¿Alguien se acuerda de las pensiones mínimas?

El Gobierno acaba de anunciar que las pensiones serán actualizadas con un 0,25% de incremento. Si la cantidad efectiva de tal revisión resulta ridícula, en el caso de las pensiones mínimas, un euro y medio al mes supone una verdadera afrenta a la dignidad de las personas. ¿Se ha levantado alguna voz institucional, política o sindical protestando con firmeza por esta injusticia?

Hasta la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy y su banda de depredadores de los derechos sociales, los gobiernos posteriores a los Pactos de la Moncloa, además de cumplir con el precepto de revisar la cuantía de las pensiones conforme a la inflación, han tenido algún detalle hacia los jubilados con retribuciones más bajas. Aplicando a éstas algún incremento adicional, por lo general, bastante cicatero, a veces de solo algunas décimas de punto.

En honor a la verdad, hay que reconocer que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien prometió, y llevó a cabo, una notable revisión de las pensiones mínimas. A lo largo de los cuatro años de su primer mandato, experimentaron una subida del 30% aproximadamente. Esta voluntad se quebró durante su segundo y desastroso mandato, cuando los poderes fácticos de la Unión Europea le obligaron a introducir graves restricciones en la protección social. Entonces, Zapatero perdió la oportunidad de despedirse del gobierno con un gesto de altura social, situando la cuantía de las pensiones mínimas en niveles acordes con el derecho a vivir con dignidad. 

Ahora, el Gobierno de ese Rajoy que prometió "si hay algo que no tocaré serán las pensiones", en aplicación de su restrictiva reforma del sistema nacional de pensiones anuncia que las mismas serán actualizadas con un 0,25% de incremento. Si la cantidad efectiva de tal revisión resulta ridícula, en el caso de las mínimas, un euro al mes supone una verdadera afrenta a la dignidad de las personas.

Ya he comentado alguna vez en este cuaderno ese aforismo económico que sostiene que un euro en el bolsillo de un rico compra menos que un euro en el bolsillo de un pobre. O viceversa. En efecto, la utilidad marginal crece más rápidamente en el caso del individuo pobre, para el que una unidad monetaria adicional en sus ingresos significa mucho más de lo que supone para un rico. Para una persona rica, un euro añadido apenas aumenta su poder adquisitivo. Sin embargo, para una persona en situación de necesidad, ese mismo euro significa poder comprar una barra de pan o una botella de leche.

Ahora bien, un euro al mes, es decir, una barra de pan al mes, no cumplen el mandato de la Constitución Española:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. (Art. 50)

Garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad exige situar la cuantía de las pensiones mínimas contributivas, de jubilación o viudedad, bastante por encima de la franja de 600 € en que se encuentran ahora. Eso exigiría una actualización de, al menos, 30 € al mes. O sea, un euro al día. Esto no es pedir el oro y el moro: con un incremento de esta índole harían faltan diez años para que alcanzasen la cuantía de 900 €. Y en diez años, a una persona mayor le puede suceder cualquier cosa, incluida la baja definitiva en el censo poblacional. Máxime cuando la calidad de la asistencia sanitaria en España se deteriora a marchas forzadas por la negligente acción gubernamental.

¿Quienes son los que deciden la precariedad ajena? Desde luego, en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas. Y éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros. Y ya existen suficientes pruebas del riesgo social que supone dejar que sean los ricos —o sus  administradores y delegados— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.

Coincidiendo con el momento en que el Gobierno anuncia esta miserable propuesta de revisión de las pensiones, surge el escándalo de las tarjetas negras de los consejeros de Cajamadrid. Como explica Xavier Vidal-Folch, en El País: "El culebrón de las tarjetas negras de Caja Madrid/Bankia ha desmochado tres mitos. Uno de ellos, el del Gobierno plutocrático, según el cual es mejor que gobiernen los ricos porque no necesitan corromperse, por el principio de la autolimitación de la aspiración al lucro".  Ni Miguel Blesa, ni Rodrigo Rato, que se autoadjudicaron salarios astronómicos como presidentes de la entidad, evitaron la tentación de pagar sus carísismos caprichos con cargo a la cuenta de gastos de la empresa que arruinaron y que ha sido preciso rescatar con el dinero de todos los españoles. [Ver aquí detalle completo de los gastos de Rato]. Añádanse las trapisondas del expresidente de la CEOE y hoy convicto presidiario Gerardo Díaz Ferrán.
    
Otro mito caído es el de la coherencia de esos neoliberales e implacables polemistas, como Alberto Recarte (Libertad Digital) o Juan Iranzo, miembro del Consejo Económico y Social, que tanto han pontificado contra el sector público y predicado recortes y austericidios. Mezclados con esta pandilla de indeseables felices portadores de tarjetas black se hallaban algunos sindicalistas. Es el caso del secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que sólo en un mes gastó 12.000 euros en grandes almacenes; la de Rodolfo Benito, responsable de la Secretaría de Estudios de CC OO: Por su parte, Francisco Baquero, otro consejero por CC OO, destinó la mayor parte de los 266.400 euros a mobiliario del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. Mientras tanto, toda Asturias se pregunta por el origen de los 1,4 millones de euros que José Ángel Fernández Villa, líder del sindicato minero SOMA-UGT afloró tras la amnistía fiscal.
 
Evidentemente, estos sindicalistas estaban muy ocupados en gozar de sus dispendios como para preocuparse de la sencilla gente de a pie. Cuando alguien se acostumbra a vivir con la opulencia permitida por una tarjeta de ese tipo, se introduce en un mundo que no tiene nada que ver con el de la escasez en que viven los jubilados más humildes. Como el de la viuda que sobrevive a duras penas con una pensión de 8.860 euros anuales.


El Gobierno vuelve a aplazar la mejora de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 recoge en su disposición adicional vigésimo séptima "el aplazamiento de la aplicación" de la reforma de la pensión de viudedad que aprobó en 2011 el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que beneficiaba a los pensionistas mayores de 65 años.

"Se aplaza la aplicación de los establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social", señala el proyecto de ley de Presupuestos para 2015

La reforma prevista en 2011 señalaba que la cuantía de la pensión de viudedad para pensionistas de 65 años o más se calcularía aplicando un porcentaje del 60% sobre la base reguladora, frente al 52% que recoge actualmente la ley con carácter general (70% bajo determinadas condiciones de cargas familiares). La reforma planteaba aumentar "progresivamente" y de forma "homogénea" la base de cálculo "en un plazo de ocho años" a partir del 1 de enero de 2012. Sin embargo, tras la llegada del PP al Gobierno, la citada reforma se ha ido aplazando sucesivamente.

Esa medida se incluyó en la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011 tras un acuerdo alcanzado por el PSOE y CiU como una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.