El lamentable episodio vivido en el Parlamento, a raíz de la rocambolesca votación del decreto-ley que formaliza la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, arroja serias dudas sobre la capacidad de la clase política de este país para atender los asuntos de interés general de la sociedad a la que, en teoría, representan. Mucho más preocupante aún sería que el electorado volviera a otorgar su confianza a los partidos que se han opuesto a una ley que viene a atenuar las situaciones más hirientes de la precariedad en que se desenvuelve la vida laboral de millones de personas. Esos partidos son: PP, Vox, ERC, PNV, EH-Bildu, CUP, UPN, BNG y Foro Asturias.
El 15 de mayo de 2011 se produjo en España un hecho singular. Un movimiento ciudadano irrumpió con inusitada fortaleza en plena y aburrida campaña de elecciones autonómicas. Una plataforma denominada Democracia Real Ya (DRY) lanzó una convocatoria para ocupar las calles de las ciudades cuestionando la falta de representatividad de la clase política española. Multitud de asambleas, que culminarían con una gran acampada en la madrileña plaza de la Puerta del Sol, repetían una consigna con la contundencia de un redoble de tambor: Que no nos representan, que no, que no, alude a la cada vez más desprestigiada clase política profesional. Fue el comienzo de un cambio en la opinión pública que supo aprovechar un grupo de universitarios lanzando Podemos, un nuevo partido político que cosechó un gran éxito electoral y entró con gran fuerza en el Parlamento, y posteriormente en el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Parte de esa fuerza podemita se ha debilitado a causa de la errática y personalista trayectoria de sus líderes.
Al día de hoy ¿representa el conjunto de formaciones políticas a la mayoría del pueblo español? La Constitución española de 1978 consagra el principio de soberanía popular al afirmar que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 del Título Preliminar). Más adelante, el texto (art. 6) legitima la actuación de los partidos políticos como articuladores de la voluntad popular:
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Primera quiebra de la legitimidad del sistema político español: los partidos políticos españoles, al menos los que tienen una posición dominante en la escena pública, no cuentan con una estructura interna que se pueda calificar de verdaderamente democrática. No deja de ser paradójico que esos instrumentos a quienes el mandato constitucional encomienda expresar el pluralismo no albergan en su estructura interna los canales adecuados para ello. Mal podrán, entonces, vehicular el pluralismo quienes no lo practican o no lo entienden. El hecho es que la Constitución delega la articulación de la participación ciudadana en los partidos políticos, y éstos se subvencionen con dinero público. Esa financiación oficial convierte a los partidos políticos en organismos de carácter público a los que cualquier ciudadano puede exigir el cumplimiento de ese mandato constitucional de democracia interna.
El pasado jueves 3 de febrero, el Parlamento español vivió una de las sesiones más bochornosas de su historia reciente. La ley que da forma jurídica a la reforma laboral arduamente negociada por Yolanda Díaz, ministra de Empleo, con patronal y sindicatos, fue aprobada de la peor de las maneras posibles. De entrada, la votación fue realmente esperpéntica. La suma de votos a favor estaba prendida de un hilo, al haberse posicionado en contra, entre otras formaciones, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El voto negativo de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), actuando en contra de las propias directrices de su partido, hizo que, por unos momentos, la suma de votos fuera contraria a la propuesta del Gobierno, provocando gran algarada y jolgorio en las filas de Partido Popular y Vox, es decir (al día de hoy, tanta monta, monta tanto) el frente nacional de ultraderecha español. Según apuntan muchos indicios, esta traición estaba conchabada con el PP para reventar la aprobación de la reforma laboral
Sin embargo, el momento cumbre de
la esperpéntica sesión se produjo, minutos después, cuando el Gobierno pudo sacar adelante la
reforma laboral por el error al votar de un diputado del PP. A la postre, las
cosas se arreglaron "de una manera española" es decir, gracias a la chapuza nacional. Alberto
Casero, secretario de organización del PP y uno de los dirigentes claves del
equipo del secretario general, Teodoro García Egea, se equivocó al votar de forma telemática. Es
decir, un hombre al que los españoles pagamos 70.000 euros anuales de salario, en
el curso de la misma sesión se equivoca tres veces consecutivas al hacer uso
del sistema telemático de votación. Sistema que cuenta con suficientes y
redundantes peticiones de confirmación del sentido del voto (si/no, tampoco es tan difícil) antes de
computarlo.
