Equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional es algo prioritario para sacar de la pobreza a los dos millones y medio de personas jubiladas cuya pensión se sitúa por debajo de los 700 euros. Coespe, una asociación de pensionistas le concede al Gobierno 100 días de cortesía para que adopte esta medida política que dará idea de su compromiso social con la gente más desfavorecida.
El primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, cumplió una promesa electoral: subir las pensiones en 2020 según el IPC, es decir, un 0,9%. Y, por otra parte, ha llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros.
Junto a la revalorización de las pensiones conforme al coste real de la vida, otra de las principales reivindicaciones de los pensionistas es lograr la equiparación de la pensión mínima contributiva al salario mínimo interprofesional (SMI). Hay razones obvias para ello, y es que tanto esta prestación como su derivada de viudedad deben entenderse como un salario en diferido. Y una evidencia palpable es que, a la hora de realizar la declaración de la renta, la pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo. Luego, de cara al Fisco, no hay ninguna diferencia conceptual entre los ingresos por pensión de un jubilado y los del salario de un trabajador en activo.
El elemental principio de justicia social que inspira tanto el SMI como las pensiones mínimas es que su cuantía suponga la capacidad para hacer frente a los gastos básicos que permitan a la persona perceptora llevar una existencia digna. Y esto no es una simple opinión, sino el acuerdo de convivencia manifestado en la Constitución Española, que dispone en su Artículo 50:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Sin embargo, por lo que respecta al nuevo Gobierno, todavía no se sabe en qué momento se van a aplicar el resto de medidas pactadas relacionadas con las pensiones e incluidas en el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura.Por ahora, lo único que se ha anticipado desde el Gobierno es que todos estos asuntos pasarán de nuevo a ser debatidos en la comisión del Pacto de Toledo.
Algo que no ha gustado a todos los colectivos sociales de pensionistas. En concreto, los representados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones han puesto en marcha una cuenta atrás dándole al nuevo Gobierno lo que la oposición de la derecha asilvestrada le niega: 100 días de cortesía para que lleven a cabo las medidas previstas en el acuerdo. Así, cada uno de los días recordarán al Ejecutivo una de esas promesas o reivindicación hasta llegar a la fecha límite
«Lo normal es que cuando uno ocupa el poder se le de un margen de tiempo, para ver qué recorrido hace. El país necesitaba estabilidad, llevaba mucho tiempo sin Gobierno y con políticas antisociales. No podíamos exigirles de golpe y porrazo que cumplan con todas las exigencias que tiene la Coordinadora», sostiene Domiciano Sandoval, miembro de Coespe.
No obstante, con lo que serán menos complacientes es con una medida urgente: la equiparación de «la pensión mínima al salario mínimo», 950 euros, a día de hoy. Para Coespe, debe ser algo prioritario si se quieren «solucionar los problemas de dos millones y medio de personas que están cobrando por debajo de los 700 euros». Además, la Coordinadora entiende que esa cuantía se debería incrementar progresivamente hasta alcanzar los 1.084 euros, dando asi cumplimiento a lo establecido en la Carta Social Europea.
Junto a la revalorización de las pensiones conforme al coste real de la vida, otra de las principales reivindicaciones de los pensionistas es lograr la equiparación de la pensión mínima contributiva al salario mínimo interprofesional (SMI). Hay razones obvias para ello, y es que tanto esta prestación como su derivada de viudedad deben entenderse como un salario en diferido. Y una evidencia palpable es que, a la hora de realizar la declaración de la renta, la pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo. Luego, de cara al Fisco, no hay ninguna diferencia conceptual entre los ingresos por pensión de un jubilado y los del salario de un trabajador en activo.
El elemental principio de justicia social que inspira tanto el SMI como las pensiones mínimas es que su cuantía suponga la capacidad para hacer frente a los gastos básicos que permitan a la persona perceptora llevar una existencia digna. Y esto no es una simple opinión, sino el acuerdo de convivencia manifestado en la Constitución Española, que dispone en su Artículo 50:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Sin embargo, por lo que respecta al nuevo Gobierno, todavía no se sabe en qué momento se van a aplicar el resto de medidas pactadas relacionadas con las pensiones e incluidas en el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura.Por ahora, lo único que se ha anticipado desde el Gobierno es que todos estos asuntos pasarán de nuevo a ser debatidos en la comisión del Pacto de Toledo.
Algo que no ha gustado a todos los colectivos sociales de pensionistas. En concreto, los representados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones han puesto en marcha una cuenta atrás dándole al nuevo Gobierno lo que la oposición de la derecha asilvestrada le niega: 100 días de cortesía para que lleven a cabo las medidas previstas en el acuerdo. Así, cada uno de los días recordarán al Ejecutivo una de esas promesas o reivindicación hasta llegar a la fecha límite
«Lo normal es que cuando uno ocupa el poder se le de un margen de tiempo, para ver qué recorrido hace. El país necesitaba estabilidad, llevaba mucho tiempo sin Gobierno y con políticas antisociales. No podíamos exigirles de golpe y porrazo que cumplan con todas las exigencias que tiene la Coordinadora», sostiene Domiciano Sandoval, miembro de Coespe.
No obstante, con lo que serán menos complacientes es con una medida urgente: la equiparación de «la pensión mínima al salario mínimo», 950 euros, a día de hoy. Para Coespe, debe ser algo prioritario si se quieren «solucionar los problemas de dos millones y medio de personas que están cobrando por debajo de los 700 euros». Además, la Coordinadora entiende que esa cuantía se debería incrementar progresivamente hasta alcanzar los 1.084 euros, dando asi cumplimiento a lo establecido en la Carta Social Europea.
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