A favor del establecimiento de un Bono Básico de Carburante para toda la ciudadanía

En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio exento de impuestos. Por encima de este cupo básico, el consumo se pagaría con toda su carga impositiva sin ningún tipo de subvención estatal..

A comienzos de 2022, la cuestión del cambio climático parecía generar cierto consenso entre los principales gobiernos de los países europeos relativo a la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases responsables del calentamiento global.

La brutal agresión militar a Ucrania por parte de la Federación Rusa vino a trastocar ese consenso. La combinación de las sanciones impuestas por la Unión Europea al petróleo ruso, unidas a las dificultades de suministro por parte de otros países productores, y por supuesto la acción de los especuladores, ha disparado los precios del conjunto de fuentes de energía que se sitúan en un nivel inasumible para gran parte de la población.

El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha advertido recientemente de que actualmente hay "demasiadas crisis", aunque "transitorias", pero si en una o dos décadas "no abordamos" cuestiones "gigantes", como la desigualdad y el cambio climático, "nos vamos a enfrentar a un mundo irreconocible".

Los gobiernos se enfrentan así a una situación endiablada: por un lado, luchar contra el cada vez más evidente calentamiento global exige adoptar drásticas reducciones del consumo de combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo. Por otro lado, el riesgo político de no acudir en auxilio de los automovilistas, en una sociedad cuyo modelo está basado en la movilidad individual, coloca a los gobernantes ante el peligro de insurrecciones populares. Sobre todo, en un país como España, donde la derecha política y mediática no ha dudado en aprovechar cualquier crisis, incluida la pandemia vírica, para emprender maniobras de acoso y derribo al actual Gobierno.

A raíz del paro patronal de transportistas que colapsó los suministros el pasado mes de marzo, y como respuesta a la fuerte subida del precio de los carburantes, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez decidió bonificar con un mínimo de 20 céntimos la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aporta el Estado y el resto, las petroleras. Una medida que estará en vigor hasta el 30 de junio y que ahora vuelve a prorrogarse hasta el 31 de diciembre.

Esta medida de carácter universal dirigida a todos los conductores, independientemente de su poder adquisitivo, plantea grandes dudas sobre si es la más adecuada para resolver la situación de carestía de los carburantes y resulta sostenible en el tiempo. De entrada, a finales de junio, los precios de la gasolina y el diésel, con récords históricos que superan los 2 €/l, ya se han 'comido' literalmente el beneficio de la subvención.

Además, y este quizás sea el aspecto más grave del asunto, subvencionar los carburantes de forma generalizada es una medida que va en sentido contrario a la urgente necesidad de frenar el cambio climático. Del cual tenemos evidencia en la reciente ola de calor inusual en el mes de junio, cuyas elevadas temperaturas han agravado los incendios habidos en las masas forestales de diversos puntos del territorio. En una semana han ardido 30.000 hectáreas de bosque, de las que la peor parte se la ha llevado la zamorana Sierra de la Culebra.

Subvencionar los carburantes sea cual sea el consumo, no deja de ser una forma indirecta de "echar gasolina al fuego" al animar al conjunto de la población, y especialmente a quienes disponen de mayor poder adquisitivo, a seguir utilizando el automóvil de motor térmico de forma masiva, añadiendo más calor a la atmósfera. No obstante, el empeño en reducir las emisiones choca con una contundente realidad: la producción de coches de motor eléctrico todavía se encuentra en una fase balbuceante y, en cualquier caso, sus elevados precios los hacen inasequibles para la inmensa mayoría de automovilistas.

Algunas voces expertas han cuestionado este descuento generalizado a los carburantes y proponen ayudar a los más desfavorecidos. Para Raymond Torres, director de coyuntura del centro de análisis Funcas, es "la medida más cuestionable por su aplicación a todos los consumidores: tanto turistas con un poder adquisitivo elevado como autónomos con bajo nivel de ingresos que necesitan su vehículo para trabajar. Sería deseable transitar hacia medidas focalizadas". Criterio con el que coincide Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: "Se subsidia a rentas altas, es regresivo, aumenta los precios finales, se está financiando la contaminación […] Quizás sería más útil destinar las subvenciones a los carburantes o las bajadas de impuestos a la electricidad a los colectivos más perjudicados o vulnerables. Por ejemplo, destinando las ayudas de los carburantes a pequeños transportistas".

La loable idea de ayudar a los más desfavorecidos implica, de entrada, establecer los criterios que deben cumplir los beneficiarios de la misma. En otras palabras, hay que definir las circunstancias que permiten declarar pobre de solemnidad a la persona que solicita una ayuda. Para colmo, habida cuenta de que los pobres no son invitados a sentarse en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente, las personas más desfavorecidas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna es definida por instancias y personas ajenas a las vivencias directas que proporciona la pobreza.

Una vez establecidos los requisitos que definen la figura del pobre merecedor de la ayuda, vienen las dificultades administrativas para materializar la misma. Sirva de ejemplo la desastrosa experiencia que proporciona la aplicación del Ingreso Mínimo Vital, que apenas llega a una de cada siete familias en situación de pobreza.

En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio mínimo. Es decir, totalmente exento de impuestos.

Por encima de ese mínimo garantizado, el consumo adicional de carburante pagaría los correspondientes impuestos conforme al criterio de que quien contamina paga, y su inmediata derivada: quien contamina más, paga más.

Estamos hablando, en definitiva, de establecer un Bono Básico de Carburante (BBC) inspirado en los criterios que definen la propuesta de la Renta Básica Universal, de la que nos hemos ocupado ampliamente en otro lugar. Por lo que respecta al BBC, el Estado facilitaría a toda persona conductora de un vehículo propio un bono que permita la adquisición de un determinado volumen de combustible a un precio libre de impuestos.(*) 

Este criterio de universalidad supone que se ayuda a las personas más necesitadas sin necesidad de estigmatizarlas con una "ayuda para pobres", puesto que garantiza el derecho igual para toda la ciudadanía a disponer de un consumo básico de carburante a un precio mínimo.

A partir de ahí, el que quiera, y su bolsillo se lo permita, quemar más gasoil o gasolina en el motor de su vehículo pagará el precio de mercado más los impuestos correspondientes que fije el Estado para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad.

La universalidad ofrece, además, una innegable ventaja operativa a la hora de implementar la medida. No hace falta destinar una legión de funcionarios con la misión de examinar millones de expedientes donde se pruebe la escasez de recursos de cada persona. Al Estado le bastan los datos que posee, tanto del Censo de población como los del Impuesto de Circulación de Vehículos (**) para organizar sin demasiados problemas un sistema informático a través del cual se expida una tarjeta tipo prepago en la que figure el saldo inicial de combustible y el que va quedando tras repostar a un precio libre de impuestos en cualquier gasolinera.

