25-S: La exigible dimisión del ministro de Interior

¿Es la crisis económica la causa que impide tener en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? El auto de un juez de la Audiencia Nacional acaba de desmontar toda la argumentación gubernamental justificando la vergonzosa actuación policial el 25-S. Alguien debería dimitir. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos. 

Cierta dosis de moderación en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión contiene el deseo de titular este artículo con el eslogan esto nos pasa con un gobierno facha. Consigna habitual en las manifestaciones y que, por desgracia, resulta cada vez más verosímil.

Es un hecho innegable que la actuación de la policía antidisturbios en la represión de la convocatoria del 25-S fue excesiva, vejatoria con los detenidos y absolutamente desproporcionada.  En otros tiempos hubiera tenido cabida la duda, pero la proliferación de dispositivos de grabación de gran consumo puestos en manos del público actúa como testigo de cargo. Todas las brutalidades policiales han quedado grabadas.

Sólo desde el más absoluto cinismo pudo el Gobierno de Partido Popular calificar como "perfecta" la indecente actuación policial. El ministro del Interior, Fernández Díaz, dijo que la policía actuó "espléndidamente" y con "extraordinaria profesionalidad".  

¿Perfecta? Según la Delegación del Gobierno en Madrid el número de participantes fue escaso, alrededor de 6.000, frente al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por más de 1.500 agentes. Si con una relación de 1 policía por cada 4 manifestantes es necesario efectuar cargas policiales con un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, la ratio de eficacia es manifiestamente mejorable. 

¿Espléndida? Una banda de policías descontrolados de la escuela de Romero el madero entró en la estación de Atocha disparando salvas y vejando a los viajeros? Más que policías, se comportaron como auténticos skinheads.

Reconozcamos que las Unidades Antidisturbios cumplen un papel integrador al ofrecer empleo a un sector de la población cuyo bajo cociente intelectual le impide acceder a un trabajo que requiera aplicar un mínimo de inteligencia. Aquí sólo se trata de repartir leña y punto, según un sindicato policial. Un trabajo para el cual hace falta escasa cualificación profesional. 

¿Es la crisis económica la causa que impide que haya en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? ¿O tenemos un Gobierno cuya ideología se aproxima peligrosamente a lo que dice el eslogan?

¿Profesional? ¿Tampoco hay dinero para comprar uniformes a fin de que todos los agentes vayan uniformados como es debido en vez de cubrirse con capuchas como vulgares malhechores? Esta escena sería patética si no fuera porque es real y prueba cómo actúa la policía a las órdenes del Gobierno de Rajoy. Al menos, habrá que reconocerle a Alfredo Rubalcaba que, mientras estuvo al frente de Interior, no permitió a la policía embestir(*) contra las acampadas del 15-M.


La infiltración de agentes de policía camuflados que incitan a los manifestantes a cometer desmanes es una vieja estrategia, practicada por los gobiernos de escasa sensibilidad democrática, para romper las manifestaciones de protesta o desprestigiar el sentido de las mismas.


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tiene más pose que enjundia —va de progre aunque es más de derechas que el palo de la bandera, y de sabelotodo en cuestiones de derecho— dijo que hubo una "perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones que lo que hicieron fue ejercer una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, la convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ha dado carpetazo al caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Para llegar a esta conclusión, el juez Pedraz no ha tenido que echar mano de profundos conocimientos de ciencia jurídica. Se ha limitado a señalar hechos que han estado a la vista de todo el mundo con total nitidez:

El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad".

El juez cuenta cómo recibió un informe de la Brigada Provincial de Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado 25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.

Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Mantiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. El auto recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria".

La denuncia, pues, no tenía el menor fundamento. Ahora,  ¿quién indemnizará a las personas detenidas injusta e injustificadamente y fueron vejadas con aires chulescos en comisaría? ¿O a quienes sufrieron en sus carnes los efectos de la antidemocrática leña que atizan los maderos? ¿Serán todos ellos amparados por el Defensor del Pueblo?

Como primera medida de higiene, algún responsable gubernamental debería dimitir por haber consentido todos estos desmanes policiales. Por ejemplo, el ministro de Interior. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos.

Consultar aquí el Auto de archivo de la denuncia policial contra los organizadores del 25-S.
 

(*) embestir. El DRAE arroja dudas sobre la etimología del término al indicar: Quizá del it. investire, acometer. ¿Podría derivar de bestia?