A ojos de las gentes biempensantes, quien reciba un subsidio será siempre sospechoso de parasitismo. Salvo que pertenezca a la clase de los grandes industriales, terratenientes, eclesiásticos y otras gentes de buen, bonísimo vivir. Pues los miembros de estas clases no pierden un ápice de compostura cuando les toca poner la gorra para recibir sustanciosos subsidios públicos en su condición de grandes propietarios. De manera que lo que en el pobre es estigma, en el rico es distinción.
La palabra "subsidio" (del latín subsidium = 'bajo la silla') se refiere a un socorro o auxilio extraordinario que se concede, normalmente por parte del Estado, para paliar una situación de necesidad. La condición de subsidiado tiene muy mala prensa, ya que se considera una situación políticamente incorrecta. Un tema recurrente que aparece como un Guadiana es el que estigmatiza a los beneficarios del antiguo PER y del subsidio agrario por el que un jornalero andaluz o extremeño cobra la fastuosa cifra de unos 400 euros/mes durante seis meses al año.
A estos fuegos de artificio acaba de apuntarse un señor aparentemente tan serio y de gustos tan delicados como Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, que repetirá como cabeza de lista en estas elecciones generales. Duran aprovechó un almuerzo ante una audiencia plagada de empresarios para sacar a relucir uno de sus temas preferidos: las subvenciones a los agricultores de fuera de Cataluña. "No tiene sentido que nuestros campesinos no recojan la fruta porque el precio que se les paga no es justo, mientras que en otras partes de España determinado tipo de campesino puede quedarse en el bar de la plaza y continúa cobrando. Esto no es justo".
Pero todo ese furor crítico contra el subsidio a jornaleros se vuelve complacencia cuando se trata de los subsidios agrarios procedentes de las arcas comunitarias de la Unión Europea que perciben los grandes propietarios. La opacidad informativa impide saber con exactitud los dineros públicos que recibe una gran familia terrateniente española como la Casa de Alba, aunque algo ha trascendido en el caso de Andalucía donde el 3,9% de los propietarios posee el 54,8% de la tierra.
Con datos de 1995, una sola empresa Complejo Agrícola, perteneciente a los Mora Figueroa Domech, se embolsó casi cuatro millones de euros. El Duque del Infantado percibió a su nombre 1,7 millones de euros, e incluso la Duquesa de Alba, criatura encantadora del papel couché, con sólo dos de sus empresas recibió más de 1,1 millones de euros. También la Iglesia católica recibe más de 200.000 euros en subvenciones.
Aparte del agrícola, otros muchos sectores reciben subsidios en España. Las compañías eléctricas constituyen un vivo ejemplo de "insumisión" a la doctrina del mercado, toda vez que la producción y suministro de energía está controlada por un coto cerrado de empresas que fijan los precios de acuerdo con el Gobierno. A través de este sistema de tarifas cerradas los consumidores pagan lo que en el argot del monopolio se denominan "costes de ineficiencia" (stranded costs).
Dicen los textos sagrados de la economía que el beneficio del empresario equivale a la compensación del riesgo que éste asume, pero las eléctricas no han asumido el coste de la moratoria a la generación nuclear, una decisión empresarial por la que apostaron libremente en su día. No obstante, es el consumidor quien ha estado pagando los platos rotos con un recargo por decreto del 3,54% sobre el precio del kw/h. Otras "ineficiencias" que lastran la factura del suministro eléctrico son las ayudas a la minería del carbón, 4,86%; la reserva de uranio, 0,25%; el tratamiento de los residuos radiactivos, 1,2%; la inversión electrotécnica, 0,3%; y las remuneraciones de los miembros de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, 0,2%.
