Una novedad conceptual que nos ha traído la actual crisis económica es que los políticos han abandonado el hábito de calificar como vagos a los desempleados.
El Partido Socialista Obrero Español ha aprendido que mantener un discurso político abiertamente neoliberal no le reporta buenos resultados electorales. Y el Partido Popular, aunque ese discurso forma parte de su ideario, no se atreve a confesarlo abiertamente. Así, los cuatro millones de parados generados por la economía española son utilizados como ariete argumental contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero cuidándose muy bien, unos y otros, de adjudicarles el calificativo de holgazanes.
Sin embargo, la acusación a los parados de ser alegres vividores a cuenta del subsidio estatatal ha sido, en nuestra historia reciente, uno de los argumentos predilectos de los gobernantes para recortar las prestaciones por desempleo. Durante la campaña electoral de la primavera de 1993, el candidato socialista Felipe González realizó unas declaraciones en las que minimizaba el alcance del paro en España, afirmando textualmente que “hay españoles que pueden trabajar y no quieren” (El País, 10.05.93). En 2002, José María Aznar sostenía que: «Lo que no puede ser es que haya gente que no quiera trabajar y los demás les tengamos que pagar». (El País, 27.05.02).
En una época en que está demostrado que el desempleo estructural es parte indisoluble del sistema de producción capitalista, tanto Aznar como González asumieron ese discurso moralmente abyecto del neoliberalismo que culpa del paro a los propios parados. En su condición de presidentes del Gobierno de España, ambos dictaron sendos decretazos para reducir las prestaciones por desempleo del sistema de protección social. A saber:
Real Decreto-Ley 1/1992, dictado por el gobierno de Felipe González. Modificó, sobre todo, los períodos de cotización necesarios para tener derecho a cobrar la prestación por desempleo y redujo la duración de la misma. Esto se tradujo en una considerable reducción del número de personas que quedaron en una situación desprotegida.
Real Decreto-Ley 5/2002, dictado por el gobierno de José María Aznar en un acto autoritario de respuesta a la huelga general convocada por los sindicatos contra la intención gubernamental de introducir drásticos recortes en la protección al desempleo. El decreto abarató el despido, eliminando el pago del salario de tramitación, supuso la desaparición del PER o subsidio agrario y autorizó al INEM a denegar la prestación a la persona en paro que no aceptase un “empleo adecuado” en los precarios términos fijados en el decreto.
Sin embargo, la acusación a los parados de ser alegres vividores a cuenta del subsidio estatatal ha sido, en nuestra historia reciente, uno de los argumentos predilectos de los gobernantes para recortar las prestaciones por desempleo. Durante la campaña electoral de la primavera de 1993, el candidato socialista Felipe González realizó unas declaraciones en las que minimizaba el alcance del paro en España, afirmando textualmente que “hay españoles que pueden trabajar y no quieren” (El País, 10.05.93). En 2002, José María Aznar sostenía que: «Lo que no puede ser es que haya gente que no quiera trabajar y los demás les tengamos que pagar». (El País, 27.05.02).
En una época en que está demostrado que el desempleo estructural es parte indisoluble del sistema de producción capitalista, tanto Aznar como González asumieron ese discurso moralmente abyecto del neoliberalismo que culpa del paro a los propios parados. En su condición de presidentes del Gobierno de España, ambos dictaron sendos decretazos para reducir las prestaciones por desempleo del sistema de protección social. A saber:
Real Decreto-Ley 1/1992, dictado por el gobierno de Felipe González. Modificó, sobre todo, los períodos de cotización necesarios para tener derecho a cobrar la prestación por desempleo y redujo la duración de la misma. Esto se tradujo en una considerable reducción del número de personas que quedaron en una situación desprotegida.
Real Decreto-Ley 5/2002, dictado por el gobierno de José María Aznar en un acto autoritario de respuesta a la huelga general convocada por los sindicatos contra la intención gubernamental de introducir drásticos recortes en la protección al desempleo. El decreto abarató el despido, eliminando el pago del salario de tramitación, supuso la desaparición del PER o subsidio agrario y autorizó al INEM a denegar la prestación a la persona en paro que no aceptase un “empleo adecuado” en los precarios términos fijados en el decreto.
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Más claro agua.
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