PS: El autor de esta propuesta declara que jamás ha considerado que la opinión de un solo individuo contenga la solución definitiva para resolver problemas complejos. Sin embargo, las opiniones formuladas con modestia y sin pretensiones adánicas contribuyen a incentivar fructíferos debates de los que puedan surgir las fórmulas más adecuadas para afrontar la difícil encrucijada a la que se enfrenta la sociedad actual.

 

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(*) Ese volumen básico debería determinarse por el Gobierno ponderando diversos factores de equidad y oportunidad social. A simple título de ejemplo podemos imaginar que ese mínimo se establece para permitir el desplazamiento de un vehículo que consume 5 l /km durante 10.000 km al año. En ese caso, el consumo básico estaría bonificado para 500 l. A partir de ahí, el consumo se pagaría a precio con impuestos.

(**) Cruzando ambos datos para que el beneficiario del bono sea la persona, y no el vehículo, evitando así subvencionar varios vehículos de una misma persona.

 

Castigar a los banqueros, no a los pensionistas

George Grosz (1893– 1959) - Drinnen und Draußen“. [Dentro y fuera]

En estos tiempos de crisis económica permanente, solo las grandes empresas, entre ellas las del monopolio eléctrico, las petroleras o la banca, obtienen grandes beneficios en detrimento de los salarios. Sin embargo, ante la inflación galopante, la patronal y sus voceros mediáticos aprovechan para arremeter, una vez más, contra el sistema público de pensiones. 

La inflación galopante, debida sobre todo a la agudización de los costes de la energía tras la agresión militar a Ucrania por parte de Rusia, tendrá una notable incidencia sobre la revalorización de las pensiones de jubilación. Debido a que la última reforma del Sistema Público de Pensiones fijó de forma explícita su actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según apuntan organismos oficiales como el Banco de España, la revisión de pensiones de 2023 en la senda de una inflación que se prevé en el entorno del 7% será la más cara de la historia, y podría superar los 10.000 millones de euro.

Ante esas previsiones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado al Gobierno que no aplique la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social.

Garamendi se ha apresurado a utilizar ese característico lenguaje catastrofista que las grandes agrupaciones patronales, y sus altavoces mediáticos, utilizan para lanzarse contra cualquier medida destinada a fortalecer el Estado del Bienestar. En concreto, contra su pilar central: el sistema público de pensiones.

Un discurso que huele a naftalina: "Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República". Este alegato, debido a la pluma de Arthur M. Schlesinger, Jr., es un compendio de los argumentos esgrimidos, por la patronal estadounidense en vísperas de la implantación del Plan Federal de Pensiones. Según el profesor de economía canadiense John K. Galbraith (1908-2006) ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.

Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo ha demostrado, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de casi noventa años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República estadounidense no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar.

Y, por cierto, las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria que desató la Gran Recesión de 2008.

Otro mantra clásico que suelen esgrimir los enemigos del sistema público de pensiones es el argumento demográfico. Es el caso de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, que insiste en que hay que tener en cuenta el cambio en la demografía española y asegura que "España se va a convertir en pocas décadas en el país más envejecido de Europa" y que "donde ahora hay tres personas pagando una pensión, en unas décadas habrá una".

Este catedrático o bien realiza sus predicciones utilizando datos del Paleolítico o, lo que sería mucho peor, tiene la información suficiente y pretende engañar al público en general. A base de repetir argumentos falaces como este se corre el riesgo de que la opinión pública acepte ciertas extrañas convenciones que entrañan un marcado sesgo ideológico. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población.

La segunda convención es la que ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Sin participación de los presupuestos generales del Estado. Esto no se corresponde con ningún principio irreversible de las leyes de la Física que rigen el funcionamiento del planeta, sino con el interés de los grandes grupos empresariales del país. Empezando por el oligopolio de las eléctricas, que obtienen grandes beneficios usando recursos naturales. Continuando por las gasolineras, citemos como ejemplo el caso de Repsol, que ha duplicado su beneficio en el primer trimestre del año, al alcanzar 1.392 millones de euros, gracias a los altos precios del petróleo y el gas. Es decir, un crecimiento neto del beneficio del 114,8 % respecto al mismo periodo de 2021. 

Y por supuesto, no podía faltar el sector bancario. Porque tanta preocupación por las pensiones por parte de los dirigentes de la patronal o del Banco de España y, sin embargo, ninguno de ellos ha encendido las luces rojas de alarma ante el gran agujero de la Sareb, el banco malo que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008.

La Sareb no es exactamente un banco, sino la compañía que absorbió los activos tóxicos de las entidades financieras con problemas para que pudieran sanear sus balances y lograr liquidez al mismo tiempo. En 2012 y 2013 Sareb compró un paquete de casi 200.000 activos problemáticos que incluía préstamos al promotor e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España: 50.781 millones de euros. Todo esto fue sufragado mediante bonos avalados por el Tesoro Público que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Y que, en último término, incrementan la deuda del Estado que, en definitiva, pagamos todos los contribuyentes, empleados o pensionistas.

¿Acaso no sería justo que todas estas empresas, que obtienen sustanciosos beneficios en los momentos de crisis, contribuyeran a mantener ese pilar básico del Estado del Bienestar que son las pensiones de jubilación?

A estas alturas del siglo XXI, todos sabemos que los causantes de los desastres económicos que afligen al mundo no han sido los salarios disparatados, ni la baja productividad o la indolencia laboral, ni las huelgas o la holganza de los empleados. Si los trabajadores no han intervenido para nada en los excesos del tinglado financiero, ¿por qué se los quiere castigar endureciendo el sistema de pensiones que asegura su subsistencia al término de la vida laboral? ¿No sería más lógico castigar a los causantes de la crisis?

Durante la última época de bonanza económica, cuando ningún gobernante o pronosticador de futuros preveía que fuera a desencadenarse la penúltima y actual crisis del capitalismo, el ya citado John Kenneth Galbraith fue de los pocos que advirtió sobre los peligros de las burbujas financieras. Y propuso que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores.

No debería olvidarse que el sistema público de pensiones no sólo no es un gasto, sino un poderoso factor de recirculación del dinero así como de la redistribución de la riqueza a través de la solidaridad intrafamiliar. Solidaridad de los mayores, que suplen la precariedad de los jóvenes ayudando allí donde no lo hace ni el empresariado ni el Estado

En lugar de repetir viejos discursos gastados, las patronales y sus voceros a sueldo podrían ensayar fórmulas novedosas destinadas a sanear las cuentas públicas y reforzar la autonomía de los jóvenes. Y si no encuentran otra mejor, prueben la que apuntó el presidente estadounidense Biden: pay more. Pagad mejores sueldos a vuestros empleados.