Una empresa puede recibir subvenciones estatales por diversas vías relacionadas con la clase de actividad productiva que lleva a cabo. Buena parte de las disposiciones que aparecen a diario en el Boletín Oficial del Estado tienen por objeto la regulación de ese tipo de subvenciones. No contentos con ello, los empresarios reciben también subsidios por "crear empleo". A este paso, daremos subsidios hasta al mismísimo creador del mundo, por montar este tinglado en siete días (cosa que se nota).
Subsidios benditos
Aunque no directamente a Dios, el Estado español subsidia diversas actividades de la Iglesia católica con más de 5.000 millones de euros anuales.
Alineada desde el primer momento con los golpistas militares que en 1936 se sublevaron contra el gobierno legítimo de la II República, la Iglesia católica obtuvo de éstos una apropiada recompensa. La dictadura franquista, que otorgó a la Iglesia el título de "única religión de la Nación", se comprometió con la jerarquía católica para asegurarle "una congrua dotación" para el clero y el culto así como para financiar "la construcción de templos parroquiales y rectorales y seminarios". Los términos del acuerdo o Concordato fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 1953 con un encabezamiento que —nunca mejor dicho— rezaba así: "En el nombre de la Santísima Trinidad".
Este concordato fue reformado en 1976 y en 1979 para aligerarlo de las apariencias más cutres de su redacción, pero el Estado siguió comprometiéndose a financiar a la Iglesia católica "por el procedimiento técnicamente más adecuado" al tiempo que libera las actividades económicas de ésta de los principales impuestos ("exención total y permanentemente" de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etc).
Ese "procedimiento técnicamente más adecuado" consiste en que Hacienda entrega a la Iglesia un porcentaje de la cuota del IRPF de cada contribuyente que haya marcado esa opción en el impreso de declaración. Este sistema no tiene nada que ver con un "impuesto religioso", puesto que no supone un recargo voluntario sobre la cuota del católico. Éste no añade ni un euro de su bolsillo, sino que Hacienda resta el porcentaje de los ingresos públicos totales. Con ese mecanismo, — el porcentaje ha pasado del 0,5239 al 0,70%—un creyente aporta a las arcas estatales el 99,3% de su cuota fiscal, en lugar del 100% que aporta un ciudadano no manifiestamente confesional.
Aún así, parece que la confesionalidad no ha calado lo suficiente en el corazón fiscal de los españoles, pues por esa vía apenas se recaudan 150 millones de euros anuales. Con esa cantidad, la Iglesia católica no tiene ni para velas, por lo que el Gobierno de la Nación, con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos, le subsidia el resto de sus gastos. Que no son moco de pavo. En 2009, la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal —alrededor de 13 millones de euros mensuales— es una minucia comparada con la ingente cantidad de dinero que las diferentes administraciones del Estado español aportan cada año a la Iglesia católica.
En conjunto, se estima que el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Dinero que llega a la Iglesia a través de varios ministerios —Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales— además de otras entidades autonómicas y locales. El dinero público fluye para pagar, por ejemplo, los sueldos de unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones). Estos conciertos incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. En total, 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
Partidas más pintorescas pero igualmente costosas sufragadas por el Estado son la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma.
En cuanto a los dineros públicos que percibe la banca, de los que buena parte va a parar directamente a los bolsillos de sus gestores, fíjense si serán escandalosos que hasta los medios de comunicación hablan de ello a diario.
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P.S. Medios de comunicación que, sin ir más lejos, acaban de ocultar la gran manifestación contra la privatización del Canal de Ysabel II como forma de neutralizar la campaña. El periódico digital Madridiario ha dado la información como se merece.
A estos fuegos de artificio acaba de apuntarse un señor aparentemente tan serio y de gustos tan delicados como Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, que repetirá como cabeza de lista en estas elecciones generales. Duran aprovechó un almuerzo ante una audiencia plagada de empresarios para sacar a relucir uno de sus temas preferidos: las subvenciones a los agricultores de fuera de Cataluña. "No tiene sentido que nuestros campesinos no recojan la fruta porque el precio que se les paga no es justo, mientras que en otras partes de España determinado tipo de campesino puede quedarse en el bar de la plaza y continúa cobrando. Esto no es justo".
Josep Antoni Duran i Lleida desayuna cómoda y opíparamente en el salón de una de las suites más elegantes del hotel Palace de Madrid, donde se aloja para descansar de su arduo trabajo en el Congreso de los Diputados. Al parecer, para este parlamentario, cuya labor subvenciona el dinero público, el ambiente de un humilde bar de jornaleros le resulta demasiado ordinario.
Pero todo ese furor crítico contra el subsidio a jornaleros se vuelve complacencia cuando se trata de los subsidios agrarios procedentes de las arcas comunitarias de la Unión Europea que perciben los grandes propietarios. La opacidad informativa impide saber con exactitud los dineros públicos que recibe una gran familia terrateniente española como la Casa de Alba, aunque algo ha trascendido en el caso de Andalucía donde el 3,9% de los propietarios posee el 54,8% de la tierra.
Con datos de 1995, una sola empresa Complejo Agrícola, perteneciente a los Mora Figueroa Domech, se embolsó casi cuatro millones de euros. El Duque del Infantado percibió a su nombre 1,7 millones de euros, e incluso la Duquesa de Alba, criatura encantadora del papel couché, con sólo dos de sus empresas recibió más de 1,1 millones de euros. También la Iglesia católica recibe más de 200.000 euros en subvenciones.
Aparte del agrícola, otros muchos sectores reciben subsidios en España. Las compañías eléctricas constituyen un vivo ejemplo de "insumisión" a la doctrina del mercado, toda vez que la producción y suministro de energía está controlada por un coto cerrado de empresas que fijan los precios de acuerdo con el Gobierno. A través de este sistema de tarifas cerradas los consumidores pagan lo que en el argot del monopolio se denominan "costes de ineficiencia" (stranded costs).
Dicen los textos sagrados de la economía que el beneficio del empresario equivale a la compensación del riesgo que éste asume, pero las eléctricas no han asumido el coste de la moratoria a la generación nuclear, una decisión empresarial por la que apostaron libremente en su día. No obstante, es el consumidor quien ha estado pagando los platos rotos con un recargo por decreto del 3,54% sobre el precio del kw/h. Otras "ineficiencias" que lastran la factura del suministro eléctrico son las ayudas a la minería del carbón, 4,86%; la reserva de uranio, 0,25%; el tratamiento de los residuos radiactivos, 1,2%; la inversión electrotécnica, 0,3%; y las remuneraciones de los miembros de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, 0,2%.
Una empresa puede recibir subvenciones estatales por diversas vías relacionadas con la clase de actividad productiva que lleva a cabo. Buena parte de las disposiciones que aparecen a diario en el Boletín Oficial del Estado tienen por objeto la regulación de ese tipo de subvenciones. No contentos con ello, los empresarios reciben también subsidios por "crear empleo". A este paso, daremos subsidios hasta al mismísimo creador del mundo, por montar este tinglado en siete días (cosa que se nota).
Subsidios benditos
Aunque no directamente a Dios, el Estado español subsidia diversas actividades de la Iglesia católica con más de 5.000 millones de euros anuales.
Alineada desde el primer momento con los golpistas militares que en 1936 se sublevaron contra el gobierno legítimo de la II República, la Iglesia católica obtuvo de éstos una apropiada recompensa. La dictadura franquista, que otorgó a la Iglesia el título de "única religión de la Nación", se comprometió con la jerarquía católica para asegurarle "una congrua dotación" para el clero y el culto así como para financiar "la construcción de templos parroquiales y rectorales y seminarios". Los términos del acuerdo o Concordato fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 1953 con un encabezamiento que —nunca mejor dicho— rezaba así: "En el nombre de la Santísima Trinidad".
