Pensiones, que coticen los cajeros automáticos (II)

Hablar de cajeros automáticos es una manera de simbolizar las gasolineras, autoservicios, etc. es decir, todas aquellas instalaciones donde efectuamos un trabajo invisible y no remunerado. Pues el mundo de los negocios ha ideado estrategias para que sigamos trabajando a favor de las grandes empresas incluso cuando creemos estar alcanzando la gloria al consumir bienes y servicios.


Veamos un caso típico: el del ciudadano “integrado” que, tras trabajar de manera incansable ocho horas de lunes a viernes, dedica el fin de semana a realizar compras en un centro comercial. La secuencia de sus pasos viene a ser la siguiente:

El sábado obtiene dinero en efectivo de su cuenta corriente a través de un cajero automático.

Entra en una estación de venta de carburantes en régimen de autoservicio y, manejando él mismo la manguera, llena el depósito de su automóvil.

Pasa la tarde en el centro comercial. Recorre los pasillos del hiper de alimentación recolectando los productos que necesita. O que no necesita pero le hacen guiños desde las estanterías. Nuestro consumidor va colocando los productos en el carrito que empuja con destreza procurando no chocar con el resto de carritos. Luego guarda cola ante la caja hasta que llega su turno de sacar los productos del carrito para colocarlos en la cinta transportadora que los pone ante las narices de la cajera. Según ésta los va registrando, el consumidor los empaqueta en bolsas, los vuelve a meter en el carrito, que empuja hasta el aparcamiento donde dejó el coche. Ahora vuelve a sacar los productos del carrito para guardarlos en el maletero del coche, donde puede ya considerarlos de su entera propiedad. Antes de abandonar el recinto comercial, dócilmente lleva el carrito hasta el lugar donde se apilan éstos, ya que no hacerlo le supondrá perder el euro que previamente hubo de colocar en el dispositivo que desbloquea la cadena que une cada carrito al siguiente.

 Una vez terminado el avituallamiento alimentario, vuelve a repetir el ciclo de cargas y descargas en el hiper de mobiliario prefabricado del que sale triunfante autotransportando un gran volumen de piezas embaladas.

 Al día siguiente, domingo, día del Señor, se arma de paciencia, desembala los diversos componentes prefabricados y de manera más o menos sencilla los va ensamblando hasta conseguir armar un mueble que contempla con orgullo de consumado ebanista.

Si se exceptúa esta pequeña satisfacción final, este proceso de compra no es precisamente un placer ni un derroche de glamour. La imagen cinematográfica de la elegante dama que va de compras seguida por un criado que transporta los paquetes no tiene nada que ver con la del consumidor que llega a un centro comercial vestido con atuendo deportivo. En realidad, con ropa de trabajo, pues si por algo resulta cansina ese tiempo de compra es por el trabajo que supone efectuarla. El individuo prototípico de la sociedad de consumo, al cabo de cinco días a la semana durante los cuales ha vendido su tiempo como productor asalariado, al pretender ejercer como consumidor, ha seguido trabajando para el fabricante de forma inadvertida. Es un prosumidor.

El prosumidor (productor-consumidor)es un término acuñado por Alvin Toffler para referirse a la doble función desempeñada por el consumidor que, a través del acto de adquisición de un bien o servicio, contribuye a desarrollar directa o indirectamente alguna fase del proceso de producción de dicho bien o servicio. El ejemplo más claro lo ofrecen los autoservicios, es decir, aquellos sistemas de venta en los que se disponen los artículos al alcance del comprador, que los va tomando por sí mismo y paga al salir. El sistema es característico de grandes superficies de distribución, gasolineras y restaurantes. Los cajeros bancarios automáticos entran dentro de esta categoría.

Do it yourself (“hágalo usted mismo”). Organización del sistema productivo que delega la ejecución de una parte del trabajo en el consumidor, ahorrando así mano de obra directa. Las actividades de bricolaje casero están dejando de ser una simple afición de fin de semana para convertirse en una auténtica industria de autoproducción a domicilio. Pintar las paredes, arreglar la grifería o la instalación eléctrica de una vivienda ha dejado de ser un secreto reservado a los profesionales. Cada vez es mayor el número de personas que efectúa las reparaciones de su hogar o de su automóvil. Para ello, los fabricantes de herramientas han puesto al alcance del público una amplia gama de utensilios de fácil manejo.

Asimismo, industrias como la del mobiliario han estandarizado sus procesos de fabricación de tal forma que el producto no se entrega totalmente montado al cliente, sino como una colección de piezas que el comprador se encargará de armar en su casa. Al efectuar directamente una fase del proceso de acabado y transporte final, el prosumidor consigue el mueble a un precio más barato. Sin embargo, lo que no está tan claro es que de esto se obtenga un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad.

De esa lógica individual del prosumidor no resulta automáticamente un beneficio para la sociedad, pues con su acción colabora a la destrucción de empleo en las fábricas. Considerado desde un punto de vista macroeconómico, la suma del beneficio individual de los particulares, en forma de ahorro en el precio, es irrelevante cuando se compara con el gran ahorro que obtienen las empresas eliminado empleo fijo y los consiguientes derechos sociales (vacaciones, cotizaciones para la jubilación, etc.) de los trabajadores.

Para más inri, el prosumidor ha trabajado para el fabricante a un precio irrisorio . Igual que cuando el ciudadano, llevado por un sentido medioambientalista, procede a la separación de los residuos sólidos urbanos y al transporte selectivo hasta los contenedores específicos de vidrio, papel, materia orgánica, etc. Es una buena conducta cívica de la que se benefician los fabricantes. Que no sólo obtienen materias primas a coste “0”, sino del producto del trabajo gratuito realizado por cada persona durante la selección de residuos.

La variante del “sírvase usted mismo” utilizada por bancos, gasolineras y grandes superficies organizadas en régimen de autoservicio no siempre garantiza un ahorro al cliente. El prosumidor realiza una parte del trabajo que anteriormente era efectuado por un asalariado. Y por lo general lo hace de forma gratuita, pues todavía no se ha visto el caso de un banco que pague una bonificación al cliente que retira dinero de su cuenta en un cajero automático en lugar de hacerlo en ventanilla.

