¡Ataquemos a los mercados!

No teman los comerciantes que tienen sus puestos de frutas y hortalizas, carnes y pescados en los mercados de abastos, ni los vendedores de adornos navideños de la madrileña Plaza Mayor, que contra ellos no va este llamamiento. Ni contra los coloristas souks africanos. Los mercados a los que hay que atacar son los financieros, comenzando por su cara más visible: la banca. No se trata de un capricho ideológico, sino de mera supervivencia. Son estos mercados los que plantean que se recorte la protección social y son los gobiernos los que ceden a tan vil exigencia. Entonces, a los ciudadanos no nos queda más remedio que recurrir a una acción tan directa como no violenta: retirar nuestro dinero de los bancos el próximo 7 de diciembre.

Nunca he visto un titular de prensa tan patético como el utilizado por el diario El País (26/11/10): España saca toda su artillería para aplacar a los mercados para contar que "el Gobierno ha sacado hoy toda la artillería pesada para hacer frente al acoso de los mercados y aplacar a los inversores que apuestan a que España acabará cayendo por el mismo agujero que, hasta la fecha, se ha tragado a Grecia e Irlanda. En un contraataque por tierra, mar y aire -en el plano dialéctico, financiero y en el de las cuentas públicas-, el Ejecutivo ha anunciado novedades para aumentar la transparencia de la banca; ha puesto de relieve la resistencia de la deuda del Estado y ha valorado el cumplimiento del programa de recorte de déficit para asegurar que, pese a la presión que está sufriendo, España no necesitará ser rescatada y mantiene la confianza, si bien no de todo, de una parte de los mercados."

El periódico debería recordar que la artillería no se saca para aplacar, sino para aplastar al contrario (ablandar el terreno, según el eufemismo militar). ¿Recuerdan los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia que duraron desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio de 1999. En aquella operación de castigo se usaron 1.000 aeronaves operando desde bases situadas en Italia y portaaviones en el Mar Adriático. Los misiles más usados fueron los tomahawks, lanzados desde aeronaves, barcos y submarinos. Durante las diez semanas que duró el conflicto bélico los aviones de la OTAN realizaron 38.000 misiones de combate.

Eso es un ejemplo de cómo sacan la artillería los Estados cuando les conviene. Pero, aparte de lo ridículo del mentado titular, la verdadera cuestión que hay que plantear es la de por qué los Estados cuya deuda pública se encuentra amenazada por los mercados no les plantan cara haciendo uso de los poderosos medios de que disponen. Pues los mercados no son ectoplasmas, manos invisibles u otras potencias ultraterrenas e intangibles. Los mercados a los que se trata de aplacar, no con artillería sino con vergonzosos actos de vasallaje, son el gran agregado monetario constituido por los fondos de pensiones y de inversión donde, quienes pueden permitírselo, depositan sus ahorros, convirtiéndose en los principales acreedores de las deudas soberanas.

Resulta dramáticamente irónico que los fondos de pensiones que se constituyen con el ahorro de los trabajadores de unos países se destinen a precarizar la situación de los pensionistas de otros países. Y es que, en la práctica, el capital no tiene rostro: está diluido en esos pequeños e invisibles corpúsculos denominados "acciones" o "fondos de inversión". A través de los complejos mecanismos inventados por los gestores de los mercados financieros, esos corpúsculos van cambiando de manos y de forma.

Conforme a la lógica del mayor beneficio, los gestores de estos patrimonios no los administran atendiendo a criterios sociales. Persiguiendo la mayor rentabilidad del fondo canalizan el ahorro hacia las Bolsas de valores. De manera que el ahorro ya no se destina a respaldar industrias productivas, sino que, en buena parte, se convierte en materia de especulación. Y sus gestores, los bancos y sus agencias, son los que se están cebando sobre los títulos de la deuda soberana del Estado español.

Una vez que hemos comprobado que, por desgracia, los Estados no están dispuestos a combatir al poder financiero, sino a aplacar sus continuas exigencias de recortes de la protección social, nos nos dejan a los ciudadanos otra salida que la de la acción directa.

