con dureza en una comparecencia en el Congreso dicha medida. El gobernador afirma que el alza del 22% costará un 0,8% del empleo: unos 150.000 puestos de trabajo. Sin aclarar las fuentes empleadas para el cálculo.
Por su parte, la Comisión Europea, al examinar el proyecto de presupuestos del Gobierno español, estima en 70.000 los empleos que dejarán de 'crearse' en dos años. En términos macroeconómicos, aunque calcula que, incluido el incremento del SMI, la masa salarial total crecerá alrededor del 0,35%, también opina que supondrá que dejen de crearse alrededor de 70.000 empleos en dos años.
Sin embargo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, atribuye las críticas a una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado definido por la oferta y demanda. Es "una especie de creencia religiosa y los estudios muestran que no es así", dice Stiglitz. Subir el salario mínimo tiene un impacto "insignificante o incluso positivo" sobre el empleo, según un centenar de estudios hechos en EE UU. "Allí, los datos son abrumadores. Y no se refieren a subidas del 22% como en España, sino incluso del 100%, como en Seattle".
En cualquier caso, frente a la subasta de cifras a la baja en la "creación de empleo"(*) que se traen estos burócratas en sus cálculos de salón, la pregunta que cabe hacer es: ¿De qué clase de empleos hablan estas gentes bien alimentadas? (a costa del contribuyente, por supuesto) ¿A qué llaman empleo?
Ante todo, estos altos dirigentes deben aclarar —mirando a los ojos a la ciudadanía— si ellos consideran que actividades laborales retribuidas con salarios por debajo del modesto nivel de 900 euros al mes merecen ser incluidos en la categoría de empleos. Entendiendo por tal, un trabajo cuya contraprestación salarial permita que una persona pueda vivir con dignidad.
Porque son los propios estándares europeos de cálculo de la pobreza los que indican que ingresos por debajo de esa cifra son sinónimos de pobreza y exclusión. En concreto, el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, que fue firmado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para un Empleo y Crecimiento Justo en Gotemburgo, Suecia), que vino a definir los "principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI"
El pilar se compone de 20 principios estructurados en tres capítulos relativos a
1) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, 2) condiciones de trabajo justas y 3) protección e inclusión social. Entre otros, se pueden citar los principios de igualdad de sexos; igualdad de oportunidades; empleo seguro y adaptable; salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno; asistencia y apoyo a los niños, especialmente en lo que se refiere a la protección contra la pobreza; protección social y laboral; vivienda y asistencia para las personas sin hogar; prestaciones de renta mínima y otros.
De cara a estos objetivos, la estrategia Europa 2020 utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or Social Exclusión) que, según los criterios establecidos por Eurostat, es aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones:
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).
- En situación de carencia material severa. Son los hogares con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. Los conceptos considerados son:
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
6) No puede permitirse disponer de un automóvil.
7) No puede permitirse disponer de teléfono.
8) No puede permitirse disponer de un televisor.
9) No puede permitirse disponer de una lavadora.
- En hogares sin empleo o con baja intensidad laboral. Son los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).
En El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión, realizado por EAPN, se muestran los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2017.
En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. En concreto, el indicador se ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales desde el año 2009 y en 2,8 puntos porcentuales desde el año 2008. En términos absolutos, en el año 2008 había unos 11 millones de personas en AROPE y en 2017 hay 12,4 millones.
Extremadura presenta la tasa de pobreza más alta del país. El 44,3% de los habitantes—casi 480.000— está en riesgo de exclusión social: viven con 710 euros mensuales, 25 puntos más que antes de la crisis. Tomando el criterio técnico de AROPE no tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como exclusión social. Muchos de estos extremeños trabajan, pero no pueden hacer frente a, al menos, cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo: mantener una temperatura de la casa adecuada, afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones una semana al año.
Según los indicadores utilizados por el Gobierno de España, entre 3,5 y 8 millones de personas estarían sufriendo alguna de las diferentes ramas que abarca la pobreza energética. Situación que se define como la que afecta a un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas energéticas debido a la incapacidad de pagar estos gastos. No solo es el hecho de no abonar los recibos, sino también pasar frío o calor por no poder utilizar ciertos aparatos eléctricos (es decir, no mantener una temperatura adecuada en el hogar) o medir los usos para poder pagar las facturas.