El caso de la banca raya en el gangsterismo pues, para empezar, cobran al cliente por entregarle esa tarjeta de plástico sin la cual no podría ¡disponer de su propio dinero!. Luego, por usarla, pagará un sobreprecio en los productos debido a la comisión que el banco cobra al comerciante detallista y que éste transfiere al consumidor.

En abril de 2006, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, denunciaba que gran parte de los enormes beneficios de los bancos se obtienen con la gestión de las tarjetas de pago (crédito y débito) en el mercado europeo. En la situación actual, señaló Kroes, “los bancos fijan unas comisiones, del 2,5% de media, que actúan como un impuesto sobre las ventas que encarece los precios”. Más del 25% de los beneficios de los bancos proceden de esas comisiones, mientras que un usuario particular puede perder varios cientos de euros anuales por los abusos de los bancos y los emisores de tarjetas.

Una maravilla digna del retablo de Maese Pedro: mientras que desde el Parlamento hasta las más bajas tabernas se discute con ardor si el Estado debe o no cobrar impuestos, los bancos cobran lindamente y por la cara un recargo sobre cada transacción electrónica. Este recargo opera exactamente de la misma manera que lo haría un impuesto adicional sobre el consumo: encareciendo el producto final que paga el consumidor. Pues bien, esa opinión pública que tanto se solivianta a la hora de pagar impuestos ni se inmuta cuando la clientela de los bancos —prácticamente toda la ciudadanía— abona a diario y con gran mansedumbre este impuesto extraoficial que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado.

Pensiones, que coticen los cajeros automáticos (I)

¿Será sostenible la red de carreteras en 2060? ¿Y por qué las pensiones no lo serán? Aprovechando el ambiente de crisis económica provocada por la delincuencia financiera internacional, sus corresponsales nacionales vuelven a la carga lanzando sospechas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones.

Como siempre, el argumento es el demográfico, que ya conoció un clamoroso fracaso en las teorías de Malthus. Según los agoreros, en 2060 la población estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes a la Seguridad Social hará insostenible el sistema.Lo que nadie parece preguntarse es por qué sólo se encienden luces de alarma sobre las pensiones. Pues si el problema va a ser, tal como nos lo presentan, de escasez de trabajadores activos en 2060, al faltar mano de obra no sólo entrará en crisis el sistema de pensiones por falta de cotizantes. Tampoco será posible atender la red viaria, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Nos quedaremos sin bomberos, policías, soldados de aire, mar y tierra. Y la escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Tampoco habrá mano de obra suficiente para las fábricas, comercios y oficinas.

Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece preocupar a estos Casandras tan preocupados por el futuro de las pensiones. Y la razón es tan sencilla como que nos están contando el cuento de la buena pipa.

En primer lugar, las proyecciones a cincuenta años vista tienen el valor que tienen. No son más que eso, proyecciones. Pues al ritmo al que se desarrollan los acontecimientos en el mundo actual, de aquí al 2060 pueden suceder hechos absolutamente imprevisibles. Empezando por la probabilidad de que sobrevenga una catástrofe ecológica de tal calibre, que el sistema de producción capitalista se vaya a tomar vientos. O que sean los propios libremercadistas los que se carguen directamente el sistema. Si es que no lo han hecho ya, pues acaban de producir una avería de tal calibre, que Papá Estado se las ve y se las desea para recomponer en el edificio económico global los cristales rotos por los jugadores del libre mercado.

En segundo lugar, se parte de una hipótesis absolutamente gratuita: que la financiación de las pensiones dependa exclusivamente de los propios trabajadores cotizantes. Y la cuestión que hay que plantear es otra. Si ningún servicio de estudios prevé que en 2060 se colapse el sistema productivo, ni el resto de servicios estatales ¿por qué habría de entrar en crisis el sistema de pensiones? O sea, que las carreteras, por las que circulamos todos, trabajadores, empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir, se costean con cargo a los impuestos generales. Mientras que las pensiones de jubilación, por un perverso convencionalismo, se ha establecido que han de ser los propios trabajadores quienes las paguen de su bolsillo.

En tercer lugar, no se está considerando los incrementos de productividad debidos a los avances tecnológicos. Si nuestros antepasados paleolíticos hubieran actuado con mentalidad capitalista, al día siguiente de inventar el hacha de sílex habrían descubierto el desempleo y la crisis del sistema de pensiones. En efecto, dado que las nuevas herramientas permitían, por ejemplo, que para recoger leña se precisara sólo la mitad de hombres que antes del invento, la otra mitad habría quedado desempleada. Sin embargo, puesto que la cantidad de leña acopiada seguiría siendo la misma, el fuego de las hogueras impediría que los miembros más viejos de la horda perecieran de frío. En esto, habrían llegado los servicios de estudios económicos rupestres para examinar la situación, y después de trazar una serie de abstrusos cálculos con un tizón en la pared de la caverna, habrían sentenciado: “este sistema de calefacción social no puede mantenerse porque ahora, entre desocupados y ancianos, el número de personas que cotizan al fondo de madera es menor”.

Afortunadamente, no debía haber economistas entre la horda, a juzgar por el hecho de que las paredes de Altamira y Lascaux fueron decoradas con magníficas pinturas de bisontes y no con aburridas tablas econométricas. Señal, por otra parte, de que nuestros tatarabuelos paleolíticos disponían de la suficiente inteligencia para convertir la productividad en ocio creativo, y no en cifras oficiales de desempleo.

Hemos pasado del aprovechamiento rudimentario del sílex a la tremenda productividad conseguida gracias a las aplicaciones de los chips de silicio a las tecnologías informáticas. En el siglo XXI, las pensiones de jubilación, pues, deben ser pagadas con los impuestos generales, y no con un fondo de solidaridad obrera al estilo del sistema creado por Bismark en el siglo XIX.