No se entienda esto como una llamada a la ruptura de lunas de las sucursales bancarias, un acto de vandalismo propio de cerebros primarios que actúan a impulsos de la herencia recibida de los reptiles: el hipotálamo. Entiéndase como un acto consciente de represalia no violenta, que se sustancia en la retirada de las cajas bancarias de nuestro dinero. "Es normal que la gente decente se plantee sacar su dinero de bancos que lo usan para hundir a las economías y extorsionar a los gobiernos", afirma el catedrático de Economía, Juan Torres López.

Una medida en este sentido es la propuesta del conocido futbolista Eric Cantona, que ha convocado en Francia, con vocación mundial, un movimiento popular para retirar el dinero de los bancos el próximo día 7 de diciembre de 2010.

Si esto se hiciera masivamente, los bancos no tendrían liquidez suficiente para devolver los depósitos a sus clientes porque la banca occidental opera con un sistema llamado de reservas fraccionarias. Esto significa que de todo el dinero que ingresa un cliente sólo conserva alrededor del 2% más algunos porcentajes adicionales dependiendo de la regulación de cada país). Retirar el conjunto de depósitos resulta engorroso para la mayoría de la gente, pero retirar al menos el saldo de la cuenta corriente con el dinero de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, y pagar nuestros gastos en metálico, ya significaría un primer toque de atención a los bancos para que vayan pensando en pagar lo que deben a la sociedad.

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Dos premios Nobel de Economía piden que se meta en la cárcel a los banqueros


Economistas como Joseph Stiglitz y George Akelof vienen diciendo durante los últimos meses y en repetidas ocasiones que "es imposible resolver la crisis económica sin que los criminales que cometieron el fraude estén en la cárcel".

El Nobel de economía George Akerlof ha criticado que no se castigue a los delincuentes de cuello blanco y que se facilite con las nuevas medidas económicas las condiciones para comenter este tipo de delitos, lo que provocará mayor destrucción de la economía en el futuro.

El también Nobel de Economía Joseph Stiglitz denuncia que el sistema está diseñado para fomentar ese tipo de cosas, y que las personas que han tenido la mayor responsabilidad en la situación actual no están siendo sancionados, y aunque se les multara con un 5% o 10% de las ganancias que han obtenido, seguirían viviendo en sus lujosas casas y con sus cientos de millones de dólares.

"El sistema está diseñado para que si te pillan, la multa sea sólo un número muy pequeño comparado con el fraude cometido. Es como una multa de aparcamiento, a veces tomas la decisión de aparcar en un sitio a sabiendas de que podrían ponerte una multa", señala el premio Nobel, que asegura que habría que meter a muchos de los responsables en la cárcel".

"¿Vamos a confiar en quienes nos metieron en esta situación para sacarnos de ella? Ellos reconocen que no han hecho bien las cosas pero que su comprensión de la situación es buena. Si creen esto, estamos en un lío, lo siento"

¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe

Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que banqueros, políticos, altos funcionarios, grandes patronos y otros agoreros atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en 2040, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte?

Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.

¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandosmacroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.

Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.

Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.

Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.

Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

Marruecos, un Gobierno que te hiela el alma

Marruecos, un país que engrandece el alma. Así reza la leyenda de los carteles con los que nuestro vecino del sur promociona el turismo. Y ciertamente, el territorio magrebí alberga regiones de gran belleza que despiertan intensas emociones en el viajero que cursa su periplo sin prisas. Pero este hermoso país está regido por el totalitario régimen de El-Makhzen, encabezado por el actual monarca alauita Mohamed VI. Que acaba de ofrecer una muestra de su peor cara desmantelando a sangre y a fuego el campamento saharaui enclavado en las cercanías de El Aaiún.
Con su crueldad, el régimen marroquí acaba de helar el alma de la población del Sáhara Occidental con la que los españoles tenemos contraída una deuda moral.

Me precio de conocer Marruecos, país que he visitado en siete u ocho ocasiones, no recuerdo bien. La primera vez, a principios de los años 70 del siglo pasado, cuando tras una noche en tren, llegué a Marrakesch al amanecer y quedé sobrecogido por la vívida luz del sol africano que despertaba el rojo en los muros de tapial de la ciudad. Y subyugado por la visión del minarete de la Koutobia recortándose sobre el fondo nevado de la cordillera del Atlas, cuya máxima cumbre, el Djebel Toubkal, tuve la fortuna de ascender antes de que las agencias de trekking la convirtieran en un destino tan masificado como el de otras muchas cumbres del planeta. Años más tarde, y de nuevo en el más crudo invierno, volvería al Atlas por la poco frecuentada ruta que, subiendo por uno de los áridos valles de la vertiente sur, permite abordar desde Ameskar el Fougani la cumbre del Ighil M Goum.

