Todavía hay quienes albergan dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.
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Tras la catástrofe humana causada por el Covid19, todos los indicios apuntan a que su derivada socioeconómica tendrá una dimensión igualmente catastrófica. Desatando un vendaval que ya está derribando muchos tenderetes ideológicos y deja aflorar opiniones favorables a establecer algún tipo de ayuda económica a las personas más vulnerables. Se ha hablado de rentas de emergencia o de cuarentena. Y parece que el Gobierno estudia la puesta en marcha en España de ese Ingreso Mínimo Vital que duerme el sueño de los justos en algún programa electoral.
Sin embargo, ninguna de esas propuestas encaja en la definición de lo que sería una auténtica renta básica universal (RBU), es decir: un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, o residente acreditado, sin tomar en consideración si es rico o es pobre, o dicho de otro modo, independientemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de rentas, y sin importar con quién conviva.
Esto significa que es una renta obtenida a priori, sin averiguaciones previas sobre su situación personal. Si bien será a posteriori, el momento de rendir cuentas al Fisco cuando todos, ricos y pobres, tengan que pasar por la ventanilla fiscal, y pagar, o no, el correspondiente impuesto sobre la suma de sus rentas. Salvo el tramo correspondiente a la RBU, que estaría exento de imposición.
La idea de la renta universal va calando cada vez más en el ánimo de una ciudadanía a la que se le hace insoportable la desigualdad producida por las políticas neoliberales. Pese a ello, los diversos bandos de tirios y troyanos enfrentados en la palestra parlamentaria contemplan la propuesta con desconfianza. Llegando, en algunos casos, a manifestar un rechazo que tiene más de visceral que de raciocinio.
“Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", dice la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Y algo similar dicen los artilleros de la batería de críticas que disparan contra la RBU con munición de índole antropológica y moral algo viejuna. La primera e invariable objeción es que esa renta desincentivaría en la gente el deseo de trabajar.
El delicado momento actual aconseja guardar a las vísceras en la nevera y utilizar el raciocinio: Trabajar, de acuerdo, pero ¿en qué, cuándo, cómo y dónde? Hay que explicar qué clase de trabajo podría desincentivar un ingreso garantizado. ¿Hablamos de esa amplia gama de empleos precarios que han alumbrado la categoría laboral de trabajadores pobres? Porque hay una evidente contradicción en predicar el dogma de que el trabajo dignifica al tiempo que se pagan salarios por debajo del umbral de pobreza.
La asociación mental entre RBU y holgazanería ha sido desmontada por el propio modelo productivo de nuestros días, que ha revelado su incapacidad para suministrar a toda la población esa mercancía denominada ‘empleo’. Y que no es más que un artefacto económico averiado. Las medidas de distanciamiento físico dirigidas a evitar el contagio por el Covid19 han acelerado el tránsito hacia un proceso que ya estaba en marcha: el teletrabajo. Acercándonos al modelo laboral descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar.
Esa minoría de trabajadores cualificados será, o está siendo ya, suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural.
No obstante, los predicadores de la moral laboralista, ciegos y sordos ante esta realidad, siguen castigando nuestros oídos con su eterna y cada vez más desafinada cantilena: "con la RBU, la gente no trabajaría". Y cuando alguien dotado de talante socrático, les pregunta: "¿Y tú, qué harías? se apresuran a responder muy circunspectos: "No, yo por supuesto seguiría trabajando”. Según estos fariseos, en el siglo XXI la humanidad se divide en dos subclases: ellos, los virtuosos guardianes de la moral, y "la gente", esa mayoría a la que el capricho de Natura quiso nacer holgazana.
El nuevo contrato social que será necesario para asegurar la convivencia tras los desastres causados por la reciente (last but not the least) pandemia vírica, exige salir de las zonas de confort ideológico que han servido para definir la sociedad del ayer. Porque, en la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno y suficiente a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.
Abandonar prejuicios implica, de paso, no hacer el ridículo con el argumentario. Porque resulta pintoresca esa otra objeción que se ha podido escuchar estos días, afirmando que la RBU significaría una mayor intervención del Estado en la vida de los individuos, convirtiéndolos en dependientes.