Pese a la crisis creada por ellos, los bancos siguen ganando dinero aunque no concedan créditos. Tienen ganancias porque los ciudadanos, que, oh misterio de la Trinidad, somos a la vez trabajadores y consumidores, cotizamos diariamente al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago de la fruta con tarjeta en el supermercado. ¡Y los bancos viviendo de rositas gracias a las elevadas comisiones que, en el colmo del latrocinio consentido, nos cobran por utilizar nuestro dinero! La población empleada disminuye también debido a la sustitución de mano de obra por dispositivos electrónicos. Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, hace tiempo que los cajeros automáticos estarían cotizando a la Seguridad Social.

Desempleados, abandonados en el laberinto autonómico

Nadie lo quiso ver, aunque estaba en la letra escrita de los textos legales. En caso de crisis económica intensa, nuestro raquítico Estado de Bienestar no tiene previsto sostener a las personas que pierden su empleo más que por un breve período de tiempo.


En su Artículo 41, la Constitución Española, dispone que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

A la hora de la verdad, el seguro de desempleo es una prestación de tipo contributivo, financiada por los propios trabajadores a través de las cotizaciones obligatorias que mensualmente se detraen de sus nóminas “por contigencia de desempleo”. La cuantía y duración de la prestación depende de los importes y períodos cotizados previamente. Su alcance fue sensiblemente recortado por sendos Decretazos de los gobiernos de Felipe González (Real Decreto-Ley 1/1992) y José María Aznar (RDL 5/2002). En cuanto al subsidio por desempleo, se concede, y no siempre, a los desempleados que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva, por un período limitado. Por lo general, de seis meses.

Ante la intensidad de la crisis, crece día a día el número de personas abandonadas a su suerte al haber agotado el derecho a percibir ambas prestaciones. Ante ese panorama, a Celestino Corbacho, titular de Trabajo, el ministerio de la impotencia, no se le ha ocurrido mejor cosa que lanzar la pelota sobre el tejado de las administraciones autonómicas, sugiriendo que deberán ser éstas las que se encarguen de asegurar la continuidad de la prestación. Eso supone dejar a los desempleados abandonados a su suerte en el laberinto autonómico español.

Todas las administraciones autonómicas del Estado español tienen transferidas las competencias en materia de servicios sociales, por lo que les corresponde gestionar las ayudas destinadas a paliar la situación de las personas más pobres mediante lo que se pueden considerar rentas de indigencia.

Se trata de ayudas más o menos generosas dependiendo del color político de cada gobierno regional, inspiradas siempre por ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de las personas cuya situación de pobreza es tan aguda que han de someterse a las severas y a menudo humillantes inspecciones de los servicios sociales. Pues en este campo parece haberse olvidado un principio fundamental de la democracia: un genuino ciudadano no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte por propio derecho del cuerpo social en el que reside la soberanía.

Un desempleado, abocado al paro de larga duración, no es una persona con dificultades de inserción social. Un minuto antes de que la crisis afectara a su empresa, estaba perfectamente integrado en su puesto de trabajo. Desempeñaba una doble función económica: en primer lugar, a traves de su labor productora; y en segundo lugar, como consumidor que dinamiza la maquinaria económica.

Y a esta persona se la quiere enviar a ponerse de rodillas ante los servicios de asistencia social de las comunidades, para implorar una limosna. Se quiere rebajar su condición de “trabajador en situación legal de desempleo” por causa ajena a su voluntad, a la de indigente que solicita una ayuda de inserción. Para lo cual deberá someterse a severas pruebas de falta de recursos (means test) por los correspondientes servicios administrativos. Acostumbrados por la fuerza de la costumbre y la ideología, a sospechar que todo peticionario es, a priori, sospechoso de intentar obtener una prestación por medios fraudulentos.

La Ley 4/2005, de 28 de octubre, del Salario Social Básico vigente en el Principado de Asturias declara: “Se entiende por salario social básico la prestación económica periódica dirigida a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente” (art: 3.1). Esta lex astúrica dedica la mayor parte de su articulado a establecer de una forma tan minuciosa como obsesiva, las distintas pruebas a las que debe someterse el receptor como demostración de su voluntad de ser “insertado” en la sociedad.

Dejar en manos de los dirigentes autonómicos la prestación de un subsidio complementario al de desempleo supone exponer a los ciudadanos inmersos en esa circunstancia a la peor de las intemperies sociales. Pues cada gobierno autonómico tiene un criterio distinto a la hora de conceder estas ayudas.

Para empezar, Esperanza Aguirre, la ultraliberal condesa de Murillo que preside el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya ha dejado claro que no lleva “los millones en el bolsillo para dárselos a los parados de larga duración” porque tiene que encargarse de financiar servicios como la Sanidad o la Educación. Sin embargo, una de competencias transferidas a la Comunidad de Madrid es la gestión de los servicios de empleo ante los cuales han de ir los desempleados a “sellar” la cartilla de paro.

Con Aguirre en el poder, las ayudas de inserción son muy escasas y de baja cuantía en la región madrileña. Por el contrario, la “renta básica condicional” que paga el Gobierno vasco a los pobres de su territorio es mucho más generosa. Garantizando una cuantía del 88% del Salario Mínimo Interprofesional, la paga aumenta según el número de miembros de la familia. En Navarra, dice su administración que “por Renta Básica se entiende la prestación económica periódica destinada a hogares que carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas”.

El Estatuto de Cataluña, en su Art. 24.3, dispone que: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.” Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en su Art. 23.2, afirma que “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Pero el estatuto catalán está pendiente de aprobar por haber sido impugnado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Y en Andalucía no se ha aprobado una normativa que desarrolle la prestación de la renta básica. También el Estatuto valenciano tiene una cláusula similar, tan programática como ineficaz.

Pensiones mínimas, una vergüenza nacional

Las pensiones mínimas de jubilación, en especial las no contributivas y las de viudedad son una auténtica vergüenza para la Nación, el Gobierno y la Jefatura del Estado español, encargados de hacer cumplir lo que dispone la Constitución en este sentido: pensiones dignas y suficientes.

