La insoportable levedad del IPREM

Por si usted no sabe, y nunca se atrevió a preguntar, qué es el IPREM, digamos que, en la jerigonza administrativa, esas siglas corresponden al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Un índice que tiene repercusión en la vida de muchos ciudadanos con rentas humildes y que en estos momentos de crisis económica afecta de lleno a los desempleados de larga duración.

En 2004, el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió emprender una serie de subidas progresivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en los 600 euros mensuales que alcanzó en 2008. Cifra que, sin ser como para tirar cohetes, elevaba algo el bajísimo nivel en que la había dejado el Gobierno del Partido Popular. El Real Decreto-Ley 3/2004, que ordenó la subida del SMI, incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones sociales hasta entonces referenciadas a este indicador, creando una base distinta, al que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es menor que el SMI.

Una de las prestaciones afectadas por esa reforma fue el subsidio por desempleo, prestación que constituye la última red de protección social a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema.

Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. De manera que cuando el salario mínimo alcanzó el modesto nivel de 600 euros, a diciembre de 2008 el subsidio era de 413 euros. Con el agravante de que este subsidio se percibe en 12 pagas, no en 14 como el SMI. Mientras que la cuantía anual de éste es de 8.400 euros, en 2008, la del subsidio es de 4.956 euros.

Queda para los investigadores de la historia de la protección social averiguar qué extraña paranoia miserabilista invadió la mente de los redactores de ese decreto creador del IPREM. Pues mientras que, por un lado, se desvincula el subsidio del SMI, por otro lado, se estipula que, entre las severas condiciones impuestas al perceptor, una de ellas será la de no obtener por otras fuentes ingresos superiores al 75% del SMI, excluidas las pagas extras. Es decir, se paga en función del IPREM y, sin embargo, se condiciona en función del SMI. Algo falla en esa lógica, seguramente debido a la tremenda disonancia cognitiva a la que debieron verse sometidos sus redactores al meterse en camisa de once varas para precarizar una prestación que ya era paupérrima.

Y es que, aunque resulte sorprendente, fue la cúpula de uno de los principales sindicatos “de clase” del país la que se opuso a que los subsidios por desempleo se beneficiaran de la subida del SMI iniciada por el Gobierno a partir de 2004. En el curso de una reunión mantenida en Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el entonces secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, pidió esa desvinculación del subsidio por desempleo de las subidas futuras del SMI. Según el secretario de CC OO, mantener la indización de los subsidios por desempleo al SMI puede elevar excesivamente el coste de la protección. (“Fidalgo pide a Zapatero que no suba el SMI del desempleo” Cinco Días, 21-05-2004).

Esa frivolidad del señor Fidalgo en su asesoría al Gobierno, le está costando muy cara a millares de personas, especialmente a los desempleados de larga duración, muchos de ellos situados en edades que rebasan la cincuentena y, por tanto, en situación de difícil empleabilidad. Han sido condenados a vivir por debajo del umbral de pobreza para siempre. Pues cuando llegue el momento de cobrar pensión, la misma se calculará conforme a esa cifra. Es decir, que serán pobres ahora y en la hora de su jubilación. Amén.