Presumir que la prestación universal incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal sugiere la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán, convirtiéndonos así en súbditos sumisos a su omnímodo poder.
Pero es justo en este punto cuando la objeción se derrumba al chocar contra su propia argumentación. Porque, hasta el día de hoy, son precisamente las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad la que de hecho constituyen un factor de servidumbre y dominación sobre las personas por parte de la Administración. Son las personas vulnerables las que se ven sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.
Frente a ello, la propia idea de universalidad de un ingreso que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Al día siguiente a la promulgación de una ley que consagre el derecho universal de todas las personas a percibir una RBU los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito, sin más preguntas ni investigaciones.
¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? Habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad para que se persiga, por ejemplo, a los conductores que ponen en peligro la vida de terceros.
Elevando la mirada, encontramos otra medida de sagrado carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. Nadie en su sano juicio se permite la frivolidad de afirmar que cuando acude a las urnas sufre una dependencia del Estado. Aunque es obvio que son agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.
De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, el ingreso incondicional y garantizado es un potencial derecho de toda la ciudadanía. Hoy por hoy, la RBU es la única fórmula que satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente. Algo que, tras décadas de aplicación, no han logrado las ayudas condicionales a la pobreza cuya vigencia se justifica en el hecho de que siga habiendo pobres.
Los acérrimos enemigos de la RBU, en vez de perder su tiempo arremetiendo contra los defectos de algo que hasta ahora no es más que una propuesta, deberían explicar es la razón por la cual lo que no funcionan son esa maraña de rentas de indigencia condicionales que atrapan sin remisión a los vulnerables. Quienes caen en ella, no abandonan jamás su condición de pobreza.
Así que, colocando en un plato de la balanza las virtudes de la renta básica universal y en el otro sus presuntos defectos, podremos concluir que tal vez se trate “del peor de todos los sistemas de protección social… con excepción de todos los sistemas restantes”, parafraseando cierta caracterización de la democracia atribuida al premier británico Winston Churchill.
Pese a todos sus defectos (véase el lamentable espectáculo ofrecido en tiempos de desolación por los partidos de la derecha celtibérica), la democracia elimina al menos los males producidos por las dictaduras. De igual manera, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.
Sin embargo, ninguna de esas propuestas encaja en la definición de lo que sería una auténtica renta básica universal (RBU), es decir: un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, o residente acreditado, sin tomar en consideración si es rico o es pobre, o dicho de otro modo, independientemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de rentas, y sin importar con quién conviva.
Esto significa que es una renta obtenida a priori, sin averiguaciones previas sobre su situación personal. Si bien será a posteriori, el momento de rendir cuentas al Fisco cuando todos, ricos y pobres, tengan que pasar por la ventanilla fiscal, y pagar, o no, el correspondiente impuesto sobre la suma de sus rentas. Salvo el tramo correspondiente a la RBU, que estaría exento de imposición.
La idea de la renta universal va calando cada vez más en el ánimo de una ciudadanía a la que se le hace insoportable la desigualdad producida por las políticas neoliberales. Pese a ello, los diversos bandos de tirios y troyanos enfrentados en la palestra parlamentaria contemplan la propuesta con desconfianza. Llegando, en algunos casos, a manifestar un rechazo que tiene más de visceral que de raciocinio.
“Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", dice la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Y algo similar dicen los artilleros de la batería de críticas que disparan contra la RBU con munición de índole antropológica y moral algo viejuna. La primera e invariable objeción es que esa renta desincentivaría en la gente el deseo de trabajar.
El delicado momento actual aconseja guardar a las vísceras en la nevera y utilizar el raciocinio: Trabajar, de acuerdo, pero ¿en qué, cuándo, cómo y dónde? Hay que explicar qué clase de trabajo podría desincentivar un ingreso garantizado. ¿Hablamos de esa amplia gama de empleos precarios que han alumbrado la categoría laboral de trabajadores pobres? Porque hay una evidente contradicción en predicar el dogma de que el trabajo dignifica al tiempo que se pagan salarios por debajo del umbral de pobreza.
La asociación mental entre RBU y holgazanería ha sido desmontada por el propio modelo productivo de nuestros días, que ha revelado su incapacidad para suministrar a toda la población esa mercancía denominada ‘empleo’. Y que no es más que un artefacto económico averiado. Las medidas de distanciamiento físico dirigidas a evitar el contagio por el Covid19 han acelerado el tránsito hacia un proceso que ya estaba en marcha: el teletrabajo. Acercándonos al modelo laboral descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar.
Esa minoría de trabajadores cualificados será, o está siendo ya, suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural.
No obstante, los predicadores de la moral laboralista, ciegos y sordos ante esta realidad, siguen castigando nuestros oídos con su eterna y cada vez más desafinada cantilena: "con la RBU, la gente no trabajaría". Y cuando alguien dotado de talante socrático, les pregunta: "¿Y tú, qué harías? se apresuran a responder muy circunspectos: "No, yo por supuesto seguiría trabajando”. Según estos fariseos, en el siglo XXI la humanidad se divide en dos subclases: ellos, los virtuosos guardianes de la moral, y "la gente", esa mayoría a la que el capricho de Natura quiso nacer holgazana.
El nuevo contrato social que será necesario para asegurar la convivencia tras los desastres causados por la reciente (last but not the least) pandemia vírica, exige salir de las zonas de confort ideológico que han servido para definir la sociedad del ayer. Porque, en la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno y suficiente a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.
Abandonar prejuicios implica, de paso, no hacer el ridículo con el argumentario. Porque resulta pintoresca esa otra objeción que se ha podido escuchar estos días, afirmando que la RBU significaría una mayor intervención del Estado en la vida de los individuos, convirtiéndolos en dependientes.
Presumir que la prestación universal incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal sugiere la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán, convirtiéndonos así en súbditos sumisos a su omnímodo poder.
Pero es justo en este punto cuando la objeción se derrumba al chocar contra su propia argumentación. Porque, hasta el día de hoy, son precisamente las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad la que de hecho constituyen un factor de servidumbre y dominación sobre las personas por parte de la Administración. Son las personas vulnerables las que se ven sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.
Frente a ello, la propia idea de universalidad de un ingreso que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Al día siguiente a la promulgación de una ley que consagre el derecho universal de todas las personas a percibir una RBU los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito, sin más preguntas ni investigaciones.
¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? Habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad para que se persiga, por ejemplo, a los conductores que ponen en peligro la vida de terceros.
Elevando la mirada, encontramos otra medida de sagrado carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. Nadie en su sano juicio se permite la frivolidad de afirmar que cuando acude a las urnas sufre una dependencia del Estado. Aunque es obvio que son agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.
De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, el ingreso incondicional y garantizado es un potencial derecho de toda la ciudadanía. Hoy por hoy, la RBU es la única fórmula que satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente. Algo que, tras décadas de aplicación, no han logrado las ayudas condicionales a la pobreza cuya vigencia se justifica en el hecho de que siga habiendo pobres.
Los acérrimos enemigos de la RBU, en vez de perder su tiempo arremetiendo contra los defectos de algo que hasta ahora no es más que una propuesta, deberían explicar es la razón por la cual lo que no funcionan son esa maraña de rentas de indigencia condicionales que atrapan sin remisión a los vulnerables. Quienes caen en ella, no abandonan jamás su condición de pobreza.
Así que, colocando en un plato de la balanza las virtudes de la renta básica universal y en el otro sus presuntos defectos, podremos concluir que tal vez se trate “del peor de todos los sistemas de protección social… con excepción de todos los sistemas restantes”, parafraseando cierta caracterización de la democracia atribuida al premier británico Winston Churchill.
Pese a todos sus defectos (véase el lamentable espectáculo ofrecido en tiempos de desolación por los partidos de la derecha celtibérica), la democracia elimina al menos los males producidos por las dictaduras. De igual manera, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.
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Traducido en la página del Mouvement Français pour un Revenue de Base.
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