Piden reconocimiento jurídico de la figura del prejubilado

Jubique, asociación independiente de prejubilados y jubilados del sector financiero, reivindica el reconocimiento jurídico de la figura del prejubilado. Una situación a la que se ven abocados cientos de miles de trabajadores, que se viene produciendo en nuestro país desde hace más de veinte años y que no tiene visos de cambiar a corto plazo.

Jubique se define como "un grupo de hombres y mujeres, prejubilados y jubilados procedentes de entidades bancarias que sentimos la necesidad de luchar para defender nuestros derechos pasados, presentes y futuros." Consideran que las prejubilaciones en el sector financiero, son involuntarias. Y que las decenas de miles de prejubilaciones que se han producido en el sector, en los últimos 15 años, han sido consecuencia de una reestructuración de plantillas, decidida y aplicada por unas empresas con alto nivel de beneficios. Sin embargo, han sido objeto de un tratamiento diferente al recibido por los trabajadores expulsados del mercado de trabajo de empresas como Telefónica o RTVE, mucho más ventajoso.

Entre otros puntos de su plataforma reivindicativa, Jubique solicita que las rentas de los prejubilados en el sector tengan el tratamiento fiscal de indemnización por la pérdida del puesto de trabajo. Esto, que además de ajustarse a la realidad, ha sido reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es la norma que rige para una gran parte de los prejubilados de otros sectores.

Piden asimismo la eliminación de los abusivos coeficientes correctores a la jubilación anticipada que aplica la Seguridad Social, son claramente abusivos. Por tanto, reclaman la recuperación del porcentaje penalizado al cumplir los 65 años, si se han cotizado más de 35. En ese camino se podría comenzar aplicando la subida anual sobre la base reguladora, o la aplicación de la llamada penalización neutra.

Con carácter general, Jubique reivindica el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Así como equiparar las pensiones mínimas, tanto de viudedad como de jubilación, al salario mínimo interprofesional.

http://www.jubique.es

Acuerdos tabernarios: los tiempos están cambiando

Los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795 en la posada del Pelícano en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos. Hace una semana, los portavoces económicos de los dos grandes partidos gestores del capitalismo en España también se reunieron en una taberna. En esta ocasión, el motivo era salvar con dinero público a las cajas de ahorro. Esas que conceden créditos desorbitados para fichar a un futbolista, mientras se lo restringen a las familias y pequeñas empresas.

No todo lo que dicen los gobernantes es verdad, aunque hay una cuestión en la que no tienen necesidad de disimular demasiado: la avería en el sistema turbocapitalista está vaciando las arcas del Estado a velocidad de vértigo. Los gastos crecen y la recaudación disminuye.

Sobre todo, cuando ciertas decisiones de gasto se toman con gran rapidez. Y no me refiero al denominado ‘gasto social’. Un gasto que no se pierde por un sumidero, ya que tanto los jubilados o los desempleados que reciben pensiones y subsidios acuden de inmediato al mercado con ese dinero a comprar como mínimo alimentos, energía y servicios de transporte. Las principales partidas que vacían las arcas del Erario público son las ayudas a los causantes de la crisis: las sucursales locales del gran conglomerado internacional donde se dan cita la irresponsabilidad y la delincuencia financiera.

Tras las ayudas concecidas al sector bancario en el otoño pasado, cifradas en un 15% del PIB (atentos los críticos con el déficit público) ahora toca apuntalar a las cajas de ahorro. Un sistema parabancario intervenido por las administraciones autonómicas, y que funciona tan mal como la banca privada. Socialistas y populares pueden andar a la greña cuando se trata de disputarse los votos, pero si algo les une en una empresa común es en la salvación de la banca. Tan evidente es el acuerdo, que para cerrarlo no necesitan de encendidos debates parlamentarios para cerrarlo. Les basta una charla en torno a unas copas.

Hace una semana los diputados Octavio Granados y Cristóbal Montoro, portavoces económicos del PSOE y el PP, se reunieron en una taberna de Madrid para tomar la decisión de acudir con fondos públicos al rescate del desastre producido por los gestores de las cajas. Una ayuda inicial de noventa mil millones de euros y lo que te rondaré morena.

