Partido Popular y Ciudadanos votan en el Congreso en contra de la Iniciativa Legislativa Popular destinada a garantizar una renta mínima a las personas sin recursos. Iniciativa con unas leves gotas de sangre jacobina al plantearla como un derecho subjetivo de toda persona a percibir esa renta que habrá de ser financiada por los presupuestos generales del Estado.
Tras una década de rotundos fracasos al pretender reducir la pobreza con esa consigna viejuna de "más y mejor empleo", los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han presentado en el Parlamento la propuesta de crear una renta mínima garantizada para personas sin recursos. Que no tiene nada que ver con el concepto de la Renta Básica Universal (RBU).
Demasiado débiles para agrupar a una fuerza de 700.000 afiliados dispuestos a plantar cara a los recortes sociales, los sindicatos han conseguido, al menos, reunir 700.000 firmas –el activismo de firma le sale gratis al firmante– apoyando una Iniciativa Legislativa Popular destinada a crear una renta mínima garantizada de 426 euros mensuales a personas de 18 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o con ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.837 € por persona al año.
El pleno del Congreso del pasado jueves 2 de febrero aceptó admitir a trámite dicha proposición de ley con los votos en contra del PP y Ciudadanos. El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley por considerarla imposible de financiar. Aunque no tenga la misma opinión cuando se trata, tras el astronómico rescate a la banca, de hacer lo mismo con las autopistas en quiebra. Pero, conociéndolos, tampoco cabría esperar mucho más de la sensibilidad social de los popularistas.
El resto de partidos votaron a favor. Algo esperable del PSOE, cuyo programa contempla un Ingreso Mínimo Vital bastante parecido a la iniciativa sindical.
Hay que reconocer en esta propuesta unas gotas de sangre jacobina al plantearla como un derecho subjetivo de toda persona de nacionalidad española a percibir esa renta sin importar en qué región del territorio resida. Una prestación de rango estatal que vendría a superar la actual disparidad de cuantías y condiciones de las diversas ayudas establecidas por las diferentes administraciones autonómicas. En definitiva, un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social, es decir, financiado a través de los presupuestos generales del Estado.
Otro aspecto novedoso es que desaparece la palabra inserción en el enunciado de la renta, que pasa ahora a ser garantizada. Que no es lo mismo que incondicional, puesto que se sólo se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación. Entre ellas, que los beneficiarios se encuentren inscritos como demandantes de empleo.
Donde la propuesta se queda corta, cortísima, es en su cuantía, al fijarla en 426 euros mensuales. Esa cifra que parece haberse convertido en un totem prestacional pese a situarse por debajo del umbral de la pobreza.
Demasiado débiles para agrupar a una fuerza de 700.000 afiliados dispuestos a plantar cara a los recortes sociales, los sindicatos han conseguido, al menos, reunir 700.000 firmas –el activismo de firma le sale gratis al firmante– apoyando una Iniciativa Legislativa Popular destinada a crear una renta mínima garantizada de 426 euros mensuales a personas de 18 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o con ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.837 € por persona al año.
El pleno del Congreso del pasado jueves 2 de febrero aceptó admitir a trámite dicha proposición de ley con los votos en contra del PP y Ciudadanos. El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley por considerarla imposible de financiar. Aunque no tenga la misma opinión cuando se trata, tras el astronómico rescate a la banca, de hacer lo mismo con las autopistas en quiebra. Pero, conociéndolos, tampoco cabría esperar mucho más de la sensibilidad social de los popularistas.
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| Sólo les falta cantar aquello de Tanto vestido blanco, tanta parola. Y el puchero a la lumbre con agua sola. |
El resto de partidos votaron a favor. Algo esperable del PSOE, cuyo programa contempla un Ingreso Mínimo Vital bastante parecido a la iniciativa sindical.
Hay que reconocer en esta propuesta unas gotas de sangre jacobina al plantearla como un derecho subjetivo de toda persona de nacionalidad española a percibir esa renta sin importar en qué región del territorio resida. Una prestación de rango estatal que vendría a superar la actual disparidad de cuantías y condiciones de las diversas ayudas establecidas por las diferentes administraciones autonómicas. En definitiva, un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social, es decir, financiado a través de los presupuestos generales del Estado.
Otro aspecto novedoso es que desaparece la palabra inserción en el enunciado de la renta, que pasa ahora a ser garantizada. Que no es lo mismo que incondicional, puesto que se sólo se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación. Entre ellas, que los beneficiarios se encuentren inscritos como demandantes de empleo.
Donde la propuesta se queda corta, cortísima, es en su cuantía, al fijarla en 426 euros mensuales. Esa cifra que parece haberse convertido en un totem prestacional pese a situarse por debajo del umbral de la pobreza.
Esta iniciativa podría ofrecer una ayuda elemental a los más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales. Aunque habría sido mucho más directo y propio de la acción sindical exigir el cumplimiento de una norma que ya existe en el Estatuto de los Trabajadores de manera que la cobertura del subsidio por desempleo llegase a todos los desempleados.
Porque la tramitación parlamentaria de esta medida será necesariamente dilatada en el tiempo. Si llega a buen puerto, las personas en situación de pobreza que hayan sobrevivido al periodo de tramitación, y al posterior proceso de reconocimiento de la condición de beneficiario, algo cobrarán. A cambio, eso sí, de verse sometidos al humillante escrutinio administrativo para demostrar su pobreza. Siempre bajo sospecha, como de forma magistral retrata Ken Loachen la película I Daniel Blake.
Sentado esto, diremos una vez más que, a estas alturas, este tipo de rentas condicionales no es la solución que pide a gritos la justicia social en un momento histórico caracterizado por los efectos de la Cuarta Revolución Industrial que se estima dejará sin empleo al 80% de la población. De hecho, la patronal CEOE ya avisa de que una bajada masiva del paro solo es posible si se crea "empleo de baja calidad".
Recientemente, el filósofo Santiago Alba Rico, en una entrevista en el diario.es declaraba lo siguiente:
Creo que la izquierda es cada vez menos culta y más hipernormativa, y un sector vive en un pasado que le sigue proporcionando esquemas de interpretación muy cómodos pero que son cada vez más incompatibles con la realidad en que vivimos. Y hay una cosa identitaria, que es casi mística, que tiene que ver con el hecho de que finalmente allí donde no puedes introducir ningún efecto en la realidad, porque no tienes los medios y además nadie te sigue, necesitas tener correligionarios al lado de los cuales te sientas apoyado, respaldado, integrado. Y eso es muy bonito, pero no es ni política ni políticamente bueno.
La reflexión de Alba Rico puede perfectamente aplicarse a cómo la izquierda española aborda el debate sobre la Renta Básica Universal. Una propuesta que ha cobrado actualidad ante la evidencia de la robotización de los procesos productivos. Ahora mismo, la RBU es defendida desde Silicon Valley hasta Finlandia. Donde, como ya es conocido, ha sido el propio gobierno el que ha propiciado un experimento práctico destinado a estudiar su aplicación generalizada
Mientras tanto, aquí, en las socialmente desoladas tierras de Celtiberia Show, los que tienen la posibilidad de tomar medidas sociales, no quieren saber nada de esta garantía real de ingresos. Encastillada en el pasado, Izquierda Unida rechaza la RBU contraponiendo una propuesta de Trabajo Garantizado que no deja de ser un brindis al sol poniente de las políticas laborales. De entrada, porque salvo que se disponga de un poder absoluto, no es posible crear puestos de trabajo por decreto ley. Y aun en la hipótesis de que se llegara a ostentar tal poder resulta dudoso el tipo de empleos que podrían crearse. ¿Tal vez el de abrillantadores de robots?
Por su parte, el PSOE rechaza igualmente el ingreso incondicional. Su principal asesor en materia económica, José Carlos Díez, llegó a asegurar en televisión que una implantación generalizada de la RBU obligaría al uso de "francotiradores" para frenar la llegada de inmigrantes. Aunque el autor de esas palabras hubo de pedir perdón de inmediato, esa soberbia académica tiene mucho que ver con la llegada al poder de los Trump y Cía. Ya que las clases dirigentes llevan una década viviendo de espaldas a la realidad de la pobreza en que se ven obligados a vivir grandes sectores de la población desempleada o empleada en precario. Por cierto, en Alaska existe una forma de RBU y no se tiene noticia de que hayan tenido que poner francotiradores en sus fronteras.
¿Y Podemos? Es una lástima, pero Podemos tiene ahora mismo la vista puesta en otra cosa: Vistalegre o Vistatriste, ellos sabrán. Al menos, votaron a favor de la ILP.
Porque la tramitación parlamentaria de esta medida será necesariamente dilatada en el tiempo. Si llega a buen puerto, las personas en situación de pobreza que hayan sobrevivido al periodo de tramitación, y al posterior proceso de reconocimiento de la condición de beneficiario, algo cobrarán. A cambio, eso sí, de verse sometidos al humillante escrutinio administrativo para demostrar su pobreza. Siempre bajo sospecha, como de forma magistral retrata Ken Loachen la película I Daniel Blake. Sentado esto, diremos una vez más que, a estas alturas, este tipo de rentas condicionales no es la solución que pide a gritos la justicia social en un momento histórico caracterizado por los efectos de la Cuarta Revolución Industrial que se estima dejará sin empleo al 80% de la población. De hecho, la patronal CEOE ya avisa de que una bajada masiva del paro solo es posible si se crea "empleo de baja calidad".
Recientemente, el filósofo Santiago Alba Rico, en una entrevista en el diario.es declaraba lo siguiente:
Creo que la izquierda es cada vez menos culta y más hipernormativa, y un sector vive en un pasado que le sigue proporcionando esquemas de interpretación muy cómodos pero que son cada vez más incompatibles con la realidad en que vivimos. Y hay una cosa identitaria, que es casi mística, que tiene que ver con el hecho de que finalmente allí donde no puedes introducir ningún efecto en la realidad, porque no tienes los medios y además nadie te sigue, necesitas tener correligionarios al lado de los cuales te sientas apoyado, respaldado, integrado. Y eso es muy bonito, pero no es ni política ni políticamente bueno.
La reflexión de Alba Rico puede perfectamente aplicarse a cómo la izquierda española aborda el debate sobre la Renta Básica Universal. Una propuesta que ha cobrado actualidad ante la evidencia de la robotización de los procesos productivos. Ahora mismo, la RBU es defendida desde Silicon Valley hasta Finlandia. Donde, como ya es conocido, ha sido el propio gobierno el que ha propiciado un experimento práctico destinado a estudiar su aplicación generalizada
Mientras tanto, aquí, en las socialmente desoladas tierras de Celtiberia Show, los que tienen la posibilidad de tomar medidas sociales, no quieren saber nada de esta garantía real de ingresos. Encastillada en el pasado, Izquierda Unida rechaza la RBU contraponiendo una propuesta de Trabajo Garantizado que no deja de ser un brindis al sol poniente de las políticas laborales. De entrada, porque salvo que se disponga de un poder absoluto, no es posible crear puestos de trabajo por decreto ley. Y aun en la hipótesis de que se llegara a ostentar tal poder resulta dudoso el tipo de empleos que podrían crearse. ¿Tal vez el de abrillantadores de robots?
Por su parte, el PSOE rechaza igualmente el ingreso incondicional. Su principal asesor en materia económica, José Carlos Díez, llegó a asegurar en televisión que una implantación generalizada de la RBU obligaría al uso de "francotiradores" para frenar la llegada de inmigrantes. Aunque el autor de esas palabras hubo de pedir perdón de inmediato, esa soberbia académica tiene mucho que ver con la llegada al poder de los Trump y Cía. Ya que las clases dirigentes llevan una década viviendo de espaldas a la realidad de la pobreza en que se ven obligados a vivir grandes sectores de la población desempleada o empleada en precario. Por cierto, en Alaska existe una forma de RBU y no se tiene noticia de que hayan tenido que poner francotiradores en sus fronteras.
¿Y Podemos? Es una lástima, pero Podemos tiene ahora mismo la vista puesta en otra cosa: Vistalegre o Vistatriste, ellos sabrán. Al menos, votaron a favor de la ILP.
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