Virtuosos y benditos subsidios

A ojos de las gentes biempensantes, quien reciba un subsidio será siempre sospechoso de parasitismo. Salvo que pertenezca a la clase de los grandes industriales, terratenientes, eclesiásticos y otras gentes de buen, bonísimo vivir. Pues los miembros de estas clases no pierden un ápice de compostura cuando les toca poner la gorra para recibir sustanciosos subsidios públicos en su condición de grandes propietarios. De manera que lo que en el pobre es estigma, en el rico es distinción.

La palabra "subsidio" (del latín subsidium = 'bajo la silla') se refiere a un socorro o auxilio extraordinario que se concede, normalmente por parte del Estado, para paliar una situación de necesidad. La condición de subsidiado tiene muy mala prensa, ya que se considera una situación políticamente incorrecta. Un tema recurrente que aparece como un Guadiana es el que estigmatiza a los beneficarios del antiguo PER y del subsidio agrario por el que un jornalero andaluz o extremeño cobra la fastuosa cifra de unos 400 euros/mes durante seis meses al año.

A estos fuegos de artificio acaba de apuntarse un señor aparentemente tan serio y de gustos tan delicados como Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, que repetirá como cabeza de lista en estas elecciones generales. Duran aprovechó un almuerzo ante una audiencia plagada de empresarios para sacar a relucir uno de sus temas preferidos: las subvenciones a los agricultores de fuera de Cataluña. "No tiene sentido que nuestros campesinos no recojan la fruta porque el precio que se les paga no es justo, mientras que en otras partes de España determinado tipo de campesino puede quedarse en el bar de la plaza y continúa cobrando. Esto no es justo".

Josep Antoni Duran i Lleida desayuna cómoda y opíparamente en el salón de una de las suites más elegantes del hotel Palace de Madrid, donde se aloja para descansar de su arduo trabajo en el Congreso de los Diputados. Al parecer, para este parlamentario, cuya labor subvenciona el dinero público, el ambiente de un humilde bar de jornaleros le resulta demasiado ordinario.

Pero todo ese furor crítico contra el subsidio a jornaleros se vuelve complacencia cuando se trata de los subsidios agrarios procedentes de las arcas comunitarias de la Unión Europea que perciben los grandes propietarios. La opacidad informativa impide saber con exactitud los dineros públicos que recibe una gran familia terrateniente española como la Casa de Alba, aunque algo ha trascendido en el caso de Andalucía donde el 3,9% de los propietarios posee el 54,8% de la tierra.

Con datos de 1995, una sola empresa Complejo Agrícola, perteneciente a los Mora Figueroa Domech, se embolsó casi cuatro millones de euros. El Duque del Infantado percibió a su nombre 1,7 millones de euros, e incluso la Duquesa de Alba, criatura encantadora del papel couché, con sólo dos de sus empresas recibió más de 1,1 millones de euros. También la Iglesia católica recibe más de 200.000 euros en subvenciones.

Aparte del agrícola, otros muchos sectores reciben subsidios en España. Las compañías eléctricas constituyen un vivo ejemplo de "insumisión" a la doctrina del mercado, toda vez que la producción y suministro de energía está controlada por un coto cerrado de empresas que fijan los precios de acuerdo con el Gobierno. A través de este sistema de tarifas cerradas los consumidores pagan lo que en el argot del monopolio se denominan "costes de ineficiencia" (stranded costs).

Dicen los textos sagrados de la economía que el beneficio del empresario equivale a la compensación del riesgo que éste asume, pero las eléctricas no han asumido el coste de la moratoria a la generación nuclear, una decisión empresarial por la que apostaron libremente en su día. No obstante, es el consumidor quien ha estado pagando los platos rotos con un recargo por decreto del 3,54% sobre el precio del kw/h. Otras "ineficiencias" que lastran la factura del suministro eléctrico son las ayudas a la minería del carbón, 4,86%; la reserva de uranio, 0,25%; el tratamiento de los residuos radiactivos, 1,2%; la inversión electrotécnica, 0,3%; y las remuneraciones de los miembros de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, 0,2%.

Una empresa puede recibir subvenciones estatales por diversas vías relacionadas con la clase de actividad productiva que lleva a cabo. Buena parte de las disposiciones que aparecen a diario en el Boletín Oficial del Estado tienen por objeto la regulación de ese tipo de subvenciones. No contentos con ello, los empresarios reciben también subsidios por "crear empleo". A este paso, daremos subsidios hasta al mismísimo creador del mundo, por montar este tinglado en siete días (cosa que se nota).

Subsidios benditos

Aunque no directamente a Dios, el Estado español subsidia diversas actividades de la Iglesia católica con más de 5.000 millones de euros anuales.

Alineada desde el primer momento con los golpistas militares que en 1936 se sublevaron contra el gobierno legítimo de la II República, la Iglesia católica obtuvo de éstos una apropiada recompensa. La dictadura franquista, que otorgó a la Iglesia el título de "única religión de la Nación", se comprometió con la jerarquía católica para asegurarle "una congrua dotación" para el clero y el culto así como para financiar "la construcción de templos parroquiales y rectorales y seminarios". Los términos del acuerdo o Concordato fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 1953 con un encabezamiento que —nunca mejor dicho— rezaba así: "En el nombre de la Santísima Trinidad".

Este concordato fue reformado en 1976 y en 1979 para aligerarlo de las apariencias más cutres de su redacción, pero el Estado siguió comprometiéndose a financiar a la Iglesia católica "por el procedimiento técnicamente más adecuado" al tiempo que libera las actividades económicas de ésta de los principales impuestos ("exención total y permanentemente" de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etc).

Ese "procedimiento técnicamente más adecuado" consiste en que Hacienda entrega a la Iglesia un porcentaje de la cuota del IRPF de cada contribuyente que haya marcado esa opción en el impreso de declaración. Este sistema no tiene nada que ver con un "impuesto religioso", puesto que no supone un recargo voluntario sobre la cuota del católico. Éste no añade ni un euro de su bolsillo, sino que Hacienda resta el porcentaje de los ingresos públicos totales. Con ese mecanismo, — el porcentaje ha pasado del 0,5239 al 0,70%—un creyente aporta a las arcas estatales el 99,3% de su cuota fiscal, en lugar del 100% que aporta un ciudadano no manifiestamente confesional.

Aún así, parece que la confesionalidad no ha calado lo suficiente en el corazón fiscal de los españoles, pues por esa vía apenas se recaudan 150 millones de euros anuales. Con esa cantidad, la Iglesia católica no tiene ni para velas, por lo que el Gobierno de la Nación, con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos, le subsidia el resto de sus gastos. Que no son moco de pavo. En 2009, la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal —alrededor de 13 millones de euros mensuales— es una minucia comparada con la ingente cantidad de dinero que las diferentes administraciones del Estado español aportan cada año a la Iglesia católica.

En conjunto, se estima que el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Dinero que llega a la Iglesia a través de varios ministerios —Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales— además de otras entidades autonómicas y locales. El dinero público fluye para pagar, por ejemplo, los sueldos de unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones). Estos conciertos incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. En total, 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.

Partidas más pintorescas pero igualmente costosas sufragadas por el Estado son la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma.

En cuanto a los dineros públicos que percibe la banca, de los que buena parte va a parar directamente a los bolsillos de sus gestores, fíjense si serán escandalosos que hasta los medios de comunicación hablan de ello a diario.

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P.S. Medios de comunicación que, sin ir más lejos, acaban de ocultar la gran manifestación contra la privatización del Canal de Ysabel II como forma de neutralizar la campaña. El periódico digital Madridiario ha dado la información como se merece.

De Bonos, vagos y bogavantes

Éramos pocos y parió la abuela. Tras la negativa de la concejala Botella a conceder el bono transporte gratuito a los parados madrileños, José Bono, todavía presidente del Parlamento, ha invitado a un almuerzo con bogavante a otras altas magistraturas del Estado. Pero cuando mira hacia la plebe le molesta que haya gente cobrando el subsidio de desempleo: "no puede ser más atractivo el paro que una oferta de trabajo", ha dicho este otro bien pagao alimentando de forma inmoral la falacia de que los desempleados son una alegre panda de vagos redomados.

Lo que es bueno para Bono no es bueno para los desafortunados en situación de desempleo. José Bono es un hombre tremendamente activo, pues aunque católico confeso, parece calvinista. Pues, pese a su dilatada carrera política, las horas dedicadas al servicio público no le han impedido ocuparse de sus asuntos propios con extraordinaria eficacia. Lo que le ha permitido acumular un notable patrimonio.

El ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y, pronto, ex presidente del Congreso de los Diputados —con sueldo de 170.000 euros anuales, prácticamente el doble de lo que cobra Rodríguez Zapatero— se ha despedido del cargo organizando un almuerzo en su despacho de las Cortes a otras altas magistraturas del Estado, entre las que se encontraba el propio Rey. Como es gente que cuida la línea, se tomaron un menú a base de "ensalada de bogavante con tomate y tartar de salmón, lomo de rodaballo con verduritas asadas y fruta preparada con sorbete de manzana verde". Nada que ver con esos alimentos groseros de alto contenido calórico que consumen los pringaos que perciben un subsidio de 400 euros mensuales.

Con tan delicados manjares no es extraño que nuestras altísimas autoridades tengan una gran claridad mental para analizar los problemas del país. Antes de pasar al bogavante, En una breve pero clarividente declaración, el monarca declaró que España tendrá que hacer "bastantes" o "muchos" sacrificios en el futuro. Posteriormente, José Bono ha tenido la feliz idea de sugerir que hay que replantearse el gasto en desempleo, porque hay parados que no se encuentran incentivados para encontrar trabajo: "no puede ser mas atractivo el paro que una oferta de trabajo".

Éramos pocos y parió la abuela. Anteayer traíamos aquí a colación la negativa de la concejala Botella a conceder el bono transporte gratuito a los parados madrileños. Ayer nos encontramos con la impresentable ocurrencia de José Bono sobre el subsidio de desempleo. Hoy, con que Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla la Mancha y mano derecha —en todos los sentidos de la expresión— del líder del PP, Mariano Rajoy, ha cuestionado el actual modelo de prestaciones por desempleo. "Los trabajadores deben tener un mínimo de cobertura y habrá que negociar hasta qué punto la tienen que tener todos en la extensión que ahora, o sólo una parte o todos", ha afirmado Cospedal tras conocerse las últimas cifras de paro.

¿Fueron los trabajadores los que crearon la crisis actual con su desidia? ¿Se puede afirmar sin sentir sonrojo que hay en España al menos 4.226.744 empleos sin cubrir porque son despreciados por otros tantos holgazanes oficialmente registrados que viven alegremente del presupuesto público? Del mismo presupuesto, no se olvide, que permite llevar una regalada vida, bogavantes incluidos, al Monarca Juan Carlos I, José Bono, Ana Botella y demás gentes de buen vivir y dudosa eficacia a la hora de proceder a la gobernación de las cosas de esta España nuestra. Que ellos, a costa del presupuesto, hacen suya sin pedir permiso, sin sentir sonrojo.

Botella, ariete del PP contra la movilidad de las personas desempleadas

La propuesta de proporcionar un bono de transporte gratuito para los madrileños en situación en desempleo no es nueva. De cuando en cuando la desempolva Izquierda Unida y el Partido Popular, sempiterno gobernante en el Ayuntamiento y en la provincia (la llaman Comunidad) de Madrid, se encarga de tumbarla. Esta vez, la encargada de oponerse a la propuesta ha sido Ana Botella, concejala de Medio Ambiente. Es decir la responsable del departamento incapaz de asegurar la calidad del aire que respiramos en esta Villa y Corte de milagros y estupideces.

En algún momento pasado escuché entre bastidores que aprobar un bono de este tipo incrementaría las cifras de paro. Se hacía referencia a esa parte de la población inactiva que, salvo que tenga derecho a percibir una prestación por desempleo, no se inscribe en el Inem debido a que este organismo no les ofrece ninguna ventaja. Argumento que en la situación actual de paro desbocado ya está absolutamente pasado de moda.

De nuevo, Izquierda Unida ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta para poner en marcha un abono de transporte gratis para Metro y autobús, similar al de otras ciudades españolas, destinado a madrileños empadronados en la ciudad y con más de seis meses en situación de desempleo. Propuesta que ha sido desestimada por el equipo municipal de gobierno con una argumentación que, a fuer de peregrina, raya en lo abiertamente estúpido.

La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha contestado que la "situación es muy triste y preocupante" para las familias de los desempleados. "Con la que está cayendo en el país qué más nos gustaría a nosotros que financiar (todo) el coste del transporte público a los desempleados pero en este momento la responsabilidad es hacer lo que tenemos que hacer para que en un tiempo esos 220.000 parados sean menos", ha declarado la concejala Botella en el Pleno. Y se ha quedado tan ancha como en otras declaraciones estelares en las que hacía una disertación hortofrutícola sobre peras y manzanas para despachar una cuestión social.

El motivo de esta negativa del PP es de índole fundamentalmente ideológica. Una persona en sus cabales, es decir, con la capacidad de raciocinio no entorpecida por prejuicios, sabe que proporcionar un pase gratuito a los parados tiene escasa repercusión sobre los costes del transporte público. Los desempleados no tienen gran cosa que hacer a las horas punta, por lo que no montarían masivamente en los vehículos. Sin embargo, estos circulan semivacíos durante las horas valle, que estadísticamente serían las que aprovecharían los parados para dejar de estarlo y movilizarse, por ejemplo, para cumplir con ese trasnochado precepto que dice “que el trabajo de un parado es buscar trabajo”.

Me permitirán que, a tenor de esta nueva muestra de intolerancia, introduzca en el debate algunas consideraciones sobre la figura del gorrón: el que come de gorra. Es decir, que utiliza algún tipo de estrategia para obtener comida sin pagarla. El dicho proviene de la época en que los estudiantes vestían de capa y gorra. Para estudiar en las universidades, la mayoría de ellos debía residir lejos de su pueblo. No andando sobrados de medios para saciar el voraz apetito propio de su edad, debían agudizar el ingenio y acudir a picardías para llenar la andorga. Un recurso frecuente consistía en colarse en las fiestas de bautismos, cumpleaños o casamientos de la gente importante, repartiendo reverencias y ceremoniosos saludos hechos con la gorra. Parte de la estrategia consistía en permanecer mudos y aislados durante la celebración para no ser detectados por los anfitriones mientras daban cuenta de los apetitosos manjares servidos con esa ocasión.

Comer de gorra no es lo mismo que pasar la gorra: recoger donativos en un sombrero o gorra que se pasa ante los transeúntes o se deposita en el suelo. Es una forma marginal de ganarse la vida de los cantantes e instrumentistas que actúan en la vía pública.

La gente biempensante [sí, con m antes de p] acostumbra a invocar esta figura del gorrón para oponerse a cualquier propuesta social destinada a equilibrar la situación de los más desfavorecidos. Se hace así recaer sobre los colectivos más precarios la permanente sospecha de pretender vivir a costa de los demás. La opinión más conservadora considera que sería una forma de apropiación del producto del trabajo ajeno. Una crítica que sería válida en las antiguas comunidades rurales cuya producción se basaba en el trabajo manual. En ellas, uno que se sentara a comer «de gorra» en la mesa común no habiendo arrimado previamente el hombro a la faena, está claro que se estaría apropiando de un fruto del trabajo a cuya obtención no había contribuido con su esfuerzo. Pero la objeción pierde validez en una sociedad cuyo modelo productivo se basa primordialmente en la utilización de energía de origen natural. Tanto las reservas de energía fósil como el medio ambiente impactado por su utilización, constituyen un patrimonio colectivo del que se apropia el que produce. Por lo tanto, exigir una parte del producto obtenido a partir de una apropiación privada del patrimonio comunal no es gorronería, sino legítimo derecho.

