Minería: tras el eficaz rescate en Chile ya no hay excusa para salvar a las víctimas de los accidentes futuros

El espectacular rescate llevado a cabo en Chile de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en una mina acabó convertido en un acontecimiento mediático de alcance global. Que las autoridades chilenas, en especial el presidente Piñera, aprovecharon hábilmente para darse autobombo. El rescate ha demostrado la capacidad tecnológica actual para resolver una situación que, en otra época y circunstancias, habría tenido un desenlace fatal. El trabajo subterráneo implica grandes riesgos, y la probabilidad de nuevos accidentes es elevada. Pero, a partir de ahora, ya no habrá excusas para no acudir con estos sofisticados medios en socorro de los accidentados.

Junto a los elevados riesgos inherentes al oficio, el de minero lleva aparejado un halo mítico. Cuando se produce un accidente en este sector, los medios de comunicación muestran las imágenes de esos hombres que, con sus cascos, linternas frontales y rostros tiznados, constituyen un expresivo símbolo de la dureza del trabajo humano en lucha contra los elementos. Mito que se traduce en un folklore específico que en España está representado por el cante de las minas, alcanzando una elevada expresión emocional en la taranta cantada en las minas jiennenses y levantinas, o en la estremecedora canción asturiana En el pozo María Luisa.

En la mina de cobre San José, en la región de Copiapó, el derrumbe de una galería mal entibada dejó a 33 hombres atrapados a 700 metros de profundidad. El despliegue de medios utilizados para localizarlos,mantenerlos con vida y rescatarlos al cabo de 69 días, han sido espectaculares por partida doble.

Pues, si espectacular ha sido la precisión de la tecnología de perforación utilizada, la operación en sí ha constituido un gran espectáculo mediático. Miles de cámaras fotográficas y de televisión desplegadas en la bocamina convirtieron el rescate en un acontecimiento de alcance global. Espectáculo que tuvo sus vicios, como el del residente Sebastián Piñera, —un tiburón de las finanzas al que la revista Forbes le atribuye una fortuna de 2.200 millones de dólares— chupando cámara como si fuera el salvador, y sus virtudes, pues, sin tanta atención mediática es posible que el accidente hubiera acabado en uno más de los dramas que ocurren en la minería en todo el mundo.

Por un cúmulo de razones, el accidente de Copiapó, ha puesto de relieve la elevada capacidad tecnológica existente en la actualidad para resolver una situación que, en otra época y circunstancias, habría tenido un desenlace fatal. A a partir de ahora, ya no habrá excusas para no acudir con estos sofisticados medios en socorro de las víctimas de los previsibles accidentes futuros en la minería

Mineros: símbolo de lucha contra la injusticia

Símbolo de la lucha contra los elementos, los mineros simbolizan todavía otro tipo de lucha: la de los trabajadores contra la injusticia. En un panorama laboral como el de hoy, donde la patronal ha conseguido notables avances en la ruptura de la solidaridad obrera, el trabajo en la mina sigue uniendo a los hombres. En España, cuando el sector minero era uno de los principales factores de riqueza en Asturias, cada accidente en un pozo iba seguido por un paro generalizado en el resto de las minas. Durante la dictadura, el sindicalismo comenzó a resurgir organizándose en la oscuridad de las galerías, donde los ‘sociales', la policía política franquista, tenían mayores dificultades para espiar.

En Chile, ni la patronal ni los gobiernos pueden estar orgullosos del estado lamentable en que se encuentran las instalaciones mineras en un país que ocupa el tercer lugar del mundo en accidentes mortales en el sector. Y en la historia chilena, la minería constituye uno de sus capítulos más amargos.

A comienzos del siglo XX, la situación de los obreros de la minería del salitre en el Norte Grande chileno era atroz. Recibían bajos salarios y se les pagaba con fichas sólo canjeables por bienes en las "pulperías" que pertenecían a los dueños de la mina. Cualquier protesta era ferozmente reprimida, a menudo causando masacres como en Atacama, Antofagasta y San Gregorio.