Por si faltase información al respecto, según datos recogidos en el informe sobre bienestar económico y material del Observatorio Social de La Caixa, entidad poco sospechosa de izquierdismo, se indica que la vulnerabilidad económica ya afecta a un 32,6% de la población española. Esto significa que la renta familiar de este porcentaje de personas no supera el 60% del ingreso mediano que recibe una familia estándar. En relación al riesgo de pobreza –aunque ha descendido desde 2016 dos puntos porcentuales– todavía un 8,8% de la población española sufre pobreza monetaria y material.
Ahora, burócratas y señorías congresistas, a la vista de esta sangrante realidad, atrévanse a mirar a los ojos a la ciudadanía española y seguir manteniendo la supersticiosa creencia de que un SMI de 900 euros supone una catástrofe para la economía.
La mayor catástrofe es la que lleva años afectando al seno de millones de hogares españoles precisamente por culpa de las políticas derivadas de la superstición que predica la austeridad económica.
PS: Recientemente, Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, ha mostrado su pleno apoyo a la subida del SMI en España:
"Cuando uno tiene un mínimo de unos pocos cientos de euros al mes y eso no asegura una vida digna estamos incurriendo en un riesgo de inestabilidad social", advierte Gurría al apoyar la subida de Salario Mínimo Interprofesional, dado que la OCDE apoyó esa misma decisión en Estados Unidos o Alemania. "A pesar de las alarmas, en Alemania no se han destruido empleos", puntualiza en referencia a los mensajes agoreros en ese sentido.
El máximo dirigente de la OCDE ha insistido en que lo que se ha aprendido de la "sabiduría convencional" es que el SMI deber ser un 50% o 60% del salario medio para que no genere desincentivos perversos para crear nuevos trabajos. Respecto a la subida del 22% anunciada por el Gobierno español, Gurría ha insistido en que es "un ajuste puntual" y que luego lo que hay que esforzarse es en vigilar que se mantenga la proporción antes mencionada.
__________
(*) No deja de ser curioso esto de la creación de empleo. Resulta que las casas se construyen, los coches y las galletas se fabrican y el trigo se cultiva. Sin embargo, el empleo se crea. Como si los patronos fueran poco menos que demiurgos.
Por su parte, la Comisión Europea, al examinar el proyecto de presupuestos del Gobierno español, estima en 70.000 los empleos que dejarán de 'crearse' en dos años. En términos macroeconómicos, aunque calcula que, incluido el incremento del SMI, la masa salarial total crecerá alrededor del 0,35%, también opina que supondrá que dejen de crearse alrededor de 70.000 empleos en dos años.
Sin embargo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, atribuye las críticas a una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado definido por la oferta y demanda. Es "una especie de creencia religiosa y los estudios muestran que no es así", dice Stiglitz. Subir el salario mínimo tiene un impacto "insignificante o incluso positivo" sobre el empleo, según un centenar de estudios hechos en EE UU. "Allí, los datos son abrumadores. Y no se refieren a subidas del 22% como en España, sino incluso del 100%, como en Seattle".
En cualquier caso, frente a la subasta de cifras a la baja en la "creación de empleo"(*) que se traen estos burócratas en sus cálculos de salón, la pregunta que cabe hacer es: ¿De qué clase de empleos hablan estas gentes bien alimentadas? (a costa del contribuyente, por supuesto) ¿A qué llaman empleo?
Ante todo, estos altos dirigentes deben aclarar —mirando a los ojos a la ciudadanía— si ellos consideran que actividades laborales retribuidas con salarios por debajo del modesto nivel de 900 euros al mes merecen ser incluidos en la categoría de empleos. Entendiendo por tal, un trabajo cuya contraprestación salarial permita que una persona pueda vivir con dignidad.