También en invierno he cruzado los bosques de cedros por la ruta de Azrou para llegar hasta las puertas del desierto, allí donde las ruinas de la legendaria Sijilmassa abren la ruta hacia el erg Chebbi. El territorio magrebí alberga regiones de gran belleza que despiertan intensas emociones en el viajero que cursa su periplo sin prisas. Sin embargo, yo, que tantas veces he sucumbido a esas emociones, no podría ahora mismo volver a ese Marruecos cuyo Gobierno acaba de reprimir a sangre y a fuego a la población saharaui concentrada en el campamento de jaimas enclavado en los alrededores de El Aaiun.

Como ciudadano español formo parte de un país que tiene contraída una deuda moral con los habitantes del Sáhara Occidental. Un territorio en el que ejercimos un mediocre dominio en la época del colonialismo, llegándole a otorgar representación en las Cortes franquistas. Representación más bien folkórica, dado que tampoco los diputados elegidos en la metrópoli representaban gran cosa tras sus blancas chaquetas de guardarropía.

En 1974, la Organización de las Naciones Unidas instó a España a celebrar un referéndum de autodeterminación entre la población saharaui. Derecho que sería refrendado por el el Tribunal Internacional de La Haya, que declaró que no existían vinculaciones entre el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos. En 1975, Hassan II, el padre del actual monarca alauita, lanzó sobre él territorio saharaui una operación maquiavélica: la Marcha Verde, una gigantesca caravana integrada por 300.000 civiles desarmados con la misión de cruzar la frontera y plantarse delante de las tropas españolas. Que se vieron en la difícil tesitura de elegir entre abrir fuego sobre los civiles o retirarse.

Esta jugada del alauita se produjo en un momento en que nuestro dictador doméstico, el general Francisco Franco, un criminal de guerra todavía no juzgado, agonizaba lentamente. Años antes, preocupado por dejar todo ‘atado y bien atado', el dictador había nombrado ‘sucesor a título de Rey' a Juan Carlos de Borbón, al que la nomenklatura del Régimen envió a la zona vestido con uniforme militar, para que desempeñara el triste papel de oficializar la retirada de España del Sáhara Occidental, abandonando a los saharauis a su suerte bajo la férula del déspota Hassan II. Todo un papelón.

Papelón que los gobernantes españoles vuelven a repetir ahora tras los escalofriantes sucesos ocurridos en el Aaiún. Así lo ha calificado Mariano Rajoy, líder del Partido Popular: "El papelón del Gobierno está rozando el esperpento. Ha abdicado de sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Dice que se calla porque defiende intereses de España. No puede decir que se calla y no defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, porque eso son también los intereses de España". Según Rajoy, "Los derechos humanos, la democracia, la libertad, las personas, las libertad de expresión e información son intereses de España, y merecemos un presidente del Gobierno que los defienda. Nosotros estaremos siempre con la legalidad y los derechos humanos."

Por una cuestión de principios y supervivencia, –nací en el seno de una clase social a la que el Partido Popular perjudicará de oficio si llega al poder– jamás votaré a Rajoy. Pero fiel a esa sentencia de Juan de Mairena de que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero... hay que reconocer que, lo dicho por Rajoy, aunque sea producto del oportunismo, se ajusta a la realidad por lo que "un español de bien" –categoría social inventada por la derecha patria– no puede por menos que suscribir esas palabras.

Por el bien del mundo, no sólo por el bien de mi españolidad, confío en que Rajoy haya aprendido lo que son los derechos humanos. Hace años, siendo yo director de la revista de la Asociación pro Derechos Humanos de España, solicité entrevistar a José María Aznar, que ocupaba entonces el mismo cargo de líder de la oposición que desempeña ahora Rajoy. Al tratar el asunto con el jefe de prensa de Aznar, éste se quedó bastante sorprendido. "Pero eso de los derechos humanos es una cosa de izquierdas, ¿no?," –dijo textualmente. Hube de explicarle que el hecho de que, por entonces, sólo la izquierda defendiera en España la causa de los derechos humanos, no era óbice para que la derecha también pudiera incorporarse a esa defensa. Pues no en vano la Declaración de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, tiene carácter universal.