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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb,1​2​ es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum (BMN), Banco CEISS, Caja3 y Liberbank).3​4​ La Sareb está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB.5​ Para su creación se asumió el control sobre algo más de 50.000 millones en activos, los cuales se financiaron con deuda avalada por el Estado.​

Se considera a la Sareb como el banco malo de España, aunque no dispone de licencia bancaria ya que no es un banco sino una sociedad de gestión de activos. Dispone de un plazo de 15 años para proceder a la desinversión de todos sus activos, buscando la máxima rentabilidad.7​ Para facilitar esta meta, se dispuso de ventajas legales para fondos de inversión y socimis que no aplican a otras sociedades anónimas, como preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones.​

El 18 de enero de 2022 el Consejo de ministros aprobó un Real Decreto-ley para modificar el régimen jurídico de la Sareb y que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Esto se hizo a cambio del pago de un euro simbólico y el FROB podrá elevar su participación del 45,9% en la Sareb más allá del 50%, en un porcentaje aún por decidir. Según el Gobierno, la reclasificación de Sareb tras la decisión de Eurostat de 2021 de obligar a contabilizar la deuda de la Sareb como deuda pública -lo que sumó 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit-, así como su situación patrimonial, hacían “imprescindible” modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. La deuda asciende a 35.600 millones de euros según Eurostat o a 37.673 millones de euros de acuerdo con las últimas cuentas presentadas por Sareb en 2020. Dicha deuda se tendrá que hacer efectiva antes de 2027, fecha marcada para la liquidación y cierre de la Sareb.

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Escrivá arremete contra las “falsedades” sobre la revalorización de las pensiones frente al sector privado de la jubilación

El ministro ha cargado contra quienes critican la subida de pensiones con el IPC, como los académicos ligados a la reforma del PP de 2013, el Banco de España y bancos como ING

 eldiario.es / Nando Ochando / Laura Olías /23 de junio de 2022 

Con visible enfado, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cargado contra quienes critican o ponen en duda la revalorización de las pensiones con el IPC debido a la elevada inflación. “No hay debate más espurio”, ha repetido. El responsable de las pensiones públicas ha arremetido de forma directa contra “los opinadores” sobre pensiones en los medios, que ha señalado que son en su mayoría los académicos responsables de la reforma de pensiones del PP de 2013 que el Gobierno ha derogado. Pero Escrivá también ha repartido al Banco de España, de manera algo más velada, y a “los listillos” que utilizan el debate “para aprovecharse” y vender sus productos privados de ahorro, entre los que ha mencionado al banco ING Direct. Todo esto, en un acto organizado por Expansión y Banco Santander con la presencia de las principales figuras del sector privado de la jubilación.

El ministro de la Seguridad Social ha acudido al evento del diario económico para clausurar el acto sobre pensiones, en el que se ha puesto el foco en la reciente ley para impulsar los planes de pensiones de empleo y que crea fondos públicos de pensiones. José Luis Escrivá ha centrado en cambio sus palabras en un debate “actual”, ha advertido, que le parece “el más espurio” posible: la crítica de la subida de las pensiones con los precios debido a la inflación.

Escrivá ha señalado que este debate es “verdaderamente sorprendente” en España, ya que en otros países también se están revalorizando las pensiones según los precios o los salarios sin que se ponga en duda los sistemas de revalorización por la coyuntura inflacionista. “Se utiliza información absolutamente falsa de que este es un problema que viene de Europa. Reto a alguien a que me diga en qué informe europeo dice que [las pensiones] no tienen que revalorizarse con la inflación”, ha sostenido.

“¿Pero qué debate es este?”, ha dicho el ministro, que ha recordado que la Seguridad Social va camino del equilibrio presupuestario, con una importante reducción del déficit del organismo en el último año gracias a la salida de los llamados “gastos impropios” a los Presupuestos Generales y al aumento de los ingresos en cotizaciones sociales.

“¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esto es tan raro? ¿Por qué tenemos este debate artificial y nos bombardean con esto?”, ha lanzado el ministro a la audiencia. “Es otra vez una irresponsabilidad de crear incertidumbre a diez millones de pensionistas”, se ha respondido segundos después.

Contra los académicos de la reforma del PP

El ministro ha señalado que “confluyen dos elementos” que alimentan este debate. Por un lado, ha cargado contra los académicos que participaron en la reforma de pensiones del 2013 del Partido Popular. “En la reforma desquiciada de 2013, esa del factor de sostenibilidad y del IRP, un conjunto de académicos tuvo la oportunidad –porque el Gobierno les dejó– de diseñar un sistema muy innovador”, ha relatado Escrivá.

Esta reforma corregía el déficit de la Seguridad Social “a través de un recorte masivo de pensiones durante 20 o 30 años.” “Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer eso. Duró dos años”, ha recordado el ministro, ya que el PP dejó de aplicarla ante la contestación social y la falta de apoyos políticos.

“Da la casualidad de que todo ese conjunto de académicos son los grandes opinadores de los últimos 25 años en pensiones. Están en los think tank correspondientes y no les ha gustado que le deroguemos aquella reforma tan innovadora”, ha subrayado Escrivá.

El responsable de las pensiones ha atacado también al PP, por apoyar en el Pacto de Toledo la subida de las pensiones según el IPC, para poco después ponerla en duda. “Es una irresponsabilidad”.

También reparte al Banco de España y “los listillos”

Después, José Luis Escrivá ha criticado de nuevo al Banco de España por sus recomendaciones sobre pensiones. En esta ocasión, sin mencionar al regulador expresamente. “No encontrarán un solo banco central en Europa, quizá con una excepción, que esté hablando que las pensiones no deban revalorizarse en sus países. Ninguno”, ha apuntado como reproche a la institución que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.

“Porque no tiene mucho que ver con el proceso inflacionista actual, que es por donde los bancos centrales podrían entrar. Si estamos hablando de cuestiones de equidad, los bancos centrales no tienen legitimidad democrática para hablar de equidad. No la tienen, se decide en el Parlamento”, ha añadido.

Por último, el ministro ha atacado a “los listillos, que se aprovechan” de este debate. “¿Ustedes han visto por ejemplo la publicidad telefónica de ING Direct? Se aprovecha de todo esto para intentar desplazar ahorro a productos de ING. ¿Creen que es responsable cuando todo lo que hay detrás de esto es falso?”, ha señalado expresamente el responsable de la Seguridad Social. “Por supuesto, las pensiones van a mantener poder adquisitivo”, ha reafirmado.