La matanza más sangrienta tuvo lugar en Iquique, donde los obreros se habían concentrado, en diciembre de 1907, en un masivo despliegue para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo: eliminación de fichas, jornales a tipo de cambio fijo, control de los pesos y medidas de las pulperías, escuelas para los obreros. El gobierno adoptó una política represiva, enviando más hombres para reforzar a los regimientos de la zona, a la que llegó el día 19, en el crucero Zenteno, el general Roberto Silva Renard.

El intendente suspendió las garantías constitucionales y los obreros se refugiaron en la Escuela Santa María de Iquique. El 21 de diciembre, las ametralladoras se apostaron frente a ella y Silva ordenó disparar contra los huelguistas. En aquella aciaga jornada murieron más de 2.000 obreros.

El número exacto de víctimas que dejó la acción nunca fue aclarado. El informe oficial del general Silva habló de 195 muertos, cifra considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El gobierno de la época ordenó no expedir certificados de defunción de los fallecidos, enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. La leyenda habla de 3.600 muertos, aunque la cifra más aceptada entre los investigadores se sitúa en torno a las 2.200 víctimas. En 1940 se exhumaron sus restos, siendo enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de Iquique.

El 21 de diciembre del 2007, al cumplirse el centenario de la matanza, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decretó duelo nacional. Los restos fueron exhumados de nuevo para ser definitivamente depositados en un monumento erigido en memoria de las víctimas en el lugar del crimen.

"Contadme hoy"

En el post anterior se hacía referencia a quienes la precariedad o el desempleo impiden ejercer el derecho a la huelga. La escritora y colaboradora del periódico Diagonal, María Ángeles Maeso, añade un nuevo capítulo a su ya largo inventario de ciudadanos invisibles. Mejor dicho, de personas invisibles, porque, en una cultura nucleada en torno a la centralidad del trabajo, la precariedad laboral o el desempleo eliminan, de facto, la condición de ciudadanía.

Con permiso de la autora, pese a que todavía no se lo he pedido, reproduzco aquí su personal y desgarradora visión de Los invisibles de la huelga.

"Tened presente el hambre" Miguel Hernández.

Yo, Precario Sanz, sucesivamente despedido y contratado con menos derechos cada vez, también he parado, contadme. El rotundo silencio de este amanecer se ha hecho también con el mío, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Subcontratada Sánchez, peonza de todos los caminos de cuya nómina sorben todos los pistoleros, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Itinerante Ruiz, nómada por doce horas subterráneas, electricista o profesor por cuatro, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Temporera Pérez, que concentro en contratos de dos horas la tarea que debe hacerse en ocho, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Autónomo Gutiérrez, dueño único de mi hambre, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Mínima Bermúdez, mínima seiscientas treinta y tres veces, con treinta céntimos, trabajadora agrícola por todo el día, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Subsidiario González, perceptor de una Beneficencia decimonónica de 420 euros, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Becaria Rodríguez, experta en todas las incertidumbres, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Embargado Rupérez, aplastado por una hipoteca, imposibilitado para el descuento de una jornada de huelga, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Simpapeles García, asistenta que no consta en lugar alguno de trabajo, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Yo, Parcial Fernández, expulsado de toda protección social, supérstite humano gracias a contribuciones en especie, también he hecho este silencio, pero nadie lo habrá contado.

Contadme, el sol, que sale para todos, hoy ha hablado más claro, gracias al rotundo silencio de este amanecer, que también se ha hecho con el mío. Contadme hoy, 29 de septiembre de 2010.

Los desempleados también están convocados a la huelga general

Una huelga es, por definición, el espacio de tiempo en que alguien está sin trabajar. Pero también, por definición, está desempleada la persona que, queriendo trabajar, no puede hacerlo, ya que el omnisciente y omnipotente mercado no es capaz de ofertar empleo para, al menos, los cuatro millones y medio de parados que registran las cifras oficiales. En tales circunstancias ¿cómo podrán participar en la huelga general convocada por los grandes sindicatos?

Hay muchas críticas que hacer a las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. En primer lugar, la escasa preocupación que han venido manifestando por la gente que se encuentra desempleada. Sirva de botón de muestra que la bajísima cuantía del subsidio por desempleo, 426 euros mensuales, por debajo del umbral de pobreza, fue decidida por el Gobierno con el consentimiento expreso de CCOO y la pasividad complaciente de UGT.