Nunca supe si mis argumentos convencieron a MAR (Miguel Ángel Rodríguez) o juzgó que el líder no tenía nada mejor que hacer en ese momento, pero el caso es que pude realizar la entrevista, acompañado por el entrañable Angel Moliní, excelente fotógrafo y mejor persona que ya no está en este mundo de los vivos.


Un mundo donde hay muchos lugares en los que se ejerce violencia contra la población que los habita. Podemos lamentarnos, solidarizarnos con el sufrimiento de esas gentes, aunque, por desgracia ,los medios adecuados para poner fin al sufrimiento no se encuentren a nuestro alcance. Sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, la vinculación de los españoles con los saharaui es tan grande que no podemos permanecer impasibles viendo cómo nuestro Gobierno intenta capear la situación haciendo alarde de torpeza.

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Amnistía Internacional: El Sáhara merece una investigación

El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes llevaron a cabo una operación en el campamento de Gadaym Izik, cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, un asentamiento informal de tiendas de campaña y viviendas improvisadas que alberga a miles de saharauis. Informes de activistas locales señalan que las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento, golpeando a los residentes y usando gases lacrimógenos y cañones de agua caliente para obligarles a salir de las tiendas, que quemaron o derribaron. Lo que podría indicar un uso excesivo de la fuerza. Por su parte, fuentes gubernamentales indican que, en el desarrollo de esta operación y en los días posteriores, nueve personas, ocho de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad, perdieron la vida.

Desde el 10 de octubre de 2010, miles de saharauis han levantado un campamento en el desierto, a unos 10 o 13 kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, con el fin de exigir mejores oportunidades de trabajo y vivienda. Desde entonces, el ejército marroquí mantiene una fuerte presencia en torno a este campamento. Según las autoridades marroquíes, la operación era necesaria para liberar a los residentes del campamento que estaban retenidos allí contra su voluntad y que ellos sólo respondieron a la fuerte resistencia con la que fueron recibidos. En cambio, según los residentes del campo lo que hicieron las fuerzas de seguridad marroquíes fue sacar por la fuerza a miles de saharauis del campamento.

Estos hechos evidencian la necesidad de incluir un componente de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, el órgano de la ONU que supervisa el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Sin este componente la eficacia de la MINURSO se ve debilitada y no permite que se investiguen adecuadamente los abusos contra los derechos humanos.

Ante la magnitud de estos hechos y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en Gadaym Izik, AMNISTÍA INTERNACIONAL considera necesario que las autoridades marroquíes abran de forma inmediata una investigación independiente para conocer a ciencia cierta lo que sucedió, si es precioso con la ayuda de las Naciones Unidas. De la misma manera, si se demuestra que se ha dado un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben responder de sus actos ante la justicia.

Para firmar la petición de Amnistía Internacional al gobierno de Marruecos para que investigue estos hechos entrar en:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-investigacion-justicia/

Impago de hipotecas: una extorsión legal

En España, la legislación permite a los bancos practicar una extorsión legal sobre sus clientes hipotecados en caso de impago. En Francia y EE UU, si una persona no puede pagar la hipoteca de su vivienda, entrega las llaves al banco y se queda en la calle. En España, la justicia desahucia al moroso a petición del banco, pero la cosa no acaba ahí. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses.

En España, cuando una persona que tiene contraida una hipoteca con un banco no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Quedarse en la calle sería un mal menor comparado con la tenebrosa realidad. Pues el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. De esta forma, el drama de una familia que ha perdido su piso adquiere tintes de verdadera tragedia personal. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses. De lo contrario, el banco está legalmente facultado para retener el resto de bienes disponibles.

Los bancos son directamente responsables de esta extorsión, ya que en su momento no dudaron en inflar la burbuja inmobiliaria concediendo hipotecas sobre viviendas cuyo precio estaba sobrevalorado. Tras el pinchazo de la burbuja, el banco subasta la vivienda del moroso a un precio muy inferior al de la hipoteca, y el deshauciado debe seguir pagando la diferencia entre el precio de venta en subasta de la vivienda y el préstamo original.