El ministro ha concluido que “no hay debate más espurio en España que se me ocurra que este. Lleno de falsedades, lleno de espuriedades, que no ponen nunca sobre la mesa los datos fríos de verdad. Se inventan narrativas europeas que no existe”, ha subrayado. “Me entristece, es una gran irresponsabilidad”.

https://www.eldiario.es/economia/escriva-arremete-falsedades-revalorizacion-pensiones-frente-sector-privado-jubilacion_1_9110762.html

No romper de inmediato el contrato con Iberdrola: eso sí que sería del género tonto

No contento con estar en la cúspide de una de las empresas del oligopolio eléctrico que fija tarifas abusivas sobre los precios de la energía que llega hasta nuestros hogares, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se permitió llamar tontos a los clientes que optan por la tarifa regulada por el Gobierno. Lo cual merece una contundente respuesta a través de la ruptura inmediata de los contratos suscritos con esta compañía.

Según la más novedosa teoría política acuñada por los ideólogos de la derecha patria, el summun de la libertad consiste en tomar cañas en las terrazas de los bares. Estos alegres goces propios de la España cañí ocultan el nulo margen de libertad que tiene la mayor parte de la ciudadanía para disfrutar de las ventajas de la energía eléctrica a unos precios ajustados al verdadero coste de producción. Cada contador de suministro instalado en nuestros hogares equivale a un yugo que nos encadena al arbitrario capricho de los gestores del oligopolio de empresas eléctricas que suministran un bien público de importancia vital. Gestores que fijan altísimos salarios para sí mismos al mismo tiempo que establecen tarifas abusivas sobre los precios de la corriente que llega hasta las bombillas y electrodomésticos de nuestros hogares.

La indignación que embarga a la mayoría de usuarios al comprobar el importe de la factura mensual de la luz es cosa generalizada. Paradójicamente, cuando llega la hora de votar a los representantes de la soberanía del pueblo, esa gran mayoría indignada parece ignorar los pesados eslabones de las cadenas que nos atan al oligopolio eléctrico. Pues las opciones políticas que favorecen la existencia de ese oligopolio suelen obtener un considerable número de votos en las urnas. Por ejemplo, el Partido Popular que, día sí y al otro también, predica que hay que bajar los impuestos. Aunque en la práctica los suba cuando gobierna, llegando incluso a la desfachatez de establecer nada menos que un impuesto al Sol. Es decir, a los hogares que instalaran por su cuenta placas fotovoltaicas para obtener electricidad aprovechando la energía luminosa que, gratis et amore, envía la estrella alrededor de la cual gira nuestro sistema planetario.

Mientras ese pueblo, soberano en teoría y despistado en la práctica, no sea consciente de la necesidad de votar opciones de gobierno capaces de hacer frente al oligopolio eléctrico, seguiremos viendo restringida nuestra libertad de acceso a un recurso imprescindible para nuestra vida cotidiana como es la electricidad.

La impunidad de la que gozan los gestores de las compañías eléctricas para perpetrar sus abusos contra los consumidores es de tal magnitud, que uno de ellos se permitió recientemente despreciar de manera pública a los sufridos usuarios. En concreto, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que dijo textualmente: "Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio" [alto, de la electricidad]. Afirmación realizada en medio de sonoras carcajadas tanto de Sánchez Galán como de los corifeos que le acompañaban en un coloquio en medios empresariales.

Sánchez Galán llamó directamente tontos a los 10 millones de clientes de la tarifa regulada. Con el agravante de que la gente de menores ingresos, los beneficiarios del bono social eléctrico (1,2 millones de familias) están obligados a contratar esa tarifa regulada.

El trasfondo de este episodio lo explica muy bien Xavier Vidal Folch: El, digamos, lapsus de Galán, era parte de la campaña de las grandes eléctricas por propiciar su tarifa libre. Que sigue a su cruzada de lobby en Bruselas contra la “excepción ibérica” auspiciada por el Gobierno en favor de… los consumidores. Olvidarían que ostentan enorme responsabilidad social como gestoras —privadas— de un servicio público. La intensidad de su presión ha desbordado todo precedente ponderado. Ya antes debelaron la mengua de sus “beneficios caídos delcielo”, y la CNMC inadmitió el 12 de abril su recurso por “carente de fundamento”. El día 4, Galán afeó a España como “el país con más riesgo regulatorio de Europa”. El 19, con grandes bancos, tacharon la excepción de“ventaja competitiva desleal”. Y el 21 denunciaron ante la Comisión que no era, yuju, “compatible con el marco legal europeo”. Sin éxito.

Como ya se ha dicho, mientras no tengamos un Gobierno con la suficiente voluntad política y fortaleza parlamentaria para meter en cintura a estos extorsionadores del suministro eléctrico, seguiremos padeciendo el abuso en la factura. Pero, al menos, sí hay una cosa que podemos hacer mañana mismo ejerciendo la facultad que asiste a todo cliente de una compañía eléctrica: rescindir el contrato de suministro con Iberdrola.

Por supuesto, no somos tan cándidos como para creer que el resto de compañías sean menos extorsionadoras que Iberdrola, puesto que todas ellas forman parte del oligopolio eléctrico que se pone de acuerdo para fijar los precios. Pero, al menos, los otros gestores todavía no han tenido la desfachatez con que Sánchez Galán y sus secuaces se han reído abiertamente en nuestra cara. Así que lo menos que exige la dignidad del conjunto de personas que tienen contratado el suministro eléctrico con Iberdrola, en la modalidad de tarifa regulada, es proceder a romperlo de inmediato. Y para animarles, aquí les dejo esta arenga cívica escrita por W. Shakespeare en Coriolano: 

Los patricios son tenidos por buenos ciudadanos; nosotros somos los pobres ciudadanos. Con lo que sobra a los poderosos bastaría para socorrernos. Si tan sólo nos dieran lo que les es superfluo mientras estuviese en buen estado, podríamos creer que nos auxilian por humanidad; pero piensan que somos demasiado caros de sostener. La delgadez que nos devora, el espectáculo de nuestra miseria, son como el inventario encargado de mantener detallada la cuenta de su abundancia. Nuestro sufrimiento constituye provecho para los tales. Venguémonos con nuestras picas antes de vernos reducidos a esqueletos; porque saben los dioses que cuando hablo así es porque tengo hambre de pan y no sed de venganza

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Ucrania: "bellum dulce inexpertis"