Y desde luego, la objeción se derrumba absolutamente cuando nos encontramos en una situación en la que, como reza la divisa escrita en el frontispicio de esta bitácora: a estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace tres décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Vamos, ni siquiera temporal.

Siguiendo con el tema del gorrón (free rider) merece la pena traer a colación el discurso con el que el filósofo Philippe Van Parijs, de la Universidad de Lovaina, y gran defensor de la Renta Básica de Ciudadanía, refuta las acusaciones de gorronería derivadas de la percepción de una renta incondicional, explicando cómo también resulta posible extraer un beneficio del trabajo de otro comportándose como un parásito aparente, es decir, si como resultado de una determinada actividad se generan exterioridades positivas o beneficios que, desde la estructura de los derechos de propiedad, no se puede (a un coste razonable) impedir a otro que los disfrute.

Cuando cultivas patatas inevitablemente produces rama de patatas. Supongamos que te guardas todas las patatas para ti y que te las comes, mientras que yo me quedo con la rama que no utilizas para nada. Aunque consumo parte del fruto de tu trabajo, por ello no trabajas más de lo necesario para producir lo que tú mismo consumes. Con todo, y a menos que me des altruistamente las ramas, si me voy a quedar con el subproducto de tu trabajo debe estar implicado algún ejercicio de poder —ya sea en la forma de coacción o sea en la forma de control ejercido sobre algo que es importante para ti—. Por el contrario, supongamos que además de las patatas te dedicas a cultivar tulipanes para deleitarte con su visión. Una vez más, tu trabajo genera como subproducto un beneficio para mí, aunque ahora se trata de un beneficio que tiene carácter de exterioridad, es decir, de un efecto que no se puede proteger adecuadamente con tus derechos de propiedad. Este beneficio puede ser similar al beneficio que tú mismo obtienes —yo también disfruto al ver los tulipanes— o puede que sea de naturaleza diferente —mis abejas liban en tus flores y con ello consigo comer más miel—.

Pero para disfrutar de ese beneficio no tengo que apoyarme en tu altruismo ni en mi poder. Es suficiente que yo coja lo que tú no puedes (asequiblemente) impedir que fluya hacia mí.

Permitir que las personas en situación de desempleo pudieran utilizar gratuitamente el transporte público en horas valle [no haría falta ni siquiera especificarlo ya que sería una tendencia natural de la mayoría] les serviría, ya que no para encontrar un empleo que no existe, sí al menos para acercarse hasta en los museos que les ofrecen entrada gratuita y darse un baño de cultura. Desde el museo del Prado hasta el de la Marina de Guerra. Hablo de los museos públicos, claro está. Que en los privados como el Thyssen cobran a todo el mundo. Se ve que a doña Tita debe parecerle que los parados visten con poco aliño y restan glamour al espacio artístico.

Otro prejuicio más de baronesas, condesas y demás ralea que come a cuenta de los demás sin necesidad de pasar la gorra. Si estas mujeres bien pagás —que señora es tratamiento que reservo para gente respetable— siguen diciendo estupideces en medio de la creciente una precariedad galopante, acabarán por crear las condiciones para que Robespierre llegue a Madrid con trescientos años de retraso.

He escrito Robespierre, sí, pero no se me alboroten, que el método de la guillotina, aunque eficaz, queda un poco anticuado y debo ser coherente con lo que expongo en mi artículo precedente. Al invocar a don Maximiliano, me refiero a su encendida defensa del derecho a la existencia.