Algunos comentaristas se han rasgado las vestiduras ante el hecho de que el acuerdo haya sido tomado en sede tabernaria. Pero el lugar sería lo de menos si la dicha fuera buena. A ningún pensionista o desempleado sometido a mínimos le importaría demasiado que los representantes de los dos grandes partidos gestores del capitalismo se tomaran juntos unas copas para brindar por la mejora de la protección social.

En un episodio crucial en la historia de la protección social, los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795, época de gran escasez, en la Pelikan Inn, en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario conceder subsidios complementarios de acuerdo con un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era también necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos independientemente de sus ganancias.

A pesar de que comúnmente se la denomina «ley», el baremo de Speenhamland nunca fue sometido a votación parlamentaria. Se trataba de una medida de urgencia desde la perspectiva de la época y su instauración no tuvo carácter oficial. Sin embargo se convirtió con gran celeridad en una norma aplicada en la mayor parte de las comarcas y distritos manufactureros del país. “En realidad, la innovación social y económica que esta medida suponía era nada menos que el derecho a vivir”, afirma Karl Polanyi, que ha estudiado con especial detenimiento este período en La gran transformación, obra de obligada consulta para entender la génesis del capitalismo. Textualmente la famosa recomendación de los magistrados decía:

Cuando la hogaza de un galón de pan de una determinada calidad cueste un chelín, entonces cada pobre y persona industriosa tendrá para su sustento tres chelines por semana, concedidos bien en razón de su trabajo o del de su familia, bien como subsidio extraído del impuesto para los pobres, y para el sustento de su mujer y de cada miembro de su familia un chelín y seis peniques; cuando la hogaza de un galón cueste un chelín y seis peniques, entonces recibirá el indigente cuatro chelines por semana más un chelín y diez peniques; por cada penique en que se incremente el precio del pan por encima de un chelín, recibirá tres peniques para él y uno para el resto de su familia.

"Los tiempos están cambiando", cantaba Dylan. Para mal están cambiando hoy, cuando lo prioritario ya no es socorrer a los pobres, sino a los banqueros y parabanqueros que dicen no tener liquidez para dar crédito a las familias y pequeñas empresas, pero no dudan en favorecer los grandes tinglados. Caja Madrid acaba de conceder al Real Madrid un crédito de 94 millones de euros para fichar al jugador Cristiano Ronaldo.

Y a todo esto, el PP anuncia que ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras para repartirse el control de Cajamadrid, cuyo futuro presidente será designado por Mariano Rajoy en persona. Liberalismo puro.

La crisis global agravará el problema del trabajo infantil

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte de que la actual crisis económica global agravará el problema del trabajo infantil en el mundo, ya que muchas familias se quedarán sin empleo y deberán acudir a sus hijos como fuente de ingresos.

En 1840, el médico francés Louis-René Villermé, en su Tableaux de l'état physique et moral des salariés en France, denunció las terribles condiciones del trabajo de los niños en las hilaturas de algodón.

Permanecen dieciseis a diecisiete horas cada día, de las cuales trece al menos en una pieza cerrada, sin cambiar de lugar ni postura. No es un trabajo, una tarea, sino una tortura, y se la inflige a los niños de seis a ocho años, mal alimentados, mal vestidos, obligados a recorrer desde las cinco de la mañana la larga distancia que los separa de los talleres, a la que se añade de noche la vuelta de los talleres. ¿Cómo estos infortunados, que apenas pueden disfrutar de algunos instantes de sueño, podrían resistir tanta miseria y fatiga?

Poco después, la Asamblea Francesa comenzó a debatir una ley para reducir la jornada de trabajo de los menores de 8 años, el conocido físico Louis Joseph Gay-Lussac intervino en la polémica afirmando: "Debemos ver en el fabricante un útil y venerable ciudadano que provee las necesidades de la sociedad asegurando trabajo a la clase obrera, comportándose en esto como un verdadero padre de familia […] No existe nada más vejatorio para un honrado fabricante, ocupado en su penosa tarea, que el ver que a cada instante está bajo el yugo de una inspección […] esto es una violación de domicilio, una practica inquisitorial […]. Hacer al fabricante responsable de la salud del niño, e imponerle, con ese pretexto sacrificios de todo género, es ir demasiado lejos".

Venciendo la resistencia liberal a todo tipo de inspección o regulación del trabajo, se han ido estableciendo sucesivos convenios prohibiendo el trabajo infantil. Pese a lo cual, en la actualidad trabajan en el mundo 218 millones de niños, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) De ellos, 126 millones —uno de de cada doce— lo hacen expuestos a las peores formas de trabajo infantil.