 ¡A mis pueblos! Era mi ferviente deseo consagrar los años que, por la gracia de Dios, aún me quedan por vivir, a las tareas de la paz y a proteger a mis pueblos de los pesados sacrificios y cargas de la guerra. La Providencia, en su sabiduría, ha dictaminado otra cosa. Las intrigas de un adversario malévolo me obligan, en defensa del honor de mi Reino, en aras de la protección de su dignidad y su posición como potencia, y para la seguridad de sus posesiones, a empuñar la espada tras largos años de paz. [1]

Francisco José de Goya: Los desastres de la guerra

Pese a que en la retórica utilizada en una clásica declaración de guerra suelen invocarse altos designios divinos o elevados propósitos humanos, la guerra es el peor de los caminos para conseguir la convivencia entre las naciones. Constituimos mayoría las personas que pensamos que el acuerdo político es el único método que debe prevalecer a la hora de resolver cualquier diferencia, desacuerdo o discrepancia entre instituciones o Estados. Por desgracia, con su desproporcionada agresión militar a Ucrania, Rusia ha escogido el camino de la guerra "esa continuación de la política por otros medios" para delimitar su área de influencia imperialista.

En estas últimas semanas, la historia parece girar como una rueda loca. Distintos procesos que seguían su propio curso han alcanzado su punto álgido de forma simultánea, provocando un escenario en el que los acontecimientos se suceden de forma vertiginosa.

En el ámbito de España sus habitantes asistimos atónitos a la exoneración del Rey "emérito" (vaya invento) de una serie de evidentes delitos fiscales por prescripción de los mismos; contemplamos el insólito espectáculo del acoso y derribo en cinco días de Pablo Casado, penúltima promesa en el liderazgo del Partido Popular, por atreverse a levantar una mínima punta de la alfombra de la corrupción sistémica que constituye la marca PP; nos enteramos que ese mismo PP abre de par en par, sin el menor escrúpulo, las puertas del gobierno de Castilla y León a una ultraderecha contraria a las libertades más elementales; padecemos las consecuencias del conflicto de los transportistas contra el Gobierno central y, por último (last but not the least), experimentamos vergüenza ante la aceptación por parte de este mismo Gobierno de la propuesta de Marruecos para consolidar su ilegal ocupación del Sáhara Occidental, dando carpetazo al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui pendiente desde hace 50 años.

Con el ánimo sobrecogido, la mayoría de nosotros contiene el aliento cada mañana al conectar la radio temiendo encontrarse con un nuevo despropósito que amargue el café del desayuno. Porque, por encima de todos estos asuntos locales destaca el ruido y la furia de la guerra, "esa continuación de la política por otros medios", en la clásica definición de Karl Von Clausewitz. Una guerra que la confiada población europea, ajena a los conflictos que vive el mundo, no sospechaba que pudiera desencadenarse en nuestra frontera más cercana. Desde la que se divisa la siniestra bruma del humo de los incendios provocados por los tremendos bombardeos sobre las ciudades de Ucrania. Y por la que transita el enorme flujo de refugiados que huyen de la agresión militar a este país por parte del potente ejército desplegado por el gobierno de Rusia, liderado por Vladimir Putin.

La guerra les parece dulce a los inexpertos (Bellum dulce inexpertis) según reza el proverbio que ocupa el 3001 lugar en la extensa colección recogida por el humanista Erasmo de Rotterdam en sus Adagia.[2] Es decir, para todos aquellos que no han vivido en propia carne los horrores de un escenario bélico, sea en el campo de batalla o en las ciudades que sufren los asedios y bombardeos, opinar sobre la guerra y sus circunstancias no deja de ser una cómoda tarea. Un servidor, que no es más que un simple ciudadano, cuyo acervo cuenta con más incertidumbres que certezas, se limita en esta pieza a anotar algunas perplejidades desde la posición del observador inquieto, angustiado incluso, ante los acontecimientos que nos ha tocado vivir.

Sobre mi cuenta de correo cae a diario una lluvia fina de artículos cuyos autores intentan convencerme de que la culpa de todos estos desastres de la guerra la tiene la OTAN. No cabe la menor duda de que los grandes bloques imperialistas del mundo, por la propia naturaleza de su dinámica, intentan expandir sus respectivas áreas de influencia. (Sin ir más lejos, la región africana del Sahel registra una penetración de tropas rusas mercenarias). Pero, incluso admitiendo la hipótesis de que la causa última (causa causae)[3] del conflicto radicara en los juegos de estrategia de la Alianza Atlántica, la realidad es que no hay soldados de la OTAN implicados en este conflicto. El protagonista único y exclusivo de la brutal agresión militar a Ucrania es el ejército de la Federación Rusa, el país más extenso del mundo, con una superficie equivalente a algo más de la novena parte de la tierra firme del planeta. Y la responsabilidad criminal de las víctimas civiles de los bombardeos sistemáticos de las ciudades recae sobre su cadena de mando. 

¿Está loco Putin?

Pronunciado en la lengua en la que escribimos, el apellido del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tiene malsonantes resonancias que se acentúan ante en esta agresión militar a Ucrania. Agresión que algunas especulaciones han querido ver como obra de un perturbado mental. Hipótesis que sería creíble si bastara el mando de un solo hombre para organizarla. Oigamos estas preguntas recogidas por Bertold Brecht:

El joven Alejandro conquistó la India.

¿El sólo?

César venció a los galos.

¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? 

Felipe de España lloró cuando se hundió su flota

¿No lloró nadie más? [4]

No hace falta ser demasiado experto en el arte de la guerra para comprender que una operación militar que implica poner en acción una fuerza de 150.000 soldados y un ingente material de vehículos blindados y artillería necesita el trazado de un plan complejo por parte del Estado Mayor del ejército ruso. Putin puede haber dado la orden suprema, pero es poco creíble que en el desarrollo de la misma no hayan participado, con su inteligencia, convicción y apoyo, los militares, oligarcas y burócratas que conforman los tres pilares que sustentan el poder vertical del Kremlin.

Todos los grandes dictadores tienden a padecer algún tipo de trastorno emocional, puede que, de pequeño, a Vladimir le castigaran alguna vez sin postre, pero esos complejos de inferioridad que conducen a actuar con prepotencia cuando se alcanza el poder no significan una completa enajenación mental. De lo que no cabe la menor duda es que Putin, más allá de la tentación de adjudicarle algún calificativo que rimara con su nombre, se ha hecho acreedor del título de criminal.