Leo la noticia de que el PP rechaza que el Gobierno riojano complemente las pensiones no contributivas. "Logroño.- La mayoría del Grupo Popular ha rechazado la petición del Socialista de que el Gobierno de La Rioja complemente las pensiones no contributivas que reciben los riojanos hasta alcanzar la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que asciende a 6.326,86 euros para 2009".

La Comunidad Autónoma de la Rioja es casi tan pequeña como el planeta que visitó el príncipito protagonista del cuento de Saint Exupèry. Pese a lo cual, tiene Gobierno, Parlamento y toda la pesca, "que parece Guasintón" (Washington), si me permiten la paráfrasis de cierta cancioncilla burlesca dedicada a Calahorra. Y al parecer, 1.848 riojanos -un 69 por ciento a mujeres- cobran (decir "se beneficiaban" es una falta al decoro) de las pensiones no contributivas, con una cuantía media de 328 euros al mes. Una cifra por debajo del umbral de pobreza calculado con parámetros de la OCDE.

Entonces, un partido político, el PSOE, pide en esa comunidad lo que por cierto no reclama en el Parlamento Español: un modesto complemento a esas pensiones. Petición que automáticamente rechaza el Gobierno, del Partido Popular, que administra la tan pequeña como por sus caldos apreciada región vitivinícola de la Celtiberia Interior.

A todo esto, coincidiendo en el tiempo, el PP urge en Valladolid la subida de las pensiones de viudedad. En concreto, los parlamentarios de esta formación, el diputado Tomás Burgos y la senadora Arenales Serrano, aseguraron recientemente a la Asociación de Viudas de Valladolid, que su partido reclama una subida del 52 al 70 por ciento. Todo esto, sin conocimiento, se supone, del señor Montoro, portavoz popular para asuntos económicos, que fiel al credo neoliberal predica no aumentar el gasto público.

A principios de marzo, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó una iniciativa en la que insta al Gobierno a elevar la cuantía de las pensiones mínimas hasta, por lo menos, el 60 por ciento de las rentas medias, es decir hasta el umbral de la pobreza que marca la oficina estadística comunitaria Eurostat. Fue una proposición no de ley del PNV, que recibió los apoyos de CiU, ERC-IU y PP y que sólo votó en contra el PSOE. En aquella ocasión, el Emilio Olabarría, del PNV, reconoció que estas pensiones mínimas, junto a las prestaciones por viudedad y orfandad, son "las más bajas de la Europa de los 27".

En principio, subir las pensiones mínimas no debería suponer enfrentamientos partidistas o ideológicos. Es preciso poner fin a todas esa hipocresía que se gastan los partidos políticos a cuenta de las pensiones más humildes. El hecho de que no hayan tomado ya hace meses ¡hace años! un acuerdo nacional para establecer una pensión minima por encima del umbral de pobreza es una demostración de falta de sensibilidad por parte de todo el arco parlamentario.

Y una auténtica vergüenza para la Nación, el Gobierno y la Jefatura del Estado español que consienten esta injusticia.

¿Peca el parado que toma vacaciones?

"No se sabe si es cómico o siniestro que, ante la falta constante, indesarraigable y creciente de puestos de trabajo, se obligue a los millones de desempleados, cada día laborable de la semana, el mes o el año, a salir a la búsqueda ‘efectiva y permanente de ese trabajo que ya no existe. Cada día, semana, mes, año, se los condena a postularse en vano, frustrados de antemano por las estadísticas". (Viviane Forrester, El horror económico)

Un columnista de un periódico del mundo de los negocios se hacía eco del insidioso rumor de que, en estos momentos de aguda crisis económica, hubiera personas en situación de desempleo aprovechando esta coyuntura para conocer mundo. “Me acaba de llamar indignado un amigo. Me asegura que conoce a personas que están usando el subsidio de paro para viajar por el mundo. Renuevan por internet el subsidio y aprovechan haberse quedado sin trabajo para vivir, que son dos días. Su indignación, que comparto, es que los que seguimos trabajando estamos financiando las ‘excedencias’ de los parados.” (Martí Saballs, Expansión, 06-03-2009)

Tanto la sospecha de que haya parados viajando por el mundo como la indignación mostrada ante ello pertenecen al género de la moral farisaica. Es decir, la que hace gala de la más absoluta hipocresía. En primer lugar, es bastante dudoso que una persona con un presupuesto de 428 euros, que es la cuantía mensual del subsidio por desempleo se pueda permitir el lujo de marcharse de vacaciones. Y mucho menos rumbo a destinos lejanos, para conocer mundo. Nos podemos dejar los ojos en la pantalla buscando en internet ofertas de agencias turísticas low cost y no encontraremos ‘chollos’ que encajen en ese presupuesto. Las agencias de viajes deberían contratar a estos críticos del comportamiento ajeno para que expliquen cómo es posible hacer turismo con tal presupuesto. Pero se me ocurre una hipótesis alternativa para explicar ese éxodo vacacional que escandaliza a algunos: los parados se marchan a países infradesarrollados donde el coste de la vida es inferior, para poder subsistir. Ya que en España es bastante difícil vivir con una renta como la que ofrece el subsidio, situado por debajo del umbral de la pobreza que utiliza la OCDE.

Sin embargo, una renta mensual de 428 euros sería considerada una verdadera fortuna en muchas zonas del planeta. En el Bangladesh rural una familia de cuatro miembros calculó que gastaban unos 80 centavos de dólar al día en comida y combustible, lo que les permite comprar y cocinar dos comidas de arroz y judías, así como una porción ocasional de carne. Los costes médicos ascienden a 3,3 centavos al día (112 dólares al año), principalmente en medicinas para la tos y los catarros del marido. Otros gastos familiares incluían 4,1 centavos al día en ropa (115 dólares al año), 1,6 centavos en libros escolares (66 dólares al año) y 2,2 centavos (88 dólares al año) en visitar y entregar regalos a familiares. Es decir, la salud familiar y los costes de alimentación suponían más del 90% de los gastos básicos del hogar.