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida (IU), exige al Gobierno que ataje una situación que califica de "insultante". En este sentido, una de las propuestas presentadas por esta formación política es la regulación de la dación en pago. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello dé por cancelada por completo su deuda. Es una fórmula que ya existe en Francia y EEUU, y se conoce como efecto sonajero evocando la imagen de devolver las llaves de una casa.

IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido". Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito. Además, IU demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.

Las hipotecas están ahogando no sólo a las familias, sino también al conjunto de la economía. El fuerte nivel de endeudamiento familiar, debido en gran medida a la burbuja inmobiliaria, pesa más cuanto menores sean los ingresos de los hogares. Tras pagar la letra de la hipoteca, las familias apenas disponen de renta líquida para el consumo de otros bienes. Y así, la sombra de la recesión continúa planeando sobre una economía que, como la española, ha sido secuestrada por los banqueros.

Y mientras tanto la banca, a través de sus servicios de estudios y sus 100 economistas incluidos en la nómina de "investigadores" de Fedea, sigue reclamando una reforma a peor, del sistema público de pensiones. Por cierto, ¿saben ustedes quienes integran el Patronato de Fedea?

Josep Oliu i Creus (BANCO SABADELL) Salvador Alemany Mas (ABERTIS Infraestructuras, S.A.), Fernando Becquer Zuazua (IBERDROLA, S.A.) Felipe Benjumea Llorente (ABENGOA S.A.) Ángel Ron Güimil (BANCO POPULAR) Miguel Blesa de la Parra (CAJA MADRID), Ana Patricia Botín O'Shea (BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO), Emilio Botín Ríos (SANTANDER), Antonio Brufau Niubo (REPSOL - YPF), Santos Martínez-Conde Gutierrez-Barquin (CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.), Francisco González Rodríguez (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), José Luis Malo de Molina Martín Montalvo (BANCO DE ESPAÑA), Javier Ramos Gascón (BOLSA DE MADRID), Luis Angel Rojo Duque (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES), Isidro Fainé (LA CAIXA), Alejandro Beltrán de Miguel (McKinsey&Company).
Aviso: Se ruega a los viandantes presten atención a sus carteras.

Marcelino

«Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles». Marcelino Camacho Abad ha sido uno de ellos.

30 de noviembre de 1975: Marcelino Camacho, junto a su mujer Josefina, hablando por teléfono tras salir de prisión con motivo del indulto por la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España. | EFE/Archivo


Por una ley natural, que no es la del mercado sino la de la vida, Marcelino Camacho Abad (Osma La Rasa, Soria, 1918) ha llegado al final de la suya a los 92 años cumplidos. No es menester esforzarse en dar cuenta aquí de la biografía, ampliamente detallada en la prensa de la fecha, de un hombre que forma parte de la historia reciente de este país.

Sólo me detendré en un detalle, relatado en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Marcelino Camacho, un par de años atrás: "Sigue donde siempre: en Carabanchel, en un piso de 60 metros que compró hace 58 años por 173.000 pesetas, con su esposa y compañera inseparable, Josefina Samper. Viste, como siempre, la ropa que ella le teje, jersey, pantalón: todo."

Así vivía en sus últimos años Marcelino Camacho, considerado el padre del sindicalismo moderno español, hasta que hace un año, forzado por la necesidad –estaba enfermo, iba en silla de ruedas y la vivienda no tenía ascensor– hubo de abandonar su piso de toda la vida para irse a vivir cerca de una hija.

Esta austeridad ejemplar no es nada frecuente entre nuestra actual clase política. No es que yo defienda un socialismo de alpargata, ni mucho menos: el progreso y sus bienes están para ser disfrutados. Pero, en tanto subsista la desigualdad, uno no debiera vivir derrochando a espuertas mientras hay mucha gente de su misma clase viviendo en la más absoluta precariedad. Vivir así era, para Marcelino, la forma de ser coherente con su lema: "Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar".

«Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles». Con esta frase de Bertold Brecht el cantante Silvio Rodríguez encabezó con ella su canción Sueño con serpientes.