Del filósofo Karl Popper tengo anotada esta lapidaria observación: "la historia del poder político no es sino la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa".[5] Sentencia aplicable a todos aquellos políticos que, como Putin y sus secuaces, desencadenan guerras de tierra quemada que siembran la muerte y devastación de objetivos civiles como hospitales y maternidades. Considerar la agresión a Ucrania como la obra individual de un perturbado mental es simplificar demasiado este capítulo de la historia general de la infamia.

Víctimas de los bombardeos rusos en Ucrania  DANIEL CENG SHOU-YI EUROPA PRESS

No a la guerra

El eslogan que presidió las masivas manifestaciones contra la invasión de Irak en 2013 a raíz del acuerdo del Trío de las Azores (George W. Bush), Reino Unido (Tony Blair) y España (José María Aznar), ha vuelto a ser invocado por algunos sectores de la izquierda. Entre ellos, las ministras de Podemos en el Gobierno de coalición con el PSOE, al que llegaron a calificar como ‘partido de la guerra’ a raíz de la decisión de Pedro Sánchez de enviar armas a Ucrania. Cumpliendo con el acuerdo adoptado en la Unión Europea.

El No a la guerra expresa un sentimiento de sincero rechazo por parte de las gentes de bien hacia cualquier agresión llevada a cabo por la fuerza de las armas. Tanto sea realizada por parte de un país hacia otro como de una facción dentro del mismo país. Sin embargo, en boca de ciertos izquierdistas este rechazo provoca perplejidad teniendo en cuenta las ocasiones en la que han dejado latir en sus pechos el ardor guerrero. Comenzando por el simbolismo icónico que durante décadas ha figurado en lo que el poeta llamaría su torpe aliño indumentario. Desde la camiseta con la imagen del guerrillero Ernesto Che Guevara ("Hasta la victoria siempre. Patria o muerte") a la kufiya, el estandarte de la causa palestina inseparable de la figura de otro guerrillero: Yasir Arafat. Por no hablar del aquel eslogan de Podemos: "El cielo no se toma por consenso: se toma por asalto". Lema olvidado por los podemitas una vez sentados sus culos en los sillones del consejo de ministros.

Las manifestaciones de 2003 protestaban contra la agresión unilateral del bloque imperialista representado por el Trío de las Azores contra un país, Irak, bajo un pretexto, el de la posesión de armas químicas, que se demostró una completa mentira por la que los "azoritas" nunca han pedido perdón. En el caso actual, de nuevo una dictadura imperialista ha irrumpido con una fuerza desproporcionada un pacífico país vecino, Ucrania, que ha solicitado ayuda a los países de la Unión Europea.

Y aquí surge la cuestión: ¿debe negarse el envío de material militar al país que lo solicita para defenderse de la agresión? Es coherente que figuras como el Dalai Lama o el Mahatma Gandhi, declarados defensores de la no violencia, prediquen un pacifismo a ultranza. Pero resulta chocante que la negativa a enviar armas a Ucrania provenga de la izquierda heredera ideológica de la II República Española.

En aquella ocasión histórica, la izquierda, con todo derecho, llamó al pueblo a empuñar las armas en defensa de la democracia y del legítimo gobierno republicano contra el que se sublevaron los militares. Un gobierno que pidió una ayuda externa que le fue negada por las potencias europeas, y no precisamente por cuestión de pacifismo. Por carambolas de la historia, sólo la Rusia de entonces, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) envió alguna ayuda testimonial. Nada comparable con la que la Alemania nazi y la Italia fascista enviaron al ejército sublevado.

Se puede estar en contra de la existencia de la OTAN, pero negar ayuda a los que legítimamente luchan para defenderse de una invasión es una postura poco coherente. Máxime cuando, semanas después, tras conocerse la última vergüenza española en la cuestión del Sáhara Occidental, la izquierda volvía a gritar: "Polisario vencerá". No olvidemos que el Frente Polisario es un movimiento que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, contando para ello con un ejército armado. Lucha, por lo demás, tan legítima como la del Frente Popular en la España de 1936, la de los palestinos y ahora la de los ucranianos.

Refugiados

Otra de las grandes perplejidades del momento es la sorprendente oleada de solidaridad europea hacia el éxodo de millones de personas que, de la noche a la mañana, se han visto obligados a abandonar su hogar llevando el resumen de su vida en las escasas pertenencias que caben en una maleta. Gentes que huyen de la guerra, a las cuales tanto la sociedad civil como las autoridades del Estado les han abierto de par en par las puertas de entrada a nuestro país.

Un solidaridad que no por bienvenida resulta sorprendente porque contrasta con el tradicional rechazo a los refugiados que huyen de cualquiera de los 65 conflictos bélicos activos en nuestro planeta. Países como Nigeria, Chad, Etiopía, Eritrea, Sudán, República Saharaui... son escenario de insurgencias e intervenciones militares. Sin olvidar Siria, país cuya población civil huye de una guerra en la que participan efectivos militares rusos que han golpeado con idéntica brutalidad a la ejercida contra Ucrania.

Ahora, el Gobierno de España ha activado la norma europea para acoger de manera ilimitada a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. Con gran consenso del conjunto de la población, incluida esa derecha política que rechaza con tanta contundencia como desprecio la admisión de los refugiados de otras procedencias. Actitud que ha suscitado críticas desde otras formaciones aludiendo a que esta solidaridad se produce "porque son rubios y con ojos azules". Vamos, no hay más que mirar la rubicunda faz y el color de los ojos de José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, el dúo más conspicuo y representativo de la derecha española, para comprobar que la tesis de la similitud étnica no es muy consistente.

Por muy sobrevenida y sesgada que pueda ser esta solidaridad con los refugiados ucranianos, en aras del más puro utilitarismo habrá que darle la bienvenida. Porque, a partir de ahora, va a ser muy difícil explicar por qué no es posible conceder el estatuto de refugiado político al resto de la gente que venga llamando a nuestras puertas huyendo de la guerra, de cualquier guerra, incluidas esas guerras que proporcionan momentos dulces a los comentaristas que ponen tanto énfasis en adjudicar responsabilidades geopolíticas que olvidan la dimensión humana de este nuevo desastre bélico.

Balance estimado de pérdidas humanas y materiales en Ucrania al 28 de marzo

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(1) Francisco José I de Austria, emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia. Declaración de Guerra a Serbia 28 de julio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.

(2) La expresión original es de Píndaro, recogida por Erasmo de Rotterdam en sus  Adagia.