Mucho me temo que estos severos críticos del comportamiento ajeno no tienen la menor idea sobre que están opinando con tanta ligereza. En primer lugar, el subsidio por desempleo no se puede renovar por Internet, sino haciendo presencia, con el DNI en la boca, en la correspondiente oficina del INEM en el día señalado por este organismo, que además tiene la potestad de exigir comparecencias por sorpresa. En segundo lugar, sólo sería posible costearse unas vacaciones modestas por alguien que estuviese percibiendo la prestación del seguro por desempleo, que no es lo mismo que el subsidio, y que dependiendo de lo cotizado puede ser de una cuantía superior. En ese caso, si se van de vacaciones no cabe rasgarse las vestiduras de forma farisaica. Están haciendo uso del derecho a hacer de su capa un sayo ya que fueron ellos los que cotizaron en su momento para tener derecho a esta prestación, que no es eterna, por cierto. A nadie que haya suscrito una póliza con una Aseguradora de riesgos del automóvil se le ocurre decir que está pagando la reparación de otro conductor que haya sufrido rotura de luna parabrisas. (*)

Por otra parte ¿qué tendría de censurable que un parado se tomara una vacaciones para no acabar con los nervios rotos ante la certeza de que no hay trabajo para él? Es una convicción compartida en medios gubernamentales, empresariales y sindicales que los trabajadores que resulten desempleados en la actual fase de crisis, más de un millón de parados adicionales en sólo un año, no se van a poder reinsertar rápidamente en nuevas ocupaciones. Ni siquiera en las peor retribuidas.

Según los datos EPA del cuarto trimestre de 2008, el 60% de los desempleados sólo cuentan con estudios secundarios, de los cuales el 37% de primera etapa, es decir, hasta 2º de la ESO u 8º de la antigua EGB. Le siguen en peso los parados con educación primaria, que suponen el 22% del total de los parados. En estos momentos, las ocupaciones que se siguen demandando en el mercado de trabajo se han reducido drásticamente, sobre todo aquellas que requieren media, baja o ninguna cualificación, como se viene observando en los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura. El último catálogo (primer trimestre de 2009) mostraba que de 342 ocupaciones, ya sólo el 11,4% necesitan media o baja cualificación.

La escritora francesa Viviane Forrester, en su libro El horror económico, constata que:

¡Seguimos rutinas insólitas! No se sabe si es cómico o siniestro que, ante la falta constante, indesarraigable y creciente de puestos de trabajo, se obligue a los millones de desempleados, cada día laborable de la semana, el mes o el año, a salir a la búsqueda “efectiva y permanente” de ese trabajo que ya no existe. Cada día, semana, mes, año, se los condena a postularse en vano, frustrados de antemano por las estadísticas. Porque hacerse rechazar cada día laborable de cada semana, mes e incluso año, ¿no sería un empleo, un oficio, un aprendizaje? ¿Es un destino verosímil? ¿Una ocupación racional? ¿Una forma recomendable de emplear el tiempo?

En definitiva, estas gentes biempensantes que se preocupan por la moral ajena, en vez de escandalizarse ante las hipotéticas vacaciones del prójimo deberían más bien estremecerse ante los manejos del capital que han dado lugar a esta horrorosa situación que afecta a millones de parados en todo el mundo. Y si alguno de éstos es lo suficientemente hábil como para conseguirse unas vacaciones, felicitémosle por ello.

La FUNCAS quiere que la crisis la paguen los trabajadores

Los desempleados, es decir, los trabajadores que pasan a formar parte del Ejército Industrial de Reserva, en la terminología marxista, han sido los primeros en pagar en carne propia la crisis económica creada por el mundo de las finanzas. Mientras los delincuentes financieros siguen en libertad, sus abogados ideológicos siguen urdiendo nuevas tesis exculpatorias. Ahora pretenden aumentar los impuestos sobre los trabajadores en activo, mientras las entidades bancarias se van de rositas.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), prevé una caída de la economía española del 3% para este año, y una tasa de paro del 17,2 %, o sea, 4,5 millones de desempleados. Para salir del atolladero, el panel de expertos del organismo aboga por subir impuestos y rebajar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social.

Subir impuestos ¿a quién: a todos los contribuyentes o sólo a los más ricos, como acaba de hacer el presidente Barak Obama en EE UU? Ni lo uno ni lo otro, los expertos de FUNCAS proponen “incrementar el IVA, reducir el Impuesto sobre Sociedades e incrementar el tipo de medio del IRPF y bajar los marginales”. ¡Qué vivos, qué vivos, los ejecutivos! rezaba el eslógan publicitario de una marca de calcetines Ya sabemos que la misión de estos expertos

formados en la escuela neoliberal no es la de trabajar por el bien del pueblo, sino en provecho del pesebre en el que comen su pienso. Pero en un momento tan delicado como el actual, convendría que rebajaran el nivel de cinismo con que emiten sus recomendaciones. El pueblo comienza a no estar para bromas.

¿Cómo tienen la caradura de pedir subida de impuestos a las rentas del trabajo y al consumo y dejar que la banca se vaya de rositas? Ahora mismo, la banca acaba de ahorrarse más de 2.300 millones en impuestos. Según los cálculos realizados por el periódico Expansión, sólo entre las cajas y los principales bancos cotizados (los cinco grupos del Ibex más Pastor), el ahorro de impuestos en 2008 frente a 2007 superó los 2.300 millones.

El descenso de la carga fiscal para la banca se produce por varias causas. En primer lugar, desde 2006 el impuesto de sociedades ha bajado desde el 35% hasta el 30%. Pero, en la práctica, ninguna entidad llega a pagar ese porcentaje de sus beneficios a Hacienda, ya que intervienen deducciones de varios tipos. Entre las más importantes están las realizadas por reinversión de plusvalías. Otras deducciones se aplican por el gasto en Investigación y Desarrollo. Otra clave del descenso del gasto por impuestos son las provisiones. A medida que la crisis avanza y la morosidad sube, bancos y cajas han empezado a liberar provisiones genéricas, que tienen una mayor parte deducible fiscalmente.

La segunda idea luminosa de los expertos de la FUNCAS consiste en reducir las cuotas a la Seguridad Social de las empresas y aumentar la de los trabajadores, con el fin de “equilibrar” el sistema de aportaciones. Esta propuesta contiene una finalidad perversa, que no es otra que la de abaratar los salarios.Derivado del paternalismo implícito en el sistema bismarkiano de protección social, las cotizaciones a la Seguridad Social se reparten entre el trabajador y la empresa de una forma aparentemente ‘desequilibrada’: el trabajador cotiza alrededor del 5% de su salario mientras que la empresa cotiza un 20%. Pero eso no es más que una fantasmagoría ideológica. Pues, a la hora de la verdad, cuando una empresa calcula el coste real de un empleado computa todos los componentes de gasto. Eso es algo que conocen bien los sindicalistas, que a la hora de negociar un convenio colectivo dialogan con las empresas en términos de masa salarial, no de suma de salarios netos. Y un trabajador a nivel individual, si se le ocurre pedir una semana de permiso sin sueldo, constatará que la deducción en su nómina por esa semana es muchísimo mayor que lo que le pagan por trabajarla.

Atrapados por el subsidio de paro

Una leyenda negra afirma que los perceptores de rentas mínimas de inserción o subsidios por desempleo prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.

Esto podría ser cierto en el caso minoritario de personas que tuvieran una clarísima vocación de pobres, ya que la cuantía de este tipo de rentas se establece en niveles lo suficientemente bajos como para desanimar a la gente integrada en el sistema a vivir de ellas.

Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio. Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

La gente que se halla en situación de precariedad tal vez no esté titulada en una escuela de Economía, pero echa sus cuentas con mucho más realismo que muchos teóricos de gabinete. Si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.

Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio. Este conjunto de factores determina que quienes quedan atrapados en estas trampas del desempleo o de pobreza se vean fuertemente desincentivados a trabajar: sólo pueden escapar a la pobreza si logran conseguir un empleo cuyo salario (previo a las deducciones impositivas) sea considerablemente superior al nivel del beneficio.

Un efecto colateral es el fraude, cuya forma más habitual consiste en completar los ingresos del subsidio con algún trabajo sin registro —trabajo negro o sumergido—. Espoleados por la necesidad, parece lógico que muchos individuos recurran a las artimañas a su alcance para atenuar los efectos negativos de la trampa. Los darwinistas sociales han de aplaudir necesariamente a quienes hacen gala de su habilidad para la supervivencia. Pero una concepción inteligente del sistema de protección social debería corregir esas trampas generadas por el propio sistema.

Es aquí donde cobra relieve la propuesta que muchos venimos defendiendo desde hace años, de reformar el sistema de protección social introduciendo la Renta Básica de Ciudadanía. Un ingreso de este tipo, percibido de manera universal e incondicional por todas las personas con derecho a voto, permitiría compatibilizar la percepción de un derecho universal con cualquier otro ingreso. Eliminado los efectos perversos de los sistemas asistenciales que desaniman a la gente a buscar un trabajo.

NOTA: El seguro de desempleo es una prestación de tipo contributivo, financiada por los propios trabajadores a través de las cotizaciones obligatorias que mensualmente se detraen de sus nóminas “por contigencia de desempleo”. El seguro de desempleo opera de forma similar al de otros seguros que cubren riesgos en bienes muebles o inmuebles. El tomador del seguro —la persona que contrata éste con la entidad aseguradora— paga una cuota —cotiza— para prevenir una determinada contingencia: un accidente de tráfico, un escape de agua n un pedrisco que arruina una cosecha, etc. La cuantía y duración del pago de este seguro depende de los importes y períodos cotizados previamente. Su alcance fue sensiblemente recortado por sendos Decretazos de los gobiernos de Felipe González (Real Decreto-Ley 1/1992) y José María Aznar (RDL 5/2002). En cuanto al subsidio por desempleo constituye la última red de protección social a la que pueden acceder los desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema.

El working poorletariado

La novedad de la crisis económica actual en materia de empleo son esos tres millones de parados que registran las cifras oficiales. Pero no hay que olvidar que, durante estos años de bonanza que hoy se añoran, no a todo el mundo le iba igual de bien en la feria. Esa prosperidad a veces insultante de la que han presumido algunos tenía su contrapartida en los millares de working poors o trabajadores pobres.

A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace más dos décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Si hay alguna mercancía característica de la factoría capitalista global, ese producto es el desempleo.

Uno de los grandes logros del capitalismo contemporáneo ha sido el de recuperar en el escenario laboral la figura del working poor o “trabajador pobre”. Categoría de precariedad en la que se encuadran aquellas personas que, a pesar de tener una relación laboral normalizada por un contrato legal, se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país. En otras palabras, aunque trabajan en condiciones legales y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres. Exactamente igual que en el capitalismo manchesteriano del siglo XIX.

A nivel europeo, se estima que hay más de 35 millones de personas en situación de working poor, afectando al 13,3% de los hogares de trabajadores de la UE. El 33% de los pobres europeos de entre 25 y 55 años trabaja con un contrato legal y a jornada completa. Los trabajadores que se encuentran en alguna de estas tres situaciones: empleo a tiempo parcial no elegido, empleo temporal o autoempleo, sufren un mayor riesgo de vivir en situaciones de pobreza. “Estos trabajadores, en general, trabajan menos tiempo a lo largo de un año que los trabajadores con contrato indefinido o a tiempo completo, lo que explica, obviamente, parte del menor ingreso salarial”, señalan Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez, autores de un estudio sobre los working poor en la Unión Europea. (*)

Buenos días: Soy XXX; responsable de selección de XXX estamos buscando cobradores de peaje a tiempo parcial (25H) con TOTAL disponibilidad en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. La zona de trabajo es en el peaje de ALCOBENDAS de la R2. La incorporación es inmediata. El salario es 8.42 euros las horas diurnas y 10.07 las horas nocturnas. necesario carnet y coche. Por favor si estás interesado llama al 91...

Esto no es ficción. Se trata de una oferta de trabajo enviada hace un par de días por correo electrónico a los demandantes de empleo apuntados en una Empresa de Trabajo Temporal. En ese tipo de trabajos basura te pagan (mal) por el tiempo exclusivo en el que estás presente en el tajo. No generas derechos como descanso dominical y vacaciones pagadas. Ni siquiera una decente cotización a la Seguridad Social. Mientras que un trabajador con contrato normal cotiza a efectos de su pensión futura por 365 días al año, aunque no trabaje los fines de semana, vacaciones y otras fiestas de guardar, los años de cotización del precario son más largos, sólo cotiza los días de presencia efectiva en el trabajo. Si no puede acudir por enfermedad, no cobra. Así de claro, como los jornaleros de antaño.

Exceptuando ciertas privilegiadas minorías del ámbito empresarial, judicial o político, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros incurso en algún tipo de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque todavía se vive con cierto desahogo gracias a los ingresos de los cabezas de familia, los hijos están en paro o trabajan con contratos precarios, por lo que no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal.

Pero cada vez hay más familias sumidas en la pobreza debido a esta precariedad laboral. Para los autores del estudio citado, “hay razones para defender que el análisis de la pobreza salarial debe hacerse, para ser más realista, no en términos personales sino familiares. Por ejemplo, es usual que una persona obtenga un salario que le permita a él individualmente situarse por encima de la línea de pobreza, pero que una vez integrado en una unidad de convivencia con más personas, y quizás no más ingresos (desempleados, niños, ancianos), el hogar quede en situación de pobreza real”.

El working poorletariado es una lacra que se extiende a escala global. De ella no se salvan ni siquiera las poblaciones países que, como Japón, hicieron del trabajo una cuestión de honor. Formado a partir del término inglés free (libertad) y el alemán arbeiter (trabajador), el neologismo freeter se utilizó originalmente en Japón para designar a los jóvenes que se negaban a someterse a las normas del empleo permanente y optaban por los contratos temporales. En la actualidad, esta opción prácticamente ya no existe, puesto que los pequeños trabajos son los que más abundan.

Según datos oficiales, Japón registraba en 2004 unos 4 millones de freeters de 15-34 años. Sus ingresos oscilan entre los 100.000 y 200.000 yenes por mes, es decir, aproximadamente la tercera parte de lo que gana un asalariado común. Uno de los aspectos más preocupantes de la precariedad laboral japonesa es el suicidio. Al no poder sobrellevar la situación, algunos desamparados deciden quitarse la vida. Desde 1989, según las estadísticas de la Agencia de la Policía Nacional, se suicidaron unas 450.000 personas. La cuestión es lo suficientemente espinosa como para que los poderes públicos comiencen a interesarse en ella. El Ministerio de Salud y Trabajo se fijó como objetivo reducir a 22.000 la cantidad de suicidios de aquí al 2010. (**)

(*)Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez: “Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los working poor en la Unión Europea”, Viento Sur, nº 82, Septiembre, 2005

(**) Odaira Namihei: “Jóvenes atrapados en la clase baja: Malvivir en el País del Sol Naciente”. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. Servicio Informe-Dipló Nº 82, 25.04.2006.

Sindicatos: calderilla para los desempleados

Según manifiestan en un comunicado: las centrales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras hubieran preferido aumentar la cuantía del subsidio por desempleo un 0,4% más que el 2% fijado por el Gobierno. Hablando claro, eso significa la fastuosa cantidad de 1,66 euros mensuales.

El Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 aprobada en el Congreso de los Diputados ha decidido actualizar la cuantía del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) con un incremento del 2% equivalente al objetivo de inflación para 2009 y no con la evolución del IPC al mes de noviembre, 2,4%, como reclamaban los sindicatos UGT y CC OO.Según indica UGT en un comunicado, en el que protesta por la escasa subida del SMI: “El sindicato tampoco comparte la decisión de aumentar el 2% el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), cuando ambos sindicatos habían solicitado un aumento del 2,4%, correspondiente a la evolución de la inflación de noviembre”.

Hablar en plata es una expresión que significa “hablar claro”, aunque parece un contrasentido al referirse a la irrisoria cantidad de 1,66 euros al mes que le habría parecido adecuada a los sindicatos mayoritarios. A tenor de lo manifestado por éstos, sería más propio decir que hablan en calderilla a la hora de cifrar sus reivindicaciones del subsidio por desempleo (413 euros mensuales en 2008) que pasará a ser de 421,26 euros, en lugar de los 422,91 euros que querían los sindicatos. Esas cuatro perras de diferencia poco aumentarán la capacidad adquisitiva del subsidio, único ingreso con el que habrán de sobrevivir los desempleados de larga duración una vez que agoten el tiempo de percepción del seguro contributivo.

La insoportable levedad del IPREM

Por si usted no sabe, y nunca se atrevió a preguntar, qué es el IPREM, digamos que, en la jerigonza administrativa, esas siglas corresponden al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Un índice que tiene repercusión en la vida de muchos ciudadanos con rentas humildes y que en estos momentos de crisis económica afecta de lleno a los desempleados de larga duración.

En 2004, el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió emprender una serie de subidas progresivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en los 600 euros mensuales que alcanzó en 2008. Cifra que, sin ser como para tirar cohetes, elevaba algo el bajísimo nivel en que la había dejado el Gobierno del Partido Popular. El Real Decreto-Ley 3/2004, que ordenó la subida del SMI, incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones sociales hasta entonces referenciadas a este indicador, creando una base distinta, al que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es menor que el SMI.

Una de las prestaciones afectadas por esa reforma fue el subsidio por desempleo, prestación que constituye la última red de protección social a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema.

Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. De manera que cuando el salario mínimo alcanzó el modesto nivel de 600 euros, a diciembre de 2008 el subsidio era de 413 euros. Con el agravante de que este subsidio se percibe en 12 pagas, no en 14 como el SMI. Mientras que la cuantía anual de éste es de 8.400 euros, en 2008, la del subsidio es de 4.956 euros.

Queda para los investigadores de la historia de la protección social averiguar qué extraña paranoia miserabilista invadió la mente de los redactores de ese decreto creador del IPREM. Pues mientras que, por un lado, se desvincula el subsidio del SMI, por otro lado, se estipula que, entre las severas condiciones impuestas al perceptor, una de ellas será la de no obtener por otras fuentes ingresos superiores al 75% del SMI, excluidas las pagas extras. Es decir, se paga en función del IPREM y, sin embargo, se condiciona en función del SMI. Algo falla en esa lógica, seguramente debido a la tremenda disonancia cognitiva a la que debieron verse sometidos sus redactores al meterse en camisa de once varas para precarizar una prestación que ya era paupérrima.

Y es que, aunque resulte sorprendente, fue la cúpula de uno de los principales sindicatos “de clase” del país la que se opuso a que los subsidios por desempleo se beneficiaran de la subida del SMI iniciada por el Gobierno a partir de 2004. En el curso de una reunión mantenida en Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el entonces secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, pidió esa desvinculación del subsidio por desempleo de las subidas futuras del SMI. Según el secretario de CC OO, mantener la indización de los subsidios por desempleo al SMI puede elevar excesivamente el coste de la protección. (“Fidalgo pide a Zapatero que no suba el SMI del desempleo” Cinco Días, 21-05-2004).

Esa frivolidad del señor Fidalgo en su asesoría al Gobierno, le está costando muy cara a millares de personas, especialmente a los desempleados de larga duración, muchos de ellos situados en edades que rebasan la cincuentena y, por tanto, en situación de difícil empleabilidad. Han sido condenados a vivir por debajo del umbral de pobreza para siempre. Pues cuando llegue el momento de cobrar pensión, la misma se calculará conforme a esa cifra. Es decir, que serán pobres ahora y en la hora de su jubilación. Amén.

¿Para cuándo un SMI de rango europeo?

El último consejo de ministros del año 2008 fijó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 624 euros mensuales. Una más que discretísima cuantía que ha suscitado las críticas de turno. De un lado, los sindicatos, entonando su ritual jaculatoria de que el aumento es insuficiente, aunque no se enfrentarán al Gobierno por tan poca cosa. De otro lado, los apocalípticos de turno, léase propagandistas de la fe neoliberal, que sostienen que un trabajador que esté cobrando el SMI corre el riesgo de ser despedido si aumenta la cuantía del ingreso.

¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que un patrón vaya a despedir a su empleado por pagarle 24 euros más al mes? Es posible que el patrón que tenga un asalariado en estas circunstancias se lo pensara dos veces en caso de que el gobierno doblara la cuantía del SMI. Pero cuando lo aumenta en un 4%, porcentaje inferior a lo que van a subir, por ejemplo, las tarifas del transporte madrileño, neoliberalmente gestionado, los lamentos son lágrimas de cocodrilo. Y que conste que doblar el SMI no es ninguna locura: su cuantía es de 1.293 euros en Irlanda, y cifras de ese orden se pagan en Holanda, Reino Unido, Bélgica y Francia por este concepto.

Casi todos los países miembros de la OCDE tienen establecido algún tipo de salario mínimo cuya cuantía es fijada por el gobierno. La Carta Social Europea recomienda que el importe de esta retribución mínima se sitúe en torno al 60% del salario medio. También en este aspecto España se encuentra a la cola de Europa.

Una de las promesas electorales que el Gobierno de Rodríguez Zapatero cumplió en su primer mandato fue la de aumentar progresivamente la cuantía del SMI hasta situarlo en 600 euros mensuales en 2008. Cifra que todavía se halla muy lejos de las pautas marcadas por la Carta Social Europea, aprobada por el Parlamento Europeo, que exige que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio. Lo que significaría que en España ese suelo mínimo salarial debería ser de 960 euros.
Por sí mismo, un salario mínimo situado en niveles muy bajos tiene una importancia relativa, ya que, salvo para trabajos de bajísima cualificación, nadie acepta un empleo en esas condiciones. En el caso español, la oficina de Eurostat calcula que tan sólo el 0,6% de la población laboral percibe el SMI: unas 130.000 personas, según datos de la Seguridad Social. Por otro lado, este tope mínimo afecta a aquellos convenios colectivos que utilizan el SMI como referencia para diferentes conceptos. El Ministerio de Trabajo calcula que hasta un 5% de los asalariados (alrededor de 800.000 personas) se ven afectados por la subida de esa renta mínima.
Por otro lado, hay empleados que ni siquiera alcanzan la retribución del SMI, sencillamente porque tienen empleos de duración inferior a la jornada normal. Según el sindicato Comisiones Obreras, en mayo de 2008, había en la comunidad de Madrid 704.184 trabajadores cobrando menos del salario mínimo. Entre las profesiones que reúnen estas condiciones destacan los cuidadores de ancianos o niños, reponedores de grandes superficies, teleoperadores, cajeros, camareros y empleadas de hogar, pero también periodistas, informáticos, diseñadores, profesores o becarios. Se trada de empleados que trabajan por horas, a tiempo parcial, con jornadas reducidas y sin horario laboral definido. Los afectados tampoco disponen de convenio colectivo, tienen contratos basura, están subcontratados o al servicio de empresas de trabajo temporal.
La verdadera importancia del salario mínimo consiste en que constituye una referencia moral, política e incluso psicológica para el resto de prestaciones del sistema de protección social. Por ejemplo, existe un consenso generalizado sobre la idea de que, para no desincentivar el trabajo, las prestaciones de auxilio a la pobreza y el subsidio por desempleo deben ser inferiores a un salario normal. Es obvio que cuando se toma como referencia un índice tan bajo con el SMI español, las prestaciones “no desincentivadoras” habrán de ser necesariamente de miseria. Por lo que no es extraño que sus cuantías se sitúen por debajo del umbral de pobreza.