Garantizar, mediante pensiones públicas, una vida digna al llegar a la edad en que decae el vigor biológico de las personas es uno de los grandes logros que dan sentido a la moderna existencia humana. Cuando un Gobierno, como ahora el formado por el Partido Popular, pretende destruir esa garantía, devaluando la cuantía de las pensiones, pierde toda legitimidad y debe ser combatido con todos los medios al alcance de la ciudadanía.
Junto a sus notables contribuciones a la epistemología, al filósofo vienés Karl Popper, (1902-1994) se le recuerda como uno de los más sólidos teóricos del pensamiento liberal en el siglo XX. Defensor de la sociedad abierta frente a los sistemas totalitarios, y gran crítico de toda visión política que conlleve el diseño de un mundo utópico, Popper fustigó con gran dureza las teorías de Platón y de Karl Marx. La sociedad abierta y sus enemigos, escrito durante la Segunda Guerra Mundial desde su exilio en Nueva Zelanda, es su libro más conocido. En él define el concepto de sociedad abierta como el sistema político en el cual los líderes políticos o el gobierno son reemplazados sin necesidad de violencia o derramamiento de sangre, a diferencia de las sociedades autoritarias, en las que el mecanismo de reemplazo de gobiernos es la revolución o el golpe de Estado.
Para Popper, una sociedad abierta es aquella en la que los individuos sienten la necesidad de tomar decisiones personales; a diferencia de lo que sucede en las sociedades tribales o en las dominadas por el pensamiento mágico. Ello no es óbice para defender el humanitarismo como garante de la convivencia social. Popper aboga por huir de toda utopía y ceñir la acción política a una praxis realista. De ahí su sabio consejo: “Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas. O, en términos más prácticos: luchad para la eliminación de la miseria por medios directos, por ejemplo, asegurando que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos. [...] No permitáis que vuestros sueños de un mundo maravilloso os aparten de las aspiraciones de los hombres que sufren aquí y ahora”.
Parafraseamos en este capítulo el título del libro de Popper porque esa sensata propuesta de asegurar que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos también tiene enemigos declarados. La seguridad de poder contar con una renta durante la vejez está siendo atrozmente cuestionada en nuestros días. Y para mayor desfachatez, quienes exigen desmantelar los sistemas públicos de pensiones dicen hacerlo desde una postura “liberal”. Cuando, en realidad, hablan o escriben al dictado de los grandes poderes económicos que tratan de imponer sus criterios sin pasar por el veredicto de las urnas. O sea, violando las reglas de juego de la sociedad abierta para imponer ese diktat que entra en contradicción con la democracia y establece la dictadura de los mercados.
Desde hace décadas, los sistemas públicos de pensiones de jubilación vienen siendo objeto de una gran ofensiva por parte de la banca y otros sectores interesados en que su gestión pase a manos privadas. El dinero destinado a pagar a los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en España supone una considerable masa monetaria que despierta la codicia bancaria. Este es el verdadero motivo por el que subvencionan los estudios de expertos poco escrupulosos, que no tienen el menor empacho a la hora de sembrar dudas sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas. Aunque para ello tengan que recurrir a poner en circulación una serie de falacias. Una de ellas, la que utiliza la demografía en forma sesgada.
Hay un dato objetivo e innegable, y es el envejecimiento actual de la población. En los países desarrollados, especialmente en Europa, la tendencia general es que nacen pocos niños, mientras que los mayores son cada vez más longevos. Esto se debe a que, gracias a las políticas del Bienestar, la población en general goza de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte tendencia al alza en la esperanza de vida.
Frente a quienes presentan esa mayor longevidad como un tremendo problema, una actitud más sensata y objetiva exige celebrar esta realidad como un éxito social. En concreto, un éxito de las políticas sociales de convivencia y solidaridad europeas que han logrado que, en la primera década del siglo XXI, llegar al estado de vejez no signifique ingresar automáticamente en la miseria.
Para Popper, una sociedad abierta es aquella en la que los individuos sienten la necesidad de tomar decisiones personales; a diferencia de lo que sucede en las sociedades tribales o en las dominadas por el pensamiento mágico. Ello no es óbice para defender el humanitarismo como garante de la convivencia social. Popper aboga por huir de toda utopía y ceñir la acción política a una praxis realista. De ahí su sabio consejo: “Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas. O, en términos más prácticos: luchad para la eliminación de la miseria por medios directos, por ejemplo, asegurando que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos. [...] No permitáis que vuestros sueños de un mundo maravilloso os aparten de las aspiraciones de los hombres que sufren aquí y ahora”.
Parafraseamos en este capítulo el título del libro de Popper porque esa sensata propuesta de asegurar que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos también tiene enemigos declarados. La seguridad de poder contar con una renta durante la vejez está siendo atrozmente cuestionada en nuestros días. Y para mayor desfachatez, quienes exigen desmantelar los sistemas públicos de pensiones dicen hacerlo desde una postura “liberal”. Cuando, en realidad, hablan o escriben al dictado de los grandes poderes económicos que tratan de imponer sus criterios sin pasar por el veredicto de las urnas. O sea, violando las reglas de juego de la sociedad abierta para imponer ese diktat que entra en contradicción con la democracia y establece la dictadura de los mercados.
Desde hace décadas, los sistemas públicos de pensiones de jubilación vienen siendo objeto de una gran ofensiva por parte de la banca y otros sectores interesados en que su gestión pase a manos privadas. El dinero destinado a pagar a los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en España supone una considerable masa monetaria que despierta la codicia bancaria. Este es el verdadero motivo por el que subvencionan los estudios de expertos poco escrupulosos, que no tienen el menor empacho a la hora de sembrar dudas sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas. Aunque para ello tengan que recurrir a poner en circulación una serie de falacias. Una de ellas, la que utiliza la demografía en forma sesgada.
Hay un dato objetivo e innegable, y es el envejecimiento actual de la población. En los países desarrollados, especialmente en Europa, la tendencia general es que nacen pocos niños, mientras que los mayores son cada vez más longevos. Esto se debe a que, gracias a las políticas del Bienestar, la población en general goza de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte tendencia al alza en la esperanza de vida.
Frente a quienes presentan esa mayor longevidad como un tremendo problema, una actitud más sensata y objetiva exige celebrar esta realidad como un éxito social. En concreto, un éxito de las políticas sociales de convivencia y solidaridad europeas que han logrado que, en la primera década del siglo XXI, llegar al estado de vejez no signifique ingresar automáticamente en la miseria.
Hace apenas cincuenta años, la mayoría de los trabajadores de este país no podían contar con esa seguridad económica, ya que las pensiones o eran muy escasas o, sencillamente, no existían. En la actualidad, el derecho a que todas las personas puedan contar con una pensión de jubilación, así como la universalidad de la asistencia sanitaria constituyen sendas premisas del consenso social y político de cualquier europeo contemporáneo.
Sin embargo, como no siempre llueve a gusto de todos, un éxito social de este tipo no resulta del agrado de quienes, por oficio u vocación, se oponen a cualquier tipo de medidas destinadas a mejorar los sistemas públicos de protección social. Sacando los pies del tiesto de ese consenso social europeo, invocan valores de otra cultura que, como la estadounidense, sitúa el culto sagrado a la libertad del individuo por encima de la cohesión social.
“Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República”.
¡Ahí es nada! La bancarrota financiera y el derrumbe de la República. Según John K. Galbraith, ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.
Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo se ha encargado de demostrar, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de setenta años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar del planeta. Y las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria.
Sin embargo, como no siempre llueve a gusto de todos, un éxito social de este tipo no resulta del agrado de quienes, por oficio u vocación, se oponen a cualquier tipo de medidas destinadas a mejorar los sistemas públicos de protección social. Sacando los pies del tiesto de ese consenso social europeo, invocan valores de otra cultura que, como la estadounidense, sitúa el culto sagrado a la libertad del individuo por encima de la cohesión social.
“Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República”.
¡Ahí es nada! La bancarrota financiera y el derrumbe de la República. Según John K. Galbraith, ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.
Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo se ha encargado de demostrar, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de setenta años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar del planeta. Y las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria.
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Texto extractado del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, Ediciones Viejo Topo.
Texto extractado del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, Ediciones Viejo Topo.
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