Et elegans cum primis et multorum literis celebratum adagium est : Γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος, id est Dulce bellum inexperto. Id ita reddit Vegetius libro De re militari III, capite XIV : Nec confidas satis, si tiro praelium cupit ; inexpertis enim dulcis est pugna. Citatur ex Pindaro : Γλυκὺ δὲ πόλεμος ἀπείροισιν, ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ προσιόντα νιν καρδίᾳ περισσῶς, id est Dulce bellum inexpertis, ast expertus quispiam horret, si accesserit cordi supra modum.

http://ihrim.huma-num.fr/nmh/Erasmus/Proverbia/Adagium_3001.html

(3) causa causae est causa causati. 'La causa de la causa es la causa de lo causado'. A veces se reduce: causa causae causa causati, o se amplía: quicquid est causa causae, est etiam causa causati; también suele figurar en plural: causa causorum.  https://dpej.rae.es/lema/causa-causae-est-causa-causati

(4) Bertold Brecht: Preguntas de un obrero ante un libro.

(5) Karl Popper: La sociedad abierta y sus enemigos.

 

Madrileños, la compañía mercantil Ayuso Hermanos y Cía. os agradece de veras la servidumbre prestada con vuestro voto

 

"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas [diarias], se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros". Esta declaración de Pablo Casado en una emisora de radio es la que mejor define los usos y costumbres del Partido Popular en el gobierno de Madrid.

Es creencia popular que solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Líbrenos el dios Baco de afirmar que Pablo Casado, actual y menguante líder del Partido Popular (PP), se encontraba ebrio cuando se refirió con esas duras palabras a Isabel Díaz Ayuso en una entrevista radiofónica en COPE, la cadena de radio episcopal. Y no porque le faltasen incentivos para empinar el codo por parte de los líderes que le han precedido en la presidencia del partido de la corrupción institucionalizada. Comenzando por José María Aznar que en 2007 cuestionaba las recomendaciones oficiales de los responsables de la Dirección General de Tráfico para evitar la bebida al volante: ¿quién es la DGT para decir cuanto puedo beber?, afirmó Aznar en el curso de un acto protocolario. Por su parte y en otro acto público, Mariano Rajoy lanzó su célebre grito de guerra: Viva el vino.

Si no fue el alcohol en vena (in vino veritas) lo que llevó a Pablo Casado a expresar estas verdades del barquero, otro de los motivos bien pudo obedecer a una rabieta del niño que lleva dentro. En efecto, en su corta trayectoria política, este dirigente ha dado sobradas evidencias de un comportamiento infantil. Que no es un atributo único del personaje pues la puerilidad asociada a grandes dosis de narcisismo pueril es la nota dominante que caracteriza a gran parte de la clase política de última generación. Tenemos buenos ejemplos de otros prometedores líderes de gran relumbrón mediático cuyo mayor logro ha sido conducir a sus respectivas formaciones a la insignificancia. 

Como no hay mal que por bien no venga, gracias a este fugaz arranque de sinceridad, Pablo Casado, aparte de poner patas arriba a su partido, ha proporcionado a la opinión pública una esclarecedora definición de los usos y costumbres habituales en el gobierno del PP en Madrid. Que pueden resumirse en una palabra: corrupción. 

Sinceridad, la de Casado, bastante transitoria, pues, al día siguiente de sus contundentes afirmaciones en la radio, dio por buenas las explicaciones recibidas de la hermana del comisionista, Isabel Díaz Ayuso, y retiró la amenaza de someterla a un expediente interno para depurar responsabilidades. Tuvo que recular ante la presión interna de los 'barones' regionales. Tanto para ellos como para el resto de altos cargos del partido que ahora se han conjurado para cargarse a su líder, todo esto de la corrupción es lo normal. Business as usual.

El infantilismo político de Casado se evidencia cuando, en los últimos estertores de su mandato, todavía confesaba a los más cercanos colaboradores "No sé por qué me tengo que ir. No he hecho nada". Parece que hasta hoy no se había enterado de que una de las reglas de la mafia es la ley del silencio. Como señala Ignacio Escolar: "al presidente del PP le echan por romper la omertá".

 

 

Lo más preocupante de todo este asunto es que la corrupción también sea vista como algo normal por los millones de votantes del Partido Popular. Pese a ver cómo los validos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados acabaron dando con sus huesos en la cárcel, hay miles de electores que, en las sucesivas convocatorias electorales a la Asamblea de Madrid, continúan depositando en la urna la papeleta que perpetúa a los corruptos en la gestión de los dineros públicos. 

Que no nos representan, que no, que no... ¿O sí? (Y esto es todavía peor)

 El lamentable episodio vivido en el Parlamento, a raíz de la rocambolesca votación del decreto-ley que formaliza la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, arroja serias dudas sobre la capacidad de la clase política de este país para atender los asuntos de interés general de la sociedad a la que, en teoría, representan. Mucho más preocupante aún sería que el electorado volviera a otorgar su confianza a los partidos que se han opuesto a una ley que viene a atenuar las situaciones más hirientes de la precariedad en que se desenvuelve la vida laboral de millones de personas. Esos partidos son: PP, Vox, ERC, PNV, EH-Bildu, CUP, UPN, BNG y Foro Asturias.

El 15 de mayo de 2011 se produjo en España un hecho singular. Un movimiento ciudadano irrumpió con inusitada fortaleza en plena y aburrida campaña de elecciones autonómicas. Una plataforma denominada Democracia Real Ya (DRY) lanzó una convocatoria para ocupar las calles de las ciudades cuestionando la falta de representatividad de la clase política española. Multitud de asambleas, que culminarían con una gran acampada en la madrileña plaza de la Puerta del Sol, repetían una consigna con la contundencia de un redoble de tambor: Que no nos representan, que no, que no, alude a la cada vez más desprestigiada clase política profesional. Fue el comienzo de un cambio en la opinión pública que supo aprovechar un grupo de universitarios lanzando Podemos, un nuevo partido político que cosechó un gran éxito electoral y entró con gran fuerza en el Parlamento, y posteriormente en el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Parte de esa fuerza podemita se ha debilitado a causa de la errática y personalista trayectoria de sus líderes.

Al día de hoy ¿representa el conjunto de formaciones políticas a la mayoría del pueblo español? La Constitución española de 1978 consagra el principio de soberanía popular al afirmar que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 del Título Preliminar). Más adelante, el texto (art. 6) legitima la actuación de los partidos políticos como articuladores de la voluntad popular:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Primera quiebra de la legitimidad del sistema político español: los partidos políticos españoles, al menos los que tienen una posición dominante en la escena pública, no cuentan con una estructura interna que se pueda calificar de verdaderamente democrática. No deja de ser paradójico que esos instrumentos a quienes el mandato constitucional encomienda expresar el pluralismo no albergan en su estructura interna los canales adecuados para ello. Mal podrán, entonces, vehicular el pluralismo quienes no lo practican o no lo entienden. El hecho es que la Constitución delega la articulación de la participación ciudadana en los partidos políticos, y éstos se subvencionen con dinero público. Esa financiación oficial convierte a los partidos políticos en organismos de carácter público a los que cualquier ciudadano puede exigir el cumplimiento de ese mandato constitucional de democracia interna.