Real como la vida política misma, este episodio, más propio de una película de Berlanga que de una acción política responsable, ha dado lugar a una avalancha de comentarios chistosos en las redes digitales. Entre ellos, el que apunta: "Al final va a tener razón Vargas Llosa; lo importante no es tener libertad para votar, sin votar bien".
Por su parte, veteranos dirigentes del PP opinan que "Es la cagada de la legislatura". Lo cual no deja de tener su punto, habida cuenta de una severa gastroenteritis fue la razón de que Casero optara por votar desde su domicilio con tanta brillantez.
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| El diputado Casero, que pasará a la historia parlamentaria como el 'héroe' que salvó la reforma laboral metiendo un gol en la propia puerta de su partido. |
Porque, de haber fracasado la aprobación de la reforma laboral, cientos de miles de trabajadores habrían sufrido en sus carnes las consecuencias de la frivolidad izquierdista aliada con el ansia destructora de los derechos sociales de unas derechas desbocadas. Podemos hablar de los casi 400.000 fijos discontinuos que, con esta reforma, empezarán a acumular antigüedad y derechos que hasta ahora no tenían. De los 4,3 millones de trabajadores temporales susceptibles de ver convertidos sus contratos en indefinidos. O de los cientos de miles de trabajadores que dejarán de estar sometidos a convenios precarios. Un ejemplo: para una camarera de piso de Barcelona que ahora no esté amparada por el convenio de su sector –y empezará a estarlo con la reforma, que les da prioridad sobre los convenios de empresa–, el decreto votado supone 5.000 euros más de salario al año (*).
Y es contra esas mejoras tangibles para las personas que viven de un sueldo contra lo que ha votado Esquerra Republicana de Cataluña. Una formación cuyo nombre ya chirriaba al escribirlo, al menos en este blog, donde conjugar esa etiqueta de izquierda con la vocación de independentista es una absoluta contradicción en sus términos. ¿Recuerdan La Internacional como himno referencial de la izquierda obrera? A partir de ahora, lo lógico es que ningún trabajador que tenga dos dedos de frente y sepa leer las cláusulas de su contrato y las cifras de su nómina volviera a darles su confianza en futuras convocatorias electorales.
Pero aquí llega la clave de la cuestión: es evidente que la mayor parte de los protagonistas de este episodio, que no es sino el colofón del espectáculo diario ofrecido desde hace unos años por una clase política infantil y narcisista, que con las salvedades que correspondan, no representan el interés general de la ciudadanía. Claro que los diputados de estas formaciones no han obtenido su escaño en una tómbola, por más que sus comportamientos sean más propios de feriantes que de gente seria. Nada de eso, si ostentan una credencial de diputados es por haber sido elegidos en elecciones libres y democráticas. Aceptando que votar listas cerradas sea totalmente democrático.
¿Son ellos quienes tuercen el sentido de la delegación de soberanía hecha por el pueblo y, por tanto, no nos representan, o por el contrario, lo que sí representan es una suerte de locura colectiva que se ha apoderado del pueblo que les ha votado? Pues, de la misma forma que hablando de corruptos no se puede olvidar a los corruptores, hablando de malos políticos no se puede obviar que son un reflejo de sus electores.
En los comicios autonómicos de Castilla y León que están a la vuelta de la esquina tendremos una magnífica ocasión de resolver esta duda.
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1) Aumento de salarios gracias al convenio sectorial
2) Las mejoras de los convenios no tienen caducidad
3) Límites a la precariedad en las subcontratas
4) Se restringen los contratos temporales
5) Más límite a encadenar contratos temporales
6) Transformación de temporales a fijo-discontinuo
7) La temporalidad sale más cara (la legal y la fraudulenta)
8) Contratos formativos para que se usen
9) Los ERTE que ya existían se mejoran, y se incorporan los
ERTE 2.0 (Mecanismo Red)
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