Marcelino Camacho forma parte de la historia reciente de este país. En concreto, de ese período de lucha por las libertades y la justicia social en el que participaron millares de españoles que, alentados por líderes como este tenaz luchador soriano, consiguieron establecer ciertas garantías mínimas de contratación laboral y de protección social para el conjunto de la población. Aunque en aquellos momentos yo estaba afiliado al otro sindicato histórico, y llegó a haber cierta rivalidad entre organizaciones, Marcelino Camacho forma parte de mi pequeña historia personal y de la de otros muchos. Tantos, que no podemos conocemos todos, pero que nos identificamos con los ideales alentados por Marcelino hasta el final de su vida. Tantos que, para despedir al hombre ejemplar, tuvimos que hacer cola a la entrada de la capilla ardiente –se dice así también en los actos laicos– donde estaba expuesto el luchador, ya de cuerpo presente.

El hombre duerme hoy el sueño eterno mientras muchos de los que aquí quedamos seguimos soñando con serpientes cada noche. Con serpientes engordadas en las turbias aguas de los pantanos financieros. Peligrosas alimañas que se deslizan en el interior de las instituciones y se enroscan en los pilares de la protección social tratando de quebrarlos. Algunas de esas serpientes no tuvieron el menor empacho en presentarse en el velatorio para hacerse una foto ante el féretro. Es necesario despertar del sueño, romper con esa pesadilla, y dar caza a las serpientes antes de que ellas, y quienes las alimentan, consigan sus propósitos.

Desobediencia: si nosotros no nos dejamos, ellos no gobiernan

"Ciudadanos, como premio a vuestro sacrificio laboral, os garantizamos, bajo contrato político, que, una vez superada la actual crisis, la riqueza se repartirá con equidad". Esa sería una buena fórmula para implicar a una sociedad desmoralizada en la reconstrucción del país. Pero, a cambio de nuestro sacrificio, lo único que nos ofrecen los gobernantes es restablecer el equilibrio del sistema y dejarlo en la misma situación de injusticia y desigualdad en el que estaba antes de la crisis. En tales condiciones, a la ciudadanía quizá le convenga emprender el camino de la desobediencia.

En la voz, "desobediencia", el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es: "Acción y efecto de desobedecer, es decir, no hacer uno lo que se le ordena desde una instancia superior". En los últimos tiempos, los gobernantes nos están ordenando que obedezcamos a "los mercados". Cuyos portavoces nos vienen a decir lindezas tales como: "trabajad más, con salarios más bajos, y hacedlo hasta bien entrada vuestra vejez". Sólo una nación de locos podría obedecer tales consignas. Por lo tanto, la respuesta más sensata por parte de la ciudadanía debería ser, de entrada, desobedecer esas consignas. Es una cuestión de supervivencia.

La desobediencia civil es una forma de protesta que se sustancia en la negativa, por métodos pacíficos, a cumplir una disposición legal.

❒ La doctrina jurídica más aceptada considera que alguien comete un acto de desobediencia civil: «si, y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno». Esta definición se ajusta a la doctrina expuesta por el norteamericano John Rawls en su Theory of Justice. La desobediencia civil se diferencia de otras formas legítimas de resistencia en el carácter expresamente no violento de sus acciones.

La desobediencia civil se inspira en la acción del ciudadano estadounidense H. D. Thoreau, que en 1846 fue encarcelado en su ciudad natal de Concord (Massachusetts) por negarse a pagar impuestos. La razón que adujo para negar su colaboración financiera al Estado fue la de no estar dispuesto a sostener a un gobierno que mantenía la esclavitud y una guerra injusta, como la que en ese momento los Estados Unidos habían declarado a México. Thoreau resumió su doctrina en un manifiesto titulado Sobre el deber de la desobediencia civil.

En 1896, Mohandas K. Gandhi, preso en una cárcel de Sudáfrica, releyó el libro de Thoreau y decidió adoptar los principios de la desobediencia civil en sus campañas de lucha por los derechos civiles y, finalmente, en el movimiento de independencia de la India. Destacados activistas, como el filósofo Bertrand Russell o el líder de color Martin Luther King, han propugnado esta forma de protesta. En España, la desobediencia civil ha sido practicada con especial intensidad por el movimiento de insumisión al servicio militar obligatorio.

La desobediencia social es la propuesta de los partidarios de impugnar la norma primordial que, aun no escrita, está en la base de la legitimidad del Estado y del Orden Establecido: “es necesario obedecer las normas”. Propugnada desde el Movimiento de los Desobedientes italiano, se pretende superar la desobediencia civil entendida como una práctica «protegida», encerrada en el marco de la doctrina liberal.

❒ Según este nuevo punto de vista, la desobediencia civil tradicional consistiría fundamentalmente en la confrontación con una ley o una autoridad pública que se considera en contradicción con una ley o norma de rango superior. Se trataría, por lo tanto, de un tipo de desobediencia limitada, condenada a ser recuperada por un orden normativo que quedaría siempre en alguna medida reforzado.

Frente a ello, la desobediencia social cobra el carácter de un tipo de subversión radical, no recuperable para el sistema normativo establecido, por cuanto lo desborda, poniendo en tela de juicio la propia legitimidad del dominio y del mando estatales.

En este sentido, es recomendable ver esta parodia del film Der Untergang mostrando el mundo después de la victoria del pueblo. El mensaje es sencillo: Si nosotros no nos dejamos gobernar, ellos no gobiernan nada. Apresúrense a verlo, antes de que la retiren, en el siguiente enlace

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Premio 2010 de ecología para un mexicano

Existe un premio tipo "Nobel" de Ecología. El Premio Ambiental Goldman, que este año lo ha ganado Jesús León Santos, de 42 años, un campesino indígena mexicano que ha estado realizando, en los últimos 25 años, un excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México.

El premio ambiental Goldman fue creado, en 1990, por dos generosos filántropos y activistas cívicos estadounidenses, Richard N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman. Consta de una dotación de 150.000 USD y se entrega cada año, en el mes de abril, en la ciudad de San Francisco, California (Estados Unidos).

Hasta ahora ha sido otorgado a defensores del medioambiente de 72 países. En 1991, lo ganó la africana Wangari Maathai, quien luego obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2004.

A Jesús León Santos se lo han dado porque, cuando tenía 18 años, decidió cambiar el paisaje donde vivía en la Mixteca alta, la "tierra del sol". Aquello parecía un panorama lunar: campos yermos y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. Había que recorrer grandes distancias en busca de agua y de leña. Casi todos los jóvenes emigraban para nunca regresar, huyendo de semejantes páramos y de esa vida tan dura.

Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió recurrir a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos para convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas.

¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una herramienta indígena también olvidada: El tequio, el trabajo comunitario no remunerado. Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), y juntos, con recursos económicos limitadísimos, se lanzaron en la gran batalla contra la principal culpable del deterioro: la erosión.

En esa región Mixteca existen más de 50.000 hectáreas que han perdido unos cinco metros de altura de suelo desde el siglo XVI. La cría intensiva de cabras, el sobrepastoreo y la industria de producción de cal que estableció la Colonia deterioraron la zona. El uso del arado de hierro y la tala intensiva de árboles contribuyeron definitivamente a la desertificación.

Jesús León y sus amigos impulsaron un programa de reforestación. A pico y pala cavaron zanjas-trincheras para retener el agua de las escasas lluvias, sembraron árboles en pequeños viveros, trajeron abono y plantaron barreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil.

Todo eso favoreció la recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de cuatro millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al calor y sobrias en la absorción de agua.

Después se fijaron la meta de conseguir, para las comunidades indígenas y campesinas, la soberanía alimentaria. Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, sin uso de pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas nativas del maíz, cereal originario de esta región. Sembrando sobre todo una variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las más resistentes a la sequía. Se planta entre febrero y marzo, que es allí la época más seca del año, con muy poca humedad en el suelo, pero cuando llegan las lluvias crece rápidamente.

Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta esta restaurada. Ha vuelto a reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente ya no emigra.

Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra los transgénicos, y siembran unos 200.000 árboles anuales.

Cada día hacen retroceder la línea de la desertificación. Con la madera de los árboles se ha podido rescatar una actividad artesanal que estaba desapareciendo: la elaboración, en talleres familiares, de yugos de madera y utensilios de uso corriente.

Además, se han enterrado en lugares estratégicos cisternas de ferrocemento, de más de 10.000 litros de capacidad, que también recogen el agua de lluvia para el riego de invernaderos familiares orgánicos.

El ejemplo de Jesús León es ahora imitado por varias comunidades vecinas, que también han creado viveros comunitarios y organizan temporalmente plantaciones masivas.

En un mundo donde las noticias, con frecuencia, son negativas y deprimentes, esta historia ejemplar ha pasado desapercibida.