O sea que, como dice Carlos Taibo, en un artículo donde resume el pavoroso panorama laboral: "si estamos donde estamos ello es en buena medida de resultas de la miseria que las direcciones de esas dos fuerzas sindicales han tolerado y estimulado. Ahí están, para certificarlo, sus livianísimas respuestas ante dos decenios de desregulación y retroceso en materia de derechos, el abandono con que han obsequiado tantas veces a los trabajadores que peleaban por algo distinto y el asentamiento de burocracias más empeñadas en preservar sus relativos privilegios que en acudir en socorro de los más castigados. Quien piense que la financiación pública de los sindicatos nada tiene que ver con todo lo anterior me temo que ha decidido darle la espalda a la realidad".

Sindicatos, el peor de los sistemas... a excepción de todos los demás

Pese a todo, la huelga, general en este caso, es una saludable forma de ejercer un derecho democrático. La democracia la definió muy bien Winston Churchill, cuando dijo que es el peor de los sistemas... a excepción de todos los demás. Y los sindicatos, una conquista histórica del movimiento obrero, son parte indisoluble de la democracia. La gestión sindical llevada a cabo por sus dirigentes es susceptible de crítica. Pero ningún asalariado debiera caer en esa trampa tendida desde el neoliberalismo, que asegura que los sindicatos son un obstáculo para la economía y deben desaparecer.

Sorprende que estos neoliberales, que arremeten implacables contra todo aquello que signifique injerencia en la libertad del individuo por parte del Estado, no se den por enterados de las coacciones que se producen contra la persona que desempeña un trabajo por cuenta ajena. El empleo representa una perfecta situación de dominio por parte del empleador respecto del empleado, sobre el que tiene plena disposición de tiempo y actividad durante el horario laboral.

Al traspasar el umbral de entrada al taller, la oficina o el tajo, el hasta entonces ciudadano pierde todo derecho democrático. Aquí dentro no hay derecho al voto: en el lugar de trabajo las decisiones no están sujetas a debate. El empleado deberá hacer lo que se mande, sin protestar. Una objeción a una orden puede suponerle el despido. La única posibilidad que tiene el trabajador para hacer valer sus derechos es la de afiliarse a un sindicato. Y que éste funcione, claro está. Por regla general, los trabajadores precarios no suelen estar afiliados a sindicatos. Legalmente, la patronal no puede prohibírselo, pero tiene en sus manos un arma mucho más poderosa: la amenaza de no renovación del contrato temporal a quienes se afilien. Una magnífica demostración de respeto por la libertad,

A los efectos prácticos, los sindicatos son, hoy por hoy, los únicos que cuentan con los medios materiales y formales para convocar, bajo la forma de huelga general, una protesta contra las sucesivas medidas antisociales adoptadas por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Una huelga convencional se hace para presionar a la patronal en donde más les duele: interrumpiendo la producción. Mientras que una huelga general no tiene estricto sentido económico. Es más, en la coyuntura actual, para muchas empresas, ahorrarse un día de producción les vendrá de perlas para reducir costes en épocas de bajo consumo. En cuanto al comercio, si un consumidor quiere comprar algo, pongamos que unos gayumbos, y el miércoles cierra el comercio, puede esperar al jueves para efectuar la compra. Los bares se ven más perjudicados, puesto que día que cierran caña o café que no despachan. La huelga general, sobre todo, se refleja en el transporte. Si éste para, se produce la impresión de país paralizado, lo cual tiene un profundo sentido político.

Los desempleados, máximos paganos de la crisis económica, ya que por definición, están privados de la posibilidad de ejercer su derecho a huelga convencional, tienen en la huelga general una oportunidad idónea para expresar su protesta contra las políticas neoliberales y el gobierno que las pone en práctica. No efectuar compras ese día, evitar gastar electricidad o gasolina hasta, al menos, las ocho de la tarde. Pues otra de las formas que tiene el sistema para calibrar el éxito o fracaso de la huelga es a través de la demanda de energía.

Lecturas recomendadas:



Kaos en la Red: Llamamiento a los parados y precarios a apoyar la huelga general

Desmontando excusas para ser un esquirol el 29S

La huelga general

La huelga es el espacio de tiempo en que alguien está sin trabajar. Generalmente se entiende como la suspensión colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores, destinada a presionar para obtener alguna condición o expresar una protesta. Huelga general es la que se plantea simultáneamente en todas las ramas de la producción, bien a escala local o nacional. En este último caso, con un carácter político que supera la mera reivindicación laboral.

La huelga general más famosa de la historia tuvo lugar en Rusia, en 1917, a partir de las acciones dirigidas por los bolcheviques. Tenía un carácter revolucionario destinado a provocar la caída del régimen zarista. Otra huelga sonada fue la de mayo de 1968 en Francia. Convocada conjuntamente por trabajadores y estudiantes como protesta por la política económica y social del gobierno, intentaba derrocar al presidente Charles de Gaulle. Aunque no logró susobjetivos políticos inmediatos obtuvo ciertas compensaciones económicas y, sobre todo, una gran repercusión mundial.

❐ En España, el primer conflicto más significado desde que se instauró la democracia tuvo lugar el 14 de diciembre de 1988, cuando los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras convocaron una huelga general para protestar contra la política económica y social del gobierno de Felipe González. El detonante fue un plan de empleo juvenil que abría las puertas a la precarización de los contratos. La huelga fue seguida masivamente y paralizó por completo la actividad del país.

❐ El 20 de junio de 2002, tras un largo período de concesiones al Partido Popular, los sindicatos volvieron a convocar una huelga general de 24 horas contra el drástico proyecto gubernamental para recortar las prestaciones por desempleo hasta límites intolerables para la izquierda. El gobierno de J. M. Aznar reaccionó a la convocatoria dictando por sorpresa el Decretazo 5/2002 que puso en vigor la reforma por vía de urgencia. Este talante autoritario confirió a la huelga un carácter marcadamente, político. El gobierno intentó contrarrestar la convocatoria con patéticas llamadas al interés de España, intimidaciones policiales y esperpénticas maniobras desinformativas: su portavoz llegó a certificar, a las ocho de la mañana, el fracaso de la huelga antes del comienzo del horario laboral. La huelga fue ampliamente secundada en las grandes empresas, polígonos industriales, construcción y en el transporte, y desigualmente seguida en las pequeñas empresas, el comercio y los servicios. En la tarde del 20-J, las grandes ciudades españolas fueron escenario de enormes manifestaciones de protesta. Al menos 2 millones de personas pidieron en las calles la retirada del decretazo. J. M. Aznar, que en un acto de arrogancia había planteado el conflicto como un partido de fútbol, advirtiendo que no se conformaría con el empate, perdió el encuentro por goleada. Los sindicatos demostraron mantener intacta su capacidad de resistencia.

El trabajo es peligroso para la salud

Las autoridades que velan por la salud de los habitantes del buen pueblo de España han puesto mucho énfasis para convencernos de que el tabaco es peligroso para la salud. Lo cual es muy de agradecer. Sin embargo, los dirigentes públicos, al animarnos a buscar un empleo a cualquier precio y circunstancia, olvidan advertir a la población de que también el trabajo es peligroso para la salud. En ocasiones, el trabajo mata: en la Unión Europea, cada tres minutos muere un trabajador accidentado.

“El trabajo mata”, dicen los más críticos con el trabajo asalariado. “Y el alpinismo también”, podrían replicar quienes juzgan descabellado conquistar la cumbre de una escarpada montaña, o la práctica de otros deportes de riesgo. Pero el acto de escalar una montaña responde a una libre decisión. El alpinista asume voluntariamente el riesgo, mientras que los trabajadores que mueren en el tajo no eligieron esa forma de perder la vida.

El trabajo no sólo devora las ilusiones y las posibilidades de acción: el trabajo mata directamente a las personas. Muchas actividades laborales son insalubres, peligrosas y extenuantes, hasta el punto de que, sólo en la Unión Europea, cada tres minutos muere un trabajador accidentado. Y cuando no han sido los accidentes, han sido los fusiles los que han segado la vida de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de los mineros del salitre chilenos, los peones de la Patagonia o las bananeras colombianas, todos ellos asesinados a balazo limpio por pedir modestas mejoras en sus condiciones laborales.

Cada tres minutos y medio, una persona muere en la Unión Europea a causa de accidentes laborales o por enfermedades profesionales, según los datos de Eurostat. Las muertes por accidente laboral superan las 5.700 al año, mientras las debidas a enfermedades profesionales alcanzan las 159.000, según la estadística comunitaria.

Buena parte de estas muertes están ocasionadas por la precariedad de las condiciones laborales, que somete a los obreros a una fuerte presión bajo la cual descuidan las medidas de seguridad en andamios y talleres. Las incapacidades derivadas de accidentes y enfermedades generan costes de miles de millones de euros al sistema público de Seguridad Social.

Un caso tremendo es el de la empresa France Télécom, donde cinco empleados se acaban de suicidar en el lapso de quince días. En lo que va de año, se han suicidado 23, según los representantes de los trabajadores. En el otoño del año pasado, una ola creciente de suicidios (25 personas en 19 meses) sacudió a esta empresa. Por entonces, los sindicatos denunciaron que muchas de estas muertes se debían a las condiciones estresantes de trabajo de France Télécom, a los traslados fulminantes a los que se forzaba a los trabajadores y al mal ambiente que reinaba en la compañía.

La relación entre trabajo y mortalidad es evidente: la crisis económica redujo la cifra de fallecidos en el trabajo en 2009. Durante los cuatro primeros meses del año, a un ritmo de más de dos muertos al día, los accidentes laborales se habían cobrado 259 vidas. Mientras que en el mismo período de 2008 los muertos fueron 361. La caída de la actividad económica en la construcción y la industria redujo el número de fallecidos en estos sectores: un 43,9% y un 40,3%, respectivamente. En los servicios (18,3%) y en agricultura (12,5%) el descenso fue menor.

El karoshi o fallecimiento por agotamiento laboral es un fenómeno muy extendido en el ámbito laboral de Japón. Reconocido como enfermedad por el Ministerio de Trabajo de este país, se asocia a una aceleración de las cargas y ritmos de trabajo impuestos por el toyotismo. Se presenta en adultos maduros en forma de muerte súbita ─un ataque─ que se produce después de un largo período de trabajo intenso. Según datos extraoficiales en torno a 10 mil personas fallecen cada año por causas relacionadas con el exceso de trabajo. El síndrome, que en los años 80 afectaba sobre todo a obreros industriales, se ceba ahora con los altos ejecutivos y los oficinistas. Los datos oficiales reconocen 147 muertos en 2007, 208 personas con daños físicos irreversibles, 819 con graves patologías psicológicas, 672 suicidios por no soportar la presión laboral y 205 fallos judiciales a favor de los familiares de las víctimas del karoshi.

Pensiones: la banca debe contribuir a mantener la Seguridad Social

El consenso político y social ha aceptado una extraña convención: las pensiones de los jubilados deben financiarse exclusivamente con una caja específica nutrida a costa de los descuentos efectuados en la nómina mensual de los trabajadores asalariados.Una convención extraña, sin duda, si tenemos en cuenta que ese mismo consenso político y social admite que el resto de gastos de la Nación sean pagados con cargo a los impuestos generales que nutren el Erario.

Estos gastos, pagados por la caja común de los presupuestos públicos, incluyen desde el sostenimiento a cuerpo de Rey, nunca mejor dicho, del monarca Jefe del Estado y su augusta familia, hasta el último bote de pintura empleado en la señalización horizontal de las carreteras. Sin olvidar el no despreciable detalle de que el peso de estos impuestos generales también recae sobre las capas asalariadas. Ya que los ricos y las corporaciones en que se agrupan —grandes empresas y entidades financieras— se las arreglan para no pagar demasiados impuestos.

Perverso convencionalismo éste, que obliga a los asalariados a sufragar el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos.

Necesitamos sanear estas convenciones sociales con visiones más saludables. Por ejemplo, la del economista Ravi Batra, que entiende que una defensa fuerte debe servir para proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas frente a enemigos exteriores. O expresado de otra manera: el mantenimiento de unas fuerzas armadas beneficia al individuo en esos tres aspectos principales.

Por lo tanto, razona Batra, “Es un principio tributario tradicional que los impuestos que uno paga deben guardar proporción con los beneficios que recibe. Dado que todos valoramos en igual medida nuestra vida y nuestra libertad, pero no somos iguales desde el punto de vista de las riquezas que poseemos, lógicamente los ricos deberían soportar al menos la tercera parte del gasto militar. O dicho con otras palabras: si el gasto de defensa proporciona tres beneficios principales, a saber, la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, la tercera parte de dicho gasto debe ser soportada por los dueños de las propiedades”.

Una lógica similar, según Batra, puede aplicarse a lo que gasta el Gobierno en la lucha contra la delincuencia, ya que en este caso los beneficios son muy parecidos. O sea que la tercera parte del gasto federal en defensa y justicia debería cubrirse mediante el mencionado impuesto federal sobre la propiedad. Si bien ciertos tipos de propiedades deberían quedar exentos: las necesidades de la vida cotidiana, esto es, la vivienda habitual, el coche, el vestido, los muebles, etc. En cambio, las acciones, los títulos, las cuentas de ahorro, las fincas comerciales y demás por el estilo deberían ser objeto de un gravámen progresivo. Y la escala debería calcularse de tal modo que lo recaudado por tal concepto equivaliese al tercio del gasto federal en defensa y lucha contra el crimen.

Que conste que la idea viene de lejos, y ya fue apuntada en 1737 por Benjamin Franklin, figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Refiriéndose a la necesidad de mejorar el servicio de vigilancia de la ciudad de Filadelfia, Franklin considera que debe haber mayor equidad a la hora de contribuir al pago de los mismos. En este sentido, redactó un documento en el que, además de reclamar una mejor formación de los agentes, insiste “particularmente en la desigualdad de aquella tasa de seis chelines que se pagaba a los alguaciles con respecto a las condiciones económicas de aquellos que tenían que pagarla, pues un ama de casa viuda cuya propiedad, que debía ser vigilada por el respectivo alguacil, probablemente no llegaba al valor de cincuenta libras, pagaba lo mismo que el más rico de los comerciantes que tenía en sus almacenes bienes por valor de miles de libras. En general propuse que para hacer una vigilancia más efectiva debía contratarse a hombres cualificados que se ocupasen exclusivamente de eso; y como una manera más equitativa de soportar la carga, establecer una tasa que estuviese en proporción a la propiedad”.

Defender el carácter público de las pensiones de jubilación no significa ignorar la necesidad de introducir algunas reformas en el sistema. La mayoría de nosotros emprende reformas en su vivienda, por lo general harto engorrosas, con el propósito de reparar deterioros o introducir mejoras que hagan más confortable su habitabilidad.

Al igual que una vivienda, también nuestro sistema público de pensiones necesita cierta reestructuración. Por ejemplo, establecer unas reglas más equitativas entre los períodos exigibles de cotización y la cuantía de la pensión. Acabar con la injusticia manifiesta que existe entre, por un lado, esas prejubilaciones doradas a los 52 años, recibiendo el importe íntegro de la pensión, llevadas a cabo en empresas mantenidas con dinero público, caso de Radio Televisión Española; y por otro lado, las expulsiones del trabajo forzosas, efectuadas a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, de muchos trabajadores del sector privado. Expulsiones que conllevan pérdida de años de cotización, con la consiguiente merma de la cuantía final de la pensión.

Las grandes reformas que es preciso acometer deben tener el propósito de mejorar la casa común de la Seguridad Social. Históricamente, la protección social empezó estableciendo niveles mínimos de cobertura, que el tiempo y la presión política fueron mejorando. El sistema de pensiones bismarckiano original dejaba sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no hubieran trabajado en el sistema productivo tradicional, o no lo hubieran hecho bajo los términos de un contrato laboral que garantizase cumplir con los baremos de cotización exigidos para percibir una pensión. Para evitar lo primero, aplicando la perspectiva beverigdeana del Estado del Bienestar, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Pensiones que, en España, tienen unas cuantías cicateras.

Pero económicamente, nuestro sistema público sigue haciendo depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento. Una reforma en serio comienza por reforzar la cimentación del edificio. Esto se puede lograr, bien aumentando el número de cotizantes, es decir, fomentando las políticas de natalidad mediante la ayuda a las familias de más bajos ingresos; o en cualquier caso, si el número de cotizantes disminuye por causas demográficas, ampliando las fuentes de financiación del sistema público de pensiones.

Para allegar fondos adicionales, habrá que hacer que contribuyan algo más los que más tienen. Comenzando por la banca, generosamente socorrida por el Estado cuando se ha visto en situación de emergencia. Una vez reflotado con fondos públicos, el sector bancario debería ser obligado a devolver a la sociedad el favor que ésta le ha hecho. Y una excelente forma sería que, a partir de ahora, sus cajeros automatizados coticen a la Seguridad Social.

A primera vista, aparecen cuatro fundadas razones para que los bancos dediquen una parte de sus ganancias a mantener el fondo de pensiones de la Seguridad Social:


i) Por atender al público a través de cajeros automáticos, la banca debería ser gravada con un impuesto robótico. Igual que deberían ser gravados otros negocios que obtienen beneficios a partir del trabajo que la mayor parte de las personas efectuamos al desempeñar el papel de prosumidores.

ii) Por cobrar a la clientela comisiones injustificadas por el uso del dinero de plástico, en especial las tarjetas de débito con las que el cliente dispone de su propio dinero en régimen de ‘autoservicio’. Estas comisiones equivalen a un impuesto en la sombra sobre el consumo.


iii) Por ser la banca la principal responsable de la actual crisis financiera y la principal destinataria de las ayudas del Estado. El crecimiento de la Deuda Pública se debe, en gran medida, a las ayudas de los gobiernos a las entidades bancarias.

iv) Por ser la banca el agujero negro a través del que desaparecen ingentes cantidades de riqueza, que es conducida a los paraísos fiscales.

Castigar a los parados, no a los banqueros

En el Tercer Año Triunfal del capitalismo en crisis, el Gobierno se dispone a disciplinar a las principales víctimas de los manejos especuladores: los parados. Un Gobierno que ha mimado a la Banca con cuantiosas inyecciones de dinero público pretende aplicar sobre los desempleados que reciben un misérrimo subsidio de 426 euros una severa política de vigilancia y castigo. De entrada, los perceptores del subsidio que no acepten participar en cursos de formación en un plazo de 30 días se verán privados de él. ¿Se aplicará la Administración a sí misma esa regla, penalizándose en caso de no ser capaz de ofrecer al parado una actividad formativa a los 30 días de su incripción en el registro del Inem?

En lugar de castigar a los banqueros por sus desmesuras, como propuso John K. Galbraith, el Gobierno prefiere castigar a los trabajadores, especialmente a los que han perdido su empleo a causa de la crisis generada por la delincuencia financiera internacional. (Y por sus correspondientes sucursales en España).

En este sentido, el PSOE ha conseguido sacar adelante en el Senado el proyecto de ley de reforma laboral. Si durante su discusión por el Congreso el debate se centró en el despido y sus causas, en el trámite del Senado las discusiones se han centrado en cómo aumentar el control sobre los parados: El periodo de gracia del que gozan ahora para aceptar cursos cuando empiezan a cobrar la prestación se reducirá de 100 a 30 días a petición del PSOE. Cumplido este periodo, al parado se le retirará la prestación de desempleo. Para lograr la unanimidad en torno a esta iniciativa, los socialistas aceptaron una propuesta del PP que exige que los cursos que se ofrezcan al desempleado se adapten a su perfil.

La sospecha de que las personas desempleadas compatibilizan el cobro de la prestación por desempleo con un trabajo sumergido obedece más a un prejuicio ideológico que a una realidad concreta. Por supuesto, como en tantos otros aspectos de la vida social (médicos odontólogos, fontaneros, etc.) hay gente que sucumbe a la tentación de fraude en la percepción del subsidio. Pero estos casos son una minoría, pues el mercado negro de trabajo no tiene capacidad para emplear a los cinco millones de parados que hay en España. Además, el hecho de que una persona que recibe una ayuda de 426 euros mensuales realice ocasionalmente alguna chapuza "en negro" no debiera ser piedra de escándalo, pues no es fácil subsistir únicamente con el importe del subsidio.

No debe olvidarse, por otro lado, que es precisamente la naturaleza condicional de los sistemas asistenciales de rentas mínimas de inserción y subsidios de desempleo la que produce el efecto de desanimar a la gente a buscar un trabajo. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permita complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Un efecto colateral de la trampa de desempleo es el fraude, cuya forma más habitual consiste en completar los ingresos del subsidio con algún trabajo sin registro —trabajo negro o sumergido—.Una concepción inteligente del sistema de protección social debería corregir esas trampas generadas por el propio sistema, permitiendo compaginar estas ayudas con un trabajo ocasional, en línea con la propuesta de la renta básica de ciudadanía.

No parece lógico que sólo se quiera vigilar y castigar a los desempleados, cuando en la economía sumergida siempre hay dos partes contratantes. Una persona no trabaja ‘en negro’ si no hay otra que le propone el trato. Según UGT, Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor peso de mercado negro, ya que la economía sumergida representa el 26,5 por ciento del PIB. En la región podría haber más de 200.000 trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social, de los que 60.000 serían extranjeros. El ministerio de Trabajo haría bien en pedir los datos a UGT y enviar inspectores a comprobar, primero, la negritud de los contratos; segundo, si esos trabajadores perciben el subsidio. Por otro lado, se estima que en España hay más de un millón y medio de parados que no reciben absolutamente ninguna prestación.


¿Formar o vigilar?

Enviar a los parados a cursos de formación parece obedecer más al propósito de ejercer sobre ellos una vigilancia para evitar que efectúen esos trabajos sumergidos, que a un loable propósito formativo. Pues está por ver que la Administración esté ahora mismo en condiciones de ofertar actividades formativas para cinco millones de desempleados

Nadie negará las bondades de la formación. Siempre, claro está, que se trate de una formación de calidad, y no de esos cursillos de señorita Pepis que improvisan los servicios de empleo para justificar que hacen algo. Y que muchas veces se reduce a que un joven recién licenciado y contratado en precario imparta unas clases sobre cómo redactar un curriculum a un grupo de maduros y experimentados ingenieros en paro.

En materia de productividad, España tiene un déficit tan grande como el de las cuentas públicas. Buena parte del mismo se debe al excesivo peso que han tenido en nuestro modelo económico dos sectores que generan poco valor añadido: la construcción y el turismo. El tercer factor que determina esta baja productividad es la escasa aplicación de nuevas tecnologías, debido a la falta de capacidad de la mano de obra para usarla. Esto no significa que los trabajadores españoles sean más torpes que los del resto del mundo, sino los elevados índices de precariedad en el empleo. La temporalidad en los contratos no ayuda a que el capital humano se aproveche bien. La empresa no invierte en la formación de sus empleados, y ellos no se esfuerzan en formarse.

Y ya que hablamos de fraude, conviene no olvidar tampoco que las actividades de formación a desempleados han sido, en sí mismas, un importante foco de corrupción, hasta el punto de que, en febrero de 2000, el entonces ministro de Trabajo del Gobierno del PP, Manuel Pimentel, se vio forzado a dimitir al descubrirse que un alto cargo de su confianza era copropietario de una empresa que recibía del ministerio elevadas subvenciones para formación de parados.

El caso Aycart

El ministro Pimentel dimitió al descubrirse que la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial, especializada en impartir cursos de formación para desempleados, pertenecía al 50% a la esposa de Juan Aycart, director general de Migraciones. Entre 1995 y 1999, dicha empresa obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem, gracias a que sus contactos internos le proporcionaron información privilegiada.

El caso Sánchez Fierro

CGP, otra empresa dedicada a la formación, recibió miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 obtuvo 2.500 millones de los fondos de formación profesional. CGP era propiedad de un cuñado de Julio Sánchez Fierro, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998. En 1999, Sánchez Fierro formaba parte de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en el gabinete ministerial, fue responsable del departamento de formación y empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, asesor de la patronal aseguradora Unespa y presidente de la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La actividad de CGP se centró especialmente en los planes formativos acogidos al plan nacional de empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo.

El caso Pallerols

En octubre de 2000, la Comisión Europea bloqueó la entrega al Gobierno catalán de 62 millones de euros en concepto de fondos para la fomación de parados hasta recibir explicaciones convincentes sobre el correcto uso de los mismos. A partir de 1988, en Bruselas se empezó a tener conocimiento de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos por parte del grupo Méndez. Informaciones que al año siguiente se extendieron a los fondos gestionados por el empresario Fidel Pallerols, propietario de tres academias para formación de parados que recibieron fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán.