No he de callar por más que con el dedo...

No he de callar, por más que con el dedo, | ya tocando la boca, o ya la frente, | silencio avises, o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente? | ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? | ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
                           Francisco de Quevedo y Villegas.

Aunque el DRAE, en su tercera acepción de la voz fascista, admite el uso para calificar al que es excesivamente autoritario, no acostumbro a utilizar esa palabra a la ligera. Hay mucho hideputa por ahí que no es necesariamente fascista. A cada cual, lo suyo.

Fascista es algo más que autoritario. El fascismo es la ideología a la que se adhieren los mediocres y los cobardes. Mediocres cuyo cerebro no es capaz de procesar, y entender en su justa dimensión, la grandeza de la acción política como expresión del ser humano que vive en comunidad y genera discurso en clave ciudadana. Mediocres que buscan disimular su mediocridad vistiendo parafernalias uniformadas, o ingresan en cuerpos uniformados para satisfacer sus bajos instintos. Mediocres y cobardes que sólo cuando se agrupan en manada y ganan en número se atreven a salir a la calle a machacar a quienes no opinan como ellos.

No hay 10.830.693 fascistas en España, aunque ese fuera el número de votos que recibió el Partido Popular en las elecciones que lo llevaron al poder hace dos años. Pero no iría del todo descaminada la hipótesis de que los fascistas que hay en España, sea cual fuere su ínfimo número, sí están dentro del Partido Popular. Que alberga en sus filas a fascistas, fascistoides y fachillas de vía estrecha. 

De otra forma, no se explica esa intención del Gobierno de introducir en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana una serie de medidas encaminadas a limitar, mitigar y reducir el derecho civil de protesta. Lo que el Gobierno pretende es convertir los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas "muy graves".

Dado que sería muy difícil que un tribunal considerase la toma de fotografías en el curso de una manifestación como un delito, la intención del Gobierno es la de tratar este asunto por la vía administrativa. Contemplando como infracción "muy grave" -sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros- el uso y la distribución de imágenes de los policías "en plena faena".
 

Hay que ser tonto de remate o fascista redomado para pensar que amenazando con una ley de esta índole van a silenciar las protestas. El desempleo, las reformas laborales, los recortes en sanidad, educación y pensiones empujan cada día a miles de ciudadanos hacia el lado oscuro de la sociedad. Y a una persona que no tiene ya nada que perder no le van a asustar las multas, por desorbitada que sea su cuantía. ¿Sancionarán con 600.000 euros al desahuciado que no tiene bienes embargables, al precario que gana un sueldo miserable, al jubilado con una pensión por debajo del umbral de pobreza?

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su "seria preocupación" por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles. La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "desproporcionada" y va en contra del derecho de reunión y manifestación, ha afirmado.
Lo que una ley de este tipo sí podría conseguir es que las protestas dejasen de ser pacíficas. Me explico: recurrir una multa de estas dimensiones por la vía del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.

Entonces, habida cuenta de que se nos enseña a pensar en términos económicos y no políticos, podría ser que alguien razonara de la siguiente manera: si por hacer una foto de un policía zurrando al personal me cae una multa de 600.000 euros y recurrirla cuesta 2.000 euros, mejor le atizo una pedrá que lo crujo, lo que deja de ser falta administrativa y constituye un delito. Por el que me detienen y me juzgan sin que me cueste un céntimo. En el peor de los casos, me encierran algunos años en la cárcel, estancia que reduzco realizando estudios, y al salir de la trena me pagan el subsidio de 426 € estipulado para los egresados de prisión.

Los policías deberían comenzar a preocuparse. Con la nueva ley podría darse la circunstancia de que, en vez de hacerles fotos, se encuentren con alguien que les diga: "No es nada personal, sólo negocios".

Por cierto, ¿qué cuantía tendrá la multa que sancione el uso de una excavadora para achuchar a la policía, como hacen los manifestantes en Ucrania? 

Hay que desbordar la Ley Mordaza a través de la Desobediencia Civil