El pasado 10 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Con ese motivo, la oficina de la OIT en España organizó una rueda de prensa en la que Juan Felipe Hunt, director de la oficina, afirmó que los efectos de la actual crisis global seguramente se sigan sufriendo aún durante seis a ocho años "incluso a partir de que las cifras económicas empiecen a recuperarse". Una situación así, agregó Hunt, "repercute en el trabajo formal, ya que multitud de personas se están quedando sin empleo", pero también en el trabajo informal, "porque no hay actividad económica".

Castigar a los banqueros, no a los trabajadores

En plena época de bonanza de los negocios, cuando nadie preveía la actual crisis, el economista canadiense John Kenneth Galbraith ya propuso que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores. Un lema que la ciudadanía debería tener en cuenta a la hora de juzgar a sus dirigentes.

Los editores del The Times Higher Education Supplement tuvieron la idea de reunir en un volumen publicado el año 2000 a treinta “grandes figuras” de distintas ramas de la ciencia y el pensamiento para pronosticar el futuro. Pidieron a una serie de conspicuos sabios que, de cara al inicio del siglo XXI, expusieran brevemente “el anticipo o deseo que juzgaran, en cada caso, más relevante para el campo de su trabajo intelectual durante los 100 próximos años’. De todos ellos, el economista canadiense John Kenneth Galbraith, hoy fallecido, y el filósofo español Fernando Savater coincidieron en preferir las propuestas a las predicciones a la hora de hablar sobre el futuro inmediato. El economista aconseja a sus colegas “castigar a los banqueros y no a los trabajadores”, y el filósofo propone una renta básica para todos los ciudadanos, ya que “vivir da trabajo”.

Con el título Castigar a los banqueros, no a los trabajadores, el canadiense empieza diciendo que “la brecha en las rentas debe ser reducida, mejorando las condiciones de los más desfavorecidos” porque “no hay nada que niegue tanto el disfrute de la vida y, en realidad, de la libertad misma que una falta total de dinero”. Considera que los países ricos “pueden garantizar perfectamente una renta a quienes no la tienen. Si algunos no trabajan, que así sea. Se sabe que también los ricos ocasionalmente prefieren el ocio”. Respecto a los países pobres entiende que: “en el futuro deberá existir algún procedimiento por el cual unas fortalecidas Naciones Unidas suspendan la soberanía en países cuyos gobiernos estén destruyendo a sus súbditos”:

El capitalismo sigue tendiendo a la inestabilidad debido a sus errores sistemáticos, como ha sido evidente en los últimos tiempos en Asia, América latina, en Rusia y, potencialmente, cuando estalle la burbuja de Wall Street en Estados Unidos. Pero nuestros remedios presentes rescatan a los banqueros y empresarios que fueron los más propensos a la insania que causó todo, y prescriben restricciones a la ayuda de quienes más padecen el desastre. […] Tal es la oratoria del Fondo Monetario Internacional, que salva a los banqueros y ejecutivos responsables de la crisis y urge la restricción presupuestaria a expensas de los trabajadores y el público en general.

Por su parte, Fernando Savater, bajo la rúbrica Reforzar la ciudadanía, define al ciudadano como “el miembro consciente y activo de una sociedad democrática: aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos, por lo que no renuncia a su intervención en la gestión política de la comunidad que le concierne ni delega automáticamente todas las obligaciones que ésta impone en manos de los especialistas en dirigir”. Ahora bien, esa ciudadanía no es posible ejercerla sin medios económicos para ello.

En la sociedad tecnológicamente hiperdesarrollada en que hoy vivimos, donde los instrumentos automáticos han sustituido ventajosamente a tantos puestos de trabajo, vivimos presos de un círculo infernal entre el liberalismo que aboga por una desregulación cada vez mayor de la legislación laboral (aumentando el nivel de pobreza y excluyendo a una creciente cantidad de individuos de la protección social) y la socialdemocracia, que sólo acierta a promover leyes que frenan la iniciativa propia o la elección de trabajos a tiempo parcial. Ya es momento de pensar en una renta básica para todos los ciudadanos, entendida no como un subsidio a los necesitados sino como un derecho democrático general. Tal ingreso debería garantizar la subsistencia mínima de las personas, con lo que el trabajo se convertiría en una opción libre, o temporal, y se potenciaría la práctica de actividades humanitarias o creativas que el mercado actualmente no recompensa, para no mencionar cómo facilitaría la negociación equitativa de las condiciones laborales entre patrones y empleados.

Savater ya había declarado su postura favorable al ingreso garantizado. En 1996 escribía: “El Estado de bienestar es algo a superar, sin duda, pero, para ir aún más allá: garantizando una asignación económica básica a todos los ciudadanos, independientemente de sus ejercicios productivos. ¿Primas a la vagancia o a la imprevisión, como creen la señora Thatcher y compañía? Pues muy bien: en un mundo en el que la automatización industrial y los límites ecológicos del desarrollo exigen plantearse la obligación laboral plenaria y universal, subvencionar el derecho a la pereza puede ser una forma de cordura política”.

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PS: Al pelo viene la información que me envía un lector sobre las declaraciones de un banquero que admitía que la banca “toma el pelo al Estado”: “Estamos lanzando emisiones con aval del Tesoro, pero en vez de colocarlas a inversores extranjeros, que es de lo que se trataba, nos las estamos comprando unos a otros y vendiendo deuda pública. Nos renta más tener bonos de la rural Cajamar al 3% con aval del Tesoro que un bono del Estado a tres años, que te da el 2%. Pero lo mejor es que luego vamos con estas emisiones al Banco Central Europeo que, claro, te las acepta como garantía al ver detrás al Estado y te prestan al 1,5% y menos con buen margen de rentabilidad”.

El PSOE lo tiene fácil

Si el PSOE quiere remontar en las urnas el varapalo que acaba de sufrir en ellas, lo tiene fácil: es hora de atender ya, no con discursos, sino con hechos tangibles a sus votantes naturales. ¿Es que la izquierda, que suele declararse laica, tiene la obligación de votar sólo con la mano puesta en el lado del corazón, por fidelidad ideológica? ¿Acaso los asalariados, los desempleados, los pensionistas más humildes, no tienen derecho a votar también con la mano puesta en el lado de la cartera?

Interpretaciones edulcoradas aparte, la realidad es que el PSOE ha perdido los comicios al Parlamento europeo celebrados en nuestro país. Quien analice los resultados electorales con cierto rigor podría objetar que ganar o perder con el 40% de los votos del 30% del censo electoral es cosa de poca sustancia. Igual que esos productos alimenticios que anuncian con grandes letras "elaborado con aceite de oliva" y cuando se mira la letra pequeña resulta que, si bien no mienten, pues aceite de oliva hay en el producto, su proporción es sólo del 1% del contenido total en lípidos. La definición de democracia no se ajusta a una fórmula química, sino a una serie de conveniencias y tramoyas teatrales. De la misma manera que en el juego de naipes una simple sota de bastos decide quién gana en el recuento final, en las elecciones un punto de diferencia señala quien gana y quien pierde la confrontación.

En esta ocasión, el PSOE ha perdido, y todos los comentaristas y editoriales de prensa coinciden en que se trata de un serio aviso al gobierno de Rodríguez Zapatero. Por su parte, los socialistas, incluido Zapatero, achacan su derrota electoral a la crisis económica.

A la forma de gestionar la crisis económica, querrán decir. Es posible que una parte del electorado que vota socialista se haya visto defraudado por las maniobras de distracción frente a la crisis practicadas por Zapatero y hayan querido abstenerse como forma de censura. Pero hay, sin duda, otra parte significativa del voto socialista que tiene perfecto derecho a sentirse defraudado por la gestión de la crisis en materia social.

Zapatero se ha mantenido firme frente al discurso de la derecha fáctica: abaratamiento del despido, recorte de subsidios a los desempleados y congelación de las pensiones. Pero esa firmeza discursiva no ha ido pareja con el desarrollo de la protección social. Que, según los datos oficiales, sigue estando por debajo de los niveles europeos.

¡Qué gran oportunidad ha perdido el PSOE en unas elecciones europeas para haber anunciado medidas de convergencia europea en materia social! Tales como incrementos sustanciales de las pensiones mínimas, subsidios por desempleo y Salario Mínimo Interprofesional. Tres rúbricas en las que España se encuentra por debajo de la media UE-15.

Hay que reconocer al gobierno de Zapatero que ha cumplido su promesa de elevar las pensiones mínimas un 26% durante su primer mandato. No obstante, al tratarse de un incremento fijo sobre la base del 2004, la ganancia real de poder adquisitivo se queda en la mitad una vez descontada la inflación acumulada del período.

Rodríguez Zapatero ha puesto gran énfasis en cuidar el concepto de "igualdad", hasta el punto de haber creado un Ministerio ad hoc. Pero hasta ahora, esa preocupación sólo atañe a las cuestiones llamadas ‘de género'. Sin abordar para nada, o muy poco, la igualdad real de todas las personas, sin distinción de género, clase o nacimiento. Una igualdad que hay que equilibrar tomando medidas para superar esa pobreza estructural que afecta en España a 8.500.000 personas de uno y otro sexo.

Gobernar no es fácil, por supuesto. Y mucho menos cuando lo que se gobierna es la nave del Estado capitalista. En aras del realismo, un gobierno se verá obligado a efectuar múltiples transacciones con la banca, la patronal y los grandes propietarios. En ese sentido, el PSOE ha cumplido con creces su ‘obligación' de facilitar estabilidad, con sumas millonarias del dinero de todos, al mundo de los negocios para evitar que se convierta en elementos desestabilizadores del gobierno. A cambio de no desestabilizar, los grandes propietarios exigen su tributo (en forma de reducción de tributos al Fisco). No votan al PSOE, e incluso su número (dicen que unas 1.500 familias) es comparativamente muy pequeño para tener peso en las urnas.

Si el PSOE quiere remontar en las urnas el varapalo que acaba de sufrir en ellas, lo tiene fácil: es hora de atender ya, no con discursos, sino con hechos tangibles, a sus votantes "naturales". (En las elecciones de 2000, el PP consiguió una mayoría absoluta con casi los mismos votos con los que perdió en 2008. Más de dos millones de votantes de izquierda se quedaron en casa).

¿Es que la izquierda, que suele declararse laica, tiene la obligación de votar sólo por fidelidad ideológica con la mano puesta en el lado del corazón? ¿Acaso los asalariados, los desempleados, los precarios, los pensionistas, no tienen derecho a votar también con la mano puesta en el lado de la cartera?

El PSOE debería tomar medidas para incrementar las pensiones mínimas hasta igualarlas al SMI, y un incremento de éste, hasta igualarlo a lo previsto por la Carta Social Europea: el 60% del ingreso medio del país. Hablando en números redondos: ningún español con un ingreso inferior a 1.000 euros mensuales. Y de ahí para arriba, según méritos de cada cual.

Medidas, por supuesto, a tomar aquí y ahora por el Gobierno. Unilateralmente como corresponde a su libertad de acción. Pues, para reducir las prestaciones, ya están los pactos toledanos.

Los jubilados españoles rozan el riesgo de pobreza

El indicador de pobreza, tal y como lo mide la Unión Europea, alcanza en España al 20% de la población, pero entre los jubilados llega al 31%, lo que sitúa al país en el peor nivel. Sólo Chipre registra en la UE una situación más desigual

"Si este riesgo de pobreza entre los mayores se utilizase como indicador de la eficacia del sistema de pensiones, habría que decir que el español es de los más ineficaces", se lee en la última Encuesta sobre personas mayores, 2008, que ayer presentó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. Pero el Gobierno destacó el incremento que han experimentado las pensiones mínimas en los últimos años. Se calcula que a finales de 2009 se llegará a más de 8,5 millones de pensiones contributivas, un millón más desde hace una década.

Los mayores españoles tienen poca asistencia. Y es que España gasta menos en protección social (un 20,8% del PIB, frente al 27,2% de la media europea), protección a la vejez (7,9% del PIB frente al 10,9% de la media de la UE) y en pensiones (8,9% frente al 12,2% de la media europea) que la media de la Unión Europea.

Pobres por Real Decreto, decíamos ayer...

Pobres por Real Decreto

La pobreza no es el resultado de un designio de la Naturaleza, sino una opción social. Eso es algo que se puede comprobar a través de los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Gobierno asigna partidas presupuestarias para sufragar los gastos de una determinada institución de carácter público está eligiendo una opción entre otras alternativas posibles. Mantener el ejército y las fuerzas armadas de Orden Público, asegurar el salario vitalicio a los funcionarios en activo y a los jubilados de todas las ramas laborales, mantener los servicios públicos de salud, educación, etc. son opciones políticas.

