No hay mal que cien años dure. Las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los últimos Gobiernos nacionales y regionales, que han deteriorado gravemente las condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad española, empiezan a ser derrotadas por la acción civil.
Lo hemos visto en Gamonal, y lo acabamos de ver en la Comunidad de Madrid, donde la presión de las mareas blancas ha obligado al Gobierno regional a dar marcha atrás en su siniestro intento privatizador de la sanidad pública.
Esta tarde, el presidente (no electo) de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que dejaba sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región: Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo). O sea, la privatización de hecho de instalaciones pagadas por los impuestos de los contribuyentes madrileños.
Según ha reconocido González, la marcha atrás en la privatización sanitaria tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la medida. Esto supone una victoria de la marea blanca, que se opuso con firmeza a la privatización de un servicio público tan sensible como el de la sanidad, a través de continuas movilizaciones impulsadas por trabajadores y médicos del sector. Movilizaciones que contaron con el apoyo de una gran mayoría social que contribuyó a mantener la tensión. Pero no sólo de las protestas vive la acción civil, y éstas fueron inteligentemente acompañadas de una serie de recursos presentados ante los tribunales, que son los que, a la postre, han paralizado el proyecto de vampirización de la sanidad madrileña.
Proyecto promovido por la anterior presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que fue lo suficientemente lista para escurrir el bulto, pretextando problemas de salud. Dejando al frente de la ofensiva a su ayudante González, otro antisistema, para que fuera el encargado de comerse el marrón en caso de que las cosas se truncasen. Éste, para protegerse a su vez, acaba de sacrificar uno de sus caballos: el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, hombre de confianza de Aguirre y de FAES, que se ha visto obligado a presentar su dimisión.
Esta tarde, el presidente (no electo) de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que dejaba sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región: Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo). O sea, la privatización de hecho de instalaciones pagadas por los impuestos de los contribuyentes madrileños.
Según ha reconocido González, la marcha atrás en la privatización sanitaria tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la medida. Esto supone una victoria de la marea blanca, que se opuso con firmeza a la privatización de un servicio público tan sensible como el de la sanidad, a través de continuas movilizaciones impulsadas por trabajadores y médicos del sector. Movilizaciones que contaron con el apoyo de una gran mayoría social que contribuyó a mantener la tensión. Pero no sólo de las protestas vive la acción civil, y éstas fueron inteligentemente acompañadas de una serie de recursos presentados ante los tribunales, que son los que, a la postre, han paralizado el proyecto de vampirización de la sanidad madrileña.
Proyecto promovido por la anterior presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que fue lo suficientemente lista para escurrir el bulto, pretextando problemas de salud. Dejando al frente de la ofensiva a su ayudante González, otro antisistema, para que fuera el encargado de comerse el marrón en caso de que las cosas se truncasen. Éste, para protegerse a su vez, acaba de sacrificar uno de sus caballos: el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, hombre de confianza de Aguirre y de FAES, que se ha visto obligado a presentar su dimisión.
La ciudadanía tiene que tomar buena nota de estos hechos y aprender que sí se puede obligar a los gobernantes a cambiar el rumbo de sus políticas. No es fácil, cuesta dedicación, esfuerzo y constancia. Y como recuerda la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad, la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales madrileños no debe llevarnos a un exceso de confianza. En efecto, el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño a la calidad de la sanidad pública en la región. Y a nivel estatal, se han introducido medidas de copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas y se siguen privatizando centros sanitarios.
En Madrid, una parte importantísima de la privatización ya se ha llevado a cabo durante los últimos meses: limpieza, lavandería, banco de sangre, etc.. Y se mantienen abiertos los tres hospitales 100% privados: Valdemoro, Torrejón y Móstoles, además del de Villalba; se ha entregado la salud de más de 400.000 madrileños y los ambulatorios públicos de Pontones y Quintana a la Fundación "privada" Jiménez Díaz; las pruebas analíticas de más de 1 millón de madrileños se realizan en el laboratorio privado de S. Sebastián de los Reyes; el Call Center sigue derivando los procesos rentables a la privada mientras se infrautilizan y desmontan los hospitales públicos.
La lucha, pues, debe continuar. El poder se encuentra ahora mismo en manos de esa mala gente que va apestando la tierra. El próximo gran paso debería darse en la dirección de frenar el desmantelamiento de otro de los grandes pilares del Estado del Bienestar: las pensiones públicas.
De no ser la Sanidad Pública ¿quién atendería a un pensionista al que la iniciativa privada no proporciona cobertura ni siquiera pagando?
_____________ Ejemplo de sanidad privada____________
No podrán contratarla las personas mayores de 65 años
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