Este concordato fue reformado en 1976 y en 1979 para aligerarlo de las apariencias más cutres de su redacción, pero el Estado siguió comprometiéndose a financiar a la Iglesia católica "por el procedimiento técnicamente más adecuado" al tiempo que libera las actividades económicas de ésta de los principales impuestos ("exención total y permanentemente" de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etc).
Ese "procedimiento técnicamente más adecuado" consiste en que Hacienda entrega a la Iglesia un porcentaje de la cuota del IRPF de cada contribuyente que haya marcado esa opción en el impreso de declaración. Este sistema no tiene nada que ver con un "impuesto religioso", puesto que no supone un recargo voluntario sobre la cuota del católico. Éste no añade ni un euro de su bolsillo, sino que Hacienda resta el porcentaje de los ingresos públicos totales. Con ese mecanismo, — el porcentaje ha pasado del 0,5239 al 0,70%—un creyente aporta a las arcas estatales el 99,3% de su cuota fiscal, en lugar del 100% que aporta un ciudadano no manifiestamente confesional.
Aún así, parece que la confesionalidad no ha calado lo suficiente en el corazón fiscal de los españoles, pues por esa vía apenas se recaudan 150 millones de euros anuales. Con esa cantidad, la Iglesia católica no tiene ni para velas, por lo que el Gobierno de la Nación, con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos, le subsidia el resto de sus gastos. Que no son moco de pavo. En 2009, la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal —alrededor de 13 millones de euros mensuales— es una minucia comparada con la ingente cantidad de dinero que las diferentes administraciones del Estado español aportan cada año a la Iglesia católica.
En conjunto, se estima que el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Dinero que llega a la Iglesia a través de varios ministerios —Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales— además de otras entidades autonómicas y locales. El dinero público fluye para pagar, por ejemplo, los sueldos de unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones). Estos conciertos incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. En total, 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
Partidas más pintorescas pero igualmente costosas sufragadas por el Estado son la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma.
En cuanto a los dineros públicos que percibe la banca, de los que buena parte va a parar directamente a los bolsillos de sus gestores, fíjense si serán escandalosos que hasta los medios de comunicación hablan de ello a diario.
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P.S. Medios de comunicación que, sin ir más lejos, acaban de ocultar la gran manifestación contra la privatización del Canal de Ysabel II como forma de neutralizar la campaña. El periódico digital Madridiario ha dado la información como se merece.
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Es tan hermoso tu comentario, hoy.Son así, dicen esas cosas y van en grandes titulares, para culpabilizar más a los trabajadores. Hoy he escuchado un comentario estupendo tipo: " está muy bien el copago en sanidad, porque al final, lo único que la gente valora es que tiene que pagar por ello, como esos viejecitos que van casi todos los días al médico porque se aburren" . Son esas lindezas y frases hechas para desmoralizar más aún.
ResponderEliminarUn saludo cariñoso, Cive.
Hola Virginia, tu presencia por aquí siempre es bienvenida. Acabo de incluir en este artículo un testimonio gráfico de la vida de lujo del amic Duran Lleida (Durán Lérida, por si quieren buscar en las hemerotecas sobre su vida y milagros en los tiempos de la Transición. Saludos.
ResponderEliminarTambién habría que incluir en este capítulo de subvenciones las que se conceden a la llamada "fiesta nacional" y a otros eventos también relacionados con ella, como El toro de la Vega de Tordesillas, declarado "bien cultural" por las autoridades autonómicas. Una de ellas, porque fiestas consistentes en la tortura de animales son desgraciadamente frecuentes por estos lares.
ResponderEliminarHace casi un siglo que Antonio Machado escribió lleno de rabia aquello de "la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María...", "esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza".
Pues parece que no ha pasado el tiempo. Ahora mismo se podría escribir lo mismo, toros y religión suficientemente subvencionados a cargo de todos nosotros.
No perdamos la esperanza, el mismo Machado aún creía en la "España que alborea con un hacha en la mano vengadora..."