Porque son los propios estándares europeos de cálculo de la pobreza los que indican que ingresos por debajo de esa cifra son sinónimos de pobreza y exclusión. En concreto, el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, que fue firmado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para un Empleo y Crecimiento Justo en Gotemburgo, Suecia), que vino a definir los "principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI"
El pilar se compone de 20 principios estructurados en tres capítulos relativos a
1) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, 2) condiciones de trabajo justas y 3) protección e inclusión social. Entre otros, se pueden citar los principios de igualdad de sexos; igualdad de oportunidades; empleo seguro y adaptable; salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno; asistencia y apoyo a los niños, especialmente en lo que se refiere a la protección contra la pobreza; protección social y laboral; vivienda y asistencia para las personas sin hogar; prestaciones de renta mínima y otros.
De cara a estos objetivos, la estrategia Europa 2020 utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or Social Exclusión) que, según los criterios establecidos por Eurostat, es aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones:
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).
- En situación de carencia material severa. Son los hogares con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. Los conceptos considerados son:
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
6) No puede permitirse disponer de un automóvil.
7) No puede permitirse disponer de teléfono.
8) No puede permitirse disponer de un televisor.
9) No puede permitirse disponer de una lavadora.
- En hogares sin empleo o con baja intensidad laboral. Son los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).
En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. En concreto, el indicador se ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales desde el año 2009 y en 2,8 puntos porcentuales desde el año 2008. En términos absolutos, en el año 2008 había unos 11 millones de personas en AROPE y en 2017 hay 12,4 millones.
Extremadura presenta la tasa de pobreza más alta del país. El 44,3% de los habitantes—casi 480.000— está en riesgo de exclusión social: viven con 710 euros mensuales, 25 puntos más que antes de la crisis. Tomando el criterio técnico de AROPE no tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como exclusión social. Muchos de estos extremeños trabajan, pero no pueden hacer frente a, al menos, cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo: mantener una temperatura de la casa adecuada, afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones una semana al año.
Según los indicadores utilizados por el Gobierno de España, entre 3,5 y 8 millones de personas estarían sufriendo alguna de las diferentes ramas que abarca la pobreza energética. Situación que se define como la que afecta a un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas energéticas debido a la incapacidad de pagar estos gastos. No solo es el hecho de no abonar los recibos, sino también pasar frío o calor por no poder utilizar ciertos aparatos eléctricos (es decir, no mantener una temperatura adecuada en el hogar) o medir los usos para poder pagar las facturas.
Ahora, burócratas y señorías congresistas, a la vista de esta sangrante realidad, atrévanse a mirar a los ojos a la ciudadanía española y seguir manteniendo la supersticiosa creencia de que un SMI de 900 euros supone una catástrofe para la economía.
La mayor catástrofe es la que lleva años afectando al seno de millones de hogares españoles precisamente por culpa de las políticas derivadas de la superstición que predica la austeridad económica.
PS: Recientemente, Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, ha mostrado su pleno apoyo a la subida del SMI en España:
"Cuando uno tiene un mínimo de unos pocos cientos de euros al mes y eso no asegura una vida digna estamos incurriendo en un riesgo de inestabilidad social", advierte Gurría al apoyar la subida de Salario Mínimo Interprofesional, dado que la OCDE apoyó esa misma decisión en Estados Unidos o Alemania. "A pesar de las alarmas, en Alemania no se han destruido empleos", puntualiza en referencia a los mensajes agoreros en ese sentido.
El máximo dirigente de la OCDE ha insistido en que lo que se ha aprendido de la "sabiduría convencional" es que el SMI deber ser un 50% o 60% del salario medio para que no genere desincentivos perversos para crear nuevos trabajos. Respecto a la subida del 22% anunciada por el Gobierno español, Gurría ha insistido en que es "un ajuste puntual" y que luego lo que hay que esforzarse es en vigilar que se mantenga la proporción antes mencionada.
__________
(*) No deja de ser curioso esto de la creación de empleo. Resulta que las casas se construyen, los coches y las galletas se fabrican y el trigo se cultiva. Sin embargo, el empleo se crea. Como si los patronos fueran poco menos que demiurgos.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario