Si España fuese una república, el Presidente, apenas conocida la sentencia de la Gürtel, no habría tardado ni un minuto en llamar al Primer Ministro del Gobierno para exigirle su inmediata dimisión y la disolución del equipo gubernamental. En el régimen de monarquía parlamentaria, al menos habría sido de agradecer que el Rey, en su calidad de Jefe del Estado, hubiera hecho lo propio con M punto Rajoy. En su defecto, no queda otro recurso que utilizar la vía del Parlamento para llevar a cabo una medida urgente de higiene democrática: expulsar del Gobierno de la Nación a los miembros del Partido Popular, contaminado hasta la médula por la corrupción que infecta todo lo que toca.
La sentencia judicial sobre la primera etapa del caso Gurtel es demoledora: constata la existencia de una contabilidad paralela en el PP durante décadas, y determina que el testimonio en sede judicial del propio presidente del Gobierno no tiene "credibilidad". Una situación políticamente insoportable. Pero España no es una República ni el Rey acostumbra a salir de su bien remunerado far niente, por lo que corresponde al resto de las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para echar del Gobierno cuanto antes al corrupto Partido Popular por la única vía restante: la moción de censura en el Parlamento.
Por supuesto, todo este "lío" —en la terminología de M punto Rajoy— se habría evitado si él mismo hubiera tenido el decoro de dimitir motu proprio. Algo impensable en el proceder del líder del Partido Popular que, a fuer de cínico, alcanza el cénit del absurdo al referirse a la trama Gürtel como '14 o 15 casos aislados'. ¿Cuál es el umbral numérico que marca la diferencia entre los 'casos aislados' y la banda organizada de delincuentes?
Un sistema (del griego sýstema 'reunión, conjunto, agregado') es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente material o conceptual. El fallo de la Audiencia se refiere a la trama Gürtel como un sistema de corrupción institucional.
Los jueces consideran probado que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Manipulación llevada a cabo gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.
Esos cargos tenían posibilidades de "influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".
Las empresas de la trama corrupta gozaban de "un arbitrario trato de favor en la contratación pública", continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían "otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".
Y la cosa no acaba aquí. Porque la Gürtel sólo es una de las ramas del sistema de corrupción instalado como un parásito en la Administración del Estado en manos del Partido Popular. Que se ha superpuesto a lo que debería ser el sistema normal de gobierno del país. Otras piezas judiciales separadas siguen su curso e irán dando cuenta de otras irregularidades en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en numerosos Ayuntamientos. Personajes tan relevantes en la estructura del PP como Jaume Matas, Ignacio González, Francisco Granados o el más reciente, Eduardo Zaplana, han ido a dar con sus huesos en prisión. Sin olvidar a Rodrigo Rato, pendiente también de la justicia.
Esta conducta del Partido Popular, apestando la vida política española, coincide con los tremendos recortes presupuestarios que ha aplicado en las partidas de protección social. Coincide con el rescate de la gran banca española, que se ha embolsado 50.000 millones en intereses de la deuda pública triplicada por M punto Rajoy y 42.000 millones del rescate bancario pagados con cargo al contribuyente. Coincide con las reformas de la legislación laboral que han precarizado las condiciones de empleo de la población joven. Coincide con la agresión sin precedentes llevada a cabo contra los pensionistas.
En consecuencia, el daño moral, la devastación social y económica infligida por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación urgente. Se impone echar —sí, echar es la palabra adecuada— al Gobierno de M punto Rajoy y sustituirlo por un Gobierno de Emergencia que lleve a cabo una serie de tareas de higiene democrática. Entre ellas y de forma inmediata: la derogación de la ley mordaza, la reforma de pensiones de 2013 perpetrada por el PP y las leyes de reforma del mercado laboral.
El siguiente paso consistiría en abordar una agenda social que articulara una serie de medidas encaminadas a indemnizar económicamente a las víctimas de las políticas socialmente devastadoras aplicadas por el Partido Popular. Medidas que tendrían que contemplarse en el Presupuesto de 2019.
El primer acto, echar a M punto Rajoy, ha sido puesto en marcha por Pedro Sánchez a través del mecanismo de la moción de censura al Gobierno. El secretario general del PSOE sigue así el procedimiento previsto por la Constitución Española:
Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Al vocerío político y mediático de la derecha española le ha faltado tiempo para salir en tromba atacando la iniciativa de Pedro Sánchez. En concreto, la derecha naranja del partido Ciudadanos pide retirar la moción de censura y convocar nuevas elecciones.
Entrar en un periodo electoral no haría más que aumentar la inestabilidad pudriendo, aún más si cabe, la situación. Porque el primer efecto indeseable sería mantener durante ese tiempo a M punto Rajoy al frente del Gobierno como presidente en funciones. Oficio que ya ha desempeñado tras la fallida convocatoria electoral en la que los intereses partidistas de las distintas formaciones políticas impidieron un acuerdo. Un panorama absolutamente indeseable porque conjugaría la inactividad gubernamental con la actividad destructora de pruebas, V.g.: ordenadores a martillazos, marca de la casa Génova.
Por el contrario, si triunfa la moción de censura, el relevo es inmediato, ya que el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura
Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara
Es el momento, no sólo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de la oposición, para poner en práctica una actitud y un talento políticos a la altura de las circunstancias. Quién sabe, a lo mejor, esta vez hasta son capaces de actuar pensando en las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.
Por supuesto, todo este "lío" —en la terminología de M punto Rajoy— se habría evitado si él mismo hubiera tenido el decoro de dimitir motu proprio. Algo impensable en el proceder del líder del Partido Popular que, a fuer de cínico, alcanza el cénit del absurdo al referirse a la trama Gürtel como '14 o 15 casos aislados'. ¿Cuál es el umbral numérico que marca la diferencia entre los 'casos aislados' y la banda organizada de delincuentes?
Un sistema (del griego sýstema 'reunión, conjunto, agregado') es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente material o conceptual. El fallo de la Audiencia se refiere a la trama Gürtel como un sistema de corrupción institucional.
Los jueces consideran probado que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Manipulación llevada a cabo gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.
Esos cargos tenían posibilidades de "influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".
Las empresas de la trama corrupta gozaban de "un arbitrario trato de favor en la contratación pública", continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían "otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".
Y la cosa no acaba aquí. Porque la Gürtel sólo es una de las ramas del sistema de corrupción instalado como un parásito en la Administración del Estado en manos del Partido Popular. Que se ha superpuesto a lo que debería ser el sistema normal de gobierno del país. Otras piezas judiciales separadas siguen su curso e irán dando cuenta de otras irregularidades en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en numerosos Ayuntamientos. Personajes tan relevantes en la estructura del PP como Jaume Matas, Ignacio González, Francisco Granados o el más reciente, Eduardo Zaplana, han ido a dar con sus huesos en prisión. Sin olvidar a Rodrigo Rato, pendiente también de la justicia.Esta conducta del Partido Popular, apestando la vida política española, coincide con los tremendos recortes presupuestarios que ha aplicado en las partidas de protección social. Coincide con el rescate de la gran banca española, que se ha embolsado 50.000 millones en intereses de la deuda pública triplicada por M punto Rajoy y 42.000 millones del rescate bancario pagados con cargo al contribuyente. Coincide con las reformas de la legislación laboral que han precarizado las condiciones de empleo de la población joven. Coincide con la agresión sin precedentes llevada a cabo contra los pensionistas.
En consecuencia, el daño moral, la devastación social y económica infligida por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación urgente. Se impone echar —sí, echar es la palabra adecuada— al Gobierno de M punto Rajoy y sustituirlo por un Gobierno de Emergencia que lleve a cabo una serie de tareas de higiene democrática. Entre ellas y de forma inmediata: la derogación de la ley mordaza, la reforma de pensiones de 2013 perpetrada por el PP y las leyes de reforma del mercado laboral.
El siguiente paso consistiría en abordar una agenda social que articulara una serie de medidas encaminadas a indemnizar económicamente a las víctimas de las políticas socialmente devastadoras aplicadas por el Partido Popular. Medidas que tendrían que contemplarse en el Presupuesto de 2019.
El primer acto, echar a M punto Rajoy, ha sido puesto en marcha por Pedro Sánchez a través del mecanismo de la moción de censura al Gobierno. El secretario general del PSOE sigue así el procedimiento previsto por la Constitución Española:
Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Al vocerío político y mediático de la derecha española le ha faltado tiempo para salir en tromba atacando la iniciativa de Pedro Sánchez. En concreto, la derecha naranja del partido Ciudadanos pide retirar la moción de censura y convocar nuevas elecciones.
Entrar en un periodo electoral no haría más que aumentar la inestabilidad pudriendo, aún más si cabe, la situación. Porque el primer efecto indeseable sería mantener durante ese tiempo a M punto Rajoy al frente del Gobierno como presidente en funciones. Oficio que ya ha desempeñado tras la fallida convocatoria electoral en la que los intereses partidistas de las distintas formaciones políticas impidieron un acuerdo. Un panorama absolutamente indeseable porque conjugaría la inactividad gubernamental con la actividad destructora de pruebas, V.g.: ordenadores a martillazos, marca de la casa Génova.
Por el contrario, si triunfa la moción de censura, el relevo es inmediato, ya que el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura
Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara
Es el momento, no sólo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de la oposición, para poner en práctica una actitud y un talento políticos a la altura de las circunstancias. Quién sabe, a lo mejor, esta vez hasta son capaces de actuar pensando en las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.
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