El pasado jueves 3 de febrero, el Parlamento español vivió una de las sesiones más bochornosas de su historia reciente. La ley que da forma jurídica a la reforma laboral arduamente negociada por Yolanda Díaz, ministra de Empleo, con patronal y sindicatos, fue aprobada de la peor de las maneras posibles. De entrada, la votación fue realmente esperpéntica. La suma de votos a favor estaba prendida de un hilo, al haberse posicionado en contra, entre otras formaciones, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El voto negativo de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), actuando en contra de las propias directrices de su partido, hizo que, por unos momentos, la suma de votos fuera contraria a la propuesta del Gobierno, provocando gran algarada y jolgorio en las filas de Partido Popular y Vox, es decir (al día de hoy, tanta monta, monta tanto) el frente nacional de ultraderecha español. Según apuntan muchos indicios, esta traición estaba conchabada con el PP para reventar la aprobación de la reforma laboral

Sin embargo, el momento cumbre de la esperpéntica sesión se produjo, minutos después, cuando el Gobierno pudo sacar adelante la reforma laboral por el error al votar de un diputado del PP. A la postre, las cosas se arreglaron "de una manera española" es decir, gracias a la chapuza nacional. Alberto Casero, secretario de organización del PP y uno de los dirigentes claves del equipo del secretario general, Teodoro García Egea, se equivocó al votar de forma telemática. Es decir, un hombre al que los españoles pagamos 70.000 euros anuales de salario, en el curso de la misma sesión se equivoca tres veces consecutivas al hacer uso del sistema telemático de votación. Sistema que cuenta con suficientes y redundantes peticiones de confirmación del sentido del voto (si/no, tampoco es tan difícil) antes de computarlo.

Real como la vida política misma, este episodio, más propio de una película de Berlanga que de una acción política responsable, ha dado lugar a una avalancha de comentarios chistosos en las redes digitales. Entre ellos, el que apunta: "Al final va a tener razón Vargas Llosa; lo importante no es tener libertad para votar, sin votar bien".

Por su parte, veteranos dirigentes del PP opinan que "Es la cagada de la legislatura". Lo cual no deja de tener su punto, habida cuenta de una severa gastroenteritis fue la razón de que Casero optara por votar desde su domicilio con tanta brillantez. 

El diputado Casero, que pasará a la historia parlamentaria como el 'héroe' que salvó la reforma laboral metiendo un gol en la propia puerta de su partido.

Pero más allá de la chapuza, del esperpento, de la España de charanga y pandereta (devota de Frascuelo y de María, por supuesto) está la irresponsabilidad de esa presunta izquierda que no ha tenido el menor escrúpulo en retratarse en esta nueva edición de la "foto de Colón" que reúne a ERC, PNV, EH-BILDU, CUP, BNG, UPN, Foro Asturias, con PP y VOX en el bando parlamentario que ha votado "no" a una reforma laboral que, aun siendo muy modesta en su alcance, es la más favorable para los trabajadores y con más consenso social de la historia reciente de España.

Porque, de haber fracasado la aprobación de la reforma laboral, cientos de miles de trabajadores habrían sufrido en sus carnes las consecuencias de la frivolidad izquierdista aliada con el ansia destructora de los derechos sociales de unas derechas desbocadas. Podemos hablar de los casi 400.000 fijos discontinuos que, con esta reforma, empezarán a acumular antigüedad y derechos que hasta ahora no tenían. De los 4,3 millones de trabajadores temporales susceptibles de ver convertidos sus contratos en indefinidos. O de los cientos de miles de trabajadores que dejarán de estar sometidos a convenios precarios. Un ejemplo: para una camarera de piso de Barcelona que ahora no esté amparada por el convenio de su sector –y empezará a estarlo con la reforma, que les da prioridad sobre los convenios de empresa–, el decreto votado supone 5.000 euros más de salario al año (*).

Y es contra esas mejoras tangibles para las personas que viven de un sueldo contra lo que ha votado Esquerra Republicana de Cataluña. Una formación cuyo nombre ya chirriaba al escribirlo, al menos en este blog, donde conjugar esa etiqueta de izquierda con la vocación de independentista es una absoluta contradicción en sus términos. ¿Recuerdan La Internacional como himno referencial de la izquierda obrera? A partir de ahora, lo lógico es que ningún trabajador que tenga dos dedos de frente y sepa leer las cláusulas de su contrato y las cifras de su nómina volviera a darles su confianza en futuras convocatorias electorales.

Pero aquí llega la clave de la cuestión: es evidente que la mayor parte de los protagonistas de este episodio, que no es sino el colofón del espectáculo diario ofrecido desde hace unos años por una clase política infantil y narcisista, que con las salvedades que correspondan, no representan el interés general de la ciudadanía. Claro que los diputados de estas formaciones no han obtenido su escaño en una tómbola, por más que sus comportamientos sean más propios de feriantes que de gente seria. Nada de eso, si ostentan una credencial de diputados es por haber sido elegidos en elecciones libres y democráticas. Aceptando que votar listas cerradas sea totalmente democrático.

¿Son ellos quienes tuercen el sentido de la delegación de soberanía hecha por el pueblo y, por tanto, no nos representan, o por el contrario, lo que sí representan es una suerte de locura colectiva que se ha apoderado del pueblo que les ha votado? Pues, de la misma forma que hablando de corruptos no se puede olvidar a los corruptores, hablando de malos políticos no se puede obviar que son un reflejo de sus electores. 

En los comicios autonómicos de Castilla y León que están a la vuelta de la esquina tendremos una magnífica ocasión de resolver esta duda.

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(*) Principales mejoras de la reforma laboral

1) Aumento de salarios gracias al convenio sectorial

2) Las mejoras de los convenios no tienen caducidad

3) Límites a la precariedad en las subcontratas

4) Se restringen los contratos temporales

5) Más límite a encadenar contratos temporales

6) Transformación de temporales a fijo-discontinuo

7) La temporalidad sale más cara (la legal y la fraudulenta)

8) Contratos formativos para que se usen

9) Los ERTE que ya existían se mejoran, y se incorporan los ERTE 2.0 (Mecanismo Red)

Ver: https://www.eldiario.es/economia/diez-mejoras-clave-trabajadores-reforma-laboral-restringir-trabajo-temporal-subida-salarios_1_8711894.html