Ante el desvarío de las altas instancias judiciales la ciudadanía debe hacer oír su voz en las calles de nuestras ciudades

Las Erinias. Ilustración de Gustavo Doré para la Divina Comedia de Dante.

 

Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϊήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.

El sol no rebasará sus medidas; si no, las Erinias, ministras de la justicia, sabrán encontrarle.

Heráclito de Éfeso (frg, 94)

El bloque conservador del Tribunal Constitucional, en una decisión insólita en cualquier democracia de nuestro entorno, acaba de prohibir a las Cortes seguir tramitando la reforma que pretende, precisamente, renovar dicho tribunal. La decisión salió adelante con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Fact are sacred, opinions are free. Estos son los hechos en crudo. A partir de aquí, cada cual es libre de opinar lo que mejor tenga por conveniente. Se ha llegado a hablar de golpe de estado judicial, lo cual no deja de ser una hipérbole para calificar lo que no deja de ser otra cosa que una flagrante estafa a la democracia desde el momento que esa decisión del alto tribunal se haya adoptado con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Porque, más allá de cualquier filigrana jurídica que eventualmente permitiera entender o justificar una decisión tan arriesgada como es la de impedir el debate de una ley a los representantes de la soberanía popular, la auténtica gravedad de los hechos radica en que quienes han tomado tal decisión están situados, ellos mismos, fuera de la ley que determina la duración de su mandato. Y como decía Heráclito, quien rebase los límites de sus competencias tendrá que vérselas con las Erinias, encargadas de la venganza, y servidoras de Diké, la justicia.

Si a una persona que tiene el pasaporte caducado se le impide entrar en un país ajeno; si un viajero no puede hacer uso de un medio de transporte mientras no disponga de un abono con plena validez; si al público en general se le niega la entrada a un espectáculo cualquiera si no dispone de una entrada con la fecha al corriente, ¿cómo es posible que en España se permita que magistrados con sus credenciales caducadas sigan sentando sus jurídicos culos en los sillones del alto tribunal? ¿Podemos asistir sin experimentar náuseas al desarrollo de un espectáculo tan bochornoso como el que acaban de protagonizar los magistrados Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, este último, a más inri, presidente del tribunal? ¿Acaso el sustancioso salario que les pagamos los contribuyentes no les alcanza para mejorar el torpe aliño de su indumentaria ética y procedimental? (*)

Al tiempo que mi estómago se revuelve a la vista de tal cinismo procedimental, escucho a mi alrededor voces de desesperación y desesperanza al comprobar circunstancias de esta índole fomentan que un creciente sector de la población o bien o bien sucumbe a las consignas de los demagogos o bien se desentiende de los asuntos públicos, como los idiotas de la antigua Grecia. Conviene no desalentarse, porque la idiotez política coexiste con la democracia desde que esta inició sus primeros pasos como forma de articulación política. Sócrates fue condenado a beber la cicuta por una masa cazurra que se dejó influenciar por las acusaciones de los sofistas. Y qué decir de un país como el nuestro donde la restauración del absolutismo en el XIX fue celebrada por la cazurrería andante con el grito de "vivan las caenas".

La grandeza y a la vez el riesgo de la moderna democracia es que incluye a todo tipo de personas, otorgándoles a todas ellas el mismo derecho de elegir y ser elegidos. Con la derivada que supone tolerar la presencia en los parlamentos de individuos que, gracias a los electores, llegan con la declarada intención de corroer y degradar a las propias instituciones. El veterano politólogo Giovanni Sartori nos advertía de que la democracia siempre está en peligro, porque es "una gran generosidad" que depende de unos ciudadanos a menudo desinteresados y mal informados.

Que no cunda el desaliento porque, como a su vez nos recordó Albert Camus, "la rebelión es el acto del hombre (persona, diremos hoy) informado que conoce sus derechos". Y si las libertades avanzan en la sociedad no ha sido precisamente gracias a los cazurros que se conforman con votar opciones cerveceras, sino debido a la acción de esa no menos considerable porción de la ciudadanía que, siendo plenamente consciente de sus derechos, no está dispuesta a permitir este juego de trileros que retuercen las leyes para zancadillear a los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones como legítimos representantes de la voluntad popular.

A la gente de las sucesivas generaciones que han nacido después de 1978, año de la promulgación de la vigente y ya algo trasnochada Constitución española, vivir en democracia les parece algo tan normal como que el agua salga del grifo cada vez que se abre. Felices ellos y felices también, nosotros, los que en los años 70 tuvimos que salir masivamente a las calles para forzar a las élites a instaurar la democracia en España.

En ese periodo de la Transición, que tuvo mucho de transacción, hubo mucha generosidad por parte del pueblo español que renunció a pedir cuentas a la miríada de responsables de los peores actos cometidos durante la sangrienta dictadura franquista. No hubo ajuste de cuentas, pues se confiaba en que, con el paso del tiempo, esa derecha española de cerrado y sacristía evolucionaría hacia un modelo europeo. Conservadora, pero respetuosa con las formas democráticas.

Lamentablemente, no ha sido así. Y hoy la vemos encarnada en esa trama de intereses económicos disfrazados de política que representa el Partido Popular. Una formación que cuando pierde en las urnas la mayoría parlamentaria, y con ella la posibilidad de gobernar, no duda en boicotear desde todos los frentes posibles la acción del Gobierno legítimo de la nación. Aún en los peores momentos de la pandemia vírica.

Por ello, cuando las instituciones fallan, como es el caso, y la ciudadanía ve estafada su voluntad soberana al ver cómo se cercena judicialmente la función de sus representantes en el Parlamento, no le queda otra alternativa que hacer oír su voz en las calles de la ciudad. Es decir, de la polis de la que toma su nombre la politeia o política. Que, en esencia, es la acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su actividad, su voto o por cualquier otro método, como puede ser ejerciendo el también constitucional derecho de manifestación pública firme, pacífica y ordenada.

Desde este pequeño rincón de opinión, este ciudadano solicita a los partidos que todavía conservan un mínimo de dignidad política que tomen las medidas pertinentes para convocar manifestaciones en todas las ciudades del país. De manera que se escuche la voz y la protesta ciudadana frente a la estafa política llevada a cabo por unos magistrados desleales con la democracia. Porque las generaciones que han nacido al amparo del manto democrático tienen el derecho a seguir disfrutando de sus libertades, al tiempo que también tienen la obligación política de salir abiertamente a las calles en su defensa. Puesto que las democracias, igual que nacen, en ocasiones a través de un doloroso parto, son también susceptibles de morir si no se las cuida.

(*) Los miembros del Tribunal Constitucional tienen asignado una retribución en 14 mensualidades que se divide en dos conceptos, sueldo y otras remuneraciones. Estos son los sueldos que van a percibir en 2023 según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE):

Presidente del Tribunal Constitucional: 167.169,10 euros brutos anuales.
Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 157.133,06 euros anuales.
Presidentes de sección: 149.444,96 euros anuales.
Magistrado del Tribunal Constitucional: 141.757,28 euros anuales.
Secretario General del Tribunal Constitucional: 134.150,24 euros anuales.

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