Como también es una opción política permitir que las grandes fortunas no tributen al Fisco con la debida proporcionalidad. Por ello, una cosa debe quedar meridianamente clara: si en este país hay 8,5 millones de pobres la culpa no es de un cataclismo natural ni tampoco se puede atribuir a la escasez de recursos económicos. La responsabilidad de esa catástrofe humanitaria recae tanto en el Gobierno como en el electorado que lo respalda.

Lo cierto es que gran parte de los pobres españoles lo son por depender de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. Legalmente, la acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se decide la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por Su Majestad el Rey de todos los españoles. Por cierto, sufragar a través de los Presupuestos nacionales la lujosa vida que se pegan tanto el Rey como su augusta y extensa parentela es también es una opción política. En una república, mantener al presidente también resulta costoso, pero por lo menos los contribuyentes se ahorran mantener al heredero de la Corona.

En la última década del siglo XX, España entró en un ciclo largo de bonanza económica. Durante sus ocho años de mandato (1996-2004) el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar se limitó a actualizar las pensiones mínimas conforme al incremento del Índice del Coste de la Vida (ICV) al que la ley obliga. Es decir que, como se partía de cuantías muy bajas, la pobreza de millones de ancianos se mantuvo constante en términos de inflación.

Tras permanecer ocho años en la oposición, los socialistas liderados por José Luis Rodríguez Zapatero volvieron al gobierno en 2004, revalidando la victoria en las urnas en 2008. La socialdemocracia lo tiene hoy difícil para sustanciar una política social que la diferencie de la derecha más dura sin cuestionar los dogmas del modelo económico neoliberal. Pero las necesidades del guión obligan a efectuar algunos guiños de tipo social. Comenzando por las pensiones mínimas, que es justo reconocer que han sido revisadas, pero en cuantías todavía insuficientes.

Así, el importe de la pensión mínima de carácter contributivo para una persona jubilada con 65 años —que era de 411,76 euros en 2004— se ha incrementado hasta los 546,55 euros mensuales en 2009. Una cuantía inferior al umbral de pobreza señalado por la ECV, que resulta insuficiente para desenvolverse en un entorno de precios muy elevados en los productos y servicios básicos. Pero por debajo de esa línea, hay pensiones todavía más bajas, es decir, misérrimas. Por ejempo, las derivadas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), creado en 1947 para sustituir al antiguo Retiro Obrero: 368,33 euros mensuales en 2009.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de las ayudas sociales, que en estos momentos de crisis resultan cruciales para evitar el naufragio social de aquellas personas que han perdido su empleo y agotado las prestaciones del seguro por desempleo. Estas ayudas no son homogéneas ni en las cuantías ni en los criterios con que se conceden. Son auténticas rentas de indigencia, concedidas sólo tras rigurosos y a veces humillantes expedientes de inspección de las circunstancias personales del solicitante.

La tabla siguiente no es de las prestaciones sociales, sino de los salarios de los máximos responsables políticos responsables de mantener en estado de indigencia a miles de ciudadanos que habitan en los territorios del Reino de España.

Presidencias de Comunidades Autónomas (salario anual)

1. José Montilla - Cataluña, 164.043,54 euros
2. Juan J. Ibarretxe – País Vasco, 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre – Madrid, 98.700 euros
4. Marcelino Iglesias – Aragón, 87.000 euros
5. Emilio Pérez Touriño – Galicia, 83.374 euros
6. Paulino Rivero Baute – Canarias, 79.963 euros
7. Manuel Mª Chaves – Andalucía, 78.791,00 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León, 78.791 euros
9. J Mª Barreda - Castilla - La Mancha, 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel – Murcia, 78.791,00 euros
11. Miguel Sanz Sesma – Navarra, 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana, 77.988,24 euros
13. Francesc Antich – Baleares, 70.657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla – Cantabria, 68.666 euros
15. Vicente Álvarez-Areces – Asturias, 68.002 euros
16. Pedro María Sanz – La Rioja, 63.376,32 euros
17. Guillermo Fdez Vara - Extremadura, 54.244 euros

Ver nómina política in extenso en el blog: Duendes a tirico de las noches