¿Es Felipe de Borbón un desempleado? (de lujo, por supuesto)

Durante la reciente ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón aprovechó su discurso para referise a las elevadas cifras de desempleo generadas por la crisis financiera. "El paro, que es la consecuencia más dolorosa de la crisis económica que vivimos, hiere nuestra dignidad como seres humanos y constituye nuestra principal preocupación”.

El pasado 22 de octubre, en el teatro Campoamor de Oviedo, tuvo lugar la solemne ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2009. Tras glosar los méritos de los galardonados, Felipe de Borbón aprovechó su discurso para referirse a las tremendas cifras de desempleo generadas en nuestro país por los manejos financieros. "El paro, que es la consecuencia más dolorosa de la crisis económica que vivimos, hiere nuestra dignidad como seres humanos y constituye nuestra principal preocupación. Exige que los Estados faciliten a quienes se encuentran en esa situación la necesaria protección social, al tiempo que poner en marcha todos los medios precisos para que los jóvenes puedan encontrar trabajo y los desempleados puedan reincorporarse cuanto antes a la vida laboral”.

Esta referencia al paro en el discurso de Felipe de Borbón tal vez no sea más que una nota de oportunidad introducida por alguno de los asesores que le escribieron el texto. Sin embargo, de todos aquellos personajes que llevan una vida de lujo a costa del contribuyente, el heredero de la Corona es, quizá, el más indicado para hablar del desempleo. Pues aunque viva, nunca mejor dicho, ‘a cuerpo de rey’, el desempleo le afecta de manera directa.

Técnicamente, se le podría considerar como un desempleado ateniéndose a los criterios de la Encuesta de Población Activa (EPA), que clasifica como parada a toda aquella persona sin trabajo, que ha tomado medidas concretas para buscar un empleo y está disponible para incorporarse en un plazo de dos semanas.

En efecto, el primogénito del monarca español “ha tomado medidas concretas para buscar un empleo”. En concreto, el empleo de Jefe del Estado español, un curioso cargo que, en contra de la lógica más elemental, siendo público está privatizado, dado que no sale a concurso ni es electivo. A mayor originalidad, es ocupado en régimen de monopolio por los miembros de una sola familia de origen extranjero aunque sólidamente asentada en el país, desde que otro Felipe de Borbón, Duque de Anjou, vino a reinar a España en 1.700 como Felipe V.

Por obra y gracia del proceso llamado Transición, en España seguimos conservando esta anomalía política a la que el gran humanista Erasmo de Rotterdam ya dedicaba un jugoso comentario. En su fecundo libro de los Adagios, al explicar el proverbio Para rey o para necio se nace, observa Erasmo que: “El timón de una nave se le confía únicamente a quien tiene experiencia en la materia, aunque sólo corran peligro cuatro pasajeros y unas pocas mercancías; pero el Estado, donde tantos miles de hombres están en juego, se lo confiamos a un cualquiera. Para hacerse cochero, se aprende el oficio, se practica, se entrena uno; pero para ser príncipe, creemos que basta con haber nacido.”

Para corregir esto, a Felipe han procurado educarle un poco más que a su augusto y rudimentario padre. Según dicen, gracias a la tutoría del recientemente fallecido Sabino Fernández Campo, consejero privado del monarca y exjefe de la Casa Real. Asturiano él mismo, Sabino fue uno de los principales impulsores de los premios Príncipe de Asturias, que otorgan lustre y esplendor al título.

Volviendo a los criterios de la EPA para considerar parada a la persona “que ha tomado medidas concretas para buscar un empleo y está disponible para incorporarse en un plazo de dos semanas”, es indudable que el primogénito de la Corona está disponible para incorporarse al tajo tan pronto como se lo pidan. Podríamos encuadrarlo en la categoría de desempleado de larga duración. Una vez más, con una notable diferencia respecto al resto de parados afectos a esa situación. En el mercado laboral ordinario, cuanto más tiempo permanezca una persona en situación de desempleo disminuye su ‘empleabilidad’, es decir, ser reducen sus posibilidades de acceder a un empleo.

Por el contrario, para el sucesor de la Corona, las posibilidades de lograr el empleo aumentan en la medida en que transcurre el tiempo. Ya que éste pasa también para el señor Borbón padre, agotando sus reservas biológicas y abocándolo al desenlace final. Que ya don Jorge Manrique (Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / qu'es el morir) lo dejó advertido en sus fúnebres Coplas a la muerte de su padre:

Esos reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya passadas
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas;
assí, que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
e perlados,
assí los trata la muerte
como a los pobres pastores
de ganados.

[...]

Pues la sangre de los godos,
y el linaje e la nobleza
tan crescida,
¡por cuántas vías e modos
se pierde su grand alteza
en esta vida!
Unos, por poco valer,
por cuán baxos e abatidos
que los tienen;
otros que, por non tener,
con oficios non debidos
se mantienen.

Pensiones: los españoles las prefieren públicas

Una encuesta del Observatorio Caser revela que cada vez son más los españoles que, a pesar de apretarse el cinturón, no dedican sus ahorros a la jubilación. Mientras tanto, crece el número de los que confían en la viabilidad de la Seguridad Social. Ahora son el 58 % frente al 45 % de hace un año.

Los reiterados cuentos de terror sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones, que a diario nos trasladan los servicios de agitación y propaganda de los bancos y aseguradoras privadas, no consiguen asustar a los españoles. Que, en su mayoría, confían en que sea el Estado quien asegure su subsistencia en la vejez.

Tal vez hubo quien llegó a creer en las promesas de los bancos. Pero cuando ha quedado clara la irresponsabilidad y el descaro con el que han actuado las entidades financieras, desencadenando la actual crisis económica, el hechizo se ha roto. Todos aquellos que viven de un empleo cada vez más incierto, han despertado de la ensoñación capitalista poniendo los pies sobre la tierra.

Una encuesta del Observatorio de Pensiones de la aseguradora privada Caser revela que cada vez son más los españoles que, a pesar de apretarse el cinturón no dedican sus ahorros a la jubilación.

Para empezar, con salarios tan bajos como los que se paga el trabajo en España, queda poco margen para ahorrar. El estudio indica que dos tercios de los ciudadanos (65 %) reconocen que no pueden ahorrar para garantizarse una vida postlaboral mejor. Sin embargo, crece el número de los que confían en la viabilidad de la Seguridad Social. Ahora son el 58 % frente al 45 % de hace un año.

Y esto no significa que los ciudadanos hayamos depositado una ingenua confianza en la bondad de los rectores del Estado, sino que percibimos cierta capacidad de control sobre ellos. En efecto, la capacidad del ciudadano para influir en la estrategia empresarial de los bancos es nula, pero a ver qué espécimen de la clase política tiene el morro de presentarse a unas elecciones asegurando que se va a cargar el sistema de pensiones.

El famoso argumento demográfico (cada vez serán más los perceptores de pensiones y menos los cotizantes) que hasta ahora había servido como espantajo de los agoreros, se vuelve en su contra. Pues cuanto mayor sea el número de pensionistas, mayor también será su capacidad de presión política. Algo que deberá tener bien presente Rodríguez Zapatero, que prometió, si ganaba las elecciones por segunda vez, subir 200 euros las pensiones mínimas para los jubilados con cónyuge a cargo, hasta 850 euros al mes, y para los jubilados que vivan solos, hasta 700 euros al mes. La subida deberá hacerla efectiva a lo largo del mandato.

Por si acaso, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, salió al paso del revuelo causado por el último informe de la Comisión Europea en el que advertía sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Según Almunia, "Hoy no hay un problema con las pensiones. Sí que lo habrá si durante los próximos 20 o 25 años no se llevan a cabo ajustes, ya que a mediados de la década de los 20, se empezarán a sentir los efectos del envejecimiento de la población, porque estos se acelerarán".

Y a la postre, en materia de pensiones el sistema público siempre será mucho más barato que el privado. Dado que periódicamente los bancos y aseguradoras quiebran, tiene que ser el Estado el encargado de salvarlos del naufragio con dinero del contribuyente el. Y para eso, es mejor que el Estado pague directamente las pensiones.

De todas formas, para quienes todavía prefieran depositar su futuro económico en manos de los bancos, aquí tienen un pequeño vocabulario financiero, para entender cómo actúan éstos.


FONDO DE RENTA VARIABLE Depósito que realiza un cliente, y que pasado un tiempo prudencial, pierde.

FONDO DE RENTA FIJA Depósito que hace un cliente, y que pasado un tiempo prudencial, se le devuelve juntamente con una pequeña limosna. Si el cliente se queja, es aconsejable pasarlo a Renta Variable.

FONDO MIXTO Depósito que hace un cliente, a quien le han ido mal los dos anteriores y que, pasado un tiempo prudencial, también lo pierde casi todo. (Es que no aprenden).

FONDO GARANTIZADO Depósito que hace un cliente que está hasta los cojones de perder dinero, donde llegada la fecha de garantía, se le devuelve íntegramente la cantidad que aportó. Acostumbran a quedarse esperando a que les den alguna cosa más.

DEPÓSITO ESTRUCTURADO Depósito que hace un cliente, en el que, si una serie de hechos totalmente fortuitos coinciden, se le da un vale a cambiar por un derivado, que se convierte en una opción de futuro sobre un mercado emergente. El cliente nunca pierde el dinero, eso sí, tampoco lo encontrará.

DEPÓSITO REGALO Aconsejable para todos los clientes que han pasado por todos los depósitos anteriores y ya no les queda dinero en el banco. Entonces se le pide que lo traigan de otro banco, y se le da una cacerola o una sartén a cambio.

Teoría económica para cerdos

Un día sí, y otro también, se oyen voces apocalípticas que urgen al Gobierno a reformar el sistema público de pensiones que, aseguran, corre un serio riesgo de entrar en quiebra. Pero los servicios de estudios de las entidades bancarias deben guardar otros datos ocultos, cuando no aconsejan tomar medidas en su propia casa, poniendo coto a las astronómicas pensiones de sus altos directivos. A todo esto, Díaz Ferrán, cabeza visible de la patronal, que pide rebajar las cotizaciones sociales, resulta que también destaca como líder en impagos a la Seguridad Social. Esta peculiar forma de entender la teoría económica recuerda la política de los cerdos, la clase dirigente de la granja orwelliana.

La monserga sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones ataca de nuevo. Ahora son los ‘expertos’ de la UE quienes dicen que España debe tomar drásticas medidas para reformar el sistema público de pensiones. De no hacerlo, aseguran, el sistema entrará en quiebra en 2060. Sorprende tanta anticipación por parte de quienes no fueron capaces de prever la actual crisis económica.

Es patente que ningún hombre de negocios cree sinceramente en la doctrina económica del liberalismo: ya saben, libre mercado, no intervención del Estado. Y en el supuesto de que hubiera algún devoto de la misma, a juzgar por la manera en que renuncian a ponerla en práctica parece incluso que se avergonzaran de su fe.

Es el caso de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE. Un peculiar personaje que, en pleno estallido de la crisis ‘subprime’, hace ahora un año, pedía a gritos al Gobierno que ayudara a los bancos para financiar a las empresas. Al tiempo que hacía profesión de su fe, declarándose un “firme defensor de la economía de mercado libre”, renegaba de la misma al pedir al Gobierno que “hiciera un paréntesis en su respeto al mercado, ante la crisis más grave, gravísima, que he vivido como empresario”, desde que en 1967 fundase su primera compañía de transportes.

En reiteradas ocasiones, el presidente de la CEOE también ha pedido al Gobierno una sustancial rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan los empresarios. Ahora acabamos de descubrir que Air Comet, compañía aérea que dirige el preside Díaz Ferrán, aborda una situación agónica. Adeuda las nóminas de los últimos meses a sus cerca de 900 empleados y acumula un impago de casi 16 millones de euros a la Seguridad Social, incluida la cuota obrera (unos tres millones), según datos oficiales que manejan fuentes sindicales. El impago de la cuota obrera, según detallan los representantes sindicales, podría ser denunciada como apropiación indebida, dado que la empresa la ha retenido de la nómina de los trabajadores y, sin embargo, no la ha abonado a la Seguridad Social.

Pese a su manifiestos incumplimientos del credo liberal, el mundo de los negocios mantiene una nutrida clase de propagandistas de la fe libremercadista para que sigan elaborando jaculatorias y mantras que ensalzan, sobre todo, el libre mercado para la mano de obra y la protección social.

Por ejemplo, ciertos expertos en la teoría de la relatividad económica proponen que se revise el Índice de Precios al Consumo (IPC) y se establezca una escala específica para los jubilados, al entender que tienen gastos más reducidos. “Un jubilado, por el mero hecho de serlo, disminuye al máximo sus gastos de transporte [...] tampoco tiene necesidades de formación [...] por lo que puede prescindir de la realización de cursos y adquisición de libros”. De este tenor son los argumentos con los que hace ya tiempo, Ramiro Grau Morancho, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, postulaba en las páginas del diario Abc el establecimiento de un IPC distinto para revisar las pensiones de jubilación.

A esa escuela pertenece el Servicio de Estudios del BBVA, que en un informe sobre las perspectivas del sistema de pensiones en España aconseja al Ejecutivo que, “en el menor plazo posible”, acometa reformas. Entre ellas, que el aumento anual de las pensiones sea el del IPC “menos” algunas décimas, medio punto por ejemplo. José Luis Escrivá, director del mencionado servicio, abunda en la tesis de que los jubilados tienen un menor límite de gasto y consumen menos que el resto de los ciudadanos.

Pero la tesis de Escrivá se compadece mal con el hecho que los consejeros de los tres grandes bancos españoles (Santander, BBVA y Popular) acumulan compromisos en fondos y planes de pensiones para sufragar su jubilación por un importe conjunto de 273,4 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar la pensión media de 30.000 jubilados españoles durante un año. Estos compromisos, que traducidos a pesetas superan los 45.000 millones, serían suficientes para hacer frente a las jubilaciones de todos los pensionistas de Zamora o Huesca durante un año, las de los de Soria durante dos ejercicios o las de los de Ceuta y Melilla durante cuatro años. Por lo que se refiere al BBVA, la mayor parte de los compromisos por pensiones están centrados en los consejeros ejecutivos del banco: el presidente, Francisco González; el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, y el secretario del Consejo, Antonio Maldonado. Recientemente hemos visto cómo, al pasar a la dorada reserva a los 55 años, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará una astronómica pensión respaldada por los 52,49 millones de euros que tiene dotados el banco para garantizarle esa prestación.

Todo esto lleva a pensar que el libro de cabecera del Servicio de Estudios del BBVA pudiera ser Rebelión en la granja, de George Orwell. En especial, el capítulo donde se establece ese principio que sostiene que: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. “Después de eso —dice el libro— no les resultó extraño que, al día siguiente, los cerdos que estaban supervisando el trabajo en la granja llevaran todos un látigo en la mano”.

69 Razones para no trabajar en demasía

Nuestros dirigentes, encabezados por el monarca —que ostenta el curioso cargo constitucional de Jefe no electo del Estado— nos invitan a trabajar con ahínco para superar una crisis cuyo origen no se encuentra en el ámbito laboral. No se les ha ocurrido decir: “Ciudadanos, como premio a vuestro sacrificio laboral, os garantizamos que al superar la crisis se repartirán con equidad los beneficios de la producción”. Nada de eso, lo único que los gobernantes nos ofrecen a cambio de nuestro sacrificio es restablecer el equilibrio del sistema para dejarlo en el mismo punto en el que estaba antes de producirse la crisis: o sea, en similar estado de riesgo de que ésta se repita. Ninguna crisis económica ha tenido como causa el hecho de que la gente trabajase poco. Así que, por favor,
no nos vengan con cuentos.

En su fecundo libro de los Adagios, al explicar el proverbio Para rey o para necio se nace, el gran humanista Erasmo de Rotterdam nos recuerda que: “En primer lugar, se requiere tener una recta opinión de las cosas, pues las opiniones son como las fuentes de donde surgen en la vida las acciones, y si están contaminadas, dan al traste con todo”.

Este adagio viene al pelo en un momento en que los gobernantes nos invitan a trabajar con ahínco para que no se hunda el tinglado económico internacional, sumido en grave crisis por los manejos de la banca y otros delincuentes financieros. “Ninguna mano quede ociosa”, dijo Barak Obama, la víspera de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. “La cultura del sacrificio, trabajo y esfuerzo son más necesarios que en momentos de bonanza económica”, aseguró el ministro español de Trabajo Celestino Corbacho. Mientras que el Rey Juan Carlos I, con su habitual estilo simplón, alentó a los españoles “a tirar todos del carro en la misma dirección”. Ahora, es la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la que vuelve a la carga con la monserga: “La economía española es como las mujeres. Aunque estén igual de capacitadas, tenemos que trabajar el doble".

Nuestros dirigentes, encabezados por el monarca —que ostenta el curioso cargo constitucional de Jefe no electo del Estado— bien podrían haber dicho: “Ciudadanos, como premio a vuestro sacrificio laboral, os garantizamos que al superar la crisis se repartirán con equidad los beneficios de la producción”. Nada de eso, lo único que los gobernantes nos ofrecen a cambio de nuestro sacrificio es restablecer el equilibrio del sistema para dejarlo en el mismo punto en el que estaba antes de producirse la crisis: en similar estado de riesgo de que ésta se repita.

Los métodos utilizados por las distintas autoridades que históricamente se han ido turnando en la función de obligar a trabajar a los miembros de la tribu, ciudad o Estado, no siempre han sido limpios y respetables. Pero los mandatarios de las naciones nunca han estado tan faltos de legitimidad para pedir un esfuerzo a los ciudadanos como en el momento actual. Pues se le puede pedir al pueblo sangre, sudor y lágrimas ante el ataque de un ejército enemigo. O ante los desastres producidos por un terremoto o un violento huracán. Pero no cuando los manejos especulativos de los mercachifles han gozado de la total permisividad de las autoridades.

Ninguna crisis económica ha tenido como causa el hecho de que la gente trabajase poco. Así que no nos vengan con cuentos. Antes de prestar obediencia ciega a sus mandatos, tengamos una recta opinión acerca de la capacidad y catadura moral de quienes mandan.

69 razones para no
trabajar demasiado

Bajo este título, os presento hoy, apreciados seguidores del blog, el libro que acaba de ser editado por Ediciones Viejo Topo, y que, paradójicamente, es el resultado de un considerable esfuerzo personal. Pues escribir es bastante más duro que cavar. Y os aseguro que conozco ambos oficios, pues he escrito más árboles que plantado libros. O viceversa.



Ante todo, permitidme que os diga que hay poco de frivolidad en la propuesta de trabajar menos. Tesis que, pese a su honda solera filosófica, parecía políticamente poco apropiada mientras estuvo vigente la promesa de crear un Estado del Bienestar. Sin embargo, la contrapartida que se ofrece hoy a cambio del esfuerzo laboral es precariedad creciente en el empleo, despido libre, contratos basura, salarios que rayan en el insulto, servicios públicos de salud deteriorados e incertidumbre en las pensiones de jubilación. En esas condiciones, entregar nuestra vida al trabajo por cuenta ajena parece cosa de tontos: vive para tí solo, si pudieres, pues sólo para tí, si mueres, mueres, advierte Quevedo.

Para tranquilidad de moralistas y meapilas de vía estrecha, entiéndase bien que no se defiende aquí la idea de no trabajar en absoluto, sino la de no superar los límites de la razón y de lo razonable. Aparte de dejar exhaustos los cuerpos y esmirriado el tiempo vital de las personas, trabajar más, produciendo mayor cantidad de mercancías y servicios, significa introducir un mayor grado de desorden en un sistema medioambiental bastante fatigado ya.

Pese a los cuentos inventados por los ideólogos del sistema, el trabajo por cuenta ajena no otorga carta de ciudadanía. No puede hacerlo por la sencilla razón de que ningún ordenamiento constitucional vigente reconoce el acceso al trabajo como un derecho de obligatoria provisión. Un ciudadano puede exigir que las autoridades del Estado protejan su seguridad personal o su salud. Pero no existen vías jurídicas para exigir una colocación dentro del artefacto social del empleo. Para evitar desórdenes sociales, los gobiernos intentan favorecer lo que eufemísticamente denominan "creación de empleo". O sea, la contratación de trabajadores por parte de los empresarios. Pero éstos, a la vez que propietarios de los medios de producción, manejan también los mandos del artefacto empleador. En consecuencia, nadie podrá trabajar sin permiso de otro, como observó Karl Marx. Mientras el capitalismo perdure, los seres humanos no tenemos la menor obligación ética de sacrificar el corto tiempo de nuestra existencia en aras de un sistema injusto.

Razones para no trabajar demasiado las hay seguramente por miles. En este libro se presenta una breve selección que recoge lo que filósofos y pensadores de diversas épocas han dicho sobre lo que el impagable Paul Lafargue denominó "el vicio del trabajo". Para entender el concepto es preciso leer a maestros del pensamiento como Sócrates, Epicuro, Séneca, Tomás Moro, Henry D. Thoreau o Bertrand Russell, entre otros.

Si una mayoría de ciudadanos leyese a estos maestros y actuara en consecuencia, posiblemente el capitalismo caería sin necesidad de revoluciones. El experimento vale la pena.



http://www.elviejotopo.com/web/libros_novedades.php

Otra reforma laboral es posible (y II)

Hasta ahora, todos los intentos de cambiar -a peor- las condiciones del contrato laboral han demostrado su ineficacia en la creación de empleo. Una medida alternativa consistiría en transformar el subsidio por desempleo que reciben los desempleados mayores de 52 años, en un ingreso garantizado, compatible con los ingresos procedentes del trabajo que el ciudadano pudiera conseguir por su cuenta. Esto eliminaría la trampa del desempleo y el trabajo sumergido

La renta básica de ciudadanía (RBC), propuesta que cada vez gana más adeptos ante el fracaso del sistema de distribución de riqueza a través del mercado, es una medida que necesitaría ser implantada de forma gradual. Por un lado, es preciso vencer la resistencia ideológica al cambio de los valores propios de la centralidad del trabajo que impregnan la sociedad, pese a que el trabajo asalariado haya perdido de facto esa centralidad. El avance tecnológico, unido a la repugnancia de las grandes patronales a mantener elevados niveles de empleo digno, conducen hacia un horizonte donde cada vez será necesario un menor número de personas para mantener la producción de bienes y servicios. Por otro lado, la implantación de un ingreso garantizado de manera universal al conjunto de la población, requiere efectuar una reforma fiscal de cierta envergadura.

Esa gradualidad en la aplicación de la RBC podría comenzar por un sector de la población especialmente perjudicado por la avería general de la maquinaria del empleo: los desempleados que entran en la cincuentena. El decoro moral exige evitar cualquier tipo de demagogia a la hora de referirse a la situación de las personas que, después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, pasan a formar parte de la legión de desempleados justo al entrar en la madurez. Sólo los cínicos se atreven a tachar de alegres vividores a estas personas porque perciben un subsidio de 420 euros al mes.

Porque nada viola tanto el principio de reciprocidad como el hecho de que la sociedad no sólo no recompense a estos ciudadanos por el doble esfuerzo laboral y contributivo realizado durante décadas, sino que, a mayor inri, los condene a vivir encerrados en la trampa del desempleo que constituye el subsidio para mayores de 52 años.

La maraña legal y administrativa que reglamenta las prestaciones sociales a estos cuatrocientoseuristas actúa con criterios miserables no sólo por las bajísimas cuantías de la ayuda, sino también por las draconianas condiciones que impone a los receptores. En la actualidad, la cuantía del subsidio por desempleo alcanza la fastuosa cifra de 420 euros mensuales por 12 pagas anuales, lo que sitúa la prestación por debajo del umbral de pobreza. Para percibir ese magro auxilio, el interesado ha de cumplir, entre otras severísimas condiciones, la de no obtener por otras fuentes rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Por 'otras fuentes' se entienden rentas del capital, inmobiliarias, etc. Es decir, la prestación es compatible, por ejemplo, con los ingresos percibidos del alquiler de una vivienda, siempre dentro del mencionado límite, pero lo que se prohibe taxativamente es que esos ingresos adicionales permitidos provengan del desempeño de un trabajo.

El obsesivo afán administrativo de vigilar y castigar —utilizando la expresión foucaltiana— a los perceptores de prestaciones resulta superfluo en el caso de los desempleados que han entrado en la cincuentena. Como reconocen los altos cargos del Ministerio de Trabajo, no todos los desempleados que figuran en el registro de los servicios públicos de empleo tienen las mismas posibilidades de incorporarse a un trabajo. Por ello, en este organismo han elaborado un “índice de ocupabilidad” —la probabilidad de convertirse en ocupado— con el fin de depurar las cifras. El resultado es que la mitad de quienes figuran en el registro tienen baja o muy baja probabilidad de encontrar un empleo. Según declaró en 2008 el secretario general de Empleo, el 47 % de los 1,9 millones de desempleados que había entonces se encuentra en esa situación. “Buena parte de ellos son los prejubilados que están en situación de paro hasta que empiezan a cobrar la jubilación”. En resúmen, para los desempleados que han llegado a la edad madura —productores socialmente amortizados— la probabilidad de encontrar una ocupación remunerada se expresa en los dantescos términos escritos en las puertas del infierno: lasciate ogni speranza.

Una solución a este desafuero consistiría en liberalizar, ya que tan de moda está el verbo, este subsidio. Esto es, liberarlo de las absurdas trabas a las que ahora está sujeto para hacerlo compatible con la obtención de aquellos ingresos que el perceptor pudiera lograr por otros medios. Pues, como está en la mente de todos, tales ingresos es difícil que fueran a ser millonarios. En otras palabras, esto significa establecer alguna modalidad de renta básica ligada a la condición de ciudadanía para todos los mayores de 50 años, la edad laboralmente crítica. Se evitarían así situaciones tan demoledoras como las que se han puesto de relieve. Esto podría hacerse de forma gradual transformando el subsidio por desempleo en un ingreso mínimo no sujeto a la condición de trabajar pero tampoco sujeto a la prohibición de trabajar.

Se trataría de evitar que una persona que ha sido expulsada del mercado general de trabajo —y existe el suficiente convencimiento de que es harto improbable que pueda regresar al mismo en condiciones de empleo digno— sufra el castigo adicional de ver negada la posibilidad de complementar esa base mínima con el ingreso procedente de algún trabajo ocasional. El balance de estos ingresos puede evaluarse técnicamente a través de sencillas fórmulas fiscales como el impuesto negativo.

Llevar a cabo una reforma laboral de este tipo requiere, ante todo, terminar con una serie de prejuicios que han sido inoculados en la opinión pública por los escritores económicos a sueldo del neoliberalismo. Por ejemplo, uno de ellos, se refiere a las prestaciones por desempleo asimilándolas al crowding out, o 'efecto expulsión'. Una comparación absolutamente inexacta en términos conceptuales. Lo que en teoría económica se conoce como 'efecto expulsión' se refiere a "cualquier desplazamiento del sector privado ocasionado por la actuación del sector público en la economía. Supone una limitación importante en la aplicación de la política fiscal. Puede consistir, por ejemplo, en medidas legislativas y ejecutivas propuestas para impulsar al sector público, las cuales absorben una parte considerable del ahorro interno desplazando al sector privado".

Es decir, si el Gobierno llevara al Parlamento una ley para crear una empresa nacional de venta de helados al por menor, estaría invadiendo la iniciativa privada de los miles de pequeños vendedores que llevan al público esta golosina con sus carritos rodantes y puestos callejeros. Pero cuando el gobierno ayuda a los desempleados no está invadiendo ninguna competencia de la iniciativa privada, sino cumpliendo con la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Española, que prevén que los Estados presten ayuda a las personas en situación de precariedad. Invadiría la iniciativa privada si estas ayudas estuvieran siendo prestadas por entidades privadas, por ejemplo el BBVA. Pero no hay indicios, por el momento, de que la acción social forme parte del egoísmo consustancial al comercio de bienes y servicios, incluidos los financieros.

Pero al negar la posibilidad de efectuar pequeños trabajos a los perceptores de las ayudas por desempleo, siendo éstas de cuantía tan baja que impiden sobrevivir en condiciones de cierta dignidad, lo único que se consigue es, o bien mantener a la gente atrapada en la trampa del desempleo, o inducir a muchos subsidiados a buscarse la vida obteniendo ingresos adicionales 'en negro' desarrollando actividades en la economía sumergida.

Una medida como la que acaba de presentarse (1), junto a los efectos positivos para la personas afectadas por ella, permitiría "blanquear" esos ingresos, lo que sería beneficioso para las cuentas públicas. Aparte de los resultados materiales, el incentivo público de la disposición a trabajar de las perceptores del subsidio acabaría con la insoportable monserga de los predicadores de los sacrosantos principios de la moral del trabajo, que consideran a los perceptores del subsidio como parados profesionales.

PS: Transcribo la reflexión de Agustí Soberano, presidente del comité ejecutivo nacional del Partido de los Pensionistas en Acción de Sant Cugat del Vallès

A ver si ven la diferencia: dos personas, ambos tienen 55 años y la empresa los prejubila. El primero pasará a cobrar tres millones de euros anuales hasta los 65, cuando se jubilará, eso sí, con una bonificación de 52 millones de euros. El segundo, dos años en el paro, buscando trabajo, pagándose durante tres años la cotización de su bolsillo, para poder acceder a una pensión digna.

A los 60 debe jubilarse forzosamente por no encontrar un trabajo, la pensión que recibirá se verá reducida un 30% de por vida. Supongo que la pensión del primero hará aumentar la media de las pensiones, para que así puedan vanagloriarse los señores del Gobierno. El aumento de las pensiones para el próximo año será del 1%, todo un esfuerzo gubernamental.

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(1) Ver la propuesta "Mayores y niños primero" del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid, que incluye esta medida junto con la generalización de una renta universal para niños menores de tres años y